Ley Orgánica 3/2007 sobre Igualdad de Género

Study Notes

Objeto y Ámbito de la Ley

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, tiene como objetivo asegurar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, con el fin de eliminar la discriminación de la mujer en todos los ámbitos de la vida.
La ley busca alcanzar una sociedad más democrática, justa y solidaria, y se basa en los artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española.
Se considera discriminación directa por razón de sexo cualquier trato menos favorable a una persona en comparación con otra en una situación similar, debido a su sexo.
La discriminación indirecta por razón de sexo se refiere a una disposición, criterio o práctica aparentemente neutral que coloca a personas de un sexo en desventaja con respecto al otro.
El acoso sexual y el acoso por razón de sexo también se consideran discriminatorios.
Cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que atente contra la dignidad de una persona, creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, se considera acoso sexual.
El acoso por razón de sexo ocurre cuando el comportamiento se realiza en función del sexo de una persona, con el objetivo de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

El Principio de Igualdad en el Empleo Público

Las Administraciones Públicas deben remover los obstáculos que impliquen discriminación, ofreciendo condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional.
Se deben facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional.
Las Administraciones Públicas deben promover la formación en igualdad en el acceso al empleo público y a lo largo de la carrera profesional.
Se debe fomentar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración.
Se deben establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.
Se deben tomar medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo.
Las Administraciones Públicas deben evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus ámbitos de actuación.
El Gobierno debe atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres al nombrar a los titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.
Los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella deben responder al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
Se deben establecer medidas en las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo que valoren el tiempo que las personas candidatas hayan permanecido en situaciones que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Se puede conceder licencia por riesgo durante el embarazo a las funcionarias, en los mismos términos y condiciones previstas en la normativa aplicable.
Se garantiza la plenitud de los derechos económicos de la funcionaria durante la duración de la licencia por riesgo durante el embarazo y la lactancia.
Se puede disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la prevista cuando coincidan con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad, o con su ampliación por lactancia.
Las empleadas públicas tienen derecho a disfrutar las vacaciones en una fecha distinta, aunque haya terminado el año natural, y este derecho se extiende a quienes están disfrutando de permiso de paternidad.
Se otorga preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para participar en cursos de formación a quienes se incorporen al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal.
Para facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos, se reservará al menos un 40% de las plazas en las convocatorias de los cursos de formación para su adjudicación a las mujeres que reúnan los requisitos establecidos.
Las Administraciones Públicas deben impartir cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género, dirigidos a todo su personal.
Las Administraciones Públicas deben negociar con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, un protocolo de actuación para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, que comprenda principios como: el compromiso de la Administración de prevenir y no tolerar el acoso, la instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres, el tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o acoso por razón de sexo, la identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o denuncia.