Jurisprudencia Civil Comentada Tomo II, 2009, PDF

JURISPRUDENCIA CIVIL COMENTADA Código Civil Dirección: MIGUEL PASQUAU LIAÑO Coordinación: KLAUS JOCHEN ALBIEZ DOHRMANN ANA LÓPEZ FRÍAS JURISPRUDENCIA CIVIL COMENTADA Código Civil SEGUNDA EDICIÓN TOMO II Arts....

JURISPRUDENCIA Código Civil Dirección: MIGUEL PASQUAU LIAÑO Coordinación: KLAUS JOCHEN ALBIEZ DOHRMANN ANA LÓPEZ FRÍAS JURISPRUDENCIA CIVIL COMENTADA Código Civil SEGUNDA EDICIÓN TOMO II Arts. 609 a 1.314 Granada 2 0 0 9 BIBLIOTECA COMARES DE CIENCIA JURÍDICA Director de publicaciones: MIGUEL ÁNGEL DEL ARCO TORRES © Los autores © Editorial Comares, S.L. C/ Gran Capitán, 10-Bajo 18002 - GRANADA Teléfono: 958 46 53 82 Fax: 958 46 53 83 PEDIDOS: E-mail: [email protected] http://www.comares.com Central de Barcelona de Granada. Magistrado AP Granada 1.303-1.314; 1802-1808 Coordinación] de Zaragoza de Navarra. Magistrado TSJ Navarra de A Coruña Universidad Salamanca de Málaga y artículos asignados VIII de Murcia Universidad de Salamanca Autónoma de Madrid de Burgos. Magistrado AP Burgos Universidad de Málaga de Burgos Universidad de Murcia 728; 732-736] de Islas Baleares de Salamanca 1.152-1.155; 1537] de Murcia CEU-San Pablo y artículos asignados de Malága de Granada de Granada de Murcia de Granada. Abogada de Salamanca. Abogado de Granada 1.538-1.541; 1.940-1960; Coordinación] Castilla-La Mancha 1.790-1.801; 1.809-1.821] Castilla-La Mancha de Salamanca 1.290-1.299] y artículos asignados X de Málaga 1.740-1.757] Autónoma de Madrid de Salamanca 1.526-1.536] de Granada de Almería de Granada de Zaragoza de Granada. 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Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo Derecho Civil Foral de Navarra, aprobada por Ley 1/1973, de 1 de refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 23 de diciembre, de Arbitraje 5 de diciembre, de Arbitraje de 1953, por la que se regulan los arbitrajes de Derecho privado 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos de 1935, de Arrendamientos Rústicos 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos Urbanos, texto refundido aprobado por Decreto 4104/1964, 9 de julio, Concursal 16 de julio, Cambiaria y del Cheque de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación de Trabajo, texto refundido aprobado por Decretos de 26 de enero y de mayo, de Derecho Civil de Galicia Civil, aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881 de enero, de Enjuiciamiento Civil XIV de Entidades Estatales Autónomas de los Consumidores y Usuarios, texto refundido aprobado 1/2007, de 16 de noviembre General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios General Presupuestaria Social, texto refundido aprobado por Decreto 2065/1974, Social, texto refundido aprobado por Real Decreto General Tributaria General Tributaria aprobado por Decreto de 8 de febrero de 1946 sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Hipoteca Naval de Inspección y Recaudación de la Seguridad Social de Organización y Funcionamiento de la julio, del Poder Judicial sobre Propiedad Horizontal texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo de Propiedad Intelectual texto refundido aprobado por Real Decreto 2/1995, el Registro Civil de Régimen Jurídico de las Administraciones Administrativo Común de Relaciones Laborales sobre Régimen del Suelo y Valoraciones Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Venta de Bienes Muebles a Plazos de Venta a Plazos de Bienes Muebles por Decreto de 14 de febrero de 1947 por Decreto de 2 de junio de 1944 aprobado por Decreto de 14 de noviembre de 1958 utilizadas del Estado de los Registros y del Notariado de Jurisprudencia Dirección General de los Registros y del Notariado Provincial Constitucional de Conflictos de Jurisdicción Supremo Superior de Justicia PRELIMINAR por la ocupación. sobre los bienes se adquieren y transmiten por e intestada y por consecuencia de ciertos contratos de prescripción. 1.095) establece como sistema de adquisición derivativa del dominio y demás derechos reales la teoría del título y el modo (SSTS 18 diciembre 1978 [R.4683]; 6 febrero 1990 [R.665]; 15 febrero 1990 [R.687]; 15 junio 1992 [R.5134]; 27 julio 1993 [R.6278]; 23 enero 1989 [R.115]; 18 febrero 1995 [R.882]; 17 septiembre 1996 [R.6723]; 30 mayo 1997 [R.4328]; 10 julio 1997 [R.5464]; 9 octubre 1997 [R.7065]; 5 febrero 2000 [R.167]; 13 marzo 2002 [R.5697]): «en el Código civil español, inspira- do en el sistema romano, la propiedad no se transmite por el solo hecho del contrato si no es seguido de tradi- ción» (STS 20 octubre 1990 [R.8029]). En línea con esta afirmación general, es doctrina reiterada del Su- premo que la perfección del contrato traslativo con- fiere al adquirente un ius ad rem sobre la cosa y una acción de índole meramente personal para reclamar su entrega; pero sólo cuando tiene lugar la tradición surge el verdadero ius in re sobre el bien adquirido y la acción real erga omnes para hacerlo efectivo (SSTS 5 junio 1945 [R.695]; 30 octubre 1951 [R.2363]; 30 junio 1962 [R.3182]; 3 octubre 1963 [R.3964]; 31 marzo 1964 [R.1762]; 4 mayo 1965 [R.2441]; y 24 mayo 1980 [R.1963]). Además del título y el modo, en alguna oca- sión ha exigido el Alto Tribunal como requisito adi- cional para la transmisión de derechos reales la in- tención en las partes de transmitir y adquirir, así como la preexistencia del dominio y posesión en el «tradens» (STS 18 febrero 1965 [R.985]). De igual modo, señala la STS 31 diciembre 1910 que para modos de adquirir la propiedad 1190 las adquisiciones basadas en la compraventa. Pero también se exige tal requisito en las que tienen su origen en la permuta (SSTS 17 noviembre 1988 [R.8603]; 2 marzo 1991 [R.1711]; 27 junio 1992 [R.5564]), en la cesión de un solar a cambio de pi- sos (SSTS 17 noviembre 1988 [R.8603]; 2 febrero 1991 [R.699]; 15 junio 1992 [R.5134]; 18 mayo 1994 [R.4094]; 3 octubre 1997 [R.6965]), en la renta vitalicia (STS 12 marzo 1987 [R.434]) o en la dación en pago (SSTS 13 febrero 1989 [R.831]; 19 octubre 1992 [R.8082]). En cambio, se ha ne- gado la condición de título traslativo a la venta de un inmueble realizada en nombre de su dueño sin estar autorizado por él (SSTS 2 octubre 2001 [R.8723], y al documento en el que la propietaria de una finca reconoce la participación de su marido en el 50% de la titularidad de la misma (STS 19 julio 2002 [R.9098]). E igualmente se excluyen del ámbito de la teoría del título y el modo las adquisi- ciones basadas en el contrato de obra (STS 28 no- viembre 1973 [R.4340]; 27 noviembre 1978 [R.4175]), y otros casos «como el de la hipoteca, en que se exige solamente la inscripción (art. 1.875 del CC), el de las servidumbres negativas (en las que, por su propia naturaleza, no cabe acto alguno de transfe- rencia) y el de acceso a la propiedad» en los arrenda- mientos rústicos, «que quedan fuera del principio ge- neral de necesidad de la tradición, pues ésta se produ- ce automáticamente a causa del derecho constituido» (STS 5 julio 1980 [R.2928]). La STS 9 mayo 1997 [R.3879] también viene a pronunciarse sobre el ámbito de la teoría del títu- lo y el modo, porque aplica a la expropiación for- zosa, por analogía, el sistema de adquisición de la propiedad en la compraventa. En concreto, dicha sentencia equipara la ocupación por la Administra- ción de la cosa expropiada con el modo o entrega que se exige en las adquisiciones basadas en la com- praventa, y extrae como consecuencia que hasta que no se levante el acta de ocupación no se transmite el dominio a la Administración expropiante. Se aña- de en esta decisión que la falta de pago del precio no es obstáculo, sin embargo, para la adquisición de la propiedad ni en el ámbito de la expropiación for- zosa ni en el de la compraventa. 1.3. Consecuencias opere la Se han destacado en la jurisprudencia diversas consecuencias que resultan de la consagración en el Ana López Frías Art. 609 le permita instar (…) el alzamiento del embargo en cuestión» (en el caso, compraventa del inmueble en documento privado de fecha fehaciente conforme al art. 1.227 CC). — La inexistencia de traditio en favor del adquirente significa que éste todavía no es propie- tario, lo que determina la desestimación de la ac- ción declarativa del dominio (SSTS 22 enero 1980 [R.82]; 17 marzo 1986 [R.1267]; 20 febrero 1995 [R.1694]), y de la acción reivindicatoria (SSTS 4 mayo 1965 [R.2441]; 23 enero 1989 [R.115]; 6 abril 2006 [R.5093]). Igualmente, el adquirente al que no se ha entregado la cosa no está legitimado ni para ejercitar la acción de división de la cosa co- mún (STS 28 abril 1997 [R.3406]), ni para solici- tar la rectificación del asiento del Registro que pu- blica que la finca pertenece a un tercero, «ya que la acción de rectificación es inseparable del dominio o de- recho real de que se derive», y éste aún no existe en favor de quien alega la inexactitud registral (STS 30 junio 1962 [R.3187]). Y tampoco puede el compra- dor en documento privado adquirir por accesión el chalet construido en la parcela objeto de la compra- venta, por la razón de no ser todavía propietario del suelo sobre el que se asienta la edificación (STS 27 abril 1983 [R.2129]). Lo que el comprador sin traditio sí puede ejercitar es una acción personal di- rigida a la elevación a público del documento pri- vado de compraventa (STS 4 enero 1991 [R.106]). 1.4. Alteraciones convencionales de la teoría del título y el modo Respecto a la posibilidad de que las partes con- tratantes modifiquen o alteren el sistema de trans- misión del dominio establecido en el art. 609, de- clara la STS 1 marzo 1994 [R.1637] que, afectan- do dicha transmisión a terceros además de las los propios contratantes, no tiene valor jurídico el acuer- do de dar por transmitida la propiedad si no se ha producido alguna forma de tradición. En concreto, rechaza el Tribunal Supremo la pretendida eficacia traditoria del pacto según el cual comprador y ven- dedor acuerdan que el documento privado de com- praventa «tenga la misma fuerza y valor que si fuera público a todos los efectos legales». Sí admite la jurisprudencia como posible de- rogación convencional del art. 609 el pacto de re- serva de dominio: a pesar de la celebración del con- trato y de la entrega de la cosa, el comprador no ad- modos de adquirir la propiedad 1192 compraventa en documento privado de una vivien- da en construcción, que es embargada por un acree- dor del promotor antes de su terminación y entre- ga. Se da la circunstancia de que con anterioridad al embargo, y estando sin acabar las obras, se ha- bían realizado determinadas mejoras en el inmue- ble, encargadas y pagadas por el comprador. Circuns- tancia que éste alega para acreditar la existencia de tradición al interponer la tercería de dominio. Las SSTS 2 febrero 1994 [R.861], 10 mayo 1994 [R.3896] y 12 noviembre 1994 [R.8773] estiman la tercería interpuesta, considerando que la realiza- ción de las mejoras constituye un indicio posesorio suficiente del cual se puede deducir que el inmue- ble se encuentra a disposición del comprador y que se ha cumplido, por tanto, el requisito de la tradi- ción. En cambio, la STS 9 marzo 1994 [R.2205]) no da lugar a la acción del tercerista, afirmando que mientras no termine la construcción la entrega no puede realizarse y, en consecuencia, no es posible la transmisión dominical a favor del comprador. Aña- de que el encargo y pago de mejoras sobre lo ini- cialmente previsto «sólo revela una conducta incidente en la relación contractual entre vendedora y compra- dor, que no puede asimilarse a la entrega de la cosa vendida ni presupone que el comprador tenga la pose- sión de ésta, que sigue siendo una vivienda en cons- trucción poseida por la vendedora». En términos si- milares se pronuncia la STS 18 septiembre 1996 [R.6725], pero esta sentencia fue anulada por la STC 2 julio 2001 [La Ley, 6998/2001] por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto que la S. del Supremo resuelve un caso idéntico al de la STS 17 septiembre 1996 [R.6723] y le da una so- lución radicalmente distinta sin explicar la razón de la respuesta judicial contradictoria (en los dos plei- tos un mismo acreedor embargó determinadas vi- viendas unifamiliares de la misma promoción inmo- biliaria por deudas del promotor, quien ya había ven- dido los inmuebles en documento privado con an- terioridad al embargo. En la sentencia del 17 de sep- tiembre se estima la tercería de dominio que ejerci- tan algunos compradores, dando por buena la «rea- lidad del hecho posesorio» que apreció la Audien- cia, mientras que en la del día 18 del mismo mes se desestima, por falta de traditio, la tercería que in- terponen otros compradores). - La STS 14 noviembre 1997 [R.8123] enjui- cia igualmente un caso de tercería de dominio, pero referido a un local comprado en escritura pública, Ana López Frías Art. 609 solución que deriva de la STS 18 febrero 2005 [R.1681], si bien se dan en el caso algunas circuns- tancias peculiares: la construcción del edificio pre- visto en el contrato quedó paralizada por dificulta- des económicas del constructor, por lo que éste en- tregó la obra a los cedentes en el estado inconcluso en que se encontraba, con el fin de que ellos se hi- cieran cargo de la misma; a continuación se produ- jo el embargo de los locales de planta baja por deu- das del citado constructor (titular registral) y poste- riormente, una vez concluida la edificación, se otor- garon varias escrituras de «entrega de posesión y pro- piedad», en las que se individualizaban los locales que correspondían a cada uno de los cedentes. Cuan- do éstos interponen la tercería de dominio, tanto la Audiencia como el TS la desestiman por haber ale- gado los terceristas una «propiedad confusa o genéri- ca, y no entregada». - Distinto es el caso resuelto por la STS 18 mayo 1994, en el que se produjo no sólo el embar- go de todo el edificio objeto de una permuta de so- lar por pisos, sino también la posterior subasta y ad- judicación a un Banco de los inmuebles atribuidos a los cedentes. Se había celebrado el contrato en es- critura pública y posteriormente, pero antes del em- bargo, se había otorgado e inscrito la escritura de obra nueva, división horizontal y concreción de de- rechos en la que se determinaban las viviendas que los cedentes del solar habrían de recibir. En base a ello, aunque con escasa claridad expositiva, la sen- tencia viene a entender que se transmitió la propie- dad de las viviendas a los cedentes del inmueble, quienes, en consecuencia, tenían legitimación sufi- ciente para ejercitar con éxito la acción reivindicatoria frente al adjudicatario. - La permuta de suelo por obra celebrada en escritura pública ha planteado asimismo el proble- ma de determinar si pueden inscribirse a nombre del cedente los pisos o locales que deben construirse y serle entregados, lo que obviamente depende de la tesis que se siga sobre el momento en que aquél ad- quiere la propiedad de dichos inmuebles. La RDGRN 16 mayo 1996 [R.3950] se pronuncia so- bre este tema en un caso en el que se pactó la per- muta actual de una parcela a cambio de cinco fin- cas por construir, si bien perfectamente determina- das mediante la descripción contenida en el título constitutivo de la propiedad horizontal del edificio proyectado en la parcela. Admite la Dirección Ge- neral la inscripción a nombre del cedente de esos cin- modos de adquirir la propiedad 1194 tario de los bienes a los que el negocio del mismo nombre se refiere. Unas veces aceptando la teoría del doble efec- to, y otras diciendo prescindir de ella, afirma a me- nudo el Tribunal Supremo que las distintas modali- dades del negocio fiduciario poseen una limitada efi- cacia real, porque producen la transmisión del do- minio frente a terceros pero no «inter partes», de manera que el negocio (seguido de la tradición) no hace al fiduciario propietario del bien frente al fiduciante (SSTS 8 marzo 1963 [R.628]; 28 diciem- bre 1973 [R.4983]; 19 mayo 1982 [R.2580]; 25 fe- brero 1988 [R.1305]; 8 marzo 1988 [R.1607]; 19 mayo 1989 [R.3780]; 30 enero 1991 [R.349]; 6 abril 1992 [R.6186]; 5 julio 1996 [R.5576]). Des- de esta perspectiva, el fiduciario es un mero titular formal que no ha llegado a ingresar en su patrimo- nio de una manera efectiva el bien cuestionado (STS 1 febrero 2002 [R.1586]), ya que sólo lo ostenta con una finalidad de garantía o por fines derivados de la relación de confianza que existe, al menos inicial- mente, entre las partes. Esa falta de adquisición real por parte del fi- duciario provoca que se desestime la acción declarativa del dominio ejercitada por éste frente al fiduciante (STS 17 julio 2001 [R.6860]), y que, en cambio, sí prospere dicha acción (y, en su caso, la reivindicatoria) interpuesta por el fiduciante o sus herederos frente al mencionado fiduciario o los su- yos (SSTS 2 diciembre 1996 [R.8784]; 5 marzo 2001 [R.3972]; 31 octubre 2003 [R.7977]). Ahora bien, ¿qué ocurre si el fiduciante no res- tituye al fiduciario la cantidad prestada o no ejerci- ta su derecho a recuperar la titularidad de la finca en las condiciones pactadas en el contrato? Según las SSTS 6 abril 1987 [R.2494], 7 marzo 1990 [R.1674] y 6 abril 1992 [R.6186], se consolida en- tonces la adquisición del bien a favor del fiduciario, correspondiéndole, de forma definitiva, la titulari- dad dominical sobre el mismo. No es de la misma opinión la STS 19 mayo 1982 [R.2580], que con- sidera que no se transmite definitivamente la pro- piedad al fiduciario aunque el fiduciante haya deja- do de pagar parte de la cantidad prestada (en este caso, el fiduciante había invertido el dinero del prés- tamo en la misma finca objeto de la venta en ga- rantía). Un supuesto distinto, donde interviene en el litigio un sujeto ajeno al negocio fiduciario, es el que se plantea en las SSTS 7 mayo 1991 [R.3583] y 13 Ana López Frías Art. 609 ha planteado si han de participar en ese acuerdo los compradores de pisos o locales del inmueble, lo que supone determinar si tales compradores son (o cuán- do son) propietarios. La posición del TS a este respecto ha sido va- cilante y a veces confusa, como se advierte a través del examen de sus decisiones sobre este tema. La STS 9 junio 1967 [R.3983] entiende que el título constitutivo otorgado sin el consentimiento de quien ya ha comprado parte del inmueble en documento privado no vincula a este adquirente. Se da la cir- cunstancia de que, en el caso, la elevación a escritu- ra pública del documento privado de compraventa fue posterior a la fecha del título constitutivo (y no se alude a la existencia de otra forma de tradición), pero aun así el TS considera que el comprador ya era propietario de parte del edificio cuando se hizo la división horizontal del mismo, por lo que, con- forme al art. 5 LPH, necesariamente debió interve- nir en dicha división. La misma doctrina contiene la STS 13 abril 1977 [R.1652], aunque referida a la aprobación de los Estatutos de la propiedad hori- zontal. Indica la sentencia citada que los Estatutos son nulos si han sido fijados unilateralmente por el constructor de un edificio sin contar con los com- pradores en documento privado de varios pisos, su- jetos a quienes también se les da la consideración de propietarios. Un planteamiento distinto es el que parece desprenderse de las SSTS 10 noviembre 1981 [R.4469] y 19 octubre 1982 [R.5563]. Aquí se ad- mite el otorgamiento del título constitutivo por el propietario único del edificio a pesar de haber ven- dido pisos o locales del mismo en diversos documen- tos privados. Y ello por la razón de que tales docu- mentos no transmiten la propiedad a los compra- dores, además de que, en el supuesto que sirvió de base a la segunda sentencia, se había pactado en la compraventa la reserva del dominio a favor del ven- dedor. Posteriormente, las SSTS 25 mayo 1984 [R.2549] y 6 noviembre 1992 [R.9229] reiteran la idea de que al otorgamiento de la escritura pública de constitución de la propiedad horizontal han de concurrir todos los propietarios de un edificio, para después incluir entre ellos, naturalmente, a quienes han adquirido pisos o locales del mismo en virtud de documentos privados seguidos de la entrega ma- terial. Por su parte, la STS 28 enero 1994 [R.571] alude a la «generalizada doctrina jurisprudencial» se- gún la cual «cuando se ha iniciado la enajenación de pisos o locales sitos en inmuebles destinados a consti- modos de adquirir la propiedad 1196 ción aparece acompañada de la cita de la STS 16 febrero 1970 [R.846], pero esta sentencia no con- tiene la manifestación transcrita y además se dictó en un supuesto en el que la transmisión de la pro- piedad se produjo por la conjunción de un contrato de compraventa en documento privado y la entrega material de la cosa. Por su parte, en el caso resuelto por la STS 16 febrero 2006 el promotor modificó unilateralmente la escritura de declaración de obra nueva y división horizontal de un conjunto urbanís- tico, segregando 300 metros cuadrados de la zona de elementos comunes y reservándose el derecho a construir hasta treinta plazas de aparcamiento en la parcela segregada. Esa modificación se declara nula en la sentencia por no contar con el acuerdo de to- dos los propietarios que existían cuando se realizó, propietarios entre los que el TS incluye a los com- pradores en documento privado de los elementos privativos en construcción. 2. DONACIÓN Y TRADICIÓN de la fal- Se ha planteado en la doctrina científica si, con- forme al art. 609 CC, la adquisición de la propie- dad y demás derechos reales por donación exige que ésta vaya acompañada de la entrega de la cosa, o, por el contrario, se basa únicamente en la válida ce- lebración de dicho negocio gratuito. No puede de- cirse que exista en esta materia una jurisprudencia uniforme. Se desprende de algunas sentencias que en la donación el efecto traslativo se produce por la conclusión del negocio jurídico seguida de la tradi- ción (SSTS 27 abril 1972 [R.1862]; 14 mayo 1987 [R.3442]). Sin embargo, la STS 22 diciembre 1986, [R.7795] declara que: «a partir del art. 609 del Código civil, se advierte que la donación es un negocio jurídico dispositivo que, por vía directa y sin precisión de tradición en forma alguna, produce el traspaso de la propiedad del patri- monio del donante al del donatario. Se trata, en suma, de un negocio jurídico dispositivo que atribuye, de suyo y sin necesidad de otra colaboración del donante, la propiedad al donatario, a diferencia del régimen de la compraventa en que ha de terciar un mecanismo traslativo del dominio» (…). En la donación «la en- trega de la cosa donada al donatario se efectúa por cuanto es ya suya mientras que en la compraventa la entrega es cumplimiento de la obligación de entregar y tradición de efectos traslativos del dominio y antes de la cual la cosa permanece en el patrimonio del tradens». Ana López Frías Art. 609 los bienes adjudicados a los coherederos (SSTS 4 diciembre 1954 [R.2887]; 5 marzo 1991 [R.1718]). Merece destacarse la última sentencia citada, en la que se deduce la innecesariedad de la tradición de la naturaleza determinativa o especificativa que ésta y otras decisiones del Supremo asignan a la par- tición de la herencia. Así, una vez aceptada dicha tesis, señala el Alto Tribunal que «la partición reali- zada por los herederos no es un título traslativo de la propiedad, como entiende la recurrente, necesitado de tradición para la adquisición de la propiedad al que sea aplicable el inciso final del párrafo segundo del art. 609 del Código civil al decir que `la propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y trans- miten…, y por consecuencia de ciertos contratos me- diante la tradición´, ya que según el propio precepto, el título adquisitivo de la propiedad, en el presente caso, es la `sucesión testada´ que no necesita de la tradición». Existe un tercer grupo de sentencias que, aun- que no se pronuncian expresamente sobre el proble- ma de la tradición en la partición hereditaria, ni ha- cen mención alguna a aquella, afirman que la ad- quisición de la propiedad sobre bienes singulares como consecuencia de la sucesión mortis causa exi- ge un testamento o una declaración de herederos abintestato y la partición del caudal relicto —ade- más de la aceptación de la herencia— (SSTS 21 ju- lio 1986 [R.4575]; 5 noviembre 1992 [R.9221]; 15 diciembre 2003 [R.2004\74]); ello, a no ser que se trate de un caso de heredero único, en el que, como es obvio, no hay que realizar la partición para que se transmita al sucesor la propiedad exclusiva de los bienes del causante (SSTS 16 febrero 1987 [R.694]; 29 diciembre 1988 [R.10071]; 9 mayo 1997 [R.3879]). PRIMERO la ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las mente en el art. 609,I CC, cuando dice: «La pro- piedad se adquiere por la ocupación». De ahí que pro- ceda diferenciar, siempre que pueda haber lugar al equívoco, entre la ocupación en sentido lato (que engloba también al tesoro oculto y al hallazgo) y la ocupación en sentido estricto, regulada por este art. 610 CC. Suele indicarse que el régimen específico del tesoro oculto, cuyo concepto lo ofrece el art. 352 CC, tiene como quod distinctum el aplicarse a cosas muebles, valiosas, sin dueño cognoscible para el or- denamiento («cuya legítima pertenencia no conste») y ocultas. En cambio, la ocupación en sentido es- tricto puede darse con cosas muebles, valiosas o no, y no ocultas, que carezcan de dueño, bien porque nunca lo han tenido (res nullius), o porque han sido o fueron abandonadas por el último que tuvieron (res derelictæ). Por último, el hallazgo se refiere a co- sas muebles, ocultas o no, que se encuentran sin ser poseídas corporalmente, pero que deben tener un propietario que las ha extraviado o a quien le han sido sustraídas (o sea, se intuye que en breve cons- tará su legítima pertenencia). Así, en la STS 17 abril 1951 [R.1017] se ex- cluyó que fuera aplicable este art. 610 CC, porque en ningún caso se podía considerar que los muebles hallados carecieran de dueño. Dio como hecho pro- bado que el demandante, de profesión desde hacía mucho tiempo joyero, ante los registros que su es- tablecimiento sufrió en 1936 (se supone que ello aconteció tras el alzamiento del 18 de julio de ese año, y que el citado acaudalado simpatizaba con los De la ocupación 1200 617 CC —y regulada en ese tiempo por una Ins- trucción de 4 de junio de 1873—, puesto que se conocía perfectamente quiénes eran los propietarios de los objetos que el mar había arrojado a unas pla- yas. En efecto, estaba acreditado que el capitán de un barco, afectado por avería grave, había ordena- do echar al mar el cargamento, cerca de la costa, para aligerar la nave y superar, así, las tribulaciones por las que atravesaba. Por tanto, quedaba claro que di- chos objetos, luego aparecidos por las costas cerca- nas, procedían de una echazón y que, por consi- guiente, seguían perteneciendo a los dueños del car- gamento. Podemos también precisar que la propiedad que se adquiere por estos modos no siempre ha de ser exclusiva. En concreto, en las hipótesis de teso- ro oculto, cuando éste es hallado por persona dis- tinta del propietario del inmueble en que estaba oculto, y por casualidad, el art. 351 CC, al que re- mite el art. 614 CC, da como solución el condomi- nio a partes iguales entre el dueño del inmueble y el inventor o hallador (SSTS 24 enero 1977 [R.72] (Sala 2.ª) y 30 enero 1990 [R.101]). Digamos, por último, que la ocupación en sen- tido estricto fue bastante importante en otros tiem- pos: fue, por ejemplo, el título jurídico legitimador de muchas conquistas europeas allende los mares (es significativa la enorme polémica sobre su naturale- za jurídica —con clarísimo condicionamiento polí- tico— que enfrentó a algunos representantes de la segunda escolástica española y otros juristas euro- peos racionalistas) y valió para animar a la guerra, en tiempos en que la circulación jurídica era esca- sísima, y la ocupación bélica era la vía más ancha para conseguir la propiedad de objetos (saqueo, bo- tín) (es factor que coadyuva a explicar la reconquis- ta española o las mismas cruzadas). Hoy, sin embar- go, a nadie se le escapa que su importancia práctica es virtualmente nula, como atestigua el hecho de que no hay jurisprudencia sobre ella. En efecto, al multiplicarse la potencia mortí- fera de la actividad bélica, ésta se reduce y, al exten- derse el control del hombre sobre el medio, los bie- nes ocupables de cierto valor disminuyen, quedan- do tan sólo como campo asiduo de juego de la ocu- pación bienes muebles de tan escaso valor (busca- dores de basura, por ejemplo), que jamás el fenó- meno interesará a los distintos operadores jurídicos (por mucho que en la escuela siga intentando recal- carse la importancia teórico-dogmática de esta figura). Tomás Rubio Garrido Art. 610 Respecto al objeto ocupable mediante la con- currencia del requisito anterior, el art. 610 CC su- braya, ante todo, que se trate de cosas apropiables (concuerda con los arts. 333, 437, 1936 CC), por lo que, por ejemplo, se excluye todo bien demanial (sin perjuicio de los derechos que, por ejemplo, el afloramiento de bienes regidos por la Ley de Patri- monio Histórico artístico pueda engendrar). Y ul- teriormente el precepto ejemplifica con los muebles abandonados, el tesoro oculto y los animales que son objeto de la caza y pesca (que es una enumera- ción ad exemplum lo dijo la RDGRN 8 julio 1920). Dejando aquí el tratamiento específico de la subespecie ocupativa del tesoro oculto (cuando es encontrado por una persona en fundo ajeno) para el comentario al art. 614 CC, el de las piezas de caza y pesca para el del art. 611 CC, y el de los objetos sin dueño encontrados en el mar o en las playas, para el del art. 617 CC, se puede también advertir que hay otros objetos sobre los que hay regímenes espe- ciales o sobre los que, directamente, parece excluir- se la ocupabilidad. Así, la ocupación de un enjambre de abejas se regula de forma especial en el art. 612 CC. Para una posible ocupación de vehículos abandonados, hay una regulación también especial contenida principalmente en la Orden Ministerial de 14 de Febrero de 1974. Y parecen excluirse del ámbito objetivo de la ocupación los inmuebles (por su importancia, abor- daremos este aspecto monográficamente en el epí- grafe siguiente), los depósitos de dinero, valores y otros muebles constituidos en depósito, en entida- des de crédito o financieras, para los que la Ley 47/ 2003, de 26 de Noviembre, General Presupuesta- ria, indica que pertenecerán al Estado (como ya lo hacía el art.29,2 del texto anterior de dicha norma, aprobado por RDL 1091/1988, de 2 de Septiem- bre). También los títulos-valores —sometidos, ade- más, a un régimen de hallazgo distinto del conteni- do en los arts. 615 y 616 CC— y las cuotas de cual- quier cotitularidad (para las que, según parece, la derelección produciría en todo caso el acrecimiento del resto de cotitulares y no la atribución de la con- dición de nullius a las mismas). art. 443 3. LOS LLAMADOS INMUEBLES MOSTRENCOS O VACANTES Como es sabido, a la promulgación del Códi- go civil preexistió la llamada Ley de Mostrencos de De la ocupación 1202 sentativos de préstamos hipotecarios, a su vez garan- tizados con subhipoteca, rentas o pensiones, vitali- cias o perpetuas, que gravasen con carga real una cosa inmueble: art. 336 CC, dinero [depósito efec- tuado por un juicio universal incoado hacía mucho tiempo: STS 24 junio 1909; también la STS 18 di- ciembre 1928, que aludió tibiamente al art. 464 CC, para rechazar la pretensión del demandante]). Del mismo modo, se excluye ya radicalmente la ocupación como modo de adquirir inmuebles (ya no tendrán sentido, pues, los términos vagos de la STS 12 noviembre 1956 [R.3441]), quedando como únicos modos de adquirirlos a título origina- rio, bien el principio de fe pública registral (ex art. 34 LH), bien la usucapión, ordinaria o extraordi- naria (así, por ejemplo, STS 12 noviembre 1956 [R.3441] y la STS 25 junio 1978 [R.2542], que re- chazaron la concurrencia de la usucapión o la RDGRN 8 julio 1920, que la admitió incluso so- bre la base de una inscripción de posesión —en aquel tiempo admitida en el RP—). La STS 15 marzo 1977 [R.1127], pese a su fecha, aún aplica la Ley de Mostrencos de 1835, pero es muy significativa, puesto que ya puede hacer el cotejo con la legislación vigente a la sazón. Señala que el art. 22,II de la Ley de Patrimonio del Estado de 1964, cuando en los inmuebles existen poseedo- res o detentadores, obligaba al Estado a reivindicar y a demostrar su derecho. Con ello había cambiado la solución de la Ley de 1835 que, en idénticas cir- cunstancias, sólo obligaba al Estado, para vencer en el pleito petitorio, a demostrar que los poseedores no tenían título (aunque tanto en una Ley como en otra se consignaba la señera frase, hoy en cierto modo traspasada al art. 448 CC —con un valor que doctrinalmente se ha desfigurado mucho— de que «no se podía obligar a dichos poseedores a exhibir su título»). En virtud de esta no nimia diferencia nor- mativa, el TS entendió que al Estado, por el juego de la Ley de 1835, sólo le era exigible demostrar la no legitimidad de la posesión de los demandados, sin necesidad de probar él su título, y, por ende, puesto que lo primero quedó acreditado, le recono- ció, tras casar la sentencia de instancia, la titulari- dad sobre el inmueble litigioso (el Abogado del Es- tado demostró que los demandados habían usurpa- do en algún momento aquel terreno, que desde 1925 se había publicado como parcela del Estado, sin que los particulares acreditasen posesión por sus causantes o por otra persona). Tomás Rubio Garrido Art. 610 vada, que atribuir la relativa a inmuebles, cuando éstos son abandonados por sus dueños, al ente que encarna la defensa del interés general (véase también la RDGRN 8 julio 1920, con esta explicación). La STC 58/82 de 27 de julio, entre otras co- sas, analizó el art. 11 de la Ley Catalana de Patri- monio de la Generalidad, de 7 de diciembre de 1981, que atribuía a la Generalidad los bienes mos- trencos de su territorio. El TC entendió que «lo que en este punto hace la Ley catalana es subrogar al Pa- trimonio de la Generalidad en el lugar del Patrimo- nio del Estado, y para esto, como es evidente, carece la Generalidad de toda competencia. Una cosa es que la Generalidad disponga de la competencia suficiente para legislar, dentro de los límites que ya hemos señalado, sobre su propio patrimonio, y otra bien distinta que, en ejercicio de esta competencia, modifique también la legislación vigente sobre el Patrimonio del Estado. El derecho sobre los bienes ocupados o retenidos sin título válido es una derivación de la vieja regalía, como muy claramente se manifiesta en el Decreto de Carlos III de 27 de noviembre de 1785 (N.R 10,22,6) al refe- rirse a “los bienes mostrencos, abintestatos y vacantes que pertenecen a mi Corona”. Con la objetivación del poder y la fusión de los derechos mayestáticos en la no- ción única del poder soberano, este derecho pasa al Es- tado, traslación que entre nosotros se opera de manera positiva mediante la Ley de 9 de mayo de 1835. En cuanto que la titularidad de la soberanía corresponde al Estado en su conjunto y no a ninguna de sus insti- tuciones en concreto, los bienes vacantes podrían en principio ser atribuidos a entes distintos de la Admi- nistración Central, pero sólo el órgano que puede deci- dir en nombre de todo el Estado y no de una de sus partes puede modificar la actual atribución». Por tan- to, hizo declaración de inconstitucionalidad. Descendiendo, muy someramente, a aplicacio- nes concretas de la Ley de Mostrencos, la STS 10 enero 1894 excluyó la atribución automática al Es- tado, porque el causante del demandado había po- seído hasta su muerte los bienes, de forma que al Estado cumplía la prueba, a través de la pertinente acción, de la ilegitimidad de la posesión, cosa que no logró. De forma similar, la STS 24 junio 1909 no sólo da como hecho probado que el Estado no había conseguido acreditar la ilegitimidad posesoria, sino que el depósito de dinero estaba a disposición de personas concretas (indicando la sentencia que, en última instancia, si se logra probar que la perso- na jurídica a cuyo favor estaba constituido dicho De la ocupación 1204 de la ilegitimidad de la posesión del demandado un mero expediente administrativo (máxime cuando obraba en favor del demandado otro dato «admi- nistrativo», que sí tiene importantísimos efectos ju- rídico-privados, como era la inscripción a su nom- bre en el RP, ex art. 1,III y 38 LH). Desde luego, hoy no podría aplicarse, como hizo la STS 2 junio 1919, la Carta Puebla de Ra- món Berenguer IV, incluida en las costumbres de Tortosa, con la franquicia de adquirir por ocupa- ción las tierras yermas del término de Tortosa, para roturarlas (de nuevo, añejo regusto medieval y repoblador). se rige por leyes especiales. particularizado, al tratarse, hoy como ayer, de una materia que, virtualmente, es ajena al Código civil. Con todo, con ayuda de la STS 3 octubre 1979 [R.3323], damos unas pinceladas somerísimas. Ante todo, de la ubicación de este art. 611 CC, y de la alusión del art. 610 CC, queda claro que la caza y pesca son modos especiales de ocupación, por los que se adquiere la propiedad originaria e ins- tantáneamente sobre las llamadas piezas de caza y pesca. Como la STS 3 octubre 1979 [R.3323] recuer- da, en esta materia hay que diferenciar entre un de- recho a la explotación de la caza y un «derecho al ejercicio de la caza». Este segundo es «expresión de la libertad individual que, en principio, corresponde a todos, dentro de los límites que impone el Derecho público y siempre que sea ejercitado en terrenos en que, por ser libres, ello sea posible, con la particularidad de que las piezas venatorias, son consideradas “nullius” y su propiedad se adquiere por ocupación, a la manera como actualmente se regula en los arts. 22 y sigs. de la Ley de caza de 4 abril 1970, encuadrados justamente bajo el título de “adquisición de la propiedad de la caza”». Esos límites de Derecho público a que alu- de el TS (que llega a afirmar que la riqueza cinegé- tica integra el patrimonio de la Nación) son de una incisividad notable: fundamentalmente, sólo puede ejercitarlo lícitamente quien se encuentre legalmente en posesión de una licencia administrativa, siem- Tomás Rubio Garrido Art. 612 De ese modo, ser titular del derecho de explo- tar la caza es presupuesto objetivo necesario para poder adquirir por caza, pero no se adquiere por caza por el mero hecho de ser cazador: hay que co- brar y abatir las piezas. Por ello el titular de una fin- ca con la condición jurídica de coto no es titular de las piezas de caza que en él viven o que por él pasan, sino que deberá cobrar y ocupar, en suma, la pieza. Con estas premisas, la concreta sentencia que contemplamos condenó a una usufructuaria a inte- grar en el inventario que debía hacer, la riqueza ci- negética de la finca extremeña que era objeto de su derecho y afianzarla debidamente (ex arts. 467, 491 y 522 CC), en contra de lo pretendido por su abo- gado (acogido en la sentencia de instancia) que argüyó que las piezas de caza, mientras no sean aba- tidas o cobradas, son nullius y, por tanto, no inventariables (también la sentencia de instancia, de pésima factura, adujo que, en todo caso, serían fru- tos y que, por tanto, correspondían directe a la usu- fructuaria). Y la STSJ Navarra 6 mayo 1996 [R.4258] en- tendió no acreditado un derecho a poder cazar gra- tis, de los vecinos de una localidad, en un Monte comunal de otra (configurado, por el dato norma- tivo de la Compilación navarra que impide la servi- dumbre personal, como un usufructo parcial o de- recho de aprovechamiento parcial en cosa ajena), pues, cuando el Monte pertenecía al patrimonio del Estado, no hubo autorización de caza emitida por el órgano administrativo competente, sin que haya habido constitución ulterior por el nuevo titular del Monte, ni tampoco prescripción adquisitiva de tal derecho, puesto que cada año se ejercitaban actos venatorios por mera licencia o tolerancia, lo que ex- cluye la posesión en concepto de dueño (titular del derecho de que se trata). de abejas tendrá derecho a perseguirlo sobre el el daño causado. Si estuviere cercado, necesi- en él. o cese de perseguir el enjambre dos días con- De la ocupación 1206 también reclamarlos dentro de veinte días, a este término, pertenecerán al que los haya cogido que de su respectivo criadero pasaren a otro de éste, siempre que no hayan sido atraídos mera magnitud en aquella época, hoy difícilmente imaginable cuando el azúcar es un bien muy ase- quible. La especialidad, además, se funda en inequí- vocas peculiaridades biológicas de la abeja, cuya ex- posición aquí está de más, pero que cualquier hom- bre de campo conoce. Sólo en la STS 19 septiembre 1987 [R.6068] es citado este precepto, pero con una finalidad es- trictamente culterana: se expone, junto con el art. 592 CC, como casos excepcionales en que nuestra legislación admite la autodefensa. un tesoro ocult

Jurisprudencia Civil Comentada Tomo II, 2009, PDF

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