Módulo III Parte 5 2319 2C 2023 PDF

Módulo III – Parte 5 Unidad N° 10: El Retorno a la democracia. - Modelos de estabilización. Plan Austral - Diez años de Convertibilidad El gobierno de Raúl Alfonsín (1983/1989) La dictadura militar dejaba al gobierno electo una situación económica catastrófica.  R...

Módulo III – Parte 5 Unidad N° 10: El Retorno a la democracia. - Modelos de estabilización. Plan Austral - Diez años de Convertibilidad El gobierno de Raúl Alfonsín (1983/1989) La dictadura militar dejaba al gobierno electo una situación económica catastrófica.  Recesión, con desocupación creciente, inflación de más del 400%, deuda externa de casi el 70% del PBI (46.000 millones de dólares) y sin reservas internacionales.  Las cuentas públicas se encontraron con irregularidades como erogaciones sin partidas presupuestarias, obligaciones por avales y fianzas del gobierno nacional hacia empresas públicas y privadas, importante deuda externa y larga lista de funcionarios de todo orden designados en los días previos a la asunción del gobierno de Alfonsín.  Obviamente lo más complejo fue el endeudamiento externo, cinco veces superior a las exportaciones. Por lo tanto, para obtener excedente de divisas que permitieran abonar los compromisos externos era necesario que se redujeran las importaciones con los efectos recesivos que ya conocemos. Los precios de los bienes exportables argentinos estaban en baja lo que deterioraba los términos del intercambio. En ese contexto el repudio de la deuda hubiera significado un embargo financiero, por lo tanto, se decidió realizar una suspensión parcial de los pagos, lo que generaba consecuencias menos gravosas. El gobierno optó por la renegociación con los bancos extranjeros. En este período la política económica tuvo tres etapas bajo la conducción de Bernardo Grispun, Juan Sourrouille y la última en condiciones de un enorme descontrol, Juan Carlos Pugliese (menos de 2 meses) y Jesús Rodríguez. En la primera etapa el ministro de economía fue Bernardo Grispun: Buscaba un crecimiento del producto del orden del 5% anual, acuerdo con los acreedores externos, aumentos del salario real del orden del 8%, bajar la inflación e incrementar los recursos tributarios, vía una mejor administración fiscal y fijando más impuestos sobre la riqueza y los ingresos. Se intentó negociar desembolsos para el pago de la deuda externa que no fueran superiores al 10-15% de las exportaciones. Por su parte, para saldar la “deuda social”, se aplicaron medidas como el aumento salarial de suma fija y la determinación del tipo de cambio también fijo, control de precios y reducción de tasas de interés reguladas. Se creó el PAN (Programa Alimentario Nacional), se estableció un incremento del presupuesto educativo y simultánea reducción del gasto militar. Sin embargo, no se lograron los objetivos. Además del proceso inflacionario, también había presiones monopólicas, planteos sindicales, déficit fiscal por retraso en la recaudación y trabas en la cuestión de la deuda externa. Es decir, los cambios operados durante la dictadura militar en materia económica hacían que (dado además el desconocimiento de la magnitud de esos cambios por parte de las nuevas autoridades) las herramientas al estilo keynesiano de reactivación para el corto plazo no dieran resultados. Como consecuencia, el aumento de la demanda vía mayores salarios no generó un aumento en la producción. Reducir el déficit fiscal contrayendo el gasto y aumentando los ingresos tampoco resultaron por la inercia del gasto corriente (sobre todo salarios) y las dificultades para mejorar los ingresos en términos reales por la alta inflación provocaron un recorte de la inversión pública. Así es que devino una política económica de saneamiento. Se firmó un acuerdo Stand By con el FMI. A pesar de la recesión y la baja del salario real, no bajó la inflación ni mejoraron sustancialmente las cuentas fiscales. Había una importante cuota de improvisación, sumada al deterioro de los términos de intercambio que disminuía el ingreso de divisas y la presión por la deuda que generaba fuerte salida de divisas. A su vez se acumulaba más deuda por intereses caídos. Todos los frentes eran adversos, el externo, el empresarial y el sindical. En este contexto se produce un cambio en la conducción de la economía y asume como ministro Juan Vital Sourrouille quien va a implementar el Plan Austral. Se fijaba como objetivo un crecimiento del 4% anual basado en las exportaciones y en la inversión que suponían una alta demanda de nuestros exportables con una tasa de interés internacional favorable (la realidad desmintió esta expectativa). Las primeras medidas apuntaron a recomponer los ingresos públicos y mediante ajustes del tipo de cambio, también se sostuvo la exportación. Se achicaron plazos de pago de impuestos tratando de hacerse más rápido de los recursos y evitando el efecto de la depreciación de los mismos por la inflación. Los salarios se ajustaban trimestralmente siguiendo la pauta  inflacionaria al 90% del IPC (índice de precios al consumidor) del mes anterior. Se intervino en el mercado de la carne. Así se anunció la economía de guerra, reduciendo un 12% el gasto público, congelamiento de vacantes, aumento de tarifas de combustibles, paralización de la inversión pública y privatización de empresas del Estado. Plan Austral Poco después mediante un DNU1 se inició el Plan Austral que implicó un ajuste aún mayor al sugerido por el FMI con el objetivo de evitar la hiperinflación. Las principales medidas fueron:  cambio de signo monetario,  congelamiento de precios, tarifas públicas y salarios,  desindexación de los precios a futuro por aplicación del desagio,  reducción de las tasas de interés,  devaluación y posterior congelamiento del tipo de cambio,  implementación de una política monetaria y fiscal estricta que implicaba reducción del déficit del 11 al 4% del PBI hacia fin de año (mediante recorte en los gastos, mayor recaudación y financiamiento con nuevos créditos externos). El plan tuvo efecto favorable inmediato, con incremento de exportaciones, aumento de divisas, suba de la recaudación impositiva, la disminución del déficit fiscal y reducción de la tasa de inflación al 2% mensual. Con el plan Austral vino el “desagio” (arts. 4 y 5), una herramienta para desindexar los precios. Bajo el principio: “si los valores que se pactaron para fechas futuras tienen implícita la inflación próxima, si la inflación baja (en forma significativa) sería justo reducir esos valores”. Y así funcionó. La aplicación del desagio permitió contener la inflación inercial que se encontraba ligada al comercio de bienes y servicios, a plazo. Se plantearon otras medidas de ajuste como la privatización de algunas empresas como SOMISA y Fabricaciones Militares y el traslado de la Capital a Viedma – Carmen de Patagones. Pero este plan económico tenía poco alcance porque no incorporaba objetivos de reactivación o crecimiento y comenzaron a verse efectos no deseados. Había dificultades con los precios flex, (carnes y hortalizas) que tenían un lento pero persistente crecimiento y no encontraban un 1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/310324/norma.htm nuevo punto de equilibrio como se esperaba desde el gobierno, ubicándose estos precios por encima de la inflación y constituyendo por lo tanto un freno al crecimiento. En cuanto a los salarios los más afectados fueron los del sector público. También las tasas de interés positivas afectaban fundamentalmente al pequeño y mediano empresario. Las tasas pasivas incentivaban el ingreso de capitales de corto plazo. A poco menos de un año de iniciado el Plan Austral se le hicieron correcciones que incluían aumentos de combustibles y de tarifas públicas y la primera devaluación del austral respecto del dólar, flexibilización de precios, autorización a las empresas para aumentar márgenes de ganancias y transferir a precios los aumentos salariales. Así la política de flexibilización periódica se instaló. Por entonces si bien se había estabilizado en parte la economía se notaba cierta aceleración en los precios que se intentó corregir mediante política monetaria restringiendo la oferta monetaria. Pero esto afectaba las cuentas públicas porque reducía la recaudación e incrementaba el gasto vía retribución a los mayores encajes bancarios. El contexto económico daba claras señales de una puja distributiva, con lo cual se propuso una mayor apertura económica, el aliento a la inversión privada, reestructuración del mercado de capitales y reforma del estado que incluía un nuevo régimen de empleo y salarial, privatización de empresas públicas, reforma tributaria y contención del gasto provincial. Se propuso al parlamento una serie de medidas entre las que se encontraban la nueva ley de coparticipación federal, la desregulación de los servicios, la venta del 40% de Aerolíneas Argentinas y una reforma al régimen de promoción industrial. A mediados de 1988 se lanza el Plan Primavera que incorporaba estas medidas entre otras: - Desdoblamiento del mercado cambiario con un tipo de cambio especial para las exportaciones agropecuarias. - Restablecimiento de las negociaciones paritarias libres. - Se emitieron una cantidad y variedad de títulos de la deuda pública como los Bonin, Bonor, Barra, Bagon, Tidol, Denor, Vavis, etc. Las cuentas fiscales se fueron saliendo de su cauce hasta que a comienzos de 1989 las expectativas inflacionarias fueron creciendo a partir de causas económicas y políticas. Con el inminente triunfo justicialista se esperaba un cambio de rumbo en materia de redistribución de ingresos entre otras medidas que eran anunciadas por el candidato. Se inició una fuerte fuga de capitales, que se consideró como un golpe económico al mercado, el dólar libre se disparó, los precios comenzaron a acompañar la evolución del dólar y se ingresó en un proceso hiperinflacionario. Entre febrero y agosto de 1989 los precios subieron un 1700%. Este proceso no responde a una sola causa y sería simplista establecerlo de ese modo. La confluencia de varias cuestiones dio lugar a la corrida incontrolable de los precios. Se puede  mencionar, la crítica situación de balance de pagos, la puja distributiva, el comportamiento especulativo de importantes sectores económicos y aceleraciones encadenadas de la inflación con una errática política de contención por parte del gobierno. Los resultados de las elecciones de mayo con el triunfo del candidato peronista Carlos Saúl Menem, quien asumió anticipadamente frente a la renuncia de Alfonsín, inician una nueva etapa en nuestra economía. Los Gobiernos de Carlos Saúl Menem 1989/1999 Menem inició su gobierno en julio de 1989, a partir de una salida anticipada de Raúl Alfonsín. Si bien su campaña se hizo sobre la base de anuncios como el salariazo y la revolución productiva, al asumir quedó claro que ese no sería el perfil de su gobierno, llevando adelante una política enmarcada en la visión neoliberal de la economía. Su gobierno tuvo tres momentos económicos importantes: el Plan BB (por Bunge y Born), el Plan Bonex (o plan Erman González) y la ley de Convertibilidad, a cargo de Domingo Cavallo. A poco de ser electo se modificaron algunos criterios de campaña, con la designación de Miguel Roig directivo de Bunge y Born, el “salariazo” y la “revolución productiva”, quedaban atrás dando lugar a un acuerdo con el establishment (grandes grupos nacionales y extranjeros, banca nacional y acreedores extranjeros), mediante el uso de un programa económico neoliberal. Plan BB (Miguel Roig directivo de Bunge y Born) El primero de sus planes económicos fue el conocido como BB. Fue un mero ajuste ortodoxo con apertura externa, devaluación del peso, suba de tarifas y combustibles y aumento salarial limitado. Pero no se contuvo la inflación y se sumó a ello la recesión, especialmente en el sector industrial. Lo importante es que en este período se aprobaron dos leyes que serían fundamentales a futuro: - la reforma del Estado y - la Emergencia Económica (reforma administrativa, privatizaciones, venta de inmuebles, suspensión de subsidios, eliminación del Compre Nacional, compensación de deudas entre particulares y sector público).  Con las leyes de Emergencia Económica2 y de Reforma del Estado3 se ampliaron las facultades ejecutivas. El cierre del año calendario de 1989 terminó con una inflación del 5000%. Plan Bonex (Erman González) La segunda etapa fue la del plan Bonex que implicaba un canje compulsivo de depósitos a plazo fijo y en cajas de ahorro, por títulos de la deuda interna del Estado a diez años en dólares. Esta punción monetaria redujo la oferta de dinero y generó una fuerte recesión. Sin embargo, el Estado reestructuró su pasivo con lo cual alivió su situación presupuestaria. La aplicación del plan Bonex para frenar la inflación esterilizando la liquidez: Con una política monetaria restrictiva se intervinieron los depósitos a plazo fijo y en caja de ahorro, los títulos de deuda pública fueron convertidos en títulos en dólares a diez años. Como consecuencia se redujo drásticamente la oferta monetaria y se contrajo la actividad económica, aunque sin poder controlar la hiperinflación. Acompañando las medidas monetarias, en materia fiscal la ortodoxia avanzó con la reducción del gasto corriente y la inversión pública, aumento de impuestos, liberación de precios, de tipo cambiario y reducción del salario real. Se dispuso un severo control de las compras y contrataciones del Estado, se redujo el personal con congelamiento de vacantes, jubilaciones de oficio, incremento de la presión tributaria, acortaron los plazos de pagos de los impuestos y se inició el proceso de privatización. Todo ello con liberalización del mercado cambiario, de precios y congelamiento salarial. Pero, aun así, no se lograba reactivar la economía y la inflación no era vencida completamente. Lo que intentó hacer Erman González fue sanear las finanzas, para lograr superávit, controlar la emisión, mantener superávit comercial, recomponer las reservas, privatizar empresas, liberalizar el mercado de cambios y precios internos, renegociar la deuda y reestructura el endeudamiento interno. El acelerado proceso de privatizaciones de empresas estatales, incrementó los ingresos de la cuenta capital y financiera, que se utilizaron para equilibrar las demás cuentas públicas, pero la carga de los servicios (intereses por vencimiento) de la deuda seguían ejerciendo presión. 2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/15/texact.htm 3 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/98/texact.htm  En abril de 1992 Argentina adhiere al Plan Brady4, se reprogramaron los intereses de la deuda a 15 años y el capital a 30 años. Contó con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). Para aceptar al bono Brady como medio de pago, se exigió a los países deudores seguir las pautas del Consenso de Washington5. Como antecedente podemos mencionar una operación de salvataje de los bancos acreedores por parte del Tesoro de Estados Unidos. En 1985, el Plan Baker, que dispuso 50 mil millones de dólares por tres años para los gobiernos deudores, con condiciones para que ejecuten políticas de ajustes estructurales. La consecuencia inmediata: se alivió el peso de la deuda y permitió el ingreso de nuevos préstamos e inversión privada directa vinculada a los programas de privatizaciones de las empresas públicas. En este contexto es que Domingo Cavallo realiza una reforma monetaria fundada en un sistema de caja de conversión con tipo de cambio fijo.  La oferta monetaria pasó a depender de la evolución de las reservas del Central.  Se estableció el régimen que además prohibía la indexación de los contratos y pasamos a un régimen bimonetario. La Ley 23.928, fue aprobada el 27 de marzo de 1991 por el Congreso de la República Argentina. A su vez la apertura del mercado y la rebaja de aranceles disciplinaban los precios internos y la reforma del Estado y las privatizaciones mejoraban la situación fiscal. Se consolidaba un régimen cuyos fundamentos teóricos eran los mismos que los puestos en práctica por la dictadura de 1976. La política monetaria, fiscal y cambiaria dependía del movimiento de capitales y las reservas del Banco Central. Las reglas de juego atrajeron los capitales especulativos sumada a las divisas provenientes de las privatizaciones generaron un excedente de balance de pagos, aumento de reserva, mayor liquidez y acceso al crédito interno. Esto provocó mayor demanda y salida de la recesión. En paralelo la apertura económica atentó contra la producción local y la generación de empleo, aumentando la población desempleada y que comenzaba a ubicarse por debajo de la línea de pobreza. Si algo caracterizó la época fue la exclusión social. 4 La creación del bono Brady se dio en el contexto de la crisis de la deuda latinoamericana. Dicho episodio, iniciado a principios de los años ochenta, se caracterizó por la incapacidad de los gobiernos de países como Brasil, Argentina y México para hacer frente a su crédito externo, contraído principalmente durante los ´60 y ´70. Estos bonos nacieron como parte del Plan Brady, propuesto en 1989 por Nicholas Brady, Secretario del Tesoro de EE.UU. en ese momento. Su proyecto buscaba evitar un cese de pagos masivo a entidades financieras norteamericanas. [Guillermo Westreicher, 2019, “Bono Brady”]. 5 Esto implicaba la estabilización macroeconómica, la liberalización del comercio, facilitar la inversión y reducir el tamaño del Estado mediante privatizaciones. El Plan de Convertibilidad (Domingo Cavallo) El Plan de Convertibilidad tiene su antecedente en el sistema de Caja de Conversión que funcionó durante 1899-1913 y 1927-1929. En aquella época regía el patrón oro y el patrón cambio oro, de modo que la conversión era aceptada por gran cantidad de países. La finalidad principal era estimular las exportaciones evitando la valorización del peso favoreciendo al sector agroexportador. En cambio, la convertibilidad de Cavallo buscaba la estabilidad de precios en una coyuntura recesiva e hiperinflacionaria, con una revalorización de la moneda nacional, afectando a los exportadores, pero favoreciendo a otros sectores. Quienes apoyaron estas políticas entonces, fueron los capitales extranjeros vinculados a las privatizaciones, los acreedores externos y los grandes grupos económicos y financieros internos. Desde el punto de vista teórico algunos autores enmarcan la convertibilidad argentina en la teoría de la oferta nacida en EEUU, a principios de la década del 70 que postula como idea central la inutilidad de las devaluaciones de la moneda, ya que toda devaluación es seguida de un inmediato brote inflacionario que anula sus efectos. A esa tesis se le agregan otras hipótesis auxiliares:  El déficit fiscal financiado con endeudamiento no es perjudicial, porque la colocación de títulos públicos indica un mayor ahorro de quienes los compran compensando el exceso de gasto público.  El déficit externo no es un problema porque no es causado por una sobrevaluación de la moneda sino que representa la contracara del ingreso de capitales que en definitiva sería positivo.  El aumento de oferta permite baja de precios, por las economías en escala.  No hay control de la cantidad de moneda situación que se complementa con el enfoque monetario del balance de pagos que vincula la oferta monetaria al saldo de flujo de capitales.  Se reafirma la Ley de Say (la oferta crea su propia demanda), por lo que no se podría generar una crisis de sobreproducción aun con reducciones de los salarios. Como vemos se materializó la visión netamente neoliberal: Libre juego del mercado y la competencia, abandono de las pautas en el terreno de la oferta monetaria, vinculando la expansión de la oferta monetaria a la existencia de reservas y por otro lado los bienes públicos no ofrecidos por el mercado serán provistos por el Estado. La Convertibilidad se sancionó como ley y entró en vigencia el 1 de abril de 1991. Fijó la paridad cambiaria 1 dólar 10.000 australes. Se podían fijar los contratos en moneda nacional o divisa. El BCRA no podía emitir dinero sin el respaldo del 100% por reservas de libre disponibilidad (oro, divisas, títulos de otros países y nacionales emitidos en moneda extranjera). El Estado no podía emitir para financiar el déficit público. Se bajaron las tasas de encaje a los bancos comerciales. Dado que se identificaba al Estado como la principal fuente de inestabilidad del proceso económico, se buscaba reducir el campo de acción del mismo. Se renunció en forma explícita a determinadas herramientas de política económica, como el financiamiento del déficit por medio de la emisión y la devaluación de la moneda nacional. Se buscó un instrumento creíble al costo de poner el sistema económico en una camisa de fuerza cerrada con un candado cuya llave había sido arrojada. Fue exitosa en función de los objetivos inmediatos, ya que se estabilizaron los precios, hubo altas tasas de crecimiento económico (interrumpido recién con la crisis mexicana de 1995), con expansión del consumo. La capacidad ociosa permitió el aumento de la producción en la industria automotriz, de bienes de consumo durable y de alimentos. También crecieron el sector primario, el comercio y servicios. La reaparición de créditos para el consumo y el incremento del salario real se complementaron para generar un boom económico inmediato. Se logró un precario equilibrio fiscal. Pero el balance de pagos fue estructuralmente deficitario en todo el período. Otro de los aspectos centrales fue la Reforma del Estado que redujo el peso cuantitativo del sector público en el empleo, la producción y en el número de empresas. Se suspendieron los regímenes de promoción industrial, así como la ley de Compre Nacional. Se facilitó el despido de trabajadores del Estado, se flexibilizaron las normas de ingreso de capital extranjero y por supuesto se privatizaron empresas estatales. Además, se modificó el sistema de seguridad social. Se pasó de un sistema público de reparto intergeneracional a uno de capitalización a cargo de entidades privadas (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones- AFJP). El sistema de capitalización determina que los individuos ahorran para sí mismos y la AFJP administra (comisión mediante) los ahorros que serán reintegrados en forma de jubilación. En el sistema de reparto el trabajador activo hace su aporte para el sostenimiento de los pasivos actuales. Se decía que una de las ventajas era que, el ahorro obligatorio era invertido parcialmente por las AFJP. Sin embargo, en el mediano plazo el Estado tendría que remunerar a las personas dependientes del sistema viejo. La política económica de la época estuvo influenciada fuertemente por las condiciones acordadas con el FMI, que tenía cuatro temas fundamentales: reformas estructurales, ajuste fiscal, sistema financiero y mercado de capitales.  Se hablaba entonces del milagro argentino. Pero cuando las privatizaciones y los ingresos provenientes de las mismas se fueron terminando, más la reforma del sistema previsional que incidía sobre las cuentas fiscales, el milagro empezó a tener inconvenientes. La década del ’90 culminó las transformaciones iniciadas a mediados de los ’70 que fueron deteriorando la economía argentina, su tejido social y productivo, subordinándola a factores fuera de control con una fuerte internacionalización y concentración del poder económico. El Gobierno de la Alianza Las reformas neoliberales de los ´90 profundizaron el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la clase trabajadora, que se tradujo en el aumento del desempleo y una mayor desigualdad en la distribución del ingreso6. La Alianza se presentó en sociedad en 1997, unificando a los dos principales partidos opositores, la UCR y el Frente País Solidario (Frepaso). Esta coalición logró capitalizar el descontento social con el Gobierno, al que derrotó en las elecciones legislativas de ese año. El ascenso de la Alianza culminó en el triunfo en las elecciones presidenciales de 1999, coronando la fórmula Fernando de la Rúa (UCR) - Carlos “Chacho” Álvarez (Frepaso)7. Pero, desde el gobierno, la Alianza generó la más acelerada pérdida de consenso social desde el retorno de la democracia. Solo dos años después de su triunfo electoral, el Gobierno de la Alianza caía en medio de una insurrección popular, a la que no pudo contener, aun con la suspensión de las garantías constitucionales, en diciembre de 20018. El gobierno entrante se enfrentaba a una situación económica difícil, la demanda agregada se encontraba deprimida, la moneda nacional sobrevaluada, las exportaciones resultaban insuficientes y al igual que el nivel de empleo, colaboraban al sostenimiento de un nivel paupérrimo de consumo. La situación descripta la denominamos deflación, es decir la caída general de los precios en una economía, provocada por la contracción monetaria. El sostenimiento de medidas de política fiscal restrictivas conllevó a la drástica contracción del ingreso, principalmente por la reducción de salarios, en principio del sector público y que luego 6 La tasa de desocupación pasó del 6,3% de la población económicamente activa (PEA) en octubre de 1990 al 13,8% en octubre de 1999; en igual lapso, la tasa de subocupación horaria pasó del 9,8% al 14,3%. Asimismo, la remuneración de los trabajadores asalariados se redujo del 44,7% del valor agregado en 1993 al 40,7% en 1999; en igual lapso, el excedente de la producción creció del 33,7% al 42,7% (datos de INDEC). 7 La Alianza logró 10 puntos porcentuales de diferencia sobre el PJ, venciendo en la mayoría de los distritos. 8 Sebastián P. Salvia. Colombia Internacional 84 COLINT 84 PP. 256 - ISSN 0121-5612 Mayo-agosto 2015 PP. 107- 138. derivaron hacia el sector privado. Iniciando así un círculo vicioso, entre déficit, ajustes y mayor contracción económica. El ministro de Economía, José Luis Machinea, en línea con el compromiso asumido durante la campaña electoral presidencial, mantuvo el régimen de convertibilidad. Para ello, se aplicaron una serie de medidas ortodoxas, que cerrarían la brecha fiscal a partir del aumento de la recaudación impositiva y caída del gasto corriente, acordes a las exigencias de los organismos de créditos internacionales, cuyo financiamiento resultaba indispensable. El paquete de medidas anunciadas incluía:  Recategorización, hacia arriba, de los distintos tramos del impuesto a las ganancias – el ajuste era soportado por los sectores medios y la renta financiera quedaba exenta de gravámenes.  Rebajas salariales del 13%, a los empleados públicos que estuvieran por encima de los $1.000.  Los contratos del estado quedarían reducidos en un 30%.  Baja drásticamente el gasto dirigido a educación, principalmente a las Universidades.  Ajustes sobre los fondos de la obra social de los jubilados, el PAMI. El 29 de mayo de 2000 se promulga la ley de “Reforma Laboral”, que flexibiliza los contratos de trabajo, descentraliza las negociaciones laborales, crea el servicio de mediación y arbitraje, autoriza el cambio de los acuerdos para aquellas firmas en que su estabilidad económica se encuentre en riesgo, extiende el período de prueba y modifica el sistema de tributación de microempresas, para extenderla a cuentapropistas de bajos ingresos. Bajo una mirada clásica de la economía, los costos laborales reducidos, hubieran repercutido en mayor producción y por consiguiente aumento de las exportaciones. Resultado no logrado, al encontrarse deprimida la economía y no ser el costo laboral un componente importante en la formación del precio final del bien. Pero sí estas medidas, profundizaron la recesión ya que disminuyeron el ingreso de la masa de trabajadores, restringiendo su consumo. En octubre de 2000, en un intento de reactivar la economía se presenta un plan de incentivos para la inversión privada que incluía reducción de gravámenes al endeudamiento empresario y la renta presunta, también facilidades para acceder a créditos hipotecarios. Pero un acontecimiento político complica aún más el gobierno de la Alianza, la renuncia de su Vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez. Esta decisión a los ojos internacionales se manifestó en el aumento de la prima de riesgo soberano al 14%, dejando fuera del mercado de capitales a la Argentina.  En ese contexto se negocia el Blindaje Financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones, incluso el propio Gobierno de España. El préstamo de u$s 40.000 millones, buscaba prevenir la crisis financiera que ya había sucedido en otros países como México, Rusia, Brasil y el sudeste asiático, garantizando el pago de la deuda externa, a los acreedores. Si observamos el primer trimestre de 2001 las metas pactadas con los acreedores internacionales eran inviables. Las trasferencias de activos financieros hacia el exterior conocidas como “fuga de capitales”, se realizaba a través del propio sistema bancario, y sus principales hacedores eran empresas transnacionales, incluso las privatizadas. Los depósitos eran convertidos a dólares, provocando la caída de reservas del BCRA, que aseguraba su provisión conforme a la ley de convertibilidad. Otro acontecimiento político pone en duda la legitimidad del gobierno De La Rúa. La renuncia de José Luis Machinea y el nombramiento de Ricardo López Murphy, por menos de 2 semanas, dan paso a una nueva gestión de la cartera económica a cargo de Domingo Cavallo. Al asumir, en marzo de 2001, justo 10 años después de instaurar el régimen de convertibilidad y transitando el décimo trimestre de recesión económica, Cavallo anuncia el lanzamiento de los “planes de competitividad” para distintos sectores vinculados con la industria textil, metalmecánica, indumentaria y calzado, reduciendo los aportes patronales a la seguridad social y aranceles a la importación de bienes de capital. La reactivación se pretendía desde la demanda doméstica, pero el consumo estaba inmerso en el círculo déficit – ajuste – recesión – déficit. Desde los ingresos públicos, se implementó un impuesto a las transacciones bancarias (al débito y luego al crédito) y se eliminaron las exenciones vigentes al IVA. A principios de junio de 2001, y bajo la mirada atenta de la comunidad financiera internacional, se lleva adelante la operación de canje de deuda, que intentaba frenar las expectativas negativas sobre el futuro argentino. El Megacanje consistió en la refinanciación de vencimientos a corto plazo con acreedores privados extranjeros. Siete bancos liderados por el Credit Suisse, embolsaron 150 millones de dólares de comisiones. En particular, como explica Norberto Galasso9, el acuerdo se basó en el rescate de títulos por 28.144 millones de dólares, entregándose nuevos títulos por 30.401 millones, con vencimientos a mayor plazo (2006 – 2031). A los 2.257 millones de dólares que creció la deuda, debe sumarse el incremento de interés de los nuevos bonos, que pasaron de 6% -bonos Brady- al 12%. En 9 GALASSO, Norberto: “De la Banca Baring al FMI”, pág. 344. Buenos Aires: Ed. Colihue, 2003 total, al sopesar las consecuencias del canje a partir de proyectar los montos de los vencimientos, la operación implicó un aumento de la deuda externa argentina en 53.700 millones de dólares en términos de capital e intereses. En un intento de recuperar la confianza de los inversores y acreedores financieros, el gobierno anuncia el Programa Déficit Cero, por el cual se comprometía a pagar en primera instancia la deuda pública y las transferencias a las provincias que surgían de los pactos fiscales. Dejaba en segundo plano el pago de salarios, jubilaciones y deudas con proveedores, ya que las condicionaba a la disponibilidad del excedente. El deterioro constante del sector público y sus finanzas se encontraba agravado por la caída del consumo y la inversión que el cuarto trimestre de 2001 se acercaba al 30%. Un último intento en noviembre de 2001, por reactivar el consumo concluyó en una reducción de la tasa del IVA, para compras con tarjeta de crédito y la emisión de la tarjeta alimentaria por $150, destinada al sector social más vulnerable. La situación política estaba en un punto de quiebre, las provincias se encontraban desfinanciadas, por lo que recurrieron a la emisión de cuasimonedas, que le permitieron incrementar su liquidez, frente a la escasez de divisas. El BCRA, emitió las Lecop (Letras de cancelación de obligaciones provinciales), que podía ser utilizadas para el pago de impuestos, bienes y servicios nacionales. La Provincia de Buenos emitió los Patacones (Letras de Tesorería para Cancelación de Obligaciones) y para el fin de 2001, existían al menos 15 cuasimonedas en circulación. Ante el inminente quebranto de todo el sistema financiero argentino se sanciona la “Ley de intangibilidad de depósitos” y poco después el decreto 1570 que instaura el “corralito”. Desde el 3 de diciembre de 2001, los depósitos en cuentas corrientes y cajas de ahorros permitían un retiro semanal de u$s 250 y un tope de transferencias al exterior de u$s 1000. La función del “corralito” era evitar la salida de fondos del sistema financiero y contener el consumo interno. Lo que llevaría a profundizar la crisis y reconociendo tácitamente que la convertibilidad se había derrumbado y la cadena de pagos rota. Al final, la crisis política - económica puso violentamente de manifiesto una rebelión popular en Diciembre de 2001, tras el corte del crédito internacional, las restricciones a los depósitos bancarios y el estado de sitio decretado por De La Rúa para contener las protestas, el presidente renuncia a su cargo y comienza una serie de sucesiones mandatarias hasta lograr el consenso legislativo y ejercer el ejecutivo Eduardo Duhalde. El Default, el Corralón y la salida de la Convertibilidad Tras la renuncia del presidente electo y respetando el mando sucesorio, en la noche del 20 de diciembre se hacía cargo del Poder Ejecutivo el presidente de la Cámara de Senadores Ramón Puerta, miembro del Partido Justicialista que fuera opositor al gobierno de La Alianza, quién convocó a la Asamblea Legislativa para elegir un nuevo presidente. El día 23 asumía la presidencia Adolfo Rodríguez Saá, también del Partido Justicialista. Quien entre sus medidas dispuso la suspensión del pago de la deuda externa, anuncio que fue hecho en el Congreso y acompañado por aplausos por parte de los presentes. Además, prometió que sería reintegrado el dinero sustraído a los ahorristas. El 30 de diciembre Rodríguez Saá renunció con pedido simultáneo de licencia, alegando falta de apoyo político, lo que desencadenó una nueva ola de inestabilidad. Debió hacerse cargo del Poder Ejecutivo el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Camaño, quien procedió a convocar otra vez a la Asamblea Legislativa para elegir un nuevo presidente. El 1 de enero de 2002 asumió la presidencia interina el exgobernador y senador bonaerense Eduardo Duhalde del Partido Justicialista, excandidato a presidente en las elecciones de 1999, y que había perdido ante De la Rúa. En su discurso de asunción, reiteró la promesa realizada por Rodríguez Saá, de devolver el dinero sustraído a la población, en la misma cantidad en que habían sido depositados, con la frase: “el que depositó dólares, recibirá dólares”, en la misma moneda en que éstos habían sido efectuados, así garantizaba la paz social y el fin de la controvertida Convertibilidad. Pero cinco días después, el 6 de enero de 2002, derogó los aspectos esenciales de la Ley de Convertibilidad (N° 23.928) eliminando las operaciones de conversión monetaria 1 a 1 y la exigencia de contar con reservas por el 100% de la base monetaria, dando inicio al régimen conocido como de "pesificación asimétrica". El Ministerio de Economía se encontraba a cargo de Jorge Luis Remes Lenicov. El programa económico tenía pocos y bien definidos objetivos10:  Restaurar el equilibrio macroeconómico, evitando cualquier brote hiperinflacionario.  Reactivar la economía, a partir de frenar su caída.  Brindar contención a los desempleados.  Ejecutar sólo las reformas estructurales imprescindibles para resolver la crisis, dejando planteadas las restantes para que fueran abordadas por el próximo gobierno electo.  Normalizar las relaciones con el Mundo 10 “La política económica de principios de 2002: cambios profundos para superar la crisis provocada por el colapso de la convertibilidad y sentar las bases para el funcionamiento de una economía normal, integrada al mundo.” Jorge Remes Lenicov, Jorge Todesca y Eduardo A. Ratti. Con la colaboración de Verónica Ferraris. Buenos Aires, marzo de 2003. En http://cdi.mecon.gov.ar/bases/docelec/mm2014.pdf Con el fin de restaurar el equilibrio Macroeconómico, se tomaron decisiones en materia de Política cambiaria.  Devaluación y flotación administrada. Inicialmente se acordó el establecimiento de un tipo de cambio fijo a la tasa de $1,40. Muy pronto apareció un mercado paralelo a $ 1,70. Debido a ello, cuando la cotización superó los $ 2 por dólar, se decidió adoptar un sistema de flotación sucia, con intervención del BCRA y controles cambiarios para algunas operaciones.  Conversión a pesos de las obligaciones contraídas en dólares. La decisión política final fue la pesificación uno a uno que quedó consagrada en el Decreto 214. Aquí vemos la “pesificación asimétrica”, ya que el factor de ajuste (1.40) aplicado a los depósitos, no coincide con el aplicado al universo de los deudores.  Normalización de la liquidación de divisas y la salida escalonada. En un intento de síntesis, podríamos decir que: 1. Los deudores comenzaron a pagar sus deudas en ($) pesos, ajustadas por un coeficiente de variación salarial (CVS) que aún al día de la fecha se encuentra vigente. 2. Se autorizaron retiros parciales a un tipo de $1.40 más el “Coeficiente Estabilización de Referencia (CER)”. Esto benefició a aquellos que tenían depositados montos pequeños y que retiraban alrededor de $2 por cada USD1 depositado. 3. Si los depositantes eran mayores de 75 años, estos podían hacer retiros más frecuentes y luego, dependiendo del dinero que tenían, optar por un bono en USD a tres años (BODEN 2005). 4. Los menores de 75 años y que tenían más de USD 10.000 depositados podían optar por dos tipos de bonos, uno en $ ajustable por CER (BODEN 2007), u otros en USD a 10 años como el BODEN 2012 al principio, y el BODEN 2013 después. Los bancos fueron compensados con el BODEN 2012 por la “pesificación asimétrica” que se generaba al tener que cobrar las deudas a $1 + CVS y pagar depósitos $1,40 + CER. De la descripción que acabamos de hacer surge la existencia de cuatro bonos, tres de ellos en USD y uno en Pesos. Respecto de la Política fiscal: La elaboración del presupuesto nacional se propuso sobre un superávit primario relevante, cambiando la tendencia anterior. Los ingresos provenientes de las retenciones (transitorias) a las exportaciones se aplicaron para atender la emergencia social (factibles y equitativas porque el tipo de cambio real excedía al de equilibrio) y además moderaban los precios internos de los bienes transables. También se incluyó un acuerdo entre la Nación y las Provincias para reducir el déficit provincial, iniciar el ordenamiento fiscal y eliminar el piso de la coparticipación y los bonos provinciales.  La Política monetaria: resultó restrictiva; se recompone la tasa de interés y se brindan nuevas opciones de inversión. Se lanzan distintas alternativas al “corralito”, por ejemplo, el dinero acorralado se podía utilizar para comprar autos y propiedades a un tipo de cambio ajustado. Esta era una opción viable para aquellos acreedores de grandes montos. El comprador utilizaba el dinero acorralado y el vendedor podía retirarlo en efectivo. Hay un ordenamiento de la política de redescuentos. Por último, la Política de precios se dirige hacia la libertad para la formación de precios. Las tarifas de los servicios públicos son convertidas a pesos y se inicia la renegociación limitada de las concesiones. Les compartimos material dispuesto por la Universidad Nacional de San Martín. Una entrevista personal con el propio Remes Lenicov, quien recorre su gestión y otros temas … de la política económica argentina. https://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/archivohistorico-eco-oral/remes.html Bibliografía específica por unidad: RAPOPORT, Mario. Historia económica, política y social de la argentina (1880-2000). Editorial Macchi, 2000. Capítulos 8, 9. RUBINZAL, Diego. Historia económica argentina (1880-2009) Desde los tiempos de Julio argentino Roca hasta Cristina Fernández de Kirchner. Ediciones del CCC - Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, 2010. Capítulo VIII. Documento de clase elaborado en base los datos bibliográficos citados oportunamente.