Historia - 5to, Unidad 2, Segunda Parte - Sotomaior - PDF

Historia - 5to año Prof. Sotomaior Ribeiro, Oriana. Unidad 2, segunda parte. Hacia una comprensión del período 1955-1966 Como dice César Tcach (2001), para 1955, la oposición tanto civil, como militar y eclesiástica al gobierno de Perón ya no podía ser más amplia. A diferencia de lo...

Historia - 5to año Prof. Sotomaior Ribeiro, Oriana. Unidad 2, segunda parte. Hacia una comprensión del período 1955-1966 Como dice César Tcach (2001), para 1955, la oposición tanto civil, como militar y eclesiástica al gobierno de Perón ya no podía ser más amplia. A diferencia de los golpes de 1930 o 1943, la revolución que se inicia en septiembre de 1955 contará con el apoyo del conjunto del arco político partidario. Eduardo Lonardi, el nuevo presidente, se había levantado en armas arengando a las tropas con el lema “Por Dios y por la Patria”. Pronto, la cuestión peronista se convirtió en el hilo conductor de los enfrentamientos que separaban a los lonardistas de sus adversarios. La raíz de la discordia apareció en el primer discurso del presidente, en donde anticipó que defendería los derechos de los “hermanos Trabajadores”, y en otro discurso apeló a que no habría “ni vencedores ni vencidos”. Era necesario legitimar la revolución de septiembre ante los ojos de los trabajadores, y es por ello que Lonardi enarboló una terminología fraterna para con los vencidos. Fue así que, presionado por un grupo de oficiales del Ejército, (que consideraban al presidente como un “tibio”) que contaban, además, con el aval de la Marina, Lonardi debió renunciar el 13 de noviembre. Culminaban así 60 días en los que el escenario político se había convertido en un verdadero laboratorio de ensayo, donde distintas fórmulas trabadas en competencia, dejaban al desnudo los problemas centrales del país. Presidencia de Aramburu La asunción del nuevo presidente, Pedro Eugenio Aramburu, fue recibida con beneplácito por el conjunto del arco político. Esta presidencia tenía como prerrequisito la reeducación colectiva de las masas peronistas. Es decir, disolver su identidad política, para ser reabsorbidos por otras fuerzas democráticas. La consecución de los objetivos mencionados, significaban el despliegue de un conjunto de medidas que combinaban la persuasión con la represión. Desde la didáctica ilustración de hechos de corrupción, y “traición a la patria” adjudicados al “tirano prófugo” por la Comisión Nacional de Investigaciones, hasta la imposición y el ejercicio de normas de exclusión. El objetivo era adiestrar a las masas peronistas. Aramburu intervino por decreto la CGT, disolvió el partido peronista, inhabilitó a sus integrantes para obtener empleos en la administración pública y proscribió de la representación gremial a quienes habían ocupado cargos sindicales a partir de 1952. En 1956 un grupo de militares retirados, apoyados por civiles, impulso un levantamiento encabezado por el general Juan José Valle. Intentaron tomar la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, y se hicieron fuertes por un tiempo en el regimiento 7 de Infantería de La Plata. Sumado a esto, grupos de civiles también realizaban acciones aisladas. El uso de la violencia política por parte de las masas peronistas estaba en consonancia con las instrucciones emanadas por su líder desde el exilio. Su resultado, empero, fue trágico. El gobierno implantó la Ley Marcial y fusilo a 6 militares sublevados. 18 civiles fueron ejecutados en Lanús y también un grupo de obreros que, al parecer, no estaban vinculados con la sublevación (hecho conocido como Operación Masacre). Estos hechos pusieron al desnudo una nueva dimensión para los argentinos, la pena de muerte por razones políticas. Presidencia de Frondizi Frondizi, acompañado por la influyente revista Qué, dirigida por Rogelio Frigerio, articulo su campaña en torno a la oposición pueblo/oligarquía, aseguro que se pretendía imponer una Constitución con aroma a perfumería de moda y calle Santa Fe (en alusión a la coqueta avenida de la Capital) y personalizó su prédica a través de discos que exaltaban su figura. El 4 de febrero de 1958, el general Perón anunció en una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Santo Domingo, donde se hallaba exiliado, su respaldo a la candidatura de Frondizi. El acuerdo entre ambos dirigentes fue el punto final de una serie de conversaciones ente ambos. En virtud de este acuerdo, Frondizi se comprometía a poner en práctica una amplia amnistía, reconocer legalmente al justicialismo y eliminar las trabas a la consolidación de la CGT. Ahora, Tcach (2001) nos dice, ¿Las promesas de Frondizi eran suficiente garantía para Perón? Seguramente no, dado que era fácil prever que el levantamiento de la proscripción afectaría la estabilidad del gobierno electo. Pero Perón, proseguía otros objetivos: En primer lugar, después del pacto, ya no cabía hablar de la desaparición del peronismo. Este acuerdo lo relegitimó como actor político independiente en la escena nacional. En segundo lugar, el pacto permitió a Perón reafirmar su posición de predominio en el interior del justicialismo. Así, hechó por tierra las expectativas de quienes esperaban sucederlo. Pronto, las calles de las ciudades aparecieron pintadas con la leyenda: “La orden es: Frondizi el 23”, en alusión a la fecha de los comicios. En apariencia Frondizi estaba destinado, como decía su propaganda, a “veinte millones de argentinos”. Fue eficaz: apoyado por nacionalistas y comunistas, por ateos de izquierda y católicos fervientes, el 23 de febrero su triunfo fue arrasador. Cuando asumió a la presidencia, en mayo del 58, tenía 49 años. De aspecto profesoral. Su acción se inspiraba en un clima de época: los dos grandes proyectos desarrollistas de América del Sur, el suyo y el del presidente brasileño Kubitschek (1965 – 1961), eran respuestas que se vinculaban al agotamiento de las experiencias populistas sustentadas en el Estado, el mercado interno y las economías cerradas que la 2GM había contribuido a sostener. En el nuevo contexto internacional, marcado por el patrón dólar y la liberización económica (en 1956 la Argentina había adherido al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial), la “teoría histórica de la transición al desarrollo”, como orgullosamente la denominaban los frondicistas, suponía la necesidad de conciliar políticas de expansión industrial a través de una capitalización originada en recursos externos con la vigencia de prácticas electorales e instituciones típicas de la democracia representativa. Si por una parte esta fórmula implicaba reconocer la importancia de los capitales extranjeros para desarrollar el país, por la otra suponía también la necesidad de una sociedad integrada en la que el proletariado y sus sindicatos tuvieran su lugar al sol. Sus primeros cuatro meses de gobierno estuvieron marcados por una fiebre de iniciativas. Hizo aprobar en el Congreso Nacional una ley de amnistía y derogación de las inhabilitaciones gremiales, anuló el decreto que prohibía el uso de símbolos peronistas y concedió un aumento salarial del 60%. Asimismo, la ley 14.455, de asociaciones profesionales, confirmó el poderío de la CGT y el predominio peronista en los sindicatos, al estipular la negociación laboral por industria y la ausencia de minorías en la representación gremial. Como en 1945, autorizaba su control de las obras sociales. Ciertamente, estas medidas estimularon la benevolencia inicial del Consejo Coordinador y Supervisor del peronismo —organismo avalado por el líder exiliado— y de numerosos dirigentes sindicales. Para la UCRP, para los políticos de la derecha liberal antiperonista y para las Fuerzas Armadas, en cambio, se completaba el círculo que se había iniciado con el pacto: Frondizi había roto el "hilo conductor" de la Revolución Libertadora. El guiño hacia el movimiento obrero peronista fue acompañado de otro dirigido a la Iglesia Católica. Frondizi y su ministro de Educación, Luis Mac Kay, remitieron al Congreso un proyecto para legitimar y reglamentar el funcionamiento de universidades privadas. Situada a contraviento de la tradición laica de la Reforma Universitaria de 1918, la iniciativa indignó a amplios sectores de la cultura y el movimiento estudiantil. Las consignas delataban el clima ideológico y político en que se inscribía el conflicto. Si "Los curas a los templos, la escuela con Sarmiento" reivindicaba la tradición liberal decimonónica, "A la lata, al latero, que manden a los curas a los pozos petroleros" aludía a la lucha de los obreros petroleros de Mendoza que protestaban contra los contratos proyectados por Frondizi. Los sectores católicos, también movilizados, replicaban: "Laica es Laika" en referencia a la perra que la Unión Soviética había enviado en un vuelo espacial. La aprobación parlamentaria del proyecto gubernamental tuvo para Frondizi un costo político: liquidó a las agrupaciones estudiantiles del frondicismo universitario. La política de atracción hacia los "factores de poder" se combinaba con la necesidad de seducir a los inversores extranjeros. En este aspecto fue central la "batalla del petróleo", pomposo nombre con el que se dio a conocer la iniciativa presidencial destinada a permitir al capital extranjero la exploración y explotación de las reservas petrolíferas. El primer semestre de 1959 puso punto final a las expectativas de aquellos sectores que — desde el interior de la UCRI o el peronismo— se habían inclinado por fórmulas de reconciliación política e integración social. En enero, la implementación de un duro plan de estabilización económica y austeridad fue seguida de las renuncias a sus cargos de las figuras que representaban la posibilidad de contemporizar con el peronismo y el movimiento obrero. Con motivo de la renovación parcial de las legislaturas provinciales, el PJ fue excluido de la arena electoral, aun en aquellas provincias —como Mendoza, San Luis o Corrientes— en las que se le había reconocido personería jurídica. El 29 de mayo, el allanamiento efectuado por la Policía Federal en la sede del Consejo Coordinador partidario (en el preciso momento en que se disponía a celebrar una conferencia de prensa) fue el detonante de la ruptura final. El 11 de junio, Perón denunció que Frondizi había traicionado el pacto preelectoral. El plan de estabilización adoptado por el gobierno nacional (reducción del gasto público, liberación de precios, limitación de los aumentos salariales) profundizó en lo inmediato la brecha recesiva. En este marco, la protesta sindical se desarrolló en condiciones desfavorables. Al temor al desempleo se sumó la militarización de los conflictos. El recrudecimiento de las huelgas y el sabotaje como instrumento de resistencia obrera tuvieron como contrapartida una participación cada vez más franca de las Fuerzas Armadas en la represión. Las huelgas fueron declaradas ilegales y el Partido Comunista fue proscripto. El plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) permitió al gobierno de Frondizi encarcelar a millares de personas, acusadas de ser izquierdistas o pertenecer a la resistencia peronista. Esta norma otorgaba facultades judiciales al Poder Ejecutivo Nacional y permitía la participación de las Fuerzas Armadas en la represión interna. Si en sus orígenes la instalación de la idea de "guerra" en las FF.AA. parecía reducirse a un eco del conflicto Este-Oeste ("Guerra Fría"), tras la caída de Perón fue marcada por la impronta específica de la coyuntura histórica argentina: la lucha contra el "tirano prófugo" y sus seguidores fue homologada a la lucha contra el comunismo. Esta visión bélica de la política alimentó, durante el período de Frondizi, una fórmula reiterativa y sistemática de presión militar: el "planteo". Esta modalidad de intervencionismo militar limitó la autonomía de Frondizi para elegir a sus propios funcionarios, particularmente, en el área de la Secretaría de Guerra. Tiempo después, en un contexto más favorable, Frondizi se animó a exhibir gestos de independencia. Se entrevistó con Ernesto "Che" Guevara, quien había arribado a Montevideo para representar a Cuba en una conferencia convocada por la OEA, y poco después decidió la abstención de la Argentina en la reunión de cancilleres que en Punta del Este resolvió excluir a Cuba de ese organismo. Finalmente, Frondizi fue obligado a romper relaciones con Cuba. La prueba de fuego tuvo lugar en marzo de 1962. Con motivo de los comicios para elegir gobernadores y renovar parcialmente las legislaturas, el peronismo fue autorizado por el gobierno a participar en las elecciones. Con las excepciones de Córdoba, donde resultó elegido gobernador Arturo Illia; Mendoza, donde venció el Partido Demócrata, y Capital Federal, donde ganó la UCRI, el peronismo impuso su predominio en la mayor parte del país. Presionado por los militares, Frondizi fue obligado a disponer la intervención federal a las provincias en las que ganó el peronismo. El 29 de marzo fue arrestado y recluido en la isla Martín García. Presidencia de Guido Luego de esto, se dio la asunción del presidente del senado, José María Guido. Éste, complaciente con los promotores del levantamiento militar, anuló las elecciones de marzo y dispuso el envío de interventores federales a las provincias. Una segunda nota distintiva de su interregno fue la renovada influencia de la Argentina tradicional, en términos genéricos, liberal en lo económico, conservadora en lo político y reaccionaria en lo cultural. Presidencia de Illia En 1963 se empleó por primera vez en la historia electoral argentina el sistema de representación proporcional en los comicios presidenciales. Arturo Illia obtuvo cerca del 25% de los sufragios. El nuevo presidente, de 63 años, pertenecía a la generación de antiguos militantes radicales que se había fogueado en las luchas contra el conservadurismo en la década del 30 y el peronismo después. Habiéndose iniciado como médico de los obreros ferroviarios en Cruz del Eje, recorrió gradualmente todos los escalones de la carrera partidaria. Consecuente con la tradición yrigoyenista reacia a las políticas de alianzas, la presencia de extrapartidarios en su gobierno se redujo a puestos secundarios o cargos diplomáticos. Estos datos, lejos de ser anecdóticos, reflejaban un modo de hacer política donde la matriz partidaria, en contraste con el gobierno de Frondizi, era central. En un doble sentido: gobierno de partido y no de técnicos, y gobierno de un solo partido. De acuerdo con lo postulado en su plataforma electoral, el gobierno anuló por decreto los contratos petroleros firmados por el gobierno de Frondizi con empresas extranjeras. Pese a las presiones ejercidas por el embajador norteamericano, Mc Linton, y el delegado del presidente Kennedy, Averel Harriman, el presidente se mantuvo firme en su postura. Tampoco persuadieron a Illia los argumentos frondicistas que destacaban los grandes avances realizados desde el punto de vista del autoabastecimiento petrolero (cercano a un 95%). Su negativa a ceder se fundaba en motivos ideológicos (defensa de la soberanía nacional), político/partidario (cumplir lo prometido en la campaña electoral) y de orden pragmático (al darse por supuesta la viabilidad de un relanzamiento de YPF en colaboración con el ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) de Italia). Al desagrado generado por la iniciativa gubernamental en los inversionistas extranjeros, se sumó pronto el de los empresarios nucleados en la Unión Industrial Argentina, quienes criticaron el "intervencionismo estatal", empeñado en poner límites al aumento del precio de los productos de la canasta familiar. En rigor, en la política económica y social del gobierno se combinaban criterios keynesianos de intervencionismo estatal, la influencia de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), favorable a una nueva inserción de la periferia en la división internacional del trabajo, y los viejos postulados reformistas (centrados en la distribución y el mercado interno) que los radicales intransigentes habían hecho suyos desde la década del 40. En el verano de 1964, el gobierno dio una nueva señal en esa dirección. Envió al Parlamento un proyecto de ley que congelaba el precio de los medicamentos, a los que describía como "bienes sociales". La ira de los grandes laboratorios no tardó en hacerse sentir, y al inicial desagrado norteamericano por el tema petrolero, se sumó el enojo de Suiza, que al año siguiente puso obstáculos al refinanciamiento de la deuda externa argentina desde el Club de París. En el ámbito militar, el gobierno obró con prudencia. Mantuvo al general Onganía como comandante en jefe del Ejército. Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia permanecieron en sus cargos. Del mismo modo, la Iglesia Católica pudo respirar tranquila. A principios de 1964, la detección de un incipiente grupo guerrillero en Salta puso a prueba el apego de Illia al esquema republicano de gobierno. Los integrantes del EGP (Ejército Guerrillero del Pueblo) fueron reprimidos sin apelar al Ejército y juzgados de acuerdo con las normas del Código Penal. Era la cuestión sindical el eslabón débil de la política gubernamental. La aprobación del "salario mínimo, vital y móvil" y de una Ley de Abastecimiento (de dudosa efectividad) distó de contentar a la CGT. Es que el gobierno quería modificar la Ley de Asociaciones Profesionales para romper el monolitismo peronista en los sindicatos. La respuesta de éstos fue un duro plan de lucha que incluyó ocupaciones de fábricas y, en muchos casos, retención de sus directivos. Millones de trabajadores participaron en las protestas y se ocuparon más de once mil establecimientos industriales. Mientras los sectores empresarios exigían que se respetaran el derecho de propiedad y la libertad de trabajo. La condena a la lentitud gubernamental, en la que todos parecían coincidir, tenía un significado más profundo. Era sinónimo de ineficacia para modernizar la Argentina. El triunfo peronista en las elecciones de marzo y, poco después, la renuencia del presidente Illia a enviar tropas a la República Dominicana aceleraron los aprestos golpistas alentados por los generales Onganía y Julio Alsogaray. El primero ya había formulado en la V Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en West Point, Nueva York, su opinión respecto de la legitimación de los golpes militares. Éstos serían legítimos en el caso de que los gobiernos electos usaran sus prerrogativas constitucionales para desvirtuar los valores occidentales y cristianos. La teoría de las fronteras ideológicas y su corolario (la noción de "guerra interna") se afianzaban cada vez más entre los militares argentinos. La hora de la espada había sonado una vez más en la Argentina. La dilatada campaña golpista culminó el 28 de junio de 1966 con el derrocamiento de Illia por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. O´Donnell (1982) nos comenta que, el golpe de junio de 1966 venía siendo abiertamente discutido y propiciado desde por lo menos un año antes. Cuando el 28 de junio de 1966, los comandantes en jefe de Ejercito, Marina y Aeronáutica deecidieron actuar, bastó con que el general Alsogaray, acompañado de una pequeña escolta, obligara al doctor Illia a abandonar la Casa Rosada. En las fuerzas armadas casi no hubo oposición al golpe. Tampoco, salvo la actitud del doctor Illia y sus colaboradores, hubo intento civil por impedirlo. En los días siguientes fue claro que (salvo el partido radical expulsado del gobierno, algunos pequeños partidos y buena parte de los medios universitarios) el golpe contaba con la aceptación de gran parte de la población. Y, por cierto, de casi todas las organizaciones de la sociedad. El golpe argentino de 1966 tuvo la aquiescencia de buena parte del sector popular y, además, contó con el apoyo de la mayor parte de los dirigentes sindicales a nivel nacional. El golpe también fue aprobado por el peronismo, y por Perón. Aparentemente, el golpe de 1966 era solo contra un gobierno ineficaz e irrepresentativo, cómplice pasivo del aducido desorden imperante (no contra el sector popular, sus organizaciones y sus expresiones políticas). Bibliografía Novaro, Marcos: Historia de la Argentina 1955-2010. Editorial Siglo XXI. Caps. 2 y 3. O´Donnell, Guillermo: El Estado Burocrático Autoritario. Buenos Aires. Editorial de Belgrano 1982. Cap. 2. Tcach, César: En Nueva Historia Argentina. Tomo 9, capítulo 1, “Golpes, proscripciones y partidos políticos”. Editorial Sudamericana S.A.R. 2001. Buenos Aires.