Protección contra la discriminación y violencia LGTBI

Protección efectiva y reparación frente a la discriminación y la violencia por LGTIfobia

Medidas generales de protección y reparación

• Las Administraciones públicas deben garantizar a las personas LGTBI una protección integral, real y efectiva frente a la discriminación y la violencia.
• Deben adoptar métodos y instrumentos suficientes para la prevención y detección de situaciones de discriminación y violencia.
• Deben articular medidas adecuadas para el cese inmediato de estas situaciones.
• Las personas empleadoras o prestadoras de bienes y servicios también deben adoptar métodos y instrumentos para la prevención y detección de la discriminación.

Actuación administrativa contra la discriminación

• Las autoridades públicas deben incoar un procedimiento administrativo cuando conozcan un supuesto de discriminación por razón de las causas previstas en esta ley.
• Pueden acordar medidas necesarias para investigar las circunstancias del caso y adoptar las medidas oportunas y proporcionadas para su eliminación.
• Los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas, asociaciones de personas consumidoras y usuarias, y asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que defiendan los derechos de las personas LGTBI pueden participar en los procedimientos administrativos.

Nulidad de los contratos y negocios jurídicos discriminatorios

• Las cláusulas de los contratos y negocios jurídicos que vulneren el derecho a la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales serán nulas y se tendrán por no puestas.

Legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación

• Los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas, asociaciones de personas consumidoras y usuarias, y asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que defiendan los derechos de las personas LGTBI tienen legitimación para defender los derechos e intereses de las personas afiliadas o asociadas.

Reglas relativas a la carga de la prueba

• Cuando la parte actora o la persona interesada alegue discriminación, corresponderá a la parte demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
• El órgano judicial o administrativo puede recabar informe de los organismos públicos competentes en materia de igualdad y no discriminación.

Derecho a la atención y al asesoramiento jurídico

• Las Administraciones públicas deben establecer los mecanismos necesarios para garantizar el derecho de las personas LGTBI a recibir toda la información y el asesoramiento jurídico especializado relacionado con la discriminación.
• La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación asistirá a las personas LGTBI en los términos establecidos en la Ley 15/2022.

Protección efectiva y reparación frente a la discriminación y la violencia por LGTIfobia

Medidas generales de protección y reparación

• Las Administraciones públicas garantizarán a las personas que sufren o están en riesgo de sufrir cualquier tipo de violencia o discriminación por razón de las causas previstas en esta ley el derecho a recibir una protección integral, real y efectiva.
• Las Administraciones públicas adoptarán métodos o instrumentos suficientes para la prevención y detección de situaciones de discriminación y violencia, y articularán medidas adecuadas para su cese inmediato.
• Las personas empleadoras o prestadoras de bienes y servicios deberán adoptar métodos o instrumentos suficientes para la prevención y detección de las situaciones de discriminación y articular medidas adecuadas para su cese inmediato.
• La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación podrá intervenir en todo caso en la protección frente a la discriminación y la violencia por LGTIfobia.

Actuación administrativa contra la discriminación

• Las autoridades públicas tienen el deber de incoar un procedimiento administrativo cuando tengan conocimiento de un supuesto de discriminación por razón de las causas previstas en esta ley.
• Los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas, asociaciones de personas consumidoras y usuarias, y asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI y sus familias podrán tener la consideración de interesadas en los procedimientos administrativos.
• La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación podrá actuar como órgano de mediación o conciliación en los términos previstos en la Ley 15/2022.

Nulidad de los contratos y negocios jurídicos discriminatorios

• Las cláusulas de los contratos y negocios jurídicos que vulneren el derecho a la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales serán nulas y se tendrán por no puestas.

Legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación

• Los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas, asociaciones de personas consumidoras y usuarias, y asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI o de sus familias estarán legitimadas para defender los derechos e intereses de las personas afiliadas o asociadas.

Reglas relativas a la carga de la prueba

• Cuando la parte actora o la persona interesada alegue discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
• Los órganos judiciales o administrativos podrán recabar informe de los organismos públicos competentes en materia de igualdad y no discriminación por razón de las causas previstas en esta ley.

Derecho a la atención y al asesoramiento jurídico

• Las Administraciones públicas establecerán los mecanismos necesarios para garantizar el derecho de las personas LGTBI a recibir toda la información y el asesoramiento jurídico especializado relacionado con la discriminación por las causas previstas en esta ley.
• La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación asistirá a las personas LGTBI en los términos que se establece en la Ley 15/2022.