Tema 4 La Cultura en El Salvador PDF

Tema 4. La situación de la cultura en El Salvador ¿Cuán relevantes son para la cultura las políticas culturales? By **Miguel Huezo Mixco,** Lunes, 29 de septiembre de 2014. Periódico Digital El faro \"La cultura es un asunto demasiado importante para dejarlo únicamente en manos de las políticas c...

Tema 4. La situación de la cultura en El Salvador ¿Cuán relevantes son para la cultura las políticas culturales? By **Miguel Huezo Mixco,** Lunes, 29 de septiembre de 2014. Periódico Digital El faro \"La cultura es un asunto demasiado importante para dejarlo únicamente en manos de las políticas culturales. Es mi conclusión después de leer la investigación de AccesArte, Las políticas culturales del Estado salvadoreño, 1900-2012 (Walter, 2014). A partir del examen de las iniciativas y políticas que el Estado salvadoreño ha definido como culturales, el estudio documenta las apuestas que ha realizado, desde principios del siglo pasado, en la promoción, conocimiento y consumo de las bellas artes y el patrimonio cultural. En términos de inversión pública, el ramo de cultura vive el peor momento de su historia. Mientras entre 1900 y 1930 el presupuesto destinado a las iniciativas artísticas y literarias alcanzó el 2% del gasto nacional, en nuestros días es el 0.3%. El estudio se sustenta en una concepción de política cultural adoptada por el Estado salvadoreño, que podría enunciarse como el conjunto de normas, proyectos y actividades que tiene como fin mejorar el gusto de la población, propiciar una identidad anclada en el relato de la historia patria y reproducir el canon estético occidental. Esta forma de concebir la política cultural, sin embargo, no permite dar cuenta de los importantes efectos que tienen en la convivencia, la formación de valores, el sentido de pertenencia, en suma, en la cultura, los programas y políticas de entidades estatales consideradas como no-culturales. Como lo sugiere el Informe sobre Desarrollo Humano (PNUD, 2013 a), la cultura debe jugar un papel fundamental en hacer posible que El Salvador alcance mayores niveles de bienestar para su gente. La evidencia disponible permite concluir, sin embargo, que es necesario repensar la manera en que se implementan las políticas culturales convencionales, las cuales históricamente han beneficiado a una porción minoritaria de la población y han sido incapaces de formar profesionalmente los creadores y gestores culturales, que son agentes esenciales en metabolizar las posibilidades que ofrece un país con tantas limitaciones pero al que no le falta creatividad. Para ello, es indispensable que los componentes y recursos culturales estén presentes en los procesos de planificación del desarrollo de las políticas públicas no-culturales, que suelen tener efectos muy extendidos y decisivos en la cultura. Impactos culturales de políticas no-culturales Las entidades que formaron el núcleo de la primigenia institucionalidad cultural salvadoreña se concibieron para el esparcimiento de la población urbana. Bandas musicales de guerra y agrupaciones orquestales de música sinfónica, una Biblioteca Nacional y una Escuela Nacional de Artes Gráficas. Cuando en El Salvador se fundaron las primeras entidades culturales, entre finales del siglo XIX y principios del XX, estaban en marcha una serie de decisiones en materia económica, laboral, de seguridad, educación, obras públicas que marcarían las formas de convivencia, los hábitos y los comportamientos sociales de la población. Para el caso, si bien la Constitución de 1824 reconocía que todos los habitantes del país eran ciudadanos con idénticos derechos, la policía rural y, más tarde, la Guardia Nacional, amparados en el Código Penal (1860) reclutaban con brutalidad a los trabajadores para que realizan labores en las fincas a cambio de salarios miserables (Browning, 1975). La construcción de la red vial y ferroviaria, iniciada en la última década del siglo XIX, fue mucho más que un proyecto de obras públicas: transformó las relaciones comerciales nacionales e internacionales del país, y provocó que los sastres locales aprendieran a confeccionar trajes y vestidos adecuados para que la elite nacional se presentara ante sus nuevos socios venidos de fuera. Aquella red vial también facilitó el arribo a las zonas urbanas de un importante flujo de campesinos dispuestos a hacer casi cualquier trabajo por unos centavos (MINED, 1994) y fue crucial para la disponibilidad de mujeres migrantes para el servicio doméstico. Estigmatizados como indios, borrachos y ladrones los hombres, y como brutas y sucias las mujeres, la sociedad salvadoreña hundió las proclamas liberales en eso que Kant llamó el abismo existente entre el pueblo jurídico y el pueblo empírico, de carne y hueso (citado en Miller y Yúdice, 2004). Más recientemente, la implementación en 2003 del Plan Mano Dura, que ofreció poner fin a las maras, produjo la criminalización de miles de jóvenes de las zonas urbanas pobres. En pocos meses, la policía realizó miles de capturas de jóvenes sospechosos de pertenecer a las pandillas. Estas, a su vez, para enfrentar a la fuerza pública obtuvieron armamento más letal (PNUD, 2013 b), con lo cual se recrudeció la violencia. Como efecto directo, la política de seguridad fortaleció en la ciudadanía la idea de que la respuesta violenta es la única manera viable para resolver el problema. En suma, medidas y políticas como las descritas han tenido una incidencia directa, y no marginal, en arraigar una cultura que intenta hacer ver como natural la persistencia de trabajos mal pagados y empleos inestables; de mujeres que laboran en condiciones muy desventajosas respecto de los hombres, y habitantes de zonas urbanas y rurales sin acceso a servicios de salud y saneamiento; de viviendas mínimas, sin áreas verdes ni espacios de esparcimiento, y servicios de transporte deficientes y peligrosos; de educación y servicios de salud de mala calidad. Dos generaciones de salvadoreños han emigrado lejos de El Salvador, arrostrando toda clase de peligros, para procurarse oportunidades. A esto debemos agregar que la mayoría de la población tiene limitado o nulo a los placeres que producen la lectura y las expresiones artísticas. A menudo se alude al peso de la historia para describir la dificultad de las sociedades para romper la inercia y las formas de comportamiento perversos. En realidad, también podría llamarse el peso de la cultura. A manera de síntesis, diré que las intervenciones (estrategias, programas, políticas) económicas, laborales, de obras públicas, salud, comercio, educación y seguridad pública, entre otras, han tenido y tienen repercusiones, poco estudiadas, en la cultura de la población. Es decir, las acciones que el país necesita emprender para superar problemas como la inseguridad y la pobreza tienen un importante contenido cultural. La magnitud de ese desafío escapa a las atribuciones, capacidades y recursos de la entidad cultural. Una apuesta cultural para la inmensa minoría ¿Cuáles han sido los resultados de esa forma convencional de entender y ejecutar las políticas culturales? No es fácil responder esta pregunta. La Secretaría de Cultura de la Presidencia, como su predecesor, el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, y antes el Ministerio de Cultura y Comunicaciones, mantiene un silencio estadístico. No lo hace por mala voluntad sino porque, salvo excepciones, la entidad no ha destinado recursos para investigar el impacto de sus programas. Sin información ni diagnósticos, sus dirigentes han tenido que tomar decisiones consultando una bola de cristal. Una reciente Encuesta latinoamericana de hábitos y prácticas culturales (OEI, 2014) arroja datos reveladores. Los resultados pueden no ser perfectos, pero son un parámetro para aproximarnos al desempeño de la institucionalidad cultural salvadoreña. La Encuesta no evalúa la calidad de los espectáculos o de los libros que se leen, sino los niveles de participación y acceso de la población a los bienes y servicios culturales desde una perspectiva de derechos ciudadanos. La frecuencia o inasistencia a conciertos de música y presentaciones de libros, el acceso a Internet, la visita de museos y sitios arqueológicos, son indicadores de los niveles de participación de los ciudadanos en la vida civil y política del Estado, en condiciones de igualdad y sin discriminación. De acuerdo con la Encuesta, el 79% de los salvadoreños no ha asistido nunca a una presentación de teatro; el 70% nunca ha ido al cine; el 44% no lee libros nunca o casi nunca; y el 69% admitió no haber ido nunca a un parque histórico o cultural. En cuanto a la valoración del avance logrado en el reconocimiento de la cultura de los pueblos originarios en los últimos 10 años, el 27% considera que se ha avanzado mucho o bastante, contra un 58% que piensa que poco o nada. El 15% no sabe qué responder. Menos del 30% de los encuestados piensa que habrá mejoras en el acceso a la cultura en los próximos 10 años. Aunque no son estrictamente comparables, estos datos presentan mejoras respecto de los resultados del Diálogo nacional por la cultura (Concultura, 2007), que señaló que el 85% de los entrevistados dijeron no frecuentar nunca una sala de cine; el 91% dijo no asistir a conciertos y espectáculos; y apenas el 12% dijo asistir a exposiciones de pintura y escultura, obras de teatro, presentaciones de danza, conciertos sinfónicos, lanzamiento de libros, etc. Los resultados de ambos estudios hacen evidente que las políticas culturales no alcanzan a llegar a la mayoría de la población salvadoreña. Knut Walter, citando uno de los hallazgos del Diálogo, señala algo que parece obvio, y que ha llegado a naturalizarse en las evaluaciones espontáneas sobre los efectos de las políticas culturales en El Salvador: las manifestaciones culturales "se concentran en los centros urbanos y, por ende, casi no participan en ellos los pobladores de zonas rurales" (Concultura, 2007). El país de los mundos paralelos Las brechas en el acceso a los recursos culturales no son únicamente resultado de la poca inversión pública, o del "desinterés por la cultura" de los funcionarios públicos de los últimos 112 años. Son parte consustancial de las brechas económicas y sociales. Son expresión de la presencia de ciudadanos de primera y segunda categoría que coexisten a menudo en espacios contiguos, pero que no conviven entre sí. En El Salvador, las diferencias de acceso a las "manifestaciones culturales" no se producen solamente entre las ciudades y las zonas rurales, sino también dentro del Área Metropolitana del Gran San Salvador (AMSS). El AMMS, formado por 14 municipalidades, en una superficie de 652 km², concentra más de 1 millón 800 mil habitantes (el 29% de la población), el 70% de la inversión pública y privada, y la mayoría de recursos y servicios culturales. Un ejemplo de ello se aprecia en la colonia San Benito, en San Salvador, donde se localiza la mayor concentración de centros culturales y recreativos del país, y probablemente de Centroamérica. La colonia fue construida en 1946 bajo el concepto de "ciudades jardín", que estuvo en boga en Europa y Estados Unidos. Desde 1999 se formó el llamado Distrito de Mejora Especial (DME), que tiene como eje la Zona Rosa (Corporación Zona Rosa, s/f). Es una iniciativa de recuperación comercial, turística y cultural que convoca a actores tales como pequeños, medianos y grandes empresarios, asociaciones sin fines de lucro, organismos internacionales, la municipalidad y el Estado. En su derredor se encuentran más de 30 restaurantes de comida internacional y comida rápida, y una importante concentración de hoteles con espacios de entretenimiento diurno y nocturno. El "corredor cultural" cuenta con espacios públicos y privados tales como el Museo Nacional de Arqueología (MUNA) y el Museo de Arte de El Salvador (MARTE), los más importantes del país. A pocos pasos se encuentran el Teatro Presidente, sede de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO). Otros espacios culturales importantes son el Centro Cultural de España, el Centro Cultural de México, la Alianza Francesa, La Casa Tomada y diversas galerías de arte privadas. Como en cualquier parte del AMSS, en el sector son frecuentes los delitos contra el patrimonio, como robos y hurtos, pero no se registran hechos de sangre (Observatorio municipal, 2014). San Benito es un espejo donde pueden verse algunos de los éxitos de las políticas culturales. Y también sus fracasos. Sería largo detallar lo que ofrecen las instalaciones de las todas las entidades culturales que operan en la zona, pero baste señalar, a modo de ejemplo, que en los diferentes pabellones del CIFCO caben unas 100 mil personas, y en su anfiteatro otras 10 mil personas. El Teatro Presidente cuenta con 1,429 butacas y un foso para orquesta; en sus instalaciones se atienden espectáculos musicales, recitales, ballets y óperas, así como conferencias, charlas y foros. El MUNA, a su vez, cuenta con cinco salas de exhibición permanente y una sala temporal, donde se hace un recorrido por la cultura salvadoreña desde la época prehispánica a nuestros días. En sus salones se realizan talleres, ciclos de cine, conferencias, conciertos y exposiciones. Finalmente, el MARTE exhibe una muestra permanente que ofrece un panorama del arte salvadoreño desde mediados del siglo XIX hasta la época contemporánea, mantiene un programa de exhibiciones que han permitido que en El Salvador se presenten obras de grandes maestros del arte universal y, desde hace algunos años, realiza pasarelas donde se fusionan arte y moda. No existe otro espacio en el país que concentre esos recursos. En este sentido, el corredor de San Benito es un espejo de las políticas de cultura de los últimos 100 años: una concentración de recursos, bienes y servicios, frente a un panorama bastante más desolado en el resto del país, incluyendo los otros centros urbanos, como Santa Tecla, Santa Ana y San Miguel. El desarrollo de toda esa infraestructura no sería posible, en gran medida, sin la existencia de un sector de creadores y consumidores culturales. Paradoja: la mayoría de los músicos, escritores, actores, pintores, escenógrafos, iluminadores, guionistas, editores y museógrafos han tenido una formación básica o autodidacta, aunque algunos han realizado estudios profesionales o especializados fuera de El Salvador (Pleitez Vela, 2012; Rosales, 2013, Baldovinos y Escalón, 2013). Entre los habitantes de San Benito se encuentran también cinco colonias, conocidas como "zonas marginales" o "comunidades": Las Palmas, La Paz, El Manguito, Corazón de María y Nueva Israel, donde se asientan unas 2,500 familias (PNUD, 2010). A estos ciudadanos, esa oferta cultural les resulta ajena. Todavía faltan muchos cambios para que estas familias penetren a esos iluminados escenarios, donde a menudo los sufrimientos y luchas de los más pobres son representados de forma innovadora en obras plásticas, documentales y textos literarios. Por ahora, la relación de los vecinos de esas "comunidades" con la oferta cultural, pública y privada que se encuentra en su entorno inmediato expresa mejor que nada las fallas de las políticas públicas, incluyendo, desde luego, las culturales. En medio de las políticas de seguridad y los programas asistencialistas del Estado, en esos asentamientos se están produciendo procesos de conflictividad y convivencia, de formación de identidades y de creación artística en los cuales poco o nada tiene que ver la culturocracia. En este sentido, son decisivas las habilidades de los gestores culturales, capaces de conectar con las necesidades de la gente. Se entiende por gestor cultural aquel profesional, ya sea educador, artista, trabajador social, etc., dedicado a promover, incentivar, diseñar y realizar proyectos culturales desde cualquier ámbito. Un buen ejemplo lo ofrece el centro cultural La Casa Tomada (LCT), que alberga a una treintena de colectivos artísticos y a destacados profesionales de la cultura. Con el apoyo de la cooperación internacional, la Asociación de Vecinos Corporación Zona Rosa y otras entidades privadas, LCT implementa desde principios de 2014 un programa, no de "prevención de la violencia", como ha sido la norma, sino de acceso a la cultura y fomento de la participación ciudadana y la democracia, dirigido a jóvenes, que incluye a sus vecinos de Las Palmas. Esta experiencia ilustra que mejorar el acceso a la oferta cultural, entendido como respuesta a una demanda social de mayor participación ciudadana, en condiciones de igualdad y sin discriminación, requiere también de la colaboración pública y privada. Para ello, el Gobierno debe establecer condiciones legales y estímulos económicos y fiscales que la faciliten. Más dinero\... y más imaginación Los desafíos que debe enfrentar el país en el campo cultural son enormes. La falta de una mayor asignación de recursos económicos suele ser la queja y la excusa más frecuente de las autoridades culturales para explicar las limitaciones de su cobertura. En efecto, el presupuesto destinado por el Estado para la cultura ronda un casi invisible 0.3% del presupuesto nacional, que equivale a decir que de cada cien dólares, el Estado destina treinta centavos para la cultura. La UNESCO recomienda que al menos el 1% del presupuesto general del Estado se destine a cultura, pero esta cifra no se cumple en la mayoría de países latinoamericanos, cuyos presupuestos están por debajo del 0.5%, con excepción de Cuba (1.04%). Es posible imaginarse que una mayor cantidad de dinero sería de una inestimable ayuda para el desempeño de la Secretaría de Cultura, cuyo gasto principal (68%) corresponde a los salarios de la burocracia. Lo cual nos lleva a otro punto: profesionalizar la calidad de los servidores públicos, pues hasta la mejor política pública fracasa si estos no realizan una efectiva ejecución. Pero las arcas del Estado están vacías, y no hay señales claras de que las cosas mejorarán muy pronto. Ni el optimismo ni el pesimismo desmedido nos hacen bien. Hace falta dinero, pero también imaginación. Para empezar a romper la inercia, las políticas públicas de cultura deben pensarse y ejecutarse de una manera diferente. Los resultados de la Encuesta (OEI, 2014) reflejan una clara tendencia latinoamericana, a la que no escapa El Salvador, a una menor participación y una percepción menos favorable de las actividades culturales entre las personas que viven en contextos socioeconómicos más vulnerables. De igual forma, las personas con una formación inferior a la básica también suelen tener menos participación en las actividades culturales que aquellos que cuentan con formación superior. Esto significa que una eventual asignación mayor de recursos a la Secretaría de Cultura no necesariamente producirá resultados espectaculares para cerrar las brechas de participación ciudadana. Las brechas en el acceso a los bienes y servicios culturales se irán cerrando en la medida en que se reduzca la vulnerabilidad de las personas, entendida como el riesgo de que ellas no desarrollen sus capacidades y habilidades (PNUD, 2014). Un trabajo que corresponde al Estado y a la sociedad en su conjunto. La transformación cultural que el país necesita es una labor que sobrepasa las capacidades de una sola entidad. Asegurando que los componentes y recursos culturales estén presentes en la planificación del desarrollo, el Estado tiene en sus manos la posibilidad de romper la tendencia de otorgarle un papel ornamental a la cultura. Es un indicador de la calidad en la que viven y conviven los integrantes de una sociedad. Es demasiado importante para dejarla únicamente en manos de las políticas culturales\".