Guerra de Sucesión Española (1700-1715) PDF

Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en conflicto La Guerra de Sucesión es un conflicto que se desarrolló entre 1700 y 1715, en el cual se enfrentaron dos bandos por el trono español. Carlos II, último monarca de los Austrias españoles, había tenido un...

Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en conflicto La Guerra de Sucesión es un conflicto que se desarrolló entre 1700 y 1715, en el cual se enfrentaron dos bandos por el trono español. Carlos II, último monarca de los Austrias españoles, había tenido una salud delicada a lo largo de toda su vida y eso fue algo que le impidió tener una sucesión, por lo que había cierta incertidumbre en cuanto a quién heredaría el trono. Esta cuestión sucesoria fue un tema que se manejaba en varias cortes europeas y, de hecho, se posicionaron dos candidatos con derechos al trono: Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, y el archiduque Carlos, hijo del emperador Leopoldo I. Entre Francia y Austria hicieron dos tratados de partición de la herencia de la Monarquía antes de que Carlos II falleciera. El conflicto llegaría cuando Carlos II, cambió su testamento poco antes de fallecer y declaró como heredero a Felipe de Anjou, el nuevo Felipe V. Al llegar este monarca e iniciar su reinado, alejó a todos los nobles y administradores fieles a la Casa de Austria, por lo que la Corona Española pasó a estar bajo influencia de embajadores franceses. Luis XIV, en su afán expansivo, rompió tratados anteriores invadiendo zonas de los Países Bajos. Por otro lado, Inglaterra organizaba una alianza con Holanda y daba su apoyo a la Casa de Austria. Al bando de los Austrias, se unirían Dinamarca, Prusia, varios principados alemanes y, desde 1703, Portugal y Saboya mediante el tratado de Methuen. Así, Europa se dividió en dos bandos antagónicos. Por tanto, estamos ante un conflicto que tuvo un impacto europeo e internacional, ya que también hubo un conflicto entre Francia e Inglaterra en América. En el marco europeo, Luis XIV obtuvo importantes victorias al inicio de la guerra, pero en los años 1708-1709 sus tropas llegaron al límite debido al desgaste en el conflicto y, sobre todo, a una crisis de subsistencia que se dio en Francia. Por ello, Luis XIV comenzó a retirar sus tropas de la Península e intentaba buscar una paz. La llegada de un nuevo gobierno en Inglaterra supuso que esta potencia buscase también la paz. Además, la muerte del emperador Leopoldo I y de José I, suponía que la subida al trono imperial le correspondía al archiduque Carlos, por lo que ya no interesaba que este candidato ocupase el trono español, ya que ostentaría demasiado poder. Por tanto, desde 1712 se empezó a negociar la paz en el marco europeo, mientras que en España seguiría el conflicto. La guerra afectaría principalmente a España convirtiéndose en un conflicto civil donde la población se dividía en felipistas o austracistas. El archiduque Carlos tenía grandes apoyos entre aragoneses y catalanes, ya que estos rechazaban el modelo centralista que pretendía aplicar Felipe V, por lo que preferían un gobierno pactista de los Austrias. El conflicto en España se alargaría hasta 1715, año en el que caía Mallorca a manos de Felipe V. La Paz de Utrecht consistió en una serie de tratados bilaterales firmados entre 1713-1714 por las potencias beligerantes de la Guerra de Sucesión con el fin de establecer la paz. Europa cambió: Inglaterra se convertía en la nueva potencia hegemónica, Francia se estancaba, Prusia y Saboya se consolidaban como potencias, y el Imperio Hispánico se desmembraba. Además, se anulaba cualquier posibilidad de unión entre las coronas francesa e hispánica, ya que Felipe V, para ser reconocido como soberano de España, renunciaba a sus derechos al trono francés. España perdería gran parte de sus posesiones europeas, como Gibraltar y Menorca, y perdería, sobre todo, posesiones en Italia. Mientras tanto, España se constituiría como un único reino, sin fueros internos, exceptuando los vascos dado que apoyaron a la causa felipista. Por tanto, Felipe V impulsaría los Decretos de Nueva Planta y Aragón, Valencia y Cataluña pasarían a ser regidos por los derechos castellanos. Los Decretos de Nueva Planta y la configuración del nuevo Estado borbónico. Durante y tras la Guerra de Sucesión Española, Felipe V promulgó los Decretos de Nueva Planta, que suponían la abolición de los fueros de Aragón (1707), Valencia (1707) y Cataluña (1716), ya que estos territorios fueron fieles al bando rival (austracista) durante la guerra y a la clara tendencia de un Estado centralista por parte de Felipe. Solamente se respetarían los fueros vascos porque fueron fieles a su causa. Por tanto, Felipe V llevó a cabo una reforma de la administración central y provincial. La España de Carlos II no estaba centralizada políticamente y, por ello, ahora con Felipe V, se procedió a implantar el modelo centralista como en Francia. Por tanto, se procedió a la unificación territorial, y consolidándose España como un único reino. Los decretos derogaron instituciones como las Cortes de los distintos reinos, sus diputaciones permanentes, como la Generalitat, el cargo de Justicia Mayor, sus tradicionales concejos municipales, así como sus sistemas fiscales y monetarios propios. Igualmente, quedaron suprimidos las aduanas y los puertos secos interiores de la Corona aragonesa. No obstante, los territorios aragoneses pudieron conservar alguna de sus singularidades, como su derecho privado, aunque se eliminaría el Consejo de Aragón. Del mismo modo, tampoco asimilaron el sistema fiscal castellano, ya que se establecieron diversas formas de contribución según los territorios: el catastro en Cataluña, el equivalente en Valencia, la única contribución en Aragón y la talla en Mallorca. Sin embargo, el castellano sería implantado como lengua única y oficial en todas las instituciones existentes. Los virreinatos de la Corona de Aragón también fueron suprimidos, sustituidos por las Capitanías Generales, aunque éstas se implantaron en todo el territorio, quedando organizado el territorio de la manera que vemos en el mapa: organizado en Capitanías Generales e intendencias. Las intendencias, fueron un paso más en el reforzamiento de la administración provincial, son consideradas la primera repartición provincial de España. Las capitanes generales ejercían una triple misión: la representación real, el gobierno político y la vigilancia del orden público y la defensa nacional. Por su parte, los intendentes, delegados territoriales del gobierno, poseían atribuciones de carácter fiscal y judicial, sobre todo, aunque también supervisaban obras públicas y el fomento económico. El gobierno, en general, sufrió una reforma profunda, quedaba en manos de cinco secretarios de Despacho (es el precedente del actual Consejo de Ministros). El sistema de consejos (sistema polisinodial) se modificó, y a partir de entonces comenzaron a compartir protagonismo político con los secretarios del despacho del rey. Esta repartición se basaba en una estructura clave: el poder judicial provincial recaía en las audiencias, el poder militar en las capitanías militares y el poder civil y económico en las intendencias. En los Ayuntamientos se implantó la figura del corregidor, nombrados directamente por la corona. Se llevan a cabo medidas económicas con el fin de reforzamiento militar y de convertir de nuevo a España en una gran potencia. Entre otras medidas destacamos la de reformar la Marina y el ejército, la reorganización de la Junta de Comercio y Moneda y se crearon las primeras reales fábricas. Cabe destacar que se persiguió y desarrolló una política de tipo mercantilista, reforzando la industria. A pesar de que no aparece en el mapa, cabe señalar que también se harían reformas administrativas en los territorios americanos, donde se incorporó un nuevo virreinato: el virreinato de Nueva Granada. En definitiva, el poder del monarca salió fortalecido y los Decretos de Nueva Planta asentarían un nuevo Estado de corte absolutista y centralista. Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III en este sector. Tras la Guerra de Sucesión, vimos que se implantó la dinastía borbónica en España. Después de haber reinado Felipe V y Fernando VI, sería el turno de Carlos III. El gobierno de Carlos III corresponde al Despotismo Ilustrado, que consistía en la práctica del poder absoluto, pero como benefactor material de su pueblo (``todo para el pueblo, pero sin el pueblo ́ ́). Se desarrolló un gobierno reformista, pero sin cambios revolucionarios, se dieron transformaciones en la vida económica y en el comercio, pero todo ello con el objetivo de reforzar el Estado. Un acontecimiento importante muy relacionado con esto fue el motín de Esquilache de 1766. El motín evidenció el levantamiento del pueblo y sin esta revuelta quizás no se hubiesen impulsado las reformas. Una de las consecuencias fue la expulsión de los jesuitas en 1773, detrás de la expulsión se encontraba el ministro Campomanes con la excusa de que los jesuitas habían incentivado la revuelta de Esquilache. Pero no será la única reforma que nació del motín, también se reformó la administración local con la introducción de nuevas figuras de gobierno (nuevos oficiales) dentro de los gobiernos municipales para contentar al pueblo y controlar la subsistencia de alimentos para que no hubiese más motines. El principal problema de la agricultura española en el Antiguo Régimen radicaba en unos rendimientos muy bajos que, periódicamente, en épocas de inclemencias climáticas y malas cosechas, desembocaban en crisis de subsistencia. Era una agricultura atrasada que utilizaba técnicas y métodos de cultivo aún primitivos. Una de las principales causas de este problema era el régimen de propiedad de la tierra. La mayor parte de las tierras cultivables estaban amortizadas, es decir, sus titulares podían disponer libremente de sus frutos o de las rentas que generaban, pero no podían desprenderse de ellas, venderlas o donarlas. Por tanto, apenas había tierra en el mercado que pudiera ser adquirida por quien tuviera medios e interés para mejorar su cultivo. Gran parte de las tierras amortizadas estaban en manos de la Iglesia (manos muertas) o de la nobleza (vinculadas a mayorazgos), quienes sólo explotaban directamente una pequeña parte, arrendando el resto a campesinos en pequeñas parcelas. Además, estos campesinos no invertían en mejoras para incrementar la productividad, por una parte, porque no tenían medios, debido a los numerosos impuestos y rentas que tenían que pagar (al Rey, a la Iglesia, al señor), y por otra, porque carecían de interés en ello, ya que, al no ser la tierra de su propiedad, las ganancias derivadas de su mejora apenas repercutirían en su beneficio. Además, un porcentaje significativo de tierra amortizada pertenecía a los municipios, como “bienes de propios”, tierras de labor cedidas para su explotación a particulares a cambio del pago de una renta al municipio, o como “bienes comunales”, la mayoría prados o bosques de aprovechamiento común y gratuito por todos los vecinos. El crecimiento demográfico y la demanda de productos agrarios hacía que fuese urgente un incremento de los rendimientos de las tierras. En época de Carlos III se adoptaron una serie de reformas para conseguirlo, la mayor parte tenía como objetivo el ideal ilustrado de formar una clase de pequeños propietarios campesinos, laboriosos, interesados en la mejora de sus tierras, y buenos contribuyentes. Destacaron las siguientes: El arrendamiento de tierras municipales a campesinos que tuvieran medios para trabajarlas. Fue una medida insuficiente por estar limitada a ciertas zonas de Castilla, y fracasó en sus propósitos por la corrupción de las oligarquías municipales encargadas de aplicarla. Las colonizaciones de nuevas tierras, planificadas y financiadas por la Corona, entre las que destacaron las de Sierra Morena, promovidas por el intendente Olavide; seis mil colonos centroeuropeos fueron asentados en pueblos de nueva creación en el sur de Sierra Morena (La Carolina, La Luisiana...) para repoblar tierras vacías y acabar con el bandolerismo. También se puede citar otras medidas como la mejora de los regadíos con la construcción de canales (Canal de Aragón, Canal de Castilla), la incorporación e incentivo de los cultivos americanos como la papa o el millo, y la reducción de privilegios de la Mesta. Sin embargo, todas las medidas fueron parciales e insuficientes, propias de un reformismo ilustrado que pretendía adaptar las estructuras del Antiguo Régimen a las nuevas necesidades sin atentar contra los intereses de los estamentos privilegiados. Nunca se llevó a cabo una reforma profunda de las estructuras agrarias del país que implicaba una desamortización de la tierra, pues el proyecto de Ley Agraria que la proponía, redactado finalmente por Jovellanos bajo el nombre de Informe al expediente de la ley agraria, llegó tarde, en 1794, en el reinado de Carlos IV, cuando el temor a la revolución ya impedía cualquier reforma.