REVOLUCIÓN LIBERTADORA.pdf

LA “REVOLUCIÓN LIBERTADORA” El 16 de septiembre de 1955, dos meses después del bombardeo sobre Plaza de Mayo, se llevó a cabo el golpe de Estado, autodenominado "Revolución Libertadora", el cual fue llevado a cabo por una alianza integrada por civiles y mi...

LA “REVOLUCIÓN LIBERTADORA” El 16 de septiembre de 1955, dos meses después del bombardeo sobre Plaza de Mayo, se llevó a cabo el golpe de Estado, autodenominado "Revolución Libertadora", el cual fue llevado a cabo por una alianza integrada por civiles y militares nacionalistas y liberales. El golpe fue apoyado por la mayoría de los partidos políticos que se habían opuesto al peronismo, la Iglesia, la Sociedad Rural, las cámaras empresarias, la banca y la embajada de los Estados Unidos. PRESIDENCIA DE EDUARDO LONARDI El general Eduardo Lonardi asumió entonces la presidencia: bajo el lema de "ni vencedores ni vencidos", Lonardi pretendía mantener la alianza entre militares nacionalistas y sindicatos, que fue característica del peronismo. Criticó a Perón pero, al mismo tiempo, intentó mantener una buena relación con los sectores trabajadores, decidiendo no intervenir la CGT, y autorizando sus elecciones. Además decidió no proscribir el partido peronista. La CGT mostró una actitud conciliadora hacia el nuevo gobierno, que fue duramente condenada por Perón desde el exilio. Aunque para el presidente de facto era posible construir un "peronismo sin Perón", esta visión no era compartida por las demás fracciones del Ejército. El 13 de noviembre, por presión de la Marina, Lonardi fue reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, mientras que el almirante Isaac Rojas, quien tuvo gran influencia en el cambio presidencial, mantuvo la vicepresidencia. PRESIDENCIA DE PEDRO E. ARAMBURU Luego de Lonardi, Aramburu asumió la presidencia. Con él comenzó una verdadera persecución del peronismo: Aramburu decidió intervenir la CGT, intervenir los sindicatos y encarcelar a dirigentes políticos y sindicales peronistas. Además, derogó la constitución de 1949 y, mediante el decreto 4161, impuso la prohibición del Partido Peronista y de toda referencia a Perón (ya sea frases, palabras, etc., vinculadas al peronismo) y al movimiento peronista. El objetivo era lograr una "desperonización" de la sociedad argentina a través de una gran persecución política e ideológica. A partir de este momento comenzó una época caracterizada por la proscripción del peronismo, la cual se prolongaría 18 años. Si antes de 1955 la sociedad presentaba una clara división entre peronistas y antiperonistas, a partir del derrocamiento del régimen justicialista esa división continuó y, para muchos, se acentuó. El bloque antiperonista estaba constituido por la clase alta y la clase media alta. El bloque peronista, por algunos miembros de la clase media y sobre todo por la clase media baja y los estratos populares (campesinos y obreros). Política económica Las medidas económicas que tomó el nuevo gobierno implicaban grandes diferencias respecto de la política económica del peronismo. A partir de un plan elaborado por Raúl Prebisch, funcionario de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), se liberalizó el sector externo y se redujo el rol de Estado en la economía. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es un organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se fundó en 1948 cuando la ONU decidió crear cinco comisiones destinadas a estudiar las problemáticas económicas de distintas regiones del mundo, siendo la CEPAL la encargada de América Latina. Su primer presidente fue el argentino Raúl Prebisch, quien aportó ideas originales para el estudio de las problemáticas latinoamericanas. Actualmente está conformada por 41 países y busca contribuir al desarrollo de la región a través de la investigación y el análisis de las distintas economías y fomentando la coordinación de las políticas económicas entre los diversos países que integran el organismo. Para Prebisch la economía debía afrontar la escasez de divisas, la fragilidad del sector industrial y las dificultades para aumentar la productividad. La solución a estos problemas implicaba reducir el gasto público para aumentar los fondos del Estado, aumentar la productividad, exportar más para obtener más dinero, y lograr que las exportaciones de materias primas sean superiores que las importaciones de manufacturas, bienes de capital y combustibles para las industrias. El plan de Prebisch consistía en devaluar la moneda para aumentar las rentas del sector agropecuario. Al mismo tiempo, se eliminaría el control de cambios y se desmantelaría el IAPI, el cual era un organismo que se encargaba de comprar la producción agrícola a un precio mínimo y luego exportarla al precio del mercado para poder trasladar la diferencia al sector industrial. Estas medidas, si bien intentaban solucionar los problemas en el corto plazo, resultaban contradictorias con otro objetivo de Prebisch de alcanzar a largo plazo un desarrollo basado en la industrialización. La contradicción estaba en que se incentivaba el sector agropecuario en detrimento del industrial, al que perjudicaban eliminando las políticas proteccionistas y por la devaluación, que aumentaba el precio de sus insumos. Durante este gobierno se dio una creciente integración al mercado internacional de capitales. La Argentina se incorporó así al FMI (Fondo Monetario Internacional) y al Banco Mundial, dos organismos internacionales que permitían al país obtener créditos, a cambio de establecer los llamados "Planes de Estabilización” que implicaban una reducción de salarios, la eliminación de trabas al ingreso de capitales extranjeros, la disminución de aranceles y la reducción del gasto público. Todas estas medidas puestas en práctica durante la Revolución Libertadora no llevaron a la estabilización económica esperada: no lograron equilibrar la balanza de pagos (ya que las exportaciones crecieron menos que las importaciones), disminuyeron la capacidad de consumo, y llevaron a un nivel muy alto el endeudamiento externo. El movimiento obrero: la resistencia peronista Al asumir Aramburu, la política conciliadora de Lonardi se modificó. Algunas de sus primeras medidas fueron decretar ilegal el derecho a huelga e intervenir la CGT para expulsar a los dirigentes peronistas. Aramburu tenía como objetivo proscribir a los dirigentes sindicales peronistas, reprimir la acción sindical y aumentar la productividad en la industria. Esto último implicaba aumentar el nivel de producción en relación con el tiempo necesario para lograrlo, lo cual podía lograrse incorporando nueva tecnología. Como el problema económico del país no permitía realizar esto último, el logro dependía exclusivamente del control de los tiempos de trabajo del obrero, por lo cual se emprendió una "racionalización" de la producción, al mismo tiempo que se congelaban los salarios y las negociaciones entre trabajadores y empleadores. Esto atacaba directamente a las comisiones internas (que eran organizaciones gremiales de cada empresa) cuyo rol consistía en garantizar las condiciones de trabajo, imponiendo límites a las intenciones de los empresarios de optimizar la producción a cualquier costo. Estas medidas, sumadas a los esfuerzos por desperonizar la sociedad, reforzaron la identificación de Perón con los derechos laborales que ahora se pretendían eliminar. Así, comenzó a organizarse en las fábricas un movimiento de resistencia que buscaba mantener las conquistas logradas bajo el peronismo. Se llevó a cabo un gran número de huelgas que reclamaban por el salario y, al mismo tiempo, en cada fábrica luchaban por mantener las condiciones de trabajo a través del sabotaje, que consistía en averiar las maquinarias o desacelerar el ritmo de trabajo. En 1957 algunos gremios fueron normalizados y se unieron para formar la Comisión Intersindical con el objetivo de presionar al gobierno para que permitiera elecciones libres en los sindicatos, liberara a los dirigentes sindicales presos y reestableciera el funcionamiento de la CGT. Al comienzo la Comisión presentaba una mayoría de gremios comunistas, pero luego predominaron los gremios peronistas. La Comisión Intersindical se convirtió en el eje que articuló las distintas experiencias de resistencia que se daban de manera dispersa en los distintos gremios. En septiembre de 1957 se realizó un congreso para normalizar la CGT. En el congreso se hizo evidente que la mayoría de los sindicatos tenían afiliación peronista. Los gremios antiperonistas decidieron, entonces, retirarse del congreso, y los sindicatos peronistas, que llegaban al número de 62, formaron la agrupación “62 organizaciones”. De este modo, los sindicatos se convirtieron en la única institución legal que tuvo el peronismo en el período de la resistencia. Además de los sindicatos, en los barrios se organizaron "comandos" que realizaban distintas acciones de resistencia desafiando al gobierno, que iban desde pintar consignas en las paredes hasta poner "caños" (bombas de creación doméstica) contra objetivos militares. Identidad de la Resistencia Peronista Si bien la resistencia peronista no era un movimiento homogéneo, todos sus participantes compartían determinados pensamientos relacionados con los principios tradicionales del peronismo: reivindicaban el nacionalismo económico, la justicia social y la intervención del Estado, cuyo rol era fundamental para garantizar los principios anteriores. También los caracterizaba el hecho de recurrir a la acción política directa en respuesta al discurso de la Revolución Libertadora que hablaba de libertad, democracia y justicia, pero que en la práctica proscribía a la fuerza política que representaba a la mayoría. Como consecuencia del decreto ley 4161, la figura de Perón y su retorno se convirtieron en centro de la identidad de la resistencia. Los peronistas llamaban “gorilas” a los antiperonistas. Frente al "gorila", se exaltaba a los peronistas, quienes se auto- denominaban "los descamisados" y eran llamados por las clases medias y altas urbanas, "los cabecitas negras" o "la chusma". El levantamiento de Juan José Valle Además de los grupos comandos, en la resistencia también hubo enfrentamientos armados. En junio de 1956, un grupo de militares y civiles encabezados por el general Juan José Valle intentó ocupar la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, y se hicieron acciones aisladas en diferentes provincias con el objetivo de realizar un golpe contra la Revolución Libertadora. Como respuesta el gobierno declaró la ley marcial, que determina la suspensión de las garantías individuales dispuestas en la Constitución y la delegación de facultades extraordinarias a las fuerzas armadas. El resultado fue trágico: 6 militares sublevados, entre los que se encontraba el general Valle, fueron fusilados, 18 civiles fueron ejecutados en Lanús y un grupo de obreros fue asesinado en un basurero de José León Suárez. Este último suceso fue investigado por el periodista y escritor Rodolfo Walsh, que con el material obtenido escribió su obra “Operación Masacre”. A través de su investigación fue posible conocer que el arresto de los obreros en José León Suárez había sido realizado antes de la aplicación de la ley marcial. De este modo, el libro devela las irregularidades del hecho, y se convirtió en un documento muy valioso para reconstruir lo ocurrido. La división del radicalismo y la Reforma Constitucional de 1957 En 1956, se produjeron importantes discusiones en el seno del radicalismo. El origen de la polémica tenía que ver con el mayoritario sufragio en blanco de los peronistas, ordenado por Perón desde su exilio, en las elecciones para elegir convencionales para la Asamblea Nacional Constituyente del año 1957, con el objetivo de modificar la Constitución, derogar la reforma de 1949 de Perón pero mantener el artículo 14 bis, lo cual se hizo y se reformó la Constitución en 1957. El voto en blanco de los peronistas condujo al presidente de la UCR, Arturo Frondizi, a plantearse el problema de cómo insertar el peronismo en el esquema político. El dirigente radical Ricardo Balbín era partidario de no vincularse con ese movimiento en tanto que Frondizi apoyaba un acercamiento con Perón. Esto produjo una ruptura en la UCR, que se dividió en dos fracciones: la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) liderada por Frondizi y la UCR del Pueblo, conducida por Balbín. Frondizi envió a Caracas a su secretario, Rogelio Frigerio, para concretar un pacto con Perón por el cual, a cambio de los votos peronistas, Frondizi se comprometía a desarrollar un programa popular afín al peronismo y levantaría la proscripción del peronismo durante su mandato. Esto le permitió a Frondizi contar luego con los votos peronistas y ganar las elecciones. FIN DE LA REVOLUCIÓN LIBERTADORA En el año 1958 Aramburu llamó a elecciones. Con el peronismo proscripto, en las elecciones se enfrentaron las dos fracciones del radicalismo surgidas dos años antes tras un debate en torno a la actitud que debía tomar el partido frente al peronismo: la UCR del Pueblo (UCRP) liderada por Ricardo Balbín y la UCR Intransigente (UCRI) encabezada por Arturo Frondizi. Luego del acuerdo con Perón, Frondizi logró ganar las elecciones presidenciales obteniendo el 45% de los votos. La UCRI también obtuvo una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y la totalidad de la de Senadores. El triunfo de la UCRI despertó la reacción del ala más antiperonista de las fuerzas armadas, que presionó a Aramburu para que evitara la llegada al poder de Frondizi. Las presiones no tuvieron éxito, y Frondizi asumió la presidencia el primero de mayo de 1958. A pesar del retorno a la democracia, durante las décadas siguientes las Fuerzas Armadas mantuvieron el rol de una fuerza política que intervendría cada vez que viera en problemas sus intereses políticos y económicos.