Generalidades de la Politica Criminal 32-64 (PDF)

Política criminal sistémica, (2019) Colombia, página 32-64 Capítulo Primero Generalidades de la política criminal INTRODUCCIÓN Hablar de política criminal implica enfrentarse al desarrollo histórico del derecho penal y disciplinas que han contribuido a entende...

Política criminal sistémica, (2019) Colombia, página 32-64 Capítulo Primero Generalidades de la política criminal INTRODUCCIÓN Hablar de política criminal implica enfrentarse al desarrollo histórico del derecho penal y disciplinas que han contribuido a entender el fenómeno criminal. Además, pone de manifiesto cientos de definiciones generadas del término, lo cual, ha derivado en la imprecisión del concepto y en la creación de estrategias llamadas de politica criminal que se alejan de los fines de la misma. Algunos autores señalan que la finalidad principal de la política criminal es preventiva (Romero y López, 2017), no obstante, el siglo XX1 con el auge de la globalización y los medios de comunicación ha permitido que dicha finalidad se desvanezca ante los deseos de poder político de los gobernantes de las naciones, pues la tendencia se ha anclado a proponer estrategias “politico-criminales” que atiendan las demandas de ciudadanías incoherentes y apasionadas. De esta manera, la generación de estrategias que apunten al estudio y mitigación de las causas de la criminalidad, simplemente no se desarrollan. Por ejemplo, en Colombia existen pocas medidas que permiten abordar la criminalidad desde lo social (Guzmán y Jiménez, 2011), pues se entiende que es desde allí que las causas que influyen en la comisión de los delitos pueden ser mitigadas. Esta desviación, se deriva, como ya se mencionaba, de la imprecisión conceptual de la política criminal, permitiendo que cada gobernante decida sobre las estrategias que, desde su óptica, son las más adecuadas. Sin embargo, mencionan Guzmán y Rodríguez (2008) que los estados, haciendo uso de su carácter social, están obligados a intervenir en los procesos sociales, para lo cual "el estado debe desarrollar una politica social que conduzca a su prevención o solución por vías de disuasión o en último término, optar por definirlo como criminal” (p. 63). o Omar Huertas Diaz Véase la expresión en último término, contrario a las actuaciones contemporáneas que tipifican como delictual la conducta del ser humano, desvirtuando el principio de última ratio. Las anteriores reflexiones obligan al esclarecimiento del concepto y la naturaleza de la política criminal en un estado social de derecho. Por lo anterior, este capítulo desarrolla las siguientes temáticas con la finalidad de poner de manifiesto una guía útil para el estudio y entendimiento del concepto de política criminal: Concepto y objeto de la política criminal (PC), desarrollo y evolución de la PC, la PC en un estado social y democrático de derecho, las políticas públicas y la política criminal; finalizando con los problemas actuales de la PC. CONCEPTO Y OBJETO DE LA POLÍTICA CRIMINAL Hablar de política criminal implica reconocer la interdis- ciplinariedad de saberes que en la noción misma se involucra, asi, la ciencia politica, el derecho, la criminología, la sociología y la psicología, entre otras, han contribuido desde sus diferentes saberes a la reflexión acerca de las medidas adecuadas para la solución de la criminalidad. Esta diversidad de saberes involucrados, tiene como desventaja que la noción de política criminal sea diversa, existiendo múltiples definiciones. Moreno (2018) señala que fue Von Liszt el primero en definir la PC, entendiéndola como “el conjunto sistemático de principios —garantidos por la investigación científica de las causas del delito y de la eficacia de la pena-, según los cuales dirige el Estado la lucha contra el crimen por medio de la pena y de sus formas de ejecución” (Moreno, 2018, p. 170). En este sentido, señala Moreno (2018) la PC esla politica queel Estado establece con el objetivode luchar contra la criminalidad, logrando la seguridad y el bienestar de la comunidad. Frente a las estrategias que se adoptan desde la política criminal, estas pueden ser preventivas y/o represivas, atacando diferentes factores que se relacionan con la comisión de conductas delictivas.  Generalidades de la politica criminal 33 En relación con lo anterior, Moreno (2018) pone de manifiesto la existencia de una política penal, la cual se compondría por estrategias político-criminales de carácter represivo, de esta manera, desde la política penal se establecerían las medidas a llevar a cabo, su ejecución y vigilancia. Sin embargo, la PC no se reduce a medidas de carácter represivo, tal como ya se ha anotado, pues como política del Estado, esta hace parte de las politicas generales que este adopte, es decir, de las politicas sociales establecidas para el mejoramiento continuo del bienestar de las comunidades; por lo cual, antes de ser la política criminal, una política de carácter penal, es esta una política social. Para Sánchez-Ostiz (2012) la PC tiene un carácter práxico, esto indica que su objeto no es tangible, ni sujeto a medición; pues, por el contrario, la política criminal se compone de acciones humanas, las cuales se refieren tanto a los delitos o comportamientos rechazados socialmente, como a las decisiones que se toman para el enfrentamiento de dichas conductas. De esta manera, define la PC como “aquel saber que tiene por objeto la acción humana con el fin de evitar las consideradas gravemente lesivas para la subsistencia de la sociedad” (p. 25) siendo su objeto “la prevención de acciones humanas consideradas como delitos” (p. 25). Porsuparte, Binder (2011) señala que la frase “política criminal” se ha entendido o ha sido usada desde cuatro perspectivas. La primera de ellas se relaciona con la cientificidad de la PC o la ciencia de la PC. De esta manera, se entiende que la PC es una ciencia que provee datos para el desarrollo de métodos y metodologías para el combate de la criminalidad. Esta postura defendida por Von Liszt, es definida por aquel como: El conocimiento de la pena como uno de los medios para la lucha contra el crimen, puesto en manos del Estado, nos lleva más allá del derecho vigente. Este conocimiento nos acerca a la cuestión del fundamento juridico y de los fines del poder penal, así como del origen y de la naturaleza del crimen. La solución científica de estas cuestiones es objeto de la política criminal, que estriba en la criminología y la penología. (Binder, 2011, p. 77). » Omar Huertas Diaz La segunda perspectiva relaciona la PC con un arte, es decir, una sabiduría práctica guía de la legislación penal (Binder, 2011). Frente a esta postura, Binder (2011) resalta el acercamiento conceptual de Von Feuerbach, el cual, permitió que el uso del concepto de la PC se relacionara con la construcción de un saber práctico acerca de cómo usar el poder punitivo, un saber práctico con estándares metodológicos y disciplinares. El tercer uso que se le ha dado a la frase de PC se ha anclado a su relacionamiento con escuelas de pensamiento, En esta medida, Von Liszt adscribió su escuela a la PC, del mismo modo la Escuela dela Defensa Social se ancló a esta escuela, questione criminale hizo lo mismo, entre otras, Frente a esto, Binder (2011) dice: Estos usos también son confusos, porque cada una de estas escuelas se distingue por un conjunto de ideas, valores y métodos y poruna preocupación clara por las cuestiones político criminales, pero se lasllama justamente por aquello que selas unifica la por la política criminal-, no lo que las diferencia (p. 82). Finalmente, la PC se ha usado para referirsede manera especifica a la dimensión política. Dentro de dicho abordaje, señala Binder (2011) existen confusiones y ausencia de consensos, pues la PC y su naturaleza es mezclada con estrategias de política de diferente índole. Estos diferentes usos muestran que la PC se ha pensado desde diferentes y múltiples horizontes, dificultando su estudio focalizado y, sobre todo, la creación de estrategias que respondan de manera real a las prioridades y funciones político criminales. Por lo cual y con el objetivo de brindar elementos teóricos suficientes, se continuarán brindando aproximaciones conceptuales del término. Asi, Binder (2011) para definir la PC se aproxima al estudio de la conflictividad, señalando que la intervención estatal para la mitigación de la misma se realiza a partir de la generación de políticas de seguridad, criminales, educativas, entre otras; siendo, todas estas, políticas de gestión de la conflictividad (PGC), es decir, que responden de manera sectorial a la solución de los conflictos.  Generalidades de la politica criminal 35 Las PGC tiene tres modalidades: la preventiva, la disuasiva y la reactiva. Las características de cada una de ellas se presentan enla Tabla 1. Tabla 1. Modalidades de la PGC Preventiva Disuasiva Reactiva Busca evitar el naci- Pretende evitar el conflic- — En este caso se intenta miento de conflictos to, pero no de forma per- — responder a la existen- manente cia del conflicto Busca remover las cau- — Provoca resultados de cor- — Algunas medidas reac- sas de los conflictos to plazo, pues el conflicto — tivas cumplencon una se previene ante la presen- — función de respaldo a cia del estimulo mitigador. — las medidas preventivas y disuasivas. Ej: Pre- vención general Se reconoce que el con- — Alcances limitados flicto es inevitable, por lo cual, su pretensiónse centra en la evitación de su evolución hacia for- mas agresivas Generación de estrateghas Cuando desaparece la ac preventivas a partir del co- cón disuasiva reaparecen las nocimiento de sus causas manifestaciones de conflicto. Protagonismo de dife- Actores como la policía y rentes disciplinas que actividades de patrullaje ca- ayudan con el entendi- racterizan esta modalidad miento del conflicto: sociología, — psicología, antropología, etc. Ejemplo: politicas so- Ejemplo: politicas de Ejemplo: política peni- ciales seguridad tenciaria Fuente: Elaboración propia a partir de Binder (2011). 36 Omar Huertas Díaz Lasestrategias de carácter preventivo son las productivas o eficaces, en el sentido, que intervienen a priori la comisión del acto violento; sin embargo, requieren del estudio juicioso de la complejidad del conflicto. Al respecto, Binder (2011) señala “las acciones preventivas son variadas y múltiples, efectivas pero difíciles de diseñar y ejecutar, reclaman un buen conocimiento de los factores sobre los que se pretende intervenir y una constante evaluación de su eficacia” (p. 164). A pesar de esto, las medidas preventivas deberán serprioritarias. Asimismo, es importante entender que la relación entre las tres modalidades no es lineal, sino que estas se pueden presentar de manera contigua, paralela y sucesiva. Teniendo claro la concepción de las PGC, Binder (2011) señala que la política criminal no puede ser entendida fuera del marco de las PGC, siendo por tanto la PC una parte fundamental de las PGC. De esta manera, los objetivos de la PC son los mismos que surgen desde la PGC, es decir “intervenir en los conflictos, para evitar que ellos se resuelvan con el abuso de poder y violencia, para evitar que triunfe el más fuerte por ser el más fuerte” (p. 201). Blanco (2007) señala que la PC se ha construido a lo largo de la historia con problemas de identidad que han impedido la materialización de sus fines, Así, autores como Yamaoka sitúan la PC dentro de la Política; Garraud la clasifica dentro de la Criminología; Aramburu y Zuloaga definen la PC como el arte de adaptar la pena a las condiciones de la naturaleza del culpable; Vidal senala que la PC es ciencia penitenciaria; Pessina habla de la PC como la aplicación de la ciencia del Derecho penal y Manzini la relaciona con prevención. La PC, es entonces, todo y nada, los problemas de identidad del concepto son claros. En un intento por delimitar la definición, Blanco (2007) presenta la PC como La disciplina que se ocupa de la obtención y realización de las concepciones de orden en la lucha contra la delincuencia. Tales concepciones de orden son, pues, los imperativos impuestos por el Estado para la protección de bienes juridicos, y en última instancia, para el mantenimiento de una coexistencia pacífica,  Generalidades de la política criminal 37 sobre la base del principio de justicia,en el seno de la estructura social. [...] Se erige, en suma, la Politica criminal como un instrumento más de los incardinados dentro del sistema paz social estratégicamente diseñadoy aplicado porel Estado. (p.71). Sin embargo, el entendimiento de la PC incluye su delimitación. Por lo cual, Blanco (2007) menciona que la PC hace parte de la política en general y de la política jurídica. Frente a la política en general, la PC se inserta en aquella dado que es construida por las instancias correspondientes y designadas para ello, esto, en el ejercicio de la actividad política de los estados, ligados a la gestión delosintereses de los ciudadanos. En relación con la PC y la política juridica, la PC se desenvuelve dentro del marco de un entramado legal, construido por cada sociedad y respondiente a determinados momentos históricos. Además de adaptarse al entramado legal correspondiente, la PC actualiza dicho marco legal, en la medida que define las pautas a tener en cuenta por parte del legislador. Continuando con la delimitación de la PC, se han identificado dos sub-disciplinas: la ciencia político criminal y la política criminal aplicada. La PC científica es definida por Kaiser como la “exposición sistemáticamente ordenada de las estrategias sociales, tácticas y medios para la enseñanza de un control optimo del delito” (Blanco, 2007, p. 74). Es decir, como ciencia la PC se sujeta a la búsqueda de la verdad mediante la búsqueda científica. La política criminal aplicada, por su parte, lleva a la práctica los descubrimientos de la PC científica, sus características, ámbitos de aplicación, objetivos y principios se presentan en la Tabla 2. Tabla 2. Caracterización de la Política criminal aplicada Política criminal aplicada + Llevaalapráctica la dimensión cientifica de la PC ME * Seocupa de dirigir al Derecho penal * Sele denomina como teoría de lo posible, dadas sus raíces chentificas  Omar Huertas Díaz Política criminal aplicada Administración de justicía en materia de criminalidad Diseño de regulación penal Aplicación de la regulación penal Contímio examen de las estrategias de PC. Establecimiento de los fundamentos configuradores del sistema del derecho penal Ordenamiento punitivo hacia el modelo de estado social y democrático de derecho Desarrollo del principio de culpabilidad Intensificación de criterios humanitarios Garantia de modelos racionales, prácticos y eficaces de cara Objetivos ala prevención, persecución y castigo de la criminalidad Medisción entre criminología y derecho penal. Estudio de la historía del derecho penal Confrontaciónde los modelos aplicados con Jos aportes de la filosofía del derecho Satisfacción de intereses estatales como particulares en el proceso de crimen y sanción Eficacia e idoneidad de los modelos punitivos Limitación del ius puniendi estatal protección de bienes juridicos Subsidiariedad, fragmentariedad y ultima ratio del dere- cho penal Respeto a las exigencias constitucionales Estricta necesidad de las sanciones penales Proporcionalidad de las sanciones Prevención general y especial Legalidad Culpabilidad  Generalidades de la política criminal 39 Política criminal aplicada * Homanidad Principios + Adopción de medidas extrapenales Fuente: Elaboración propia a partir de Blanco (2007). Por otro lado, Nieves Sanz (2018) pone énfasis en el carácter preventivo de la política criminal, de esta manera, la define como el sector de la política estatal, en el cual, las decisiones que se toman se dan en cara a la prevención y actuar, frente al delito. Asimismo, entiende la política criminal desde una perspectiva política y académica. Desde a perspectiva política, la PC se define como "la medida o conjuntode medidas (jurídicas, sociales, educativas, económicas, etc.) que adopta una sociedad políticamente organizada para prevenir y reaccionar frente al delito, a efectos de mantenerlo en cuotas tolerables” (p. 31). Ahora bien, desde la perspectiva académica, Sanz (2018) resalta que la PC se Encarga de explorar, buscar y hallar soluciones legales que vengan a mejorar la eficacia y la justicia del ordenamiento penal en una sociedad y momento histórico determinado (...) y ello porque no solo interesa analizar la orientación politico-criminal concreta seguida porel legislador, sino si está es o no adecuada a los valores yal concreto modelo sacial y politico que se defiende. (pp. 31-32). Es importante resaltar la contextualización que realiza Sanz (2018) de la política criminal, pues entiende que esta se adecúa a unos parámetros socio históricos, que determinan las formas de actuar, las metodologías de sanción y el entendimiento de diferentes conductas como delito. El factor socio histórico es resaltado por Guzmán y Jiménez (2011) quienes conciben la PC como un conjuntode respuestas para enfrentarla criminalidad, las cuales se basan, fundamentalmente, en el factor social; asimismo hacen énfasis en el carácter preventivo de las estrategias politico criminales y en la importancia de la 40 Omar Huertas Diaz investigacion cientifica para la determinacion de las causas del delito, con la finalidad de intervenir sobre aquellas a priori la comisión del hecho. La política criminal de un Estado vista desde lo social y lo judicial, es una herramienta de reestructuración de la sociedad, partiendo de una inversión significativa que busque combatir los origenes de la criminalidad, coadyuvada por un sistema judicial garantista delictual, Ello se logrará a través de estudios criminológicos que permitan definir el verdadero origen del delito. (p. 44). Sin embargo, como lo sostiene Carranza (1991) las políticas criminológicas existentes en América Latina se caracterizan por la ausenciade medidas integrales y preventivas, por el contrario, se ha visto que las estrategias generadas apuntan al fortalecimiento de sistemas policiacos, grupos paraestatales y la construcción masiva de prisiones, sin atender las verdaderas causas de los crimenes cometidos, es decir, la ausencia de políticas sociales son el común denominador de muchos paises de la región. La comprensión de la necesidad de la generación de estrategias de ipo social como política criminal, parte del entendimiento de las diferentes perspectivas de esta. Así, la PC puede entenderse en sentido estricto como la politica respecto al fenómeno criminal; desde esta perspectiva, la PC se relaciona con el ámbito del sistema de justicia penal, en donde se encuentran acciones de legislación penal y procesal, fortalecimiento policial, poder judicial, sistema penitenciario, justicia de menores, servicio post-penitenciario, entre otras. No obstante, existe una segunda perspectiva de carácter general que entiende que la PC no se reduce a las medidas mencionadas, sino que para que se generen resultados reales, es necesaria su articulación o concepción como política social, la cual comprende que el estado atienda necesidades en materia de salud, trabajo, educación, vivienda, entre otros; lo anterior, en miras de la prevención del delito (Carranza, 1991). Desafortunadamente, la región se caracteriza por la ausencia de dichas políticas sociales, generadas con miras a la prevención  Generalidades de la política criminal al dela criminalidad. Tras esta conclusión, Carranza (1991) señala algunas propuestas en materia de PC integral, estas se presentan a continuación (pp. 63-65): Fortalecer la prevención primaria o social de la criminalidad, con acciones sobre: la familia, la escuela, el trabajo, la recreación, la salud, etc, Fortalecer la prevención del delito por medio de la comunidad. La policía no debe apropiarse del problema delictivo, dado que este es un problema de indole social en el que el trabajo de las comunidades es clave. En este sentido, las estrategias de prevención deberán ser construidas de manera conjunta entre la policía y la comunidad. Procurar reducir al máximo ciertas formas de prevención directa y de prevención del delito, tales como armas para la defensa personal y policías privadas, las cuales sustituyen la acción estatal, multiplican la violencia social y elevan el riesgo de vida para la propia víctima. Promover una distribución presupuestaria y de recursos humanos en el sistema de justicia penal que eleve las actuales proporciones de los subsistemas judicial y penitenciarios, para garantizar la independencia del poder judicial, como para garantizar el funcionamiento y sostenimiento del sistema penitenciario, Promover formas no penales de resolución de conflictos; trabajando en función de una politica criminal innovadora, que tenga como objetivo fundamental la paz social a partir de la satisfacción de los miembros de la sociedad y no indispensablemente a partir de la sanción penal. Orientarla acción del ministerio público hacia la persecución de delitos graves y que causan un gran daño social, tales como la criminalidad violenta, drogas y criminalidad económica. Obteniendo, de esta manera, mejores resultados en términos de justicia y una distribución racional y eficiente de los recursos humanos y presupuestales existentes. Revisarla situación de la víctima en el proceso, estableciendo su activa participación en él.  Omar Huertas Diaz * Establecer una politica penológica que priorice sanciones y medidas no privativas de la libertad y proactivas, tales como trabajo en la comunidad, reparación de la víctima, reconocimiento del hecho y perdón del ofendido; destinando la prisión solo para delitos de mayor gravedad. * Laactuación de los sistemas penales deberá realizarse respetando de manera estricta los derechos fundamentales de procesados y víctimas, por medio de procesos penales transparentes, expeditos, orales y públicos. Como se evidencia, la generación de estrategias alternas a la privación de la libertad y la prevención, son lasideas transversalesa las propuestas de Carranza (1991); situación que no se ha entendido enlas diferentes regiones latinoamericanas y que merecen atención y estrategias de cambio cultural para su aceptabilidad. En Colombia, la Corte constitucional se ha pronunciado en diferentes ocasiones, señalando el estado de cosas inconstitucionales enlascárceles del pais. Si bien, en posteriores capitulos se ampliarán losseñalamientos de la Corte Constitucional, se trae a consideración enel presente capítulo la definiciónde PC, registrada en la Sentencia C-936 de 2010 que conceptualiza política criminal como: El conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantesde perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. (...) En este sentido indicó que: la legislación penal es manifestación concreta de la politica criminal del Estado, y que la decisión politica que determina los objetivos del sistema penal y la adecuada aplicación de los medios legales para luchar contra el crimen y alcanzar los mejores resultados, se plasma en el texto de la ley penal. Asimismo, se precisó que la norma penal, una vez promulgada, se independiza de la decisión política que le da origen, conservando la finalidad buscada por su redactor en el elemento teleológico de la norma. (párr.14).  Generalidades de la política criminal a Por su parte, desde la Consejería Presidencial para los DDHH (2017) con el apoyo del Ministerio de Justicia y el Derecho la PC es entendida como: El conjunto de respuestas que el estado estima necesarias adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción (p. 4). Dichas respuestas en materia político criminal, se pueden componer de respuestas jurídicas (Reforma y/o creación de normas penales), económicas (incentivos, multas), culturales (campañas en medios de comunicación masiva, generando conciencia sobre las consecuencias de los comportamientos considerados delictivos) y tecnológicas (uso de la ciencia y la tecnología para la obtención de pruebas). Sin embargo y a modo de crítica, el esbozo inicial de la definición y componentes de la política criminal que se presentan, no pone de manifiesto y como eje fundamental y transversal, la creación de estrategias de política social que atiendan las causas de la conducta delictiva, previniendo su ocurrencia. No obstante, en las características presentadas la Consejería Presidencial para los DDHH (2017) junto con el Ministerio, se plantea la prevención como primera medida y el uso del derecho penal como última ratio. Las características propuestas, se presentan a continuación (Consejería Presidencial para los DDHH, 2017, pp. 6-16): « PCconaarácter preventivo y uso del derecho penal como última ratio. * PCrespetuosa del principio de libertad personal, de forma estricta y reforzada (Privación de la libertad como medida excepcional, existencia de medidas alternativas de privación con impactos positivos en: reducción de la reincidencia, prevención del delito, mejoramiento de las condiciones de funcionamiento del sistema penitenciario, etc.). « PCcuyofin primordial sea la efectiva resocialización de los condenados. 4 Omar Huertas Diaz + Medidas de aseguramiento privativas de la libertad como excepcionales. * PCsustentada en elementos empíricos (la política criminal actual es reactiva, populista y punitiva). * PC debe proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. * LaPCycarcelaria debe ser sensible a los sujetos de especial protección constitucional (mujeres, indígenas, comunidad LGTBI privados de la libertad, personas en condición de discapacidad, personas con alteraciones mentales recluidas en los centros carcelarios, entre otros). * LaPC debe ser coherente y sostenible' Como se ha logrado identificar tras el conocimiento de diferentes posturas relativas a la conceptualización de PC, la prevención es el elemento transversal de toda acción político criminal, al ser así, la PC debe ser sinónimo de politica social, mediante la cual se identifiquen las razones subyacentes al fenómeno criminal y se intervenga cuando estas se relacionan con la insatisfacción de necesidades o el abandono estatal. DESARROLLO DE LA POLÍTICA CRIMINAL Sanz (2018) de manera acertada señala que la política criminal es el resultadode cada sociedad, en esta medida, está condicionada * Dentrode los costos a evocar para este aspecto se encuentran aquellos asociados con los costos en derechos (Por ejemplo la restricción al derecho a la libertad de las personas recluidas en los centros carcelarios y penitenciarias; así como todos aquellos que se vulneran por causa del inadecuado funcionamiento del sistema penitenciario); costos económicos (Dentro de estos se incluyen los para la creación de infraestructura fisica y capacidad institucional, alimentación, kits de aseo, aseguramiento de salud de los reclusos, entre otros) y costos en la legitimidad del Estado. Asimismo, se reconocen los costos de victimización (relacionados con lo que deja de producir la persona asesinada, en los casos de homicidio o los costos de objetos hurtados) y Jos costos asociados a la productividad de la persona que es privada de la libertad (asociados a lo que deja de producir laboralmente por estar privado de la libertad) ( Jaitman, 2017).  Generalidades de la politica criminal as por las apreciaciones de cada comunidad de acuerdo con un momento histórico determinado; por lo cual, entender el desarrollo de la política criminal, implica entender la evolución histórica de los pueblos. A continuación, se realizará una breve reseña de los cambios en materia político criminal en el desarrollo histórico mundial a partir de lo conceptualizado por Blanco (2007), permitiendo entenderla configuración actual de dichas estrategias. LA ETAPA ESTÁTICA DE LA POLÍTICA CRIMINAL Situada en la edad media, se caracterizó por un derecho penal anclado a las instituciones vigentes, sin procurar la invención o intervención real en asuntos adscritos a su disciplina. En esta etapa,el derecho penal se limitó a solucionar los asuntos que se le presentaran, sin procurar mejorar e innovar dentro de la propia disciplina. LA ÉPOCA DINÁMICA Enlos siglos XVII y XVIII, empiezan a aparecer, principalmente en Italia, autores que trascienden de la replicabilidad de las normas e instituciones vigentes a la creación y reflexión jurídica. De esta manera, autores como Alfani, Bendoni, Broya, Caravita, Ciazii, Gaspari, Malamina, Morelli, Novelli, ente otros; promueven importantes desarrollos dentro de la disciplina, permitiendo que esta se abriera a la crítica y a las propuestas científicas para su mejoramiento. LA FASE HUMANITARIA: LA ESCUELA CLÁSICA De la época dinámica se trasciende a la humanitaria. Esta se caracterizará por la aparicion de Beccaria y su clásico Dei Delitti e delle pene, desde el cual sentó las bases para el derecho penal moderno, haciendo una crítica definitiva a la barbarie institucionalizada que se veía en esos momentos. Algunas de las ideas de Beccaria que fueron claves para la construcción 46 Omar Huertas Diaz del derecho penal actual son: respeto por las garantias penales y procesales, límites a la pena, proporcionalidad de la pena, subsidiariedad de la respuesta penal, la prontitud y celeridad judicial, entre otros principios. Ejemplo de este momento histórico, en el cual se construye desde la disciplina critica al statuo quo, es la cita de Moro en Utopía, recogida por Binder (2011): En una de las tantas ocasiones que tuve el honor de almorzar con el Cardenal, asistió, por pura casualidad, un laico versado en nuestras leyes. No sé porque motivo, este empezó a alabar la dura justicia con que en Inglaterra se trataba a los ladrones, afirmando con satisfacción haber visto a veinte de ellos colgados en el mismo patíbulo y comentaba que no sabía explicarse que, viendo que eran pocos los que lograban escapar de la justicia, sin embargo fueran tantísimos los que seguían robando. "No debería extrañarte”, atajé yo atreviéndome a intervenir para exponer libremente mis opiniones delante del cardenal a pesar del respeto que me imponía. “Esta pena la encuentro excesiva e ineficaz para remediar el problema. Pues, el simple robo o es un delito tan grande como para que merezca la pena capital, ni habrá jamás castigo suficientemente convincente para disuadir del pillaje a quienes no poseen otro medio para quitarse el hambre, Con ello, tanto vosotros como otros tantos parece que queréis imitar a los malos maestros que prefieren castigar en vez de educar. Se promulgan continuas leyes, aplicando nuevos y as severos castigos contra ladrones, cuando la única solución está en procurar medios para que nadie se viera obligado a robar y exponerse a ser ahorcado” El anterior fragmento, permite evidenciar las posiciones de la época, así desde el humanismo se piensa acerca de la proporcionalidad de las penas y en la garantía de los derechos de los procesados. Sanz (2018) pone de manifiesto que, a partir de esta época, el delito se deja ver como un pecado, pasando a la perspectiva de la protección de derechos de los ciudadanos, esto obliga al Estado a limitar sus potestades "bajo el prisma de la legalidad y respetar esos espacios individuales de libertad” (p.  Generalidades de la política criminal a7 $4). El estado se trasforma, así la soberanía pasa de la divinidad a la nación, construyéndose en este contexto los primeros códigos penales europeos del siglo XIX, caracterizados “por una humanización general del sistema punitivo y la plasmación de una serie de garantias firmes al poder del Estado” (p. 55). LA DIRECCIÓN BIOLOGICA. LA ESCUELA POSITIVA Blanco (2007) señala que Tomaso Natale, coetáneode Beccaria, es el precursor principal de la escuela positiva o de la dirección biológica en la política criminal. Así, nace una concepción político criminal “inspirada en bases reales, biológicas y sociales, directamente orientada a evitar la comisión de delitos” (p. 26). Aesta escuela se adscriben pensadores como Lombroso, Ferri, Garófalo ~trio estandarte de la escuela positiva- Barbacovi, Carmignani, Colajanni, Ellero, Filangieri, Loia, Romagnosi, entre otros. Al respecto, Sanz (2018) señala: Lombroso, como creadorde la antropología criminal; Ferri que le dio a la Escuela positiva la tendencia sociológica; y Garófalo, con su delito natural, hicieron que la Escuela Positiva fuera una auténtica conmoción, pues nunca el delito y el delincuente habían sido estudiados más que como entes jurídicos o realidad abstractas. Ahora el delito se percibe comoun complejo problema social queva más allá de lo que al respecto dice la norma, estando el estado obligado a resolverlo, bien actuando sobre el propio delincuente o bien sobre las causas externas que le llevaron a delinquir. (p. 58). CORRIENTE RACIONALISTA EN LA POLÍTICA CRIMINAL Dentro de esta corriente resaltan autores como Arnim, Globin, Gmelin, Grabe, Hepp, Hommel, Pfizer, Schott, Soden, Tafinger, Wieland, entre otros. Kleinschrod conceptualiza la política criminal como “el conocimiento de aquellos medios que el legislador puede y debe hallar, según la especial disposición de cada Estado, paraimpedir los delitos y proteger el derecho natural + Omar Huertas Diaz de sus súbditos” (p. 29). En la misma línea Henke concibe que la política criminal debe “poner en armonía al hombre con el ciudadano, de manera que este atienda exclusivamente al fin de la humanidad: el negocio de la política criminal, asi, no sirve a fines de gobierno, sino a los de su época, y a las condiciones de su lugar, el ideal debe ser instalarse en la realidad” (p. 30). Finalmente, desde el racionalismo se hace alusión a la política penitenciaria con autores como Arnim, Krohne y Yagemann. POLÍTICA CRIMINAL EMPÍRICA El racionalismo da paso a una política criminal de corte empirista, que empezó a considerar los siguientes problemas: la naturaleza del delito y la fundamentación de la pena. De esta manera, Henke en el siglo XIX con su Manual de Derecho criminal y Política criminal, proporciona la guía para la construcción de una PC de corte empirista. Como se mencionó uno de los problemas de mayor preocupación para los empiristas fue la pena, en esta medida Von Thering la señaló como el “reflejo del pensamiento y del sentimiento de un pueblo en una época determinada” (p.36); otros autores como Grohlman, Henke y Trendelenburg hicieron énfasis en la necesidad de su individualización y adopción a la corrección de cada delincuente. De esta manera, se consagran los siguientes contenidos como característicos de la PC empirista: el delito y la pena, la seguridad ciudadana, el derecho penal del joven, la pena de muerte, la condena condicional, la sentencia indeterminada, la previsión de establecimientos alternativos a la prisión y las penas abusivas (Blanco, 2007). LA POLÍTICACRIMINALEN UN ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO Siendo la carta política colombiana aquella que consigna el conjunto de principios que rigen el estado colombiano, señala  Generalidades de la política criminal 40 directrices en materia de política criminal, De esta manera, entender las transformaciones de los enfoques consignados en esta, permite entender las bases de la politica criminal colombiana actual. Así como antecedente a la declaración de Estado social de derecho, es importante entender las relaciones existentes entre el llamado estado liberal y la política criminal; este, según Orozco y Gómez (1999) se asienta en la pluralidad de lo social como un marco para la convivencia pacífica de los individuos libres y diversos. Lo anterior, señalan los autores, permitió un cambio estructural en el derecho, pasando de la inmutabilidad y lo sagrado a contingente. Los parámetros impuestos desde el estado liberal y los entornos sociales en sí condicionaron “la calificación de ciertos comportamientos como delitos y la organización de la respuesta a tales comportamientos” (p.224) dependiendo como se han manifestado las “valoraciones y juicios de conveniencia estructuralmente sujetos a la dinámica de la decisión política” (p.224). De la misma manera, dentro del estado liberal, se conciben como diferenciados aquellos que confeccionan el aparato normativo, estableciendo qué tipo de conductas son delictivas, de aquel aplicador del derecho; esto, obedeciendo a la separación y diferencias funcionales entre el sistema político y el sistema jurídico. Orozco y Gómez (1999) mencionan al respecto: El sistema político provee, en tanto productor de decisiones colectivamente vinculantes, de las condiciones sociales de estabilidad necesarias para el funcionamiento del sistema jurídico, Este, por su parte, cumple una función de descarga con respecto al sistema político en tanto lo libera de la decisión permanente de la infinidad de cuestiones sociales, al remitirlas a programas de decisión cristalizados en normas, actualizados por la administración y el sistema judicial (pp. 224, 225). Sin embargo, ante la incapacidad del mercado como mecanismo de regulación autónomo yla necesidad de atender sectores sociales en condiciones de vulnerabilidad (Orozco y Gómez, 1999) se da paso del sistema liberal al estado social, el cual puede entenderse 50 'Omar Huertas Diaz como “el paso de formas de regulación limitadas sobrela sociedad a nuevas formas de intervención estatal, continuas y profundas, confiadas a un creciente aparato administrativo” (p. 225). Existe un elemento hasta el momento no esbozado, este es el concerniente al Estado democrático. El modelo de Estado social y democrático de derecho (ESDD) implica que el Estado, mediante una visión democrática pretende conciliar los modelos de Estado social y Estado de derecho. El ESDD adopta del estado liberal la idea de estado de derecho, señalando la existencia de un Estado regido por el derecho producto de las voluntades ciudadanas, desde las cuales se conciliaron las conductas a regular penalmente y las formas de representación popular. Por su parte, el Estado social permite un acercamiento del Estado a los ciudadanos, contrario al modelo de Estado liberal que excluía o limitaba la participación del Estado en la vida social, desde este momento el Estado se convierte en motor activo de la vida social; proponiéndose desde este la creación de un “sistema distributivo de derechos económicos y sociales (...) para asegurar laigualdad de los ciudadanos” (Vélez, 2016, p. 240). En esta línea el ESDD, mediante su elemento democrático, supone someter la actuación del Estado social a los límites formales del Estado de derecho y orientarse hacia la democracia real (Mir Puig, 1994). De esta manera, señala Mir Puig (1994): Se pretende, por esta via, acoger una modalidad de Estado social -esto es, que tome partido en la vida social- al servicio de todos los ciudadanos, En cuanto social y democrático, tal Estado deberá crear condiciones sociales reales que favorezcan la vida del individuo, pero para garantizarel control porel mismo ciudadano de tales condiciones deberá ser, además, un Estado democrático de Derecho. (pp. 33, 34). Sin embargo, estas transformaciones y la creación de diferentes instituciones al servicio de este modelo, han generado críticas respecto a su actuación. Lo anterior, se plasmade manera evidente  Generalidades de la política criminal si en la confusión entre las tareas del aplicador de leyes y el creador de estas, pues la labor del primero se politiza y se hace difusa la frontera entre el sistema juridico y el sistema político. Sinembargo, ante los señalamientoseferidosal involucramiento de la Corte Constitucional en asuntos legislativos y de gasto público, en un estudio realizado por Saffon y García- Villegas (2011) se señala que si bien la corte constitucional toma decisiones en materia de derechos sociales y especificamente sobre derechos prestacionales, los presupuestos o pagos mencionados en las sentencias se relacionan con pagos de lo debido, es decir, la tutela es respuesta a una obligación anteriormente existente y cuya petición llega a la corte, precisamente, por la desamparo del estado colombiano. Esto implica, que contrario a lo mencionado pormuchos críticos, quienes señalan que la Corte Constitucional ejerce una función de activismo judicial, los pronunciamientos o bien la mayoría de ellos, relativos a la disposición de recursos del Estado, obedecen a obligaciones no cumplidas por este. Obviamente, existen sentencias sobre derechos sociales en sentido estricto, lo cualimplica la decisión relativa a un problema jurídico consistente en decidir sí se debe o no reconocer un derecho que implica para su materialización la provisión de servicios, subsidios o demás estrategias que necesiten la generación de gastos para el Estado. No obstante, dichas sentencia representan solamente en el 11 por ciento de aquellas referidas a derechos sociales en general (Saffon y Garcia- Villegas, 2011). Retomando la discusión anterior, el modelo liberal de política criminal había hecho crisis en Colombia, esto, por situaciones propias de las dinámicas de conflicto que se han desarrollado a lo largo de la historia en nuestro pais. Así, el problema con las guerrillas, los grupos paramilitares y los narcotraficantes dieron lugar a continuas políticas de permanente estado de sitio, generando importantes volúmenes de producción legislativa con la finalidad de estabilizar la dinámica de seguridad ciudadana, No 2 Omar Huertas Diaz obstante, dichas medidas resultaron insuficientes para frenar la criminalidad, simplemente permitieron la creación desaforada de ajustes normativos sin ninguna efectividad. En el marco de esta crisis, nace la constitución de 1991 conla finalidad de renovar “las instancias democráticas de decisión, el establecimiento de nuevos controles y límites a la acción del ejecutivo” (Orozco y Gómez, 1999, p. 229), así como “el fortalecimiento del aparato judicial” (Orozco y Gómez, 1999, p. 229). Lo anterior con la finalidad de dar lugar a una nueva politica criminal. Al respecto, señalan Orozco y Gómez (1999): Este fortalecimiento de la democracia en lo que respecta a las políticas públicas, correspondía a una institucionalización de la desilusión: al establecimiento de procedimientos de decisión refractarios a miras justificaciones ideológicas, en el sentido peyorativo del término, de esa política, incluida, desde luego, la misma política criminal. (pp. 229, 230). A pesar de lo anterior y de la inexistencia actual de estrategias de política criminal efectiva, la carta política de 1991 permitió poner en el presente la importancia de la garantía de los derechos propios de los procesados y la protección de su vida. Frente ala pena en particular, en el estado liberal la misionalidad de esta se anclaba de manera directa con la prevención y la retribución, señalando que la pena debía proteger a la sociedad a través de la prevención de los delitos. Desde la postura de un estado intervencionista, la pena se consagraba como sinónimo de lucha contra el delito, dándole a la pena la función única de prevención, sin embargo, señala Mir Puig (1994) que la dirección exclusiva de la pena a la prevención produjo que se evaluara en términos de su eficiencia, llevando al establecimiento de medidas de terror penal. En este contexto, el estado democrático llega para evitar que esta pena se convierta en un fin en sí mismo u obedezca a intereses poco convenientes para la mayoría de los ciudadanos, De esta manera, “el ejercicio del ius puniendi  Generalidades de la política criminal 53 en un Estado democrático no puede arrumbar las garantias propias del Estado de Derecho, esto es, las que giran en torno al principio de legalidad" (p. 37). De lo anterior, la importancia de la confluencia de tres modelos de estado: social, democrático y de derecho. Para finalizar, es importante recordar que la política criminal es en esencia una política de prevención, en esta medida debe entenderse no solamente, como parte de las políticas públicas de general, sino también como un proyecto derivado de la implementación de politicas sociales. En este sentido y amodo de propuesta, se debe desarrollar en Colombia una política criminal de carácter constitucional que permita generar asociaciones con la politica social, la cual, crea directrices o estrategia para la garantía de los derechos sociales de los ciudadanos. Lo anterior, entendiendo que la atención a las causas subyacentes de los delitos, especialmente, de aquellos anclados a la vulnerabilidad socioeconómica, puede prevenir la comisión de las conductas típicas con mayor número de personas privadas de la libertad en Colombia, así, delitos como el hurto, el tráfico de sustancias psicoactivas, entre otros, se constituirían desde el punto de vista de una política social anclada con estrategias político criminales, como retos o desafios en la garantía de derechos fundamentales y sociales; permitiendo un cambio en las concepciones actuales frente al delito y el criminal. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA POLÍTICA CRIMINAL Lahera (2002) señala como política pública al programa de acción de una autoridad; no obstante, pone de manifiesto sus inconformidades con la concepción tradicional de política pública consistente en el peso de dichos planes y programas de acción sobre el Estado, señalando que dichas actividades recaen, no solamente en el Estado, sino también en la comunidad y el sector privado. Su definición es resumida en la Figura 1. 54 'Omar Huertas Diaz Figura 1. Definición de política pública según Lahera (2002) l B — $ Público - onemaciones o comerajos U — Fuente: Tomadode Lahera (2002) Como se evidencia, todos participan en la generación e implementación de las políticas publicas. Por su parte, Bazúa y Valenti (1995) señalan que las políticas públicas se pueden entender desde dos sentidos, por un lado, designa un discurso disciplinario, anclado a su naturaleza cientifico-técnica y a su perfil multidisciplinario, Por otro lado, la politica pública designa el conjunto de políticas gubernamentales, estatales o de alguna organización no gubernamental, las cuales respondena determinados problemas y situaciones coyunturales, cuando “de tales estrategias puede sostenerse argumentalmente que tiene sentido público, que sirvenalinterés público y/o que responde al resultado de la agregación de las voluntades individuales del público ciudadano.” (p. 51). Velásquez (2009) identifica una serie de fallas en las definiciones existentes de política pública, las cuales, contribuyena la reformulación del concepto. Velásquez (2009), identifica las siguientes fallas: Tabla 3. Fallas en las definiciones de política pública Fallas de las definiciones actuales de politica pública según Velásquez (2009) » Definiciones que por ser muy especificas dejan por fuera fenómenos que de- ben ser considerados como política pública + Definiciones incompletas que no incorporan todos los elementos que consti- tuyen a la política pública = Definiciones que por ser muy generales e incompletas permiten que se consi- dere como política pública decisiones o actividades que no lo son, Fuente: Elaboración propia a partir de Velisquez (2009),  Generalidades de la politica crimimal 55 Ante laidentificacion de estas fallas, Velásquez (2009), propone la siguiente definicion: Politica pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener (p. 156). Frente alo anterior, se puede decir que en ¿Colombia existen políticas públicas? Andre Roth al respecto señala que “existe la politica pública siempre y cuando las instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de cosas percibido como problemático” (Roth, 2007, p. 27 citado por Arroyave, 2011). Para lo cual, se define la política pública como “el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas” (Vargas, 1999, p. 56). Señala Arroyave (2011) que las políticas públicas se caracterizan por la posibilidad de identificación de diferentes momentos, de esta manera, existe un primer momento en donde se evidencia que las condiciones existentes no son las ideales, posteriormente y tras un proceso de investigación, se definen los objetivos de política y se empoderan a las comunidades, descentralizando las funciones de la administración pública, permitiendo la vinculación de las voces de las comunidades afectadas. Seguidamente, la política pública es incluida en la agenda administrativa, asignando recursos técnicos y financieros para su ejecución; luego, se formula la política producto de la conciliación entre comunidades y el gobierno; dando paso a la implementación de la política y su evaluación y seguimiento. Estos pasos se resumen en la figura 2. Fuente: Elaboración propia a partir de Arroyave (2011). Ahora, frente a la política pública criminal, señalan Orozco y Gómez (1999) que estas son un subtipo de las politicas públicas, porlo cual, se refieren a la “elección de medios y fines en el ámbito delo criminal” (p. 221) y “en tanto se entienda la politica criminal como política pública, ella es respuesta organizada por el Estado a comportamientos que afectan el orden social” (p. 221). Con las apreciaciones de Orozco y Gómez (1999) el Estado es el responsable de la creación e implementación de estrategias  Generalidades de la política criminal s7 político criminales, conservando así, el orden social. Sin embargo, pone de manifiesto Benavides (2017) que la diferencia entre la política pública y la politica pública criminal reside en que dichas estrategias afecten los derechos fundamentales de un grupo de personas, esto, cada vez más frecuente ante la consolidación de una cultura de castigo. Estas estrategias ligadas a la cultura del castigo y del control se desarrollan dentro de tres fases de criminalización. La criminalización primaria, relacionada con la generación de las conductas consideradas como delitos en los códigos penales de los países; la criminalización secundaria, referida al proceso y acción policial frente a la comisión presunta de un delito y la criminalización terciaria, relacionada especificamente con la privación de la libertad. Al respecto señalan Gómez y Orozco (1997): La política criminal se relaciona conla respuesta organizada por el Estado para incidir en cuatro asuntos problemáticos que afectan el orden social: i) la legislación dirigida al acondicionamiento del sistema penal (descriminalizando o criminalizando); ii) los medios de vigilancia, control y prevención; iii) la administración de justicia penal selectiva); y iv) los mecanismos de retribución y restauración oficiales, junto con el dispositivo de castigo institucional (p. 357). El análisis de la política pública criminal es propuesto por Alberto Binder, quien, desde la perspectiva de la política de gestión de la conflictividad, señala una serie de pasos para su análisis, estos se presentan a continuación. La PROPUESTA DE BINDER PARA EL ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CRIMINALES Binder (2011) señala que la política criminal se adscribe a una política pública general denominada como política de gestión de la conflictividad, el objetivo de esta es la prevención del abuso de podertras su escalada; así la política criminal estaría en el último nivel, al cual se llega cuando los demás niveles del estado no han ss Omar Huertas Diaz funcionado para prevenir la conflictividad. Con esto, señala que el análisis de la política criminal “busca orientar, transparentar y dotar de mayor rigor su diseño, implementación y evaluación, no desde una visión puramente técnica, sino desde una técnica orientada claramente por valores expresos” (pp. 239-240). Asi, señala los elementos para el andlisis de la política criminal desde el marco de la política de la gestión de la conflictividad. Tabla 4. Elementos para el análisis de la política criminal Elemento Descripción Identificación del área — Permite señalar el problema de política pablica de intervención Determinación de las — Es decir, lo que se quiere lograr en última tns- finalidades de la política — tancia Se relaciona con la respuesta a ¿Para criminal qué? Se hace algo Fijación de los objetivos — Se relaciona con acciones planeadas que se propios de la política llevarán a cabo, el objetivo no se relaciona criminal con deseos, se vincula a realidades Contexto de la PC Implica conocer el contexto en el cual se de- sarrollará la política, se asume que las politi- cas no se desarrollan sobre una tabula rasa, existen particularidades que deben tenerse en cuenta, las cuales brindaran posibilidades y obstáculos para implementar la politica, exis- ten los contextos institucionales, organizacio- nales, politicos, culturales y financieros. Tiempo de la PC La implementación de toda acción implica una secuencia de pasos y tiempos específicos. Instrumentosy reglas — Sc debe esclarecer los insumos dispomibles: disponibles para la PC — recursos financieros, talento humano, capital simbólico, poder penal, entre otros, Escenarios y momentos Implica tener en cuenta las afectaciones de las de toma de decisión decisiones actuales y de las pasadas, así como aspectos relacionados con las ideas frente a la política: resistencia al cambio, la naturali- zación de conductas, la razonabilidad, entre otros factores  Generalidades de la política criminal 59 Elemento Descripción Plan estratégico Luego de tener claros los tiempos, finalidades, objetivos y recursos, se requiere la generación de un plan, el cual se define como la “ordena- ción de acciones para lograr un objetivo” p. 340. No obstante, para un problema particular pueden existir múltiples caminos, requiriendo así un plan estratégico, Implementación y mo- — “La implementación no es sólo que el mismo nitoreo diseño de la política, solo que visto en su fase dinámica y evolutiva. Es la misma política di- señada, pero evolucionando al calor del dialo- go con la realidad en la que debe influir para lograr los objetivos™ p. 354 Evaluación Los resultados y los productos deben ser eva- luados, esta no necesariamente se realiza al fi- nal, sino que desdeel plan estratégico diseña- do se puede señalar fases de implementación que debe ser evaluadas. Fuente: Eliboración propla a partir de Binder (2009). En esta propuesta, se tienen en cuenta elementos específicos de las problemáticas político criminales, siendo asi, una buena herramienta para el análisis de las estrategias actuales y más aún para la construcción de estrategias político criminales innovadoras que se reflejen de manera efectiva en la mitigación de los índices de criminalidad primaria y reincidencia. PROBLEMAS ACTUALES DE LA POLÍTICA CRIMINAL PROBLEMAS ACTUALES DE LA POLÍTICA CRIMINAL: LAS REFLEXIONES DE CLAUS ROXIN Tal como lo señala Roxin (2000a) la criminalidad es un problema de todas las sociedades, la cual se ha presentado en todas las épocas. A pesar de esto, no existe en la actualidad consenso acerca de la mejor estrategia para combatirla, por el 0 Omar Huertas Diaz contrario, los indices de criminalidad aumentan sin la esperanza de encontrar sociedades en paz. La estrategia punitiva es aquella que mayor acogida ha tenido entre los ciudadanos, lo anterior, ante la popularidad que la promesa de mayor castigo brinda a los políticos deseosos de votos; no obstante, su popularidad no se refleja en resultados reales en matería de disminución de la criminalidad. Roxin (2000a) señala que la pena privativa de la libertad es adecuada para aquellos delitos cuya gravedad es evidente, pero para aquellos delitos medianos y menores, la pena privativa de la libertad es la menos adecuada. Para sustentar esta idea, expone las siguientes cuatro tesis: 1. Las penas no son el medio adecuado para luchar contra la criminalidad: las penas privativas de la libertad no generan los resultados esperados, por el contrario, se evidencia el aumento de la criminalidad. Lo anterior radica en la inobservancia de las causas de la criminalidad, de tal forma, señala Roxin (2000a) la existencia de diferentes motivaciones: económicas, sociales, personales, etc.; que inciden en la comisión del delito, las cuales, son tal, que la norma o la pena resultan insuficientes para persuadir al sujeto de la no comisión de la conducta delictiva. Asimismo, en el combate contra la criminalidad organizada, la pena se impone a un sujeto capturado, omitiendola red organizativa de este negocio, por lo cual, la captura de uno de sus miembros no tiene efecto alguno sobre las actividades ilícitas de la organización. 2. Lapena privativa de la libertad es un medio problemático para luchar contra la criminalidad: Roxin (2000a) señala los siguientes inconvenientes de la pena privativa de la libertad: i) se supone que el encarcelamiento tiene como propósito la reeducación del condenado; sin , ¿cómo es posible educar a alguien para que se desempeñe de manera legal y autónoma en la sociedad alejándolo de esta y regulando cada una de sus conductas en la prisión? ii) la pena privativa de la libertad tiene un efecto desocializador, en la medida que lo aleja de las diferentes redes sociales que pueda tener, de esta  Generalidades de la política criminal el manera, cuando el sujeto sale nuevamente a la sociedad, se encuentra solo y discriminado ii) la privación de la libertad contribuye a “envolver definitivamente a un delincuente relativamente inofensivo en el ambiente criminal” (p. 93); es decir, existe dentro de la prisión pautas de enseñanza y vínculos criminales que convierten la delincuencia en un modo de vida para aquel que ingresa a prisión; iv) la privación de la libertad tiene altos costos fiscales, los cuales se depositan en el pago de personal, infraestructura pero muy poco en procesos resocializadores efectivos. 3. La prevención es más efectiva que la pena: Teniendo en cuenta la existencia de motivaciones para el delito que no se pueden persuadir a partir de la norma y de la pena, es indispensable pensar en políticas sociales que afecten de manera determinante dichas motivaciones o causas de las conductas delictivas. De esta manera, una politica social podría inhibir a la persona con necesidad de satisfacer su hambre de cometer delitos para ello. 4. Sedebeampliar la gama de sanciones, mirando más allá de la privación de la libertad: Roxin (2000a) propone algunas sanciones alternativas como i) para los reincidentes y acusados por violencia sexual, la implementación de terapias con un compromiso real de los infractores, puede llevar a resultados positivos y a la prevención de la reincidencia criminal; ii) para los delitos leves y medianos, se proponen penas relacionadas con trabajos de utilidad pública; iii) la inclusión de la víctima es de suma importancia, por lo cual, la reparación de la misma ya sea mediante dinero o con fuerza de trabajo puede contribuir de manera real al resarcimiento por el hecho cometido. De esta manera y en línea con lo propuesto por Roxin (2000a) uno de los mayores problemas de la política criminal actual es su focalización ciega en la pena privativa de la libertad, obviando la existencia de la responsabilidad estatal en la creación de políticas sociales, asi como la poca innovación en materia de sanción.  Omar Huertas Díaz 2 PROBLEMAS DE LA POLITICA CRIMINAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGIAS Actualmente, los fenómenos delictivos están en un proceso de transformación debido a los procesos de globalización y al avance y aparición de nuevas tecnologías. Borja (2011) señala en primera medida que la globalización ha influido en la concepción actual de derecho penal y en las nuevas formas de la delincuencia. De esta manera, señala tres corrientes teóricas actuales: el derecho penal funcionalista, el derecho penal simbólico y el derecho penal del enemigo. Frente al primero, se señala que la sociedad es sinónimo de un “complejo organismo armónico” (p. 107) en donde cada uno de los integrantes de esta desarrolla de manera específica una función, permitiendo la coexistencia y coherencia del sistema. En este escenario, “el Estado solo puede sancionar aquellas acciones que presenta cierta lesividad social, de tal forma que el derecho penal tiene encomendada la tarea de dirigir su actividad en orden alestablecimiento y protección de las condiciones necesarias que posibilitan la coexistencia social.” (p. 108). Es decir, bajo este modelo, el derecho penal ya no tiene la finalidad única de proteger determinados valores, su labor es ahora la de asegurar un sistema que permita su acción. En relación con el derecho penal simbólico, se concibe que el derecho cumple con una función simbólica, lo cual permite que se transforme en una herramienta de acción política, susceptible a la manipulación de esta, de acuerdo a las posibilidades de votos que esta representa; pasando de la protección de bienes jurídicos tutelados de manera real a discusiones y legitimaciones correspondientes a otros ámbitos como la moral. Al respecto, señala Borja (2011): El derecho penal de la globalización viene, por tanto, revestido de un notable carácter simbólico que revela una pretensión social y política de valorar como merecedorde protección bienes jurídicos relevantes para la coexistencia social. No obstante, existen dudas  Generalidades de la política criminal 63 sobre la eficacia real de la aplicación de la ley penal en ciertos ámbitos, pues se piensa que frecuentemente se utiliza la elaboración de medidas punitivas como mero instrumento, coyuntural y político, para tranquilizar inquietudes, inseguridades e incluso la misma conciencia de cierto sector de la población (p. 110). Finalmente, con los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos comienza a consolidarse lo denominado como derecho penal del enemigo, desde este se establece una diferencia contundente con el derecho penal común. Desde este último, el reo a pesar de su conducta delictiva es considerado como ciudadano y se le garantizan —en la medida de las posibilidades— sus derechos, doctrina propia de un derecho penal democrático; pues su acción no pone en riesgo el orden nacional y constitucional del estado involucrado. Sin embargo, desde la perspectiva del derecho penal del enemigo, el sujeto involucrado en un delito catalogado como acto terrorista, es asumido como una amenaza alsistema político, jurídico e institucional del Estado involucrado, porlo cual no gozaría de los derechos fundamentales del reo que aunque comete un delito, no es catalogado como una amenaza contra el orden nacional (Borja, 2011). Por su parte, las nuevas tecnologías y el mundo globalizado han traido también la modernización de delitos clásicos y el surgimiento de muchos otros. Así, hurtos informáticos, pornografía infantil, tráfico de órganos, violencia sexual informática, virus informativos, fortalecimiento de redes de crimen organizado trasnacional; son nuevos retos para un derecho penal que no innova en la lucha real contra la criminalidad y en la generación de nuevas medidas de sanción, Adicionalmente, la globalización ha permitido que desde el derecho penal y la política eriminal se reflexione acerca del delito trasnacional, el cual, resultado de los avances propios de la globalización (medios de comunicación, medios de transporte, superación de nacionalismos, entre otros) se ha posicionado en la agenda de los países a nivel mundial, pues si bien, muchos de estos desarrollan delitos ya existentes, complejizan su actividad, Es 'Ormar Huertas Diaz siendo de preocupación las redes de trata de personas, el tráfico de armas y de drogas (Toro, 2019). Tal como lo señala Coluccia y Ferretti (2016) la globalización ha tenido como efectos visibles: i) aumento del número y heterogeneidad de los grupos criminales fronterizos ii) ampliación de las fronteras de mercados ilegales, junto con la explotación criminal de canales tradicionalmente usados para el transporte de otras economías iii) la posibilidad de acceso anónimo a los circuitos de financias internacionales, mediante la manipulación de medios informáticos. Teniendo en cuenta lo anterior, la delincuencia trasnacional es uno de los mayores retos de la politica criminal actual y esta se define mediante el análisis de dos elementos característicos. Por un lado, las actividades ilegales generadas se llevan a cabo por grupos criminales que cruzan fronteras nacionales, violando las normas de por lo menos dos jurisdicciones; por otro lado, cuentan con una envidiable organización, permitiendo ejercerla actividad delictiva en diferentes nacional con el mínimo riesgo de ser capturados.