Sociedad y Estado II PDF

Serie 5: La política argentina en un mundo de cambio (1990 -2003) ROMERO, L. A. (2017): Capítulo IX: La gran transformación 1989-1999. EL 9 DE JULIO DE 1989, el presidente Alfonsín entregó el mando al electo Carlos Menem. Se trataba de la primera sucesión constitucional desde 1928, y de la primera...

Serie 5: La política argentina en un mundo de cambio (1990 -2003) ROMERO, L. A. (2017): Capítulo IX: La gran transformación 1989-1999. EL 9 DE JULIO DE 1989, el presidente Alfonsín entregó el mando al electo Carlos Menem. Se trataba de la primera sucesión constitucional desde 1928, y de la primera vez, desde 1916, que un presidente dejaba el poder al candidato opositor. Por otra parte, comenzó un nuevo ciclo de sucesivos gobiernos peronistas. El presidente electo puso su sello en la primera fase del segundo peronismo: el menemismo. Menem asumió en medio de la crisis hiperinflacionaria e inició un vasto conjunto de reformas económicas y estatales, cuyas consecuencias se fueron manifestando gradualmente. En 1995, fue reelecto, por cuatro años, luego de que la reforma constitucional de 1994 habilitara esa posibilidad. En 1999, al fin de su mandato, entregó el poder a Fernando de la Rúa, candidato de la Alianza, una coalición opositora que incluía a la UCR. El peronismo conservó importantes posiciones en los gobiernos provinciales y en el Congreso. Nuevamente, los principios institucionales parecían consolidados. Ajuste y reforma del Estado: Menem inició su gobierno en medio de una crisis formidable: la hiperinflación. Mientras todo el mundo convertía sus australes en dólares, grupos de personas desesperadas asaltaron tiendas y supermercados, y la represión dejó varios muertos. Con un fisco en bancarrota, moneda licuada, sueldos inexistentes y violencia social, quedó expuesta la incapacidad del Estado para gobernar y hasta para asegurar el orden. Para Menem, además, estaba en cuestión el poder que había ganado en las urnas y que debía legitimar con una gestión eficaz. Lo nuevo no era la crisis, sino su violencia y espectacularidad. Para enfrentarla, existía una receta genérica, elaborada en el mundo, reelaborada para América Latina en el llamado "Consenso de Washington", transmitida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial y difundida por economistas y periodistas, que fueron conformando un nuevo sentido común: era necesaria una profunda transformación de la relación entre el Estado y la sociedad, tal como estaba funcionando desde 1930. Los gastos del Estado benefactor eran excesivos. La solución consistía en una drástica reforma y un ajuste del Estado, que a la vez suprimiera el déficit fiscal y liberara a la economía de una tutela asfixiante. En 1989 la hiperinflación allanó las resistencias y convenció a todos de que no había alternativa a la reforma y el ajuste. Menem percibió el riesgo de la hiperinflación y también la oportunidad: había tanta necesidad social de orden público y estabilidad que las reformas, hasta entonces rechazadas, resultarían tolerables, y además le permitirían reunir el apoyo necesario para consolidar su poder. Debía ganar la confianza del establishment económico, pero no lo ayudaban ni sus antecedentes ni tampoco su campaña electoral, de estilo peronista tradicional. Pero con notable audacia, apartándose de su tradición ideológica y discursiva, anunció la necesidad de una "cirugía mayor sin anestesia", abjuró del "estatismo", alabó la "apertura. También apeló a gestos casi desmedidos: se abrazó con el almirante Rojas, se rodeó de los Alsogaray y confió el Ministerio de Economía a un alto directivo del grupo Bunge y Born, de quien se decía que traía un plan económico salvador.. Quizá por eso fue que, de entre las muchas formas de aplicar la receta eligió una simple, tosca y destructiva. El gobierno emprendió con decisión el camino de la reforma y el ajuste estatal. El Congreso sancionó dos grandes leyes, que daban al Ejecutivo amplias prerrogativas. La ley de emergencia económica suspendió todo tipo de subsidios, privilegios y regímenes de promoción, y autorizó el despido de empleados estatales. La de reforma del Estado declaró la necesidad de privatizar una extensa lista de empresas estatales. De un plumazo se eliminó el llamado "capitalismo asistido" y se redujo drásticamente el déficit fiscal. El gobierno se concentró en la rápida privatización de la ENTEL y de Aerolíneas Argentinas. Perseguía varios propósitos: demostrar voluntad y capacidad reformista, obtener dinero contante para el fisco, dar señales a los acreedores externos y compensar a los contratistas que perdían sus prebendas. Así, se convocó a grupos mixtos, integrados por empresarios locales, operadores internacionales expertos y banqueros que aportaban títulos de la deuda externa. Se aseguró a las nuevas empresas un sustancial aumento de tarifas, escasas regulaciones y una situación casi monopólica. En términos parecidos, en poco más de un año se habían privatizado la red vial, los canales de televisión, buena parte de los ferrocarriles y de las áreas petroleras de YPF. También se proclamó la apertura económica.Pese a la mejora en los ingresos, sobre todo por los fondos de las privatizaciones, no se alcanzó el equilibrio fiscal y la inflación se mantuvo alta. A fines de 1989 se produjo una segunda hiperinflación. El nuevo ministro de Economía, Antonio González actuó de manera drástica. Con el Plan Bonex se apropió de los depósitos a plazo fijo de los ahorristas, que cambió por bonos en dólares de largo plazo. A eso agregó una fuerte restricción de los pagos estatales y de la circulación monetaria. La inflación se redujo, pero a costa de una fortísima recesión que, al cabo de un año, había deprimido los ingresos fiscales. Para solucionarlo, se apeló de nuevo a la emisión, y la inflación volvió a desatarse. A fines de 1990, con la economía otra vez en estado crítico, estalló el escándalo del Swiftgate. El embajador estadounidense denunció que el frigorífico Swift era presionado por miembros del círculo presidencial que reclamaban coimas para permitir la sanción de determinados decretos. El tráfico de influencias, favorecido por la excepcionalidad de las medidas, era bien conocido. En este caso, la intervención del gobierno estadounidense provocó una serie de cambios y rotaciones en el gabinete que, a principios de 1991, llevaron al Ministerio de Economía al entonces canciller Domingo Cavallo. Cavallo encaró el problema de la inflación mediante la trascendente ley de convertibilidad, que durante diez años marcó las pautas de la economía. Se estableció una paridad cambiaria fija; emblemáticamente, un dólar equivaldría a un nuevo "peso", y se prohibió al Poder Ejecutivo emitir moneda por encima de las reservas, de modo de garantizar esa paridad. El Estado consiguió desalentar las perspectivas inflacionarias, pero a costa de renunciar a su más importante instrumento de intervención en la economía. Los resultados inmediatos fueron muy exitosos: cayó la inflación y también la fuga de divisas, volvieron capitales emigrados, bajaron las tasas de interés, hubo una rápida reactivación económica y mejoró la recaudación fiscal. La convertibilidad (drástica medida) fue reforzada por otras dos disposiciones. La reducción general de arancelesconcretó la apertura económica. Para mejorar rápidamente la recaudación fiscal, se elevaron los impuestos más fáciles de cobrar (al Valor Agregado y a las Ganancias), a costa de mejorar el ahorro y la inversión. Por otra parte, la Dirección General Impositiva (DGI) logró una mejor recaudación, persiguiendo a los evasores y el número tributario personal (la Clave Única de Identificación Tributaria CUIT) se convirtió en el nuevo documento de identidad. Con las cuentas fiscales mejoradas y con suficientes pruebas sobre la seriedad del rumbo adoptado, el Gob pudo renegociar su deuda externa, en el marco del Plan Brady, acordando un plan de pagos razonable. La Arg volvió a ser confiable para los inversores globales. Entre 1991-1994, entró al país una cantidad considerable de dólares, con los que el Estado cumplió sus compromisos y saldó su déficit, y las empresas se reequiparon. La estabilidad lograda con la convertibilidad potenció el primer proyecto reformista, retomado por el ministro Cavallo. Fue decisivo el apoyo del presidente Menem, que se encargó sobre todo de lidiar con los viejos peronistas. Durante cuatro años, ambos se potenciaron recíprocamente, combinando claridad en el rumbo con intuición política. Así fortalecido, el equipo gobernante dejó de estar a merced de los humores de los operadores financieros, los acreedores o los grandes empresarios, y pudo fijar un rumbo en forma independiente de sus requerimientos cotidianos. Cavallo avanzó con firmeza en las reformas estructurales iniciadas en 1989, pero con más prolijidad. Para achicar el déficit fiscal, el Estado nacional transfirió a las provincias la mayoría de los servicios de salud y educativos sin incluir los recursos presupuestarios correspondientes. Se continuó con la venta de las empresas del Estado, pero la privatización de las de electricidad, gas y agua incluyó garantías de competencia, mecanismos estatales de regulación y control y la venta de acciones a particulares. YPF fue privatizada por etapas. Primero se la fraccionó, luego se vendieron las acciones. Con los ingresos se saldaron deudas con los jubilados, lo que sirvió para atenuar las opiniones adversas. En otros terrenos las resistencias disminuyeron el ímpetu reformista. Se encaró la privatización del régimen previsional, lo que implicaba un problema fiscal inmediato, al perderse los aportes de los trabajadores; pero se esperaba un beneficio en el mediano plazo, cuando estas nuevas empresas privadas de jubilación movilizaran una considerable masa de ahorro interno. La reforma traía un cambio de criterio importante, pues se pasaba del conocido sistema basado en la solidaridad intergeneracional a otro fundado en el ahorro personal. Hubo resistencias y finalmente se acordó mantener en parte el régimen estatal. Similar criterio contemporizador se tuvo con la flexibilización del régimen laboral; los sindicatos pudieron evitar cambios significativos, lo mismo que con la desregulación de las obras sociales. Con las provincias se firmó un Pacto Fiscal, para que acompañaran la política de reducción de gastos. La provincia de Buenos Aires recibió un sustancioso Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, que significó un millón de dólares por día. De ese modo, merced a la feliz coyuntura financiera internacional, mientras se avanzaba en reformas irreversibles, se atenuaron sus efectos más duros. Vistos en la perspectiva de lo pasado y lo por venir, fueron tres años dorados: el Producto Bruto creció en forma sostenida, a tasas más que respetables, la inflación cayó drásticamente, creció la actividad económica y el Estado mejoró su recaudación y hasta gozó de un par de años de superávit fiscal. El consumo se expandió, con créditos pactados en dólares. Esta bonanza ocultó por un tiempo los aspectos más duros de la gran transformación, particularmente el desempleo. Cada privatización estuvo acompañada de una elevada cantidad de despidos, sobre todo en las empresas estatales. Los efectos se disimularon al principio, por las importantes indemnizaciones pagadas, pero explotaron a partir de 1995. Cerraron muchas empresas privadas, que sufrieron la competencia de los productos importados; sobrevivieron las que se tecnificaron, incorporaron nuevas maquinarias y redujeron su personal, y también las que se convirtieron en importadoras. Otros sectores eran golpeados por el congelamiento de sus haberes, como los empleados estatales o los jubilados, por el encarecimiento de los servicios públicos, debido a la privatización de las empresas o por los cortocircuitos financieros de varios gobiernos provinciales. Lejos de replegarse, en estos años el Estado desplegó una importante actividad, dirigida a aliviar los costos de la transición a algunos sectores o empresarios seleccionados y a paliar las consecuencias sociales más duras. Sus medidas fueron singulares y discrecionales, ajustadas a los criterios de focalización de la intervención estatal que difundía el Banco Mundial. La Secretaría de Desarrollo Social puso en marcha distintos planes destinados a lo que se llamó la reconversión de los desocupados, pero fue una acción esporádica e ineficiente. Más consistente fue el apoyo a los grandes empresarios. La industria automotriz recuperó casi todos sus beneficios, y los grandes exportadores, perjudicados por el peso sobrevaluado, recibieron distintas compensaciones fiscales. Los contratistas del Estado tuvieron el premio mayor: participar de las privatizaciones en condiciones ventajosas. Hacia 1994, pasada la euforia, muchos de ellos ya podían advertir los límites de la transformación. La sobrevaluación del peso, consecuencia de la convertibilidad, afectó a los exportadores. El gobierno había renunciado a las herramientas tradicionales de compensación, como el crédito subsidiado o el manejo de las tarifas de los servicios públicos, y sólo mantuvo los reintegros a las exportaciones que significaban para el fisco un costo no despreciable. La solución tradicional -una devaluación que hiciera más competitiva la producción local- era imposible.Para sobrevivir día a día, enjugar el déficit y honrar los compromisos con los acreedores externos, fijados en el Plan Brady, eran indispensables nuevos préstamos. Y a la decisión no dependía del FMI sino de inversores globales, como los grandes fondos de inversión, ágiles para encontrar en cada momento el rendimiento más alto en cualquier lugar del mundo. Pero al apelar a este recurso, cualquier oscilación global produciría una cascada de efectos locales desastrosos: por la convertibilidad, la economía argentina se había tornado extremadamente vulnerable. Esa vulnerabilidad se manifestó a principios de 1995 por el "efecto Tequila": En la Argentina hubo un retiro masivo de fondos externos, se precipitaron el déficit fiscal y la recesión, y la desocupación trepó al insólito nivel del 18%. El gobierno actuó rápida y eficientemente: hubo una poda presupuestaria, reducción de sueldos estatales, fuerte aumento de impuestos y un consistente apoyo del FMI y del Banco Mundial. En lo inmediato, la "crisis del Tequila" fue superada. Pese a la corrida, el sistema bancario pudo ser salvado, aunque unos cuantos bancos cerraron o fueron vendidos. Muchos de los dólares fugados retornaron. El Producto Bruto, que cayó en 1995, se recuperó en 1996 y avanzó con fuerza en 1997. Por su eficacia, el gobierno fue premiado electoralmente en 1995, y Menem fue reelecto con amplitud. Pero quedó claro que la estabilidad económica dependía de la convertibilidad, y que no existía la opción de abandonarla. Definitivamente, la economía argentina dependía del flujo de capitales externos y de las volátiles decisiones de los inversores, cada vez más preocupados por los sucesivos derrumbes en los mercados emergentes. La restricción del flujo de inversiones significó recesión, penuria fiscal y mayores dosis de ajuste. Por ese camino, quedó poco margen para lo que hasta entonces había hecho Menem, con la tolerancia de los técnicos: distribuir un poco, compensar, acallar quejas, ganar complicidades. Quien primero sintió el impacto fue Cavallo. El ministro salió con éxito de la crisis de 1995. Inició una nueva serie de privatizaciones, declaró la emergencia previsional y restringió los fondos transferidos a los gobiernos provinciales. Pero Cavallo quedó en el ojo de la tormenta. Los políticos peronistas se hicieron eco del fuerte malestar social, que sumaron a sus urgencias electorales, recordaron sus viejos discursos y desde el Congreso centraron sus baterías en el ministro. Cavallo se enfrentó también con los allegados que rodeaban a Menem, con la ley de patentes medicinales, chocó con los senadores, encabezados por Eduardo Menem. Con sus acusaciones, instaló en la discusión pública el tema de la corrupción gubernamental, que creció en los años siguientes. La relación con Menem se rompió, y en julio de 1996 Cavallo fue remplazado por Roque Fernández. Formado en la ortodoxia liberal, Fernández se preocupó principalmente del ajuste de las cuentas fiscales. Elevó los impuestos, redujo el número de empleados públicos y recortó el presupuesto. Impulsó las privatizaciones pendientes y vendió las acciones de YPF en poder del Estado. El sector político del gobierno, preocupado por las futuras elecciones presidenciales, puso obstáculos. Así fracasó en el Congreso el proyecto sobre flexibilización laboral. Incluso fracasó Menem, quien intentó sortear la resistencia con un Decreto de Necesidad y Urgencia, sorpresivamente objetado por la Justicia. En 1997, en pleno tiempo electoral, Menem abandonó la reforma y su ministro de Trabajo acordó con los gremialistas una ley intrascendente. Fernández siguió defendiendo la ortodoxia presupuestaria: se opuso a una ley sobre mejoramiento salarial para los docentes y rechazó un proyecto de construcción de 10 mil km de autopistas, que hubiera significado un rápido descenso de la desocupación, pero también un buen aumento del déficit. En vísperas de elecciones decisivas el gobierno enfrentó el desafío de encontrar un balance entre los criterios fiscales del ministro de Economía y los criterios electorales de los políticos. La Jefatura.Luego de electo, en 1989, y mientras se ganaba la confianza del establishment, Menem procedió a ampliar los márgenes de poder del Ejecutivo, estirando los límites de lo legal y hasta subvirtiendo algunas de sus instituciones. Las leyes de emergencia y de reforma le dieron importantes atribuciones. Con la ampliación de la Corte Suprema se aseguró la mayoría. Para eliminar controles y restricciones, removió a casi todos los miembros del Tribunal de Cuentas y al fiscal general, redujo el rango institucional de la Sindicatura General de Empresas Públicas y desplazó o reubicó a jueces o fiscales. Más tarde, cuando el Congreso empezó a cuestionar algunas de sus iniciativas, Menem recurrió a los vetos parciales de las leyes y a los Decretos de Necesidad y Urgencia. Todo ello fue convalidado por representantes, funcionarios y magistrados, quienes aceptaron esta delegación de autoridad en el presidente. A eso le sumó un estilo de gobierno singular. Se concentró en la política, pero no se ocupó mucho de las cuestiones de administración o gestión, que delegó en un grupo de colaboradores de destacada capacidad. "El jefe", como empezó a llamárselo, concedía a sus fieles protección e impunidad, y distribuía con generosidad los frutos de un tráfico de influencias practicado sin disimulo. Gradualmente la corrupción se hizo menos ostentosa, se confundió con el tradicional sistema prebendario y se integró con la máquina política. El talento de Menem se manifestó, sobre todo, en su capacidad para hacer que el peronismo aceptara las reformas, que suponían un giro radical en sus tradiciones. El peronismo de 1989 ya no era el de antes. Luego de la derrota de 1983, aceptó las nuevas condiciones de la democracia y se convirtió en un partido de organización territorial. El control de gobernaciones e intendencias y de sus recursos permitió a los dirigentes políticos independizarse de los sindicalistas. Por otra parte, en el nuevo contexto de pluralismo, se atenuó la identificación del peronismo con el "pueblo". Los "enemigos del pueblo" pasaron a ser simplemente adversarios y en ese sentido se mantuvo la convivencia política instalada en 1983. Esos cambios no alteraron el tradicional criterio peronista de jefatura o liderazgo, aunque fue significativo que Menem (el primer líder, luego de Perón) llegara allí por una elección interna. En la tradición de Roca, Yrigoyen o Perón, Menem sumó los recursos de jefe partidario y presidente, para mandar sobre un conjunto de dirigentes y cuadros acostumbrados a obedecer. De acuerdo con la tradicional "vocación frentista" del peronismo, Menem sumó apoyos fuera del movimiento, adecuados para su nueva orientación (Alsogaray, Bernardo Neustadt).En suma, Menem demostró que, para gobernar, en última instancia, podría prescindir del peronismo y de sus cuadros. Los recursos del Estado prebendado fueron ampliamente usados para construir la jefatura. El movimiento "renovador" se disolvió, y muchos de sus dirigentes se incorporaron a la caravana menemista. En la provincia de Buenos Aires, Cafiero fue reemplazado por el vicepresidente Eduardo Duhalde. Ayudado por el Fondo de Reparación Histórica Duhalde construyó en la provincia un sólido aparato político y se perfiló como candidato a la sucesión presidencial. Entre los sindicalistas, Saúl Ubaldini intentó nuclear a los golpeados por las reformas pero Menem logró la adhesión de otros sindicalistas. En los comicios de 1991, Menem lanzó al ruedo a nuevos dirigentes. Estas elecciones fueron un éxito para el presidente y convencieron a los dudosos de que el peronismo tenía un nuevo jefe. Por entonces Menem comenzó a hablar de la "actualización doctrinaria" del peronismo: declaró que se apartaba de la línea histórica trazada por Perón -aunque aseveró que el líder hubiera hecho lo mismo- y empezó a pensar en la posibilidad de su reelección. Fuera del peronismo, la oposición política fue mínima. La UCR no pudo remontar el descrédito de 1989. En rigor, los radicales no sabían cómo enfrentar a Menem, que llevaba adelante de manera brutal pero exitosa la política reformista que Alfonsín intentó encarar en 1987. En 1990 Menem clausuró el flanco militar y cerró el proceso iniciado en 1983. La cuestión militar tenía dos aspectos: El castigo a los responsables del terrorismo de Estado y el sostenido reclamo de los "carapintadas. Antes de llegar al gobierno, Menem había establecido sólidos contactos con ellos. A fines de 1989 los indultó dentro de su política más general de reconciliación, completada en diciembre de 1990. Poco antes de este segundo indulto, los "carapintadas", encabezados por Seineldín, se habían sublevado nuevamente, reclamando el cumplimiento de una promesa de Menem: remover al alto mando militar y entregarles la conducción del Ejército. Menem ordenó una represión en regla y los mandos militares acataron la orden. Poco después asumió la jefatura del Ejército el Gral Balza, que acompañó a Menem hasta el final de su segundo gobierno. Balza logró mantener la disciplina y la subordinación del Ejército al poder civil. El presupuesto militar fue drásticamente reducido y se privatizaron numerosas empresas militares. En 1994 la muerte de Carrasco culminó en la supresión del servicio militar obligatorio y su reemplazo por un sistema de voluntariado profesional. En 1995, sorpresivamente, Balza realizó una crítica de la acción del Ejército en la represión clandestina, y afirmó que la "obediencia debida" no justificaba los actos aberrantes cometidos. La declaración de Balza tuvo poco eco en las otras normas y provocó reacciones hostiles en el Ejército, pero contribuyó al comienzo de la revisión de lo actuado durante el Proceso. Un apoyo similar encontró Menem en la Iglesia, en el cardenal Quarracino. Un grupo de obispos comenzó a reclamar políticas compensatorias. Quarracino moderó a este coro de disconformes, y evitó pronunciamientos masivos de la Conferencia Episcopal; a su vez, Menem lo acompañó en la defensa de las posiciones más tradicionales. Así, Menem se hizo aceptar por el grueso de la jerarquía eclesiástica. Otro apoyo importante lo obtuvo de los presidentes estadounidenses de entonces. Menem estableció excelentes vínculos personales con George Bush, los recreó rápidamente con Bill Clinton, y pudo acudir a ellos en busca de respaldo. La Argentina abandonó el Movimiento de Países No Alineados, se clausuró el Proyecto Cóndor de construcción de misiles, se respaldaron todas las posiciones internacionales de Estados Unidos y se lo acompañó en sus empresas militares. Involucrarse en las cuestiones de Medio Oriente tuvo un precio: dos terribles atentados con explosivos, uno en la embajada de Israel y otro en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Pese a la dureza del ajuste, el gobierno enfrentó inicialmente escasa oposición a las reformas. Hubo algunos incipientes movimientos de resistencia: trabajadores de empresas privatizadas, empleados de estados provinciales, jubilados y docentes. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA), no encuadrada en el peronismo, y luego el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), peronista disidente, encabezado por Hugo Moyano, lograron coordinar sus protestas en la Marcha Federal, de julio de 1993, y un posterior paro general al que no adhirió la CGT. Desde 1991, Menem comenzó a plantear la cuestión de su reelección, lanzando la consigna "Menem 95". Se apoyó en el precedente de un proyecto de Alfonsín para modernizar el texto constitucional. Menem trabajó con notable empeño en su reelección, superó todo tipo de dificultades, políticas y personales y finalmente lo logró. No le fue fácil. En el peronismo encontró reticencias entre quienes aspiraban a sucederlo, y el establishment económico temió por los posibles conflictos aparejados. El problema principal estaba en el Congreso: la reforma constitucional debía ser habilitada en ambas Cámaras. En 1993, Menem logró la aprobación del Senado, y convocó a una consulta popular, no vinculante, para presionar a los diputados de la oposición. También exploró la posibilidad de hacerla aprobar por ley, contando con la futura convalidación de la Corte. La UCR estaba dividida, pues Alfonsín se oponía, pero los gobernadores radicales eran más proclives a un entendimiento. Sorpresivamente, en noviembre de 1993, Menem y Alfonsín acordaron en secreto (el "Pacto de Olivos") las condiciones para la reforma constitucional, que habría de contener la cláusula de reelección y una serie de modificaciones impulsadas por la UCR para modernizar el texto y reducir el margen de discrecionalidad presidencial: elección directa, con balotaje, reducción del mandato a cuatro años, con la posibilidad de una reelección consecutiva, creación del cargo de jefe de Gabinete, designación de los senadores por voto directo, elección directa del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, creación del Consejo de la Magistratura y reglamentación de los Decretos De Necesidad y Urgencia. El partido radical lo aceptó a regañadientes, pero en el resto del ámbito opositor el rechazo fue importante. En las elecciones para convencionales de abril de 1994 el justicialismo perdió votos y la UCR sufrió un fuerte drenaje en beneficio del Frente Grande, opuesto a la reforma. Era una fuerza política nueva, que reunió a los peronistas disidentes, grupos socialistas y democristianos, y militantes de organizaciones de derechos humanos. En la Convención los partidos mayoritarios respetaron el acuerdo y aprobaron en bloque las coincidencias básicas, que debían luego ser reglamentadas por el Congreso. A principios de 1995, la "crisis del Tequila" dio nueva fuerza a la campaña reeleccionista, pues Menem pasó a encarnar en la opinión el orden y la estabilidad, amenazados por la crisis. En las elecciones enfrentó a una UCR debilitada y a una nueva fuerza, el Frente para un País Solidario (Frepaso), que sumaba al Frente Grande un nuevo grupo peronista disidente encabezado por el ex gobernador mendocino Bordón. Menem derrotó a la fórmula Bordón-Alvarez. El triunfo de Menem fue muy claro. Un país transformado. Al finalizar la década de los noventa, estaba claro que la Argentina era un país nuevo muy distinto a la vieja Argentina, vital y conflictiva. El sentido total de esa transformación no fue claramente percibido por los contemporáneos, sobre todo porque lo mucho que se derrumbaba era más visible que lo que apenas comenzaba a emerger. Las políticas de la década menemista contribuyeron a esa transformación, pero no fueron el único factor. El cambio estaba en marcha desde mediados de los años setenta, por razones que también hacen a procesos de la sociedad local y del mundo. Menem le dio un fuerte impulso al cambio y creó un modelo de gestión política, social y económica que se mantuvo en la década siguiente. En la economía, los cambios fueron consecuencia de las reformas del gobierno de Menem, y también del cese de la inflación. En ciertos sentidos, los cambios profundizaron el giro iniciado en 1976. El Estado redujo la asistencia estatal a muchos sectores a través de promociones o subsidios, hubo una apertura de la economía a los capitales y a los bienes importados, y se promovieron las exportaciones. Las consecuencias fueron variadas. El golpe más fuerte lo recibió el tradicional sector industrial volcado al mercado interno, surgido como consecuencia de las políticas de sustitución de importaciones. Una parte importante de las empresas debió cerrar y sólo sobrevivieron las que pudieron reconvertir sus procesos de producción y adecuarse a los nuevos estándares mundiales. Algunas se convirtieron en importadoras; muchas se vendieron a empresas extranjeras. Estas empresas ocupaban tradicionalmente a muchos trabajadores, de modo que los cierres y la tecnificación produjeron una considerable reducción en el nivel de ocupación, que sumado a los despidos en las empresas estatales privatizadas, conformó un importante primer gran contingente de desocupados, cuya magnitud fue desde entonces uno de los rasgos dominantes de la nueva Argentina. Hubo también ganadores, sobre todo entre quienes consiguieron aprovechar las nuevas prebendas estatales o mantener las antiguas. Los grandes grupos nacionales, contratistas del Estado, se asociaron con los consorcios internacionales para adquirir las empresas del Estado. Se trató de un negocio ocasional. Las automotrices encontraron su solución integrando su producción con plantas brasileñas al amparo del Mercosur. Éste comenzó a funcionar eficientemente y también fue aprovechado por otras empresas exportadoras. El gobierno alentó en especial las exportaciones mediante subsidios, destinados a los grupos fabricantes de celulosa, aluminio o acero, los productores de aceite o golosinas y las empresas petroleras. Algunas de estas empresas instalaron filiales en otros países y se convirtieron en cabeceras de grupos multinacionales. En suma, al fin de un proceso darwiniano, un grupo no menor se había adecuado a las condiciones de la economía globalizada, otro había desaparecido y un tercero subsistía con dificultad. Más significativa aún fue la transformación del mundo agrario. Los precios internacionales mejoraron desde 1996, y alentaron la profundización de los cambios productivos, ya iniciados en 1970, sin que la caída fuerte de los precios produjera un retroceso. El motor estuvo en los cereales y las oleaginosas, y fue el resultado de una combinación de nuevos procedimientos tecnológicos y formas de organizar la producción. Se incorporaron masivamente fertilizantes y herbicidas, lo que contribuyó a aumentar la productividad, junto con el empleo de maquinarias de mayor envergadura y velocidad, la siembra directa y el uso de semillas transgénicas y del glifosato. La frontera agraria comenzó a expandirse, superando los tradicionales límites de la pampa húmeda. La soja, oleaginosas, los aceites y los cereales incrementaron las exportaciones del sector, que se asomó a los mercados asiáticos, mientras que los productores de frutas y hortalizas encontraron su alternativa exportadora en el Mercosur. La eficiencia de este reducido sector industrial y agrario, todavía incipiente, no mejoró la demanda de empleo ni derramó sus beneficios al resto de la sociedad. Los empresarios tampoco abandonaron sus antiguas prácticas prebendarías aparecidas cuando el Estado dispuso de algunos recursos. Éste, en cambio, renunció a la posibilidad de regular a los actores económicos. A esto se sumó la continua corrosión del instrumento estatal. La reforma en curso no mejoró su eficiencia, ni tampoco mejoraron los instrumentos estatales de control del gobierno, que desplegó una autoridad discrecional. Por otra parte, el Estado fue desentendiéndose de sus funciones sociales. Para achicar su déficit, el Estado nacional transfirió su responsabilidad a los estados provinciales, y hubo un deterioro en la calidad de los servicios. En general, abandonó los principios de universalidad y asumió solamente la parte destinada a los pobres o indigentes, de acuerdo con las urgencias, con la capacidad de presión sectorial o con las necesidades de construcción de la maquinaria política. El discurso neoliberal, al que se apeló para impulsar reformas no siempre coherentes, impuso en la opinión sus propuestas y su agenda de problemas. Todo el debate público se redujo a la economía, y sobre todo a la "estabilidad". Así, se abandonaron ilusiones caras a la sociedad, revitalizadas con el retorno a la democracia, en general, a la igualdad de oportunidades, garantizada por el Estado. Luego de 1995, ante las consecuencias reales de la reforma y el ajuste, algunos actores recuperaron aquellas aspiraciones, limitadas por los parámetros del pensamiento neoliberal. Los cambios en la economía y en el Estado le dieron a la sociedad un perfil absolutamente diferente. Desde fines del siglo XIX y hasta la década de 1970, un largo ciclo expansivo fue conjugando crecimiento económico, pleno empleo, fuerte movilidad y sostenida capacidad para integrar nuevos contingentes al disfrute de los derechos, civiles, políticos y sociales. Fueron oleadas sucesivas de movilización e integración, que alcanzaron incluso a los migrantes de los países limítrofes. La tendencia cambió de sentido luego de 1976. La radicalidad de los cambios tardó en percibirse, por las fuertes oscilaciones cíclicas y por la ilusión colectiva instalada en 1983 sobre la potencia de la democracia y del Estado para dar respuesta a las demandas sociales. Sin embargo, la ejecución del Plan Alimentario Nacional (PAN) durante la gestión de Alfonsín reveló un problema: vastos sectores de la población padecían hambre. La hiperinflación de 1989 desnudó y escenificó los cambios, que fueron profundizados por las políticas reformistas de los noventa. Tanto la apertura económica como las privatizaciones de empresas públicas agravaron los problemas de empleo, mientras que las reformas estatales provocaron el deterioro de los servicios de salud, educación y seguridad. Vista en su conjunto, la sociedad se polarizó. La gran transformación dejó ganadores y perdedores. Mientras un vasto sector se sumergió en la pobreza o vio deteriorado su nivel de vida, muchos ricos prosperaron, de modo que las desigualdades no se disimularon, sino que se escenificaron y se espectacularizaron. El grupo "ganador" incluyó a una buena parte de los antiguos ricos y a una porción de la antigua clase media, incorporada al sector más dinámico de la economía. La antigua sociedad dejó paso a otra muy segmentada, de partes incomunicadas, separadas por su diferente capacidad de consumo y de acceso a los servicios básicos, y hasta por desigualdades civiles o jurídicas. Las clases medias, lo más característico de la vieja sociedad móvil e integrativa, experimentaron una fuerte diferenciación interna, particularmente sus ingresos. Las actividades o las profesiones dejaron de indicar con certeza la posición social. También cambiaron los valores de las viejas clases medias. En un mundo cambiante y ferozmente competitivo, la previsión dejó lugar a una suerte de vivir al día, aprovechando las ocasiones, mientras se alejaba la tradicional expectativa de la casa propia, base del hogar burgués. Un extenso sector de las viejas clases medias se deslizó barranca abajo, sumándose al mundo de la pobreza: empresarios medianos o pequeños, comerciantes o talleristas, empleados públicos despedidos o con sueldos disminuidos, profesionales proletarizados. Lo constante fue la vulnerabilidad en que quedaron, pues a la precariedad laboral se sumó la pérdida de la atención médica o de la jubilación. De manera progresiva la nueva pobreza se exhibió abiertamente, cuando la familia debió emigrar a una vivienda más económica, o cuando frecuentaron los "clubes de trueque" expandidos luego de 1996, buscando la provisión de las necesidades básicas y de la sociabilidad. La formación de un extenso mundo de pobreza fue el dato más significativo de la nueva sociedad. Los cambios laborales fueron decisivos: reducción del empleo estable, aumento del trabajo ocasional y del empleo informal o "en negro", baja de los salarios y aumento de la desocupación son los datos generales. Pero el cambio fue más profundo. Los índices que salariales o de desempleo fueron perdiendo su antiguo sentido, en beneficio de los referidos a la pobreza o indigencia. Otros cambios, más profundos, tuvieron que ver con los valores y proyectos de vida. El mundo de los ricos y exitosos, puso en cuestión las expectativas de la antigua sociedad: para qué trabajar o ahorrar, para qué estudiar, para qué obedecer la ley, si no había recompensa probable. La lucha por la supervivencia también estimuló una solidaridad orientada a unir y fortalecer las demandas: tierra para una vivienda precaria, alimentos o alguno de los diversos subsidios repartidos por el Estado o las organizaciones no gubernamentales. La retirada del Estado fue uno de los aspectos más dramáticos de la nueva situación. La atención médica declinó espectacularmente. Los hospitales públicos se deterioraron por sus escuálidos presupuestos y por la concurrencia masiva de los pobres carentes de obras sociales sindicales. Aunque también deterioradas, las escuelas fueron de las pocas instituciones estatales que permanecieron en pie. Se convirtieron en agencias múltiples, dedicadas a ofrecer alimentación, salud o contención familiar, a costa de su función docente específica. Otros factores concurrieron en el deterioro de la escuela pública: un sindicalismo que concentró sus huelgas en las escuelas estatales, un sostenido deterioro de la formación docente y, por último, una reforma educativa mal encarada, que destruyó las instituciones existentes sin alcanzar a reemplazarlas por otras. También retrocedió el Estado en su función de proveer seguridad. En los grandes conglomerados se hizo más difícil la prestación de servicios, en parte por el acelerado crecimiento de la población y también por el acentuado cuestionamiento social a las normas. También contribuyó la propia corrupción de la institución policial. El Estado reemplazó las costosas y complejas políticas universales de sus épocas de esplendor por intervenciones parciales y focalizadas, allí donde detectó emergencias. Fue un conjunto de acciones esporádicas, no sistemáticas y poco articuladas, menos costosas y a la vez más útiles para obtener réditos políticos. Se nutrieron de criterios y discursos diversos -desde la vieja beneficencia a la moderna solidaridad social- y fueron ejecutadas por agencias de distinto tipo. Los fondos venían principalmente del Estado, aunque en muchos casos los recibía de organismos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID. Se destinaron a programas muy variados: vivienda, recalificación laboral, fomento de emprendimientos, salud y educación. Puede afirmarse que el mundo de la pobreza no desapareció, sino que, por el contrario, se consolidó. También que estas acciones contribuyeron a hacer menos terribles las consecuencias de la gran mutación social. La gran transformación tuvo efectos contundentes en la política de decisivo peso electoral. En las barriadas pobres, la sociedad se articuló en torno de un complejo universo de sociedades de fomento, juntas municipales, cooperativas, etc. En este entramado social surgieron dirigentes, comúnmente llamados "referentes", con capacidad para establecer un cierto orden y ayudar en la solución de las situaciones de emergencia. Se planteó un desafío para los partidos políticos. Quien más rápido se adecuó a estos cambios fue el peronismo, a través de una densa red de unidades básicas (comedores, jardines o centros culturales). Le dieron al Partido Justicialista (PJ) una organización permanente, flexible y autofinanciada, que también podía conectarse con las zonas más oscuras de la sociedad que podían encargarse de una parte del trabajo político. En el resto de la sociedad, se produjo una evolución convergente. A partir de 1983 la ciudadanía militante y comprometida dio nueva vida a los partidos políticos. Pero, gradualmente, perdió relevancia el debate de ideas y la formulación de líneas y propuestas. A la desconfianza hacia lo que se llamó "las ideologías se sumó el repliegue de la ciudadanía activa de 1983, desilusionada con las promesas no cumplidas de la democracia, y también la concentración del poder de decisión en la cúpula del gobierno. Los partidos acompañaron esta transformación y desarrollaron otras funciones. Nuclearon a una cantidad de gente joven que había decidido hacer de la política su profesión. La nueva generación demostró eficiencia en manejar campañas electorales de nuevo estilo y en proveer de cuadros eficientes para el Congreso o el gobierno, capaces de adecuarse a las líneas políticas establecidas por las jefaturas. Los dirigentes también se hicieron expertos en la construcción de sus carreras y fueron conformando una nueva corporación. De ese modo, aunque la democracia funcionó de manera normal, sin alteraciones institucionales, la ciudadanía se fue reduciendo y los partidos perdieron vitalidad y representatividad. Las instituciones republicanas, restablecidas en 1983, se fueron resintiendo, sobre todo después de 1989. Las urgencias de la crisis y la idea de jefatura del peronismo tensaron al límite la relación entre los poderes y se fue restableciendo la antigua concepción de la democracia de líder. Sin embargo, en momentos significativos el Congreso y la Justicia, junto con la opinión pública, marcaron al Ejecutivo límites que la reforma constitucional buscó consolidar. Se trató entonces de equilibrar las necesidades del gobierno en tiempos de emergencia con las exigencias republicanas de controles, balances y contrapesos. En la segunda mitad de la década de 1990, se advirtió un cierto renacimiento del espíritu ciudadano, manifestado en las cuestiones pendientes del terrorismo de Estado. Las organizaciones de derechos humanos trabajaron sobre una brecha legal de la ley de obediencia debida que permitió retomar la acción penal contra algunos de los responsables. También hubo una acción militante por la construcción de una memoria colectiva más fiel a los principios de 1983. Instituciones especializadas, un competente grupo de profesionales y hasta una nueva especialidad académica revitalizaron el discurso político moral original, que había sido arrinconado al comenzar los años noventa. Su acción se desarrolló al costado de la política partidaria, acentuando su función vigilante y censora. El fin del menemismo: Cuando el anunciado final de su mandato colocaba a Menem en la incómoda situación del "pato rengo", una nueva crisis internacional desequilibró el edificio económico e inició una larga recesión. La devaluación de Tailandia en julio de 1997 dio lugar a una serie de derrumbes que minó la confianza global en las "economías emergentes" y reorientó las inversiones hacia mercados más seguros. Otro golpe duro fue la devaluación de la moneda brasileña, a principios de 1999. La imprevista medida alteró las relaciones comerciales, intensificadas desde 1995 con el Mercosur. Cayeron las exportaciones y hubo un aluvión de importaciones. La devaluación del peso, que habría solucionado estos desequilibrios, era imposible por el régimen de la convertibilidad, que comenzó a mostrar su cara negativa. La crisis fue más profunda y prolongada que la del "Tequila". Todo se sumó: aumento de los intereses de la deuda, escasez y alto costo del crédito, caída de los precios de productos exportables y recesión interna. En 1998, el PBI retrocedió y la producción de automotores cayó casi a la mitad. Muchas empresas y bancos fueron vendidos a corporaciones multinacionales o a grandes fondos de inversión. El gobierno de Menem llegó a su final sin margen siquiera para hacer beneficencia electoral, y debió cerrar su presupuesto con un déficit abultado y una deuda externa del doble que en 1994. Constreñido a profundizar el ajuste, Menem empezó a sufrir una oposición social cada vez más activa. Quienes hasta entonces habían callado empezaron a hablar, y las demandas confluyeron. Antes de 1995, las manifestaciones sociales habían tenido escasa difusión y proyección. En 1995, se hicieron más violentas y espectaculares en varias provincias. Al año siguiente, mientras las organizaciones gremiales (la CGT, el MTA y la CTA) confluían para realizar dos huelgas generales contra la ley de flexibilización laboral y la política económica, la oposición política impulsó una protesta ciudadana consistente en un apagón eléctrico y un "cacerolazo". En esa época, la Iglesia cambió su anterior posición y empezó a sumarse a las protestas. En 1997, los gremios docentes instalaron frente al Congreso una "carpa blanca", donde desarrollaron una protesta de gran repercusión en los medios y la opinión. Por entonces, estaban surgiendo las organizaciones de desocupados, los "piqueteros". Comenzaron en 1996. Los "piqueteros" cortaron las rutas (protesta nueva), incendiaron neumáticos, organizaron ollas populares y reunieron además a mucha gente dispuesta a enfrentar una represión que fue muy dura. Era la movilización de los desocupados, violenta y a la vez reacia a cualquier tipo de acción organizada. El gobierno a veces apeló a la Justicia y otras a la Gendarmería. Otras veces negoció, entregando ayuda en alimentos o ropa, y contratos de empleo, los "planes Trabajar"; con ellos lograba un alivio momentáneo del conflicto, pero a la vez generaba nuevos reclamos. La organización de los desocupados también se desarrolló en el Gran Buenos Aires, donde el mundo de la pobreza era más antiguo y diverso. Allí había una tradición de organizaciones sociales dedicadas a los problemas de la tierra y de la vivienda. En la zona de La Matanza la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y la CTA impulsaron los reclamos de los desocupados, y lo mismo hizo la Corriente Clasista y Combativa (CCC), originada en grupos sindicales de izquierda. El gobierno nacional y el provincial distribuían por entonces distintos planes de ayuda. Las nuevas organizaciones reclamaron su parte en el reparto de planes cortando rutas. Este tipo de movilización callejera se acentuó a medida que avanzaba la crisis, involucrando a grupos muy variados: estudiantes, empleados públicos, productores rurales o desocupados. Como en los años setenta, la política volvía a las calles. Simultáneamente, la perspectiva de las elecciones presidenciales de 1999 agitó el ambiente en el peronismo, donde comenzó a cuestionarse la "gran transformación". Y a en 1995, apenas reelecto Menem, Eduardo Duhalde anunció su candidatura, tomó distancia del "modelo" y reivindicó las banderas históricas del peronismo. Pese a que la Constitución era categórica al respecto, Menem intentó jugar la carta de otra reelección (la "re-reelección"), en parte para tratar de conservar el poder hasta el final, y lanzó de modo informal su candidatura. Se inició una guerra violenta entre el antiguo jefe del justicialismo y quien pretendía sucederlo. Uno de los caminos fue la denuncia periodística de hechos de corrupción. También hubo hechos violentos. Se trató de un "destape", que instaló el tema de la corrupción en la agenda pública. Quedó claro que la corrupción penetraba en todas las instituciones del Estado, y que la violencia mafiosa era parte de la disputa por el poder y los negocios. En octubre de 1997, el justicialismo sufrió una fuerte derrota en las elecciones legislativas. Duhalde, el "candidato natural", quedó maltrecho, y Menem lo golpeó aún más: afirmó que sólo él podía ganar en 1999, y se lanzó abiertamente a una nueva reelección. Como en 1994, jugó varias cartas: una interpretación caprichosa de la Constitución por parte de la Corte, o un plebiscito que demandara la reforma constitucional. A la vez, presionó a los gobernadores para alinearlos con él y dejar desamparado a Duhalde. Al fin la Justicia declaró que su proyecto era absolutamente ilegal. Enfrascados en su conflicto, Menem y Duhalde se desentendieron de las instituciones, y también de la suerte del peronismo, cuya derrota se adivinaba. Aunque fracasó, Menem pudo mantener viva la ilusión casi hasta el final de su período. Además, logró herir a Duhalde. Los gobernadores peronistas prefirieron tomar distancia del conflicto; abandonaron el proyecto de Menem, pero sin comprometerse con el destino de Duhalde, que no pudo encabezar un partido unido y galvanizado. Como en 1983, el peronismo llegó a la elección de 1999 sin líder, y fue derrotado. Por entonces, el despertar de la civilidad se manifestó en la política. Fue una nueva "primavera" ciudadana, más modesta que las anteriores, pero que indicaba que la sociedad seguía viva. Batallas por la memoria y la protesta social + debate público sobre la injusticia social, la corrupción, el abuso de poder y la impunidad. En ese contexto, la propuesta del Frepaso, una coalición política reciente, logró dar forma al entusiasmo y la voluntad colectivos. En 1995 el Frepaso había tenido en su debut un promisorio desempeño en las elecciones presidenciales, aunque casi en seguida se alejó su candidato presidencial, José O. Bordón. Convergían en el Frepaso disidentes del peronismo y del radicalismo, socialistas y otros grupos de izquierda, movimientos sociales, vinculados con la CTA, y fragmentos de la maquinaria electoral justicialista. Fue una fuerza política sin una gran inserción territorial ni una estructura institucional clara, pero con un dirigente de fuerte liderazgo: Chacho Álvarez. El Frepaso recogió distintas aspiraciones del momento: la renovación de la política y de los hombres, y la constitución de una fuerza de centroizquierda, alternativa de los dos partidos tradicionales. Puso el acento en los problemas sociales y en las cuestiones éticas y políticas: la corrupción y el deterioro de las instituciones. La UCR logró superar los efectos del final de la presidencia de Alfonsín y obtuvo algunos éxitos electorales significativos, sobre todo con De la Rúa, electo en 1996 primer jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 1995, la UCR y el Frepaso iniciaron conversaciones para concertar su acción y avanzar hacia una alianza formal, no fácil de establecer, pues la UCR tenía una vieja resistencia a los acuerdos políticos. Pero primó la convicción de que juntos podían vencer al justicialismo. En 1997 crearon la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, y obtuvieron un notable triunfo en las elecciones legislativas: superaron al PJ por diez puntos, y Meijidevenció en la prov de Bs.As a Chiche Duhalde, la esposa del gobernador. Mientras el justicialismo se desgarraba en su pelea interna, la Alianza avanzó hacia el triunfo en 1999. Como la mayoría de la opinión tenía puesta su fe en la convertibilidad, se acordó no cuestionarla y poner el acento en la equidad social, las instituciones republicanas y la lucha contra la corrupción. La candidatura presidencial se resolvió mediante una elección abierta, en la que De la Rúa venció ampliamente a Fernández Meijide. Lo acompañó en la fórmula Chacho Álvarez; en el justicialismo, Palito Ortega hizo lo propio con Duhalde; por su parte, Domingo Cavallo creó otra fuerza política, Acción para la República, para ganar el voto del sector de centroderecha. En las elecciones de octubre de 1999, De la Rúa y Alvarez obtuvieron un triunfo claro. En el momento de asumir, la Alianza gobernaba en seis distritos y tenía mayoría en la Cámara de Diputados; el justicialismo tenía amplia mayoría en el Senado y controlaba 14 distritos, entre ellos los más importantes: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. De la Rúa recibió un poder limitado en lo político y condicionado por la crisis económica, que seguía su desarrollo. Mientras tanto, el segundo peronismo, replegado en sus bastiones, continuó desarrollando su proceso de transformación y arraigo. CAPITULO X:CRISIS Y RECONSTRUCCIÓN (1999-2005) El gobierno de la alianza: La alianza por el trabajo, la justicia y la educación (encabezada por De la Rúa) llegó al poder con un amplio crédito de confianza y varios problemas casi sin solución. Su poder se limitaba por la presencia dominante del peronismo en el Senado y en la mayoría de provincias. La movilización social seguía presente y articulada, y la economía limitaba profundamente la acción del gobierno, pues estaba en recesión desde 1998, con alto déficit fiscal y un régimen de convertibilidad cuyo mérito residía en limitar estrictamente la acción estatal en materia monetaria y garantizar a los inversores globales que el país cumpliría sus compromisos. Quedó evidenciada la fragilidad de la bonanza de los 90s, y todo reposaba sobre la convertibilidad, y mantenerla fue la nueva ilusión colectiva y el respaldo del gobierno. Las políticas que contribuían a sostenerla profundizaban la recesión local: elevada desocupación, empleo en negro, tasas de interés altas, retracción comercial, atraso en los pagos estatales y desaliento a los inversores. Para convencer a sus acreedores, el país debía cumplir con sus compromisos, y esto sólo era posible con nuevos préstamos. El FMI se mostró tolerante y benévolo mientras duró la administración Clinton en EEUU. Pero a quienes manejaban los grandes fondos de inversión privados sólo les importaba abandonar a tiempo un mercado riesgoso. El riesgo país registraba la fragilidad de la solvencia. La convertibilidad provocó un peso sobrevaluado que dificultaba la competición en los mercados mundiales, por lo que retrocedieron exportaciones industriales. Pagar los vencimientos de la deuda requería un enorme esfuerzo fiscal y una reducción de los gastos estatales (congelar salarios,suprimir partidas, achicar inversión). Todo ello profundizaba la recesión y reducía los ingresos de los impuestos. Los distintos problemas confluían en el “ajuste fiscal”. El Estado gastaba más de lo que percibía pues no recibía nuevos préstamos, por la recesión y porque durante la bonanza de los 90s no había controlado los gastos y había alimentadola maquinaria política y al sector de prebendados y depredadores que sorbían sus recursos. Los afectados de la necesidad de reducción fiscal(principalmente empleados estatales provinciales) reaccionaban violentamente y los gobernadores debían afrontarlos y a la vez negociar con el gobierno nacional. La política económica fue conducida por el ministro Machinea, combinando ajuste salarial, elevación de impuesto y reducción de gastos (poco). Apostó a la reactivación y trató de atraer a los empresarios reduciendo costos salariales mediante la reforma de la ley laboral, además, consiguió el apoyo del FMI que acordó fondos para el blindaje de la deuda externa: Aunque la situación no cambió y se alejó la posibilidad de nuevos préstamos. En 2001,asumió Murphy como nuevo ministro, quien apostó a reducir el déficit estatal mediante un dramático recorte de gastos. Hubo una reacción sociopolítica generalizada y el ministro abandonó su cargo inmediatamente. Entonces el presidente convocó a Cavallo (“padre de laconvertibilidad”) quien seconvirtió en un “súper ministro” y ensayó una solución no ortodoxa: cerrar las importaciones y reactivar las exportaciones industriales mediante estímulos fiscales. Sin embargo el elevado costo fiscal de esta política aumentó la desconfianza de inversores y la fuga de dólares. Se agregó otra dificultad: la nueva administración estadounidense (encabezada por Bush) retaceó su apoyo al gobierno. Cavallo entonces se concentró en la deuda externa: acordó con los acreedores un “megacanje”, permutando vencimientos inmediatos por otros a mayor plazo en interés. Intentó flexibilizar la convertibilidad, combinando en la paridad dólares con euros con resultados catastróficos. El Estado entonces, para recuperar la confianza de los inversores, en 2001 anunció un presupuesto de “déficitcero” : El Estado sólo pagaría el equivalente de lo que recaudara, cuyas consecuencias fueron los recortes de sueldos y jubilaciones, y la reducción de transferencias a las provincias. Pero por el alto riesgo país, nada cambió las expectativas de los inversores. Al avance de la crisis fiscal se le sumó la movilización social, aunqueen un principio el gobierno de la Alianza tuvo un razonable margen de maniobra, mientras que el peronismo (desarticulado) no lo obstaculizó sistemáticamente. A medida que se revelaba la fragilidad de la convertibilidad, la opinión pública apoyó al gobierno. A pesar del éxito electoral, la Alianza no funcionó como coalición de gobierno, pues la UCR tuvo fuertes fricciones con el grupo De la Rúa. El vicepresidente Álvarez (nexo entre Alfonsín y De la Rúa) procuró ampliar la Alianza dialogando con los no peronistas,mientras que el presidente apostaba a la colaboración entre justicialistas. Combinar tendencias y puntos de vista divergentes era posible, pero requería de un liderazgo, decisión y talento de los que De la Rúa carecía, por lo que los conflictos se agudizaron. El escándalo del Senado desencadenó la ruptura: En 2000, se aprobó la ley de reforma laboral y Chacho Álvarez (presidente del Senado) impulsó una investigación por un soborno para la aprobación de dicha ley por un grupo de senadores peronistas y radicales, pero los senadores se unieron para obstaculizarla y defender al cuerpo y el Álvarez solo tuvo un tibio respaldo del presidente, y este renunció. Esto desencadenó una crisis en el gobierno, pues los diputados delFrepaso se desgranaron. A fines del 2000, grupos desprendidos de la UCR, Frepaso y el socialismo constituyeron Afirmación para una República Igualitaria (ARI), encabezado por Carrió. Las medidas propuestas por Murphy acabaron con la mayoría que el gobierno tenía en Diputados. La designación de Cavallo distanció a Alfonsín, quien exploró la alternativa de un gobierno de unidad nacional capaz de abandonar la convertibilidad. Aislado de sus aliados y encerrado en un círculo reducido, el gobierno se enfrentó las elecciones legislativas en 2001, donde su desempeño fue malo, a diferencia de la izquierda y el ARI. Lo más notable fue el “votobronca” pues un porcentaje considerable de sufragistas votó en blanco o anuló su voto, mientras que otros ni se presentaron. Este fue impulsado por una campaña sistemática que dio forma y expresión a la disconformidad ciudadana: se culpaba a los políticos de las dificultades económicas, de no hacerse cargo de las demandas sociales y de preocuparse solo por defender sus privilegios. Protesta, crisis y final de la alianza: Las elecciones iniciaron la crisis final del gobierno. Los senadores peronistas eligieron a Puerta como presidente provisional del Senado tras la renuncia de Álvarez, anunciando que se preparaban para retomar el gobierno. El gobierno, sin el respaldo del FMI, comenzó a recortar todo tipo de gastos, lo que agudizó las reacciones. La crisis fiscal reactivó la protesta social. La singularizó su dimensión nacional, heterogeneidad y convergencia práctica,prendiendo primero en algunas capitales provinciales. Teniendo éxito primero en General Mosconi y luego en la Matanza en 2000. En 2001, las cosas fueron más duras: El déficit cero establecido por Cavallo y su secuela de recortes presupuestarios profundizaron el descontento. A fines de año, los vecinos de CABA pasaron de espectadores a participantes activos de una protesta que incluyó saqueo, violencia, represión y muerte en las grandes conurbaciones. Los protagonistas se fueron ampliando y renovando. Las dos CGT y la CTA convocaron a huelgas generales y organizaron marchas nutridas y turbulentas. Los trabajadores estatales fueron particularmente activos, sobre todo los docentes. En los municipios, la protesta se profundizó al sumar a organizaciones vecinales y otras redes de base territorial. Los principales actores fueron las organizaciones piqueteras con las que la Alianza decidió negociar y encargarles la distribución de los planes de ayuda. Lo que confirmó la intuición de los demandantes: el gobierno renunciaba a aplicar medidas universales y se ocuparía de aquellos que presionaranadecuadamente. Sin embargo, como los beneficios eran precarios, las demandas crecían y la competencia se intensificaba, las organizaciones debían permanecer activas para defender lo recibido y ampliarlo. En definitiva, el Estado subsidiaba y hacía crecer a los grupos que se habían organizado para presionarlo. Las organizaciones piqueteras estaban compuestas por jubilados, desocupados, ocupantes de tierra y familias necesitadas, y construirlas fue tarea de veteranos militantes, antiguos dirigentes sindicales y activistas políticos. Como novedad, hubo una alta participación de las mujeres, encargadas de las tareas comunitarias. Las organizaciones proliferaron, con distintas envergaduras y perspectivas, pero coincidiendo en la táctica (cortes de rutas y calles) y en la práctica organizativa (basada en asambleas), aunque diferían en sus perspectivas a largo plazo (para algunos el horizonte estaba en las puebladas y en la insurrección popular, mientras que otros apuntaban a la auto organización popular). Los subsidios estatales eran un punto esencial, pues solucionaban los problemas de los necesitados y posibilitaban el funcionamiento y la expansión de las organizaciones, pero estos debían considerarse una conquista, pues el Estado tenía la obligación de garantizar los derechos básicos de los ciudadanos. En 2001, las organizaciones piqueteras pasaron al primer plano, avanzando en su integración y coordinación, y se reunió la Asamblea Piquetera Nacional, que acordó un plan de acciones común que culminó con cortes de rutas en todo el país, aunque afloraron las diferencias estratégicas y hubo muchas escisiones. Las organizaciones veteranas (FTV y CCC), impulsaban Reformas sociales (ej. Seguro universal) que beneficiaran a desocupados y no desdeñaban negociar con las autoridades. Las impulsadas por la izquierda (PO, que luego conformaría el Bloque Piquetero) consideraban que existía en el país una situación prerrevolucionaria y orientaron sus acciones en dicho sentido. Debido a la imposibilidad de acceso al crédito internacional por el alto riesgo país, se corporizó el fantasma del default (declaración del cese de los pagos de la deuda). Para frenarla, Cavallo implementó el “corralito” : redujo la extracción de efecto de los bancos, aunque siguieron habilitadas las transferencias, los cheques y pagos con tarjetas. Se anunciaron nuevos corte spresupuestarios. Esta medida relanzó la protesta social: La desafección institucional, el cuestionamiento de todos los mecanismos de representación y la búsqueda de nuevos canales se manifestaron la adhesión al Plebiscito convocado por el FRENAPO, organizado por la CTA y otras agrupaciones, que proponía establecer un ingreso ciudadano básico. Durante las elecciones votaron 3.000.0000 de personas. Para entonces, la protesta había cambiado de rumbo: Las 3 centrales obreras organizaron un paro nacional con una adhesión casi unánime: en muchas ciudades hubo manifestaciones con actos de violencia, que luego se extendió a todo el país. La represión fue inconexa, pero dejó muertos y heridos. Luego comenzaron los saqueos, extendidos dada la pasividad policial y se movilizaron nuevos actores afectados por la crisis o movilizados por la indignación y desilusión (cacerolazos), por lo que el gobierno decretó el estado de sitio aunque avivó el conflicto, poniendo en movimiento a más gente. Se congregaban frente al Congreso o Plaza de mayo muchedumbres de reclamantes que fueron reprimidos. Cavallo había renunciado y el presidente convocó a un gobierno de unidad nacional, quien había perdido completamente el apoyo y al poco tiempo también renunció, como resultado de un derrumbe fiscal imparable. El año de la crisis (2002): Desde entonces, la crisis se desplegó en todo su alcance. Se conjugaron la crisis económica que originó el derrumbe de la convertibilidad, la crisis política derivada de la acefalía presidencial y profundizada por el cuestionamiento general a la legitimidad de los gobernantes, y la crisis social, alimentada por la económica y motorizada por las protestas y reclamos. Se desplegaron imágenes terroríficas: guerra civil, saqueos, quiebras en cadena, anarquía. Todo formó parte del “año de la crisis”. Recién a fines del 2002, los problemas parecían encaminarse a una solución. La crisis política transcurrió sobre un fondo de violentas manifestaciones sociales. La Asamblea Legislativa designó como presidente interino a Rodríguez Saá, quien debía llamar a elecciones inmediatamente para completar el mandato del presidente anterior. Pero este anunció que no se pagaría la deuda externa y encaró proyectos a largo plazo, por lo que perdió apoyo y debió renunciar. Por lo que designaron a Duhalde quien contaba con un gran apoyo de peronistas, radicales y en el Congreso, aunque la Justicia le era hostil. En la calle, los distintos grupos movilizando seguían reclamando con ira, por lo que la legitimidad del nuevo presidente no era sólida. El congreso resultó el ancla más consistente para el gobierno tras el fin de la convertibilidad. No había salida que pudiera conformar a todos y la cuestión se trataba de repartir las pérdidas. Cada actor presionaba por lo que consideraba suyo. Las primeras medidas fueron azarosas y contradictorias pero con efectos contundentes: dispuso de una devaluación del 40%, llevando el dólar a $1,40, y transformó en pesos las deudas en dólares, mediante la “pesificación asimétrica”: Se dispuso que las deudas se convirtieran a razón de $1 por dólar, mientras que los depósitos bancarios se pacificaban a razón de $1,40 por dólar. Simultáneamente, se extendió el corralito (corralón) a los depósitos a plazo fijo. Esta ruptura de los contratos dejaba muchas cuestiones por resolver y una gran discusión sobre cómo hacerlo. A los bancos se les prometió un bono para compensar la diferencia entre A creencias y deudas. Se reformó la ley de quiebras para proteger a los afectados. Muchos ahorristas recurrieron a la justicia para recuperar sus depósitos bancarios. La corte suprema amenazó con declarar inconstitucionales todas las medidas de excepción. Duhalde tomó una medida efectiva y de efectos perdurables: la creación del Plan Jefes y Jefas del Hogar, destinado a los desocupados, para el cual obtuvo fondos del FMI y del BID. Este apuntaba a la universalidad y su ejecución se derivaba de los intendentes, aunque daba participación a diversas organizaciones, como las piqueteras. La Suma entregada era modesta ($150 o 40 dólares), pero significativa. Los efectos tardaron meses en hacerse sentir. En unmomento, el gobierno perdió el control y el dólar se disparaba, al igual que la inflación y desocupación. La mitad del país se encontraba debajo de la línea de pobreza y una cuarta parte en la indigencia. El gobierno debía encontrarcómo satisfacer simultáneamente a ahorristas con depósitos acorralados, a bancos amenazados por corridas, a acreedores sin la posibilidad de ejecutar a los deudores. El FMI exigía cambios profundos que llevaran a un nuevo equilibrio (hiperinflación controlada). Tras ese cruce de intereses contradictorios, se desenvolvía una crisis social y de legitimidad política profunda. El doble cuestionamiento de la autoridad política y de la moneda impulsó el despliegue de la crisis social y política. En el año de la crisis, se agravó la situación de los perdedores de la gran transformación y se les sumaron nuevos segmentos. En un escenario exhibido por los medios, expresaron su ira y reclamos. También comenzaron a aparecer propuestas fragmentarias, utópicas pero creativas, pues para muchos la crisis fue una oportunidad para reorganizar a la sociedad. El escenario más visible y de mayor concentración de reclamos fue CABA, pues todos los días se daban protestas frente al Congreso o Plaza de Mayo con cacerolazos y vandalismo. Los unía la consigna “que se vayan todos” referida a políticos y otros grupos dirigentes. Cotidianamente aparecían piqueteros con palos y pasamontañas reclamando subsidios y planes. Por las tardes los vecinos se reunían en asambleas y al anochecer aparecían los cartoneros (familias y grupos organizados en busca de algo valioso en la basura). Otros vecinos se juntaban en clubes de trueque, para sustituir la moneda y mantener el mercado. Luego de derribar a dos presidentes (pensaban), su blanco era la Justicia, considerada el emblema de los aborrecidos 90s y para otros la esperanza de un fallo judicial que les devolviera sus ahorros. Los ahorristas eran los más violentos de los manifestantes, así como también el más centrado en un objetivo específico y contradictorio, la furia contra los bancos unía a deudores y a acreedores. La mayoría de vecinos asumieron la responsabilidad de construir el interés general, a través de asambleas barriales caracterizadas por la aspiración a la horizontalidad, al diálogo razonado y a una democracia directa que cerraba la brecha dejada por el fracaso político. Allí se establecieron relaciones solidarias con otros grupos (cartoneros) y se organizaron marchas y escraches (manifestaciones contra personajes odiados, como Cavallo). Los partidos izquierdistas se sumaron a las asambleas y trataron de imponer sus ideas, difícilmente conciliables con la autogestión vecinal. A fin de año, las aguas se separaron y predominó un anhelo de una salida ordenada para la crisis. Hubo otros colectivos notables: Los cartoneros, familias enteras con base en los barrios del conurbano ligadas al mercado, con interés en metales, papeles o cartón y prestos a construir los circuitos articuladores de la recolección, y los trabajadores que se hicieron cargo de las fábricas abandonadas y las pusieron en funcionamiento, con ayuda estatal que alternaba entre asistencia social y rigor judicial. También estaban los clubes de trueque. En su capacidad de contención para los más necesitados, apostaron a la construcción de un sistema auto gestionado (alternativo al mercado), aunque cuando la economía recupero su estabilidad declinaron rápidamente. Las organizaciones piqueteras fueron las grandes protagonistas, pues crecieron por la creación del Plan Jefes y Jefas de Hogar, que multiplicó la ayuda social estatal. La mayor parte fue repartida a través de las redes vinculadas al aparato justicialista, mientras que otras se destinaron a las organizaciones piqueteras. Les era fácil obtenerlas, pues el gobierno cuya prioridad era apagar el conflicto social. Estas organizaciones fueron islotes singulares en el conurbano, que convivieron en competencia con la red de base estatal. Los planes asistenciales y las contraprestaciones permitieron desarrollar la dimensión asistencial (comedores, talleres, iniciativas autogestivas)pero todas las conquistas eran precarias y discrecionales. Pertenecer a una agrupación consistía en participar regularmente de las marchas para defender lo conseguido, recuperarlo o acrecentarlo. Los planes y subsidios fueron el centro de las organizaciones y el origen de sus diferencias. La FTV y la CCC (grandes y tradicionales) privilegiaron el acuerdo estable con las autoridades peronistas, otras se preocuparon por consolidar el núcleo social y la defensa militante. Un bloque mayoritario se reunió en el Bloque Piquetero(izquierda, polo obrero), convencidos de la inminencia del momento revolucionario (argentinazo). El gobierno tendió a negociar con las organizaciones, aunque en ocasiones reprimió: En un caso, la policía bonaerense intentó detener una marcha en Avellaneda y asesinó a 2 militantes (Kosteki y Santillán), lo cual tuvo mucha repercusión política y exacerbó la movilización piquetera y estrechó los vínculos con los vecinos movilizados. Las marchas eran diarias y caóticas. La táctica era efectiva, y la estrategia revelaba la convicción de que nadie tenía derecho a ignorar los padecimientos de los perdedores. Quiénes vivían en las ciudades tenían sentimientos mezclados: solidaridad con quienes reclamaban y fastidio por los contratiempos. Entre orden y represión había una frontera borrosa, pues el gobierno no podía controlar completamente a la policía o gendarmería, por lo que hubo una oscilación entre aceptar el derecho a la protesta y el de mantener el orden, que con el tiempo fue inclinándose hacia una represión solapada, practicada lejos de las cámaras. Duhalde se desprendió de su ministro Lenicov (quien se había encargado de la devaluación y pesificación) y designó a Lavagna, quien lo acompaño hasta el final de su mandato. Duhalde resolvió razonablemente bien la crisis política y Lavagna dirigió el tránsito de la crisis a un crecimiento económico notable, lo que se debió tanto a la pericia del ministro como al cambio del contexto nacional e internacional: La salida de la convertibilidad, además de dejar un tendal de damnificados y un país en la miseria, creó las condiciones para la recuperación fiscal y económica. Los salarios cayeron un 20%, y las jubilaciones, un %50, lo que significó un alivio para el Estado y las empresas, que fueron estimuladas por la reducción de las importaciones (por la devaluación) y por el congelamiento de tarifas de servicios, que el gobierno impuso a empresas privadas. La inflación incrementó los ingresos fiscales, mientras que los gastos debieron reducirse por el cese total del financiamiento externo. También aumentó el precio y la demanda internacional de la soja, por los países asiáticos. Así, la producción se recuperó y en 2003,duplicó la de 1998. El gobierno impuso una retención a las exportaciones del 23,5% y esos ingresos tonificaron las cuentas fiscales. Desde entonces, el superávit fiscal primario y el superávit comercial fueron los pilares de la recuperación económica. Sobre esa base, Lavagna comenzó a desmontar todos los conflictos generados por la salida de la convertibilidad. Los problemas eran muchos, y ninguna solución podía satisfacer a todos. Muchos propusieron salidas drásticas, que ignoraban los costos y el criterio de equidad, pero se optó por buscar soluciones intermedias, regulando los tiempos y ayudando a restablecer una autoridad política. Lo más urgente era restaurar la confianza en los bancos y encontrar soluciones para los ahorristas: Lavagna ofreció a los depositantes una serie de bonos optativos, que fueron aceptados gradualmente con la mejora de la credibilidad en el fisco. Con las provincias, redujo el envió de fondos, pero absorbió todas las cuasi monedas y los bonos emitidos desde 2001. Lo más difícil fue la negociación con el FMI, pues no cumplir con esos pagos implicaba una ruptura con el mundo financiero. Este se negaba a cualquier refinanciación si el gobierno no realizaba reformas drásticas, inaceptables para la sociedad y letales para la recuperación económica. Lavagna negoció largamente, pagó a veces y dejó de hacerlo en otras, concedió algunas de las demandas e ignoró otras, contó con el apoyo del gobierno estadounidense. Así, en 2003, firmó un acuerdo transitorio para refinanciar los pagos vigentes. Paulatinamente, los indicadores de la crisis mejoraron: bajó la inflación y el dólar se estabilizó. La bonanza fiscal, la política de subsidios y una reactivación económica tranquilizaron los ánimos. En vísperas electorales, se liberó parte de los ahorros y se convirtió a los restantes en solidos bonos en dólares. La mejora económica facilitó la salida política, complicada por la falta de legitimidad electoral y de dinero de Duhalde. El episodio de las muertes de Kosteki y Santillán lo decidió a acortar su mandato y a autoexcluirse de la candidatura, lo que mejoró su situación, pues conservaba un gran poder para incidir en la elección de su sucesor, siendo apoyado por los gobernadores y del Congreso. La salida electoral estaba llena de incertidumbres, pues la ley electoral disponía que en cada partido se realizaran elecciones internas abiertas, pero los partidos estaban en crisis y no representaban mucho. El candidato de Duhalde debía competir contra Menem, quien era apoyado por muchos peronistas y contra Rodríguez Saá. Duhalde si bien era apoyado en el conurbano gracias a la asistencia social, carecía de un candidato adecuado y este decidió cambiar las reglas electorales: suspendió las internas abiertas, para evitar el triunfo de Menem, habilitando la presentación de candidatos justicialistas y apoyó a Néstor Kirchner(gobernador de Santa Cruz), cuyo apoyo sumó muchos votos. El PJ, entonces, concurrió con tres candidatos. Surgieron dos candidaturas exradicales: Murphy (defensor de la rigurosidad fiscal) y Carrió (impugnadora de la corporación política), ambos de principios republicanos. En la primera vuelta, se impuso Menem 24% y le siguió Kirchner 22%. El peronismo mejoró notablemente su performance, pues los tres candidatos justicialistas lograron el 60% de los votos, mientras que la UCR (con Moreau), obtuvo el 2%. Era el fin del bipartidismo. Menem renunció a la competencia y privó a Kirchner de una adecuada legitimación electoral. Pero la elección había sido exitosa y mostró una renovada convalidación del sistema representativo. Los partidos políticos habían quedado en el camino, pero el régimen democrático supero la crisis al igual que la economía. PEDROSA, Fernando y FEDERICO, Antonio (Comps.) (2023). Artículo de la unidad: “Auge y decadencia del desarrollo económico en la Argentina” -Claudio Iglesias. ¿Cómo 1 país rico y estable termino en decadencia y estancada? Para el autor esto se relaciona a 3 cuestiones: a- Mejora del ingreso por habitante (salario) b- Nivel de desempeño del país c- Distribución del ingreso Se supone que estas cuestiones están en la cabeza de los ciudadanos y para ellos son prioritarios, sin embargo, están desplazadas en la agenda política (no son discutidas por los políticos) ya que ellos se enfocan en el equilibrio de la coyuntura (que no “estalle” todo) y no se enfocan en estas 3. ¿Cuáles son los factores + influyentes para la mejora del nivel de vida de 1 sociedad? El autor propone 3 respuestas posibles y el análisis de cada una de ellas: a- Aumento en la proporción de personas que producen B y S. b- Destinar más recursos a la fabricación de B de consumo en lugar de B de capital c- Aumentar la capacidad productiva de la sociedad Análisis a- El nivel de vida mejora si hay más gente que produzca B y S, pero esto resulta imposible ya que no se puede aumentar el tamaño de la población ocupada, por cuestiones de edad, leyes, etc. b- Los bienes de consumo , son aquellos que se compran para ser consumidos en el momento, por ej. una tele. Los bienes de capital son aquellos que sirven para fabricar los B de consumos, por ej. una maquina que ayude a la fabricación de teles. Teniendo esto en cuenta, destinar más recursos a la fabricación de B de consumo supondría un problema a futuro. Entonces aumentar el consumo actual a costa del consumo futuro no es razonable. c- Este es el único que si permite una mejoría en la renta por habitante y en su nivel de vida. Entonces para un mejor nivel de vida hay que aumentar la capacidad productiva, el PBI (producto bruto interno). ¿qué fue lo que vino haciendo Arg en todo este tiempo? Inflacion y crecimiento eco de las ults decadas: 1975-1985: Act eco estancada. Inflacion Elevada. 1985-1995: Crecimiento positivo del PBI. Inflacion alta (en promedio era alta pero con la ley de convertibilidad esta baja considerablemente) 1995-2005: Crecimiento positivo del PBI. Brusco descenso de la Inflacion (ley de convertibilidad). 2005-2015: Crecimiento positivo. Inflacion baja. -> estos datos son cuestionados por una posible manipulación de los datos. Desde 2011: Crecimiento de la Inflacion. Bajo crecimiento del PBI. Crecimiento de la pobreza. ¿Causas? Inhabilidad de los gob para bajar la inflación, malas estrategias para lograr 1 buena tasa de crecimiento. Balance de las ult decadas: -incapacidad de la elite para formar acuerdos escenciales -Se le dio prioridad a los objetivos de cada gob, empeorando la situación de aquellos objetivos ignorados (1 gob le daba prioridad a sus objetivos y los que qdaban en 2do plano empeoraban) Por ej: 1989-1999: El foco dado al crecimiento desestimo otros y colapso. 2002-2015: el foco en la distribución del ingreso desestimo la eficiencia eco y termino en estancamiento. El economista Marcus Olson plantea que los países que crecen son aquellos que ponen el foco en el aumento de la productividad económica, y a aquellos que no crecen son lo que protegen sectores de la eco en vez de aumentar la productividad (como Arg). Análisis del autor a los ult 70 años del país: 1- La industrialización por sustitución de importaciones es anterior a los años 40´s, antes de Perón (Arg presentaba 1 modelo agroexportador y gralmente se dice que luego de Perón se toma el modelo de sustitución, en el que se deja de importar y se comienza a fabricar esos B en las empresas nacionales, pero el autor dice que eso en realidad sucede en los 30´s) 2- Años 40-50´s: emergencia de 1 sector estatal ligado a los S públicos y a la defensa nacional. El peronismo no aumenta el modelo industrial, sino que hace crecer el sector estatal (empleados públicos) y gasta en S públicos y defensa nacional. Generando 1 sector ineficiente. Entonces a partir del peronismo se dan 2 fuentes de ineficiencia eco: 1) Crecimiento del sector productor de manufacturas protegidas (demandante de divisas) y declinación del sector agroexportador (oferente de divisas)-> crece la fabricación de B de consumo, pero no de B de capital, entonces al haber más B de consumo se requieren de B de capital, las cuales son importadas, por lo que el sector industrial requiere de dólares, es decir, es demandante de divisas, y el único sector capaz de dar dólares es el agroexportador, en cual comienza a declinarse en los años 30´s, provocándose un déficit de cta cte (gastamos mas plata importando que la que ganamos exportando) 2) Duplicación del sector de la administración pública. -> el sector estatal crece, por lo que el E deberá pagar mas salarios, pero no cta con la plata suficiente, provocando un Déficit del Presupuesto (40´s). ¿cómo salir de esta situación? Soluciones de la historia Arg: 1973-1975: privilegiar el consumo controlando la inflación mediante controles y políticas de renta. 1975-1976: licuar pasivos del E -> intentar acabar con la deuda mediante la emisión de bonos. 1976-1979: liberar cuenta de capital ->regular el sector financiero. 1983-1989/2002-2005, hasta hoy: cobrar a los sectores capaces de generar un excedente Recientemente: cuando no alcanzaba la plata el estado pidió prestado generando + deudas, o imprimió mas plata en el Bco central, lo que produjo brees ciclos de crecimiento, detención y crisis. Ult décadas: hay cultura política en la división y el conflicto (según el partido al mando se protege a 1 sector y no a otro) de esta manera Arg termina en los ults puestos de los países. El autor propone una eco liberalizada y dejar de insistir por el camino de los subsidios o penar el ahorro. PEDROSA, F., DEICH, F. y NOCE, C. (Comps.) (2021). Artículo de la unidad: “Algunas consideraciones en torno al concepto de “democracia delegativa”- Paula Bertino Las DDs surgieron en función de la necesidad de caracterizar a los regímenes políticos postransicionales de la década de 1980 en América Latina. Democracias que no se correspondían con los modelos teóricos existentes. Tampoco con los ejemplos prácticos de democracias que habían existido en años anteriores. No se adjuntaban a las tipologías previas. SURGIMIENTO DE LAS DEMOCRACIAS DELEGATIVAS Historia contemporánea- América Latina ha sufrido recurrentes crisis políticas, económicas y sociales. Siglo XX esas crisis se intentaron resolver a partir de la imposición de regímenes no democráticos, derivados de golpes militares. Una ola de democratización se inició en la década del