Escrito Científico: Garantías de Acceso a la Información en el Sistema Penal Mexicano PDF

UNID TEJUPILCO MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO ACTIVIDAD: ARTÍCULO CIENTÍFICO: GARANTÍAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA PENAL MEXICANO: EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS. MATERIA: DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DICENTE:...

UNID TEJUPILCO MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO ACTIVIDAD: ARTÍCULO CIENTÍFICO: GARANTÍAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA PENAL MEXICANO: EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS. MATERIA: DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DICENTE: MARCO ANTONIO TÉLLEZ JAIMES DOCENTE DR: JOSÉ REFUGIO ROSILES SÁNCHEZ TEJUPILCO, MEXICO, AGOSTO 2024. Garantías de Acceso a la Información en el Sistema Penal Mexicano: Evaluación y Perspectivas. Marco Antonio Téllez Jaimes Alumno: Unid campus Tejupilco. Resumen El derecho a la información es uno pilares más importantes tanto en la administración de justicia, y resalta como un derecho de carácter fundamental constitucional y procesal en un sistema democrático como en México, además, es una garantía del debido proceso. Por tal, en este artículo se desarrollará brevemente las garantías del imputado y víctima de acceso a la información en el sistema procesal penal mexicano, , donde se trata de identificar los derechos a los mismos; por otro lado, se verá los principales desafíos y proponen diversas perspectivas de mejora. A través de este análisis crítico del marco legal y su aplicación práctica, se busca proporcionar una visión comprensiva de cómo este derecho de acceso a la información se implementa y las implicaciones que tiene para el sistema de justicia procesal penal en México. Palabras clave: derecho a la información, sistema procesal penal mexicano, garantías procesales, transparencia, justicia penal. Introducción El acceso a la información es un derecho humano reconocido en nuestras leyes nacionales e internacionales, de ahí que este derecho juega un rol crucial en la transparencia y rendición de cuentas del sistema de procuración e impartición de justicia. En ese contexto en el proceso penal, es esencial para asegurar un juicio justo, equitativo y transparente donde exista la certeza jurídica del derecho de acceso a la información sobre el proceso. En México, a la actualidad su implementación de este derecho enfrenta diversos desafíos, tanto a nivel normativo como en su aplicación práctica, ya que existe negativa en ocasiones de los organismos garantes de la información. Marco Teórico. El marco teórico al derecho a la información en el proceso penal, se encuentra respaldado por varios instrumentos nacionales e internacionales. Y partiendo a su análisis de estudio, se hace una relación de estas leyes que desde un punto de vista de cuales son más importantes en su en su aplicación, lo que se pretende es analizar las más relevantes e importantes para el proceso penal, de las cuales podemos anunciar las siguientes: Artículo 6°. y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos.  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Convención sobre los Derechos del Niño. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ley Federal de Archivos. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ley Federal de Derechos. Reglamento Interior de la SFP. (secretaria de la función pública) Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública. Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de Versiones Públicas. Metodología Este estudio se basa en una revisión de carácter documental, realizando un análisis cualitativo del contenido de la legislación de lo más representativo al tema. Se han revisado tratados internacionales, La Constitución mexicana, leyes generales, reglamentos, y jurisprudencia relevante, así como informes de organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales sobre el acceso a la información en el sistema procesal penal mexicano. Resultados y Discusión 1. Marco Legal y Normativo 1.1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución mexicana, establece en el artículo 6° el derecho a la información, el cual está garantizando la transparencia y el acceso a la información pública. Estableciendo dentro del mismo artículo a organismos garantes, dándoles a estos, la autonomía constitucional especializada en materia de acceso a la información y protección de datos personales; así mismo, la Carta magna establece el derecho de petición a la información en su artículo 8°, siempre y cuando esta petición sea por escrito y respetuosa, la cual dará respuesta en un término prudente, lo cual las dos disposiciones legales están íntimamente relacionadas para acceder la información por parte de cualquier en ciudadano que la solicite conforme a los mecanismos establecidos para ello. El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), es un ordenamiento que regula el proceso penal acusatorio y oral en todo el país; cuyo objetivo se establece en su artículo 2° de dicho ordenamiento, y es garantizar las normas que se establecen en la investigación, el procesamiento y la sanción de delitos, además de esclarecer los hechos y proteger al inocente, procura que el culpable no quede impune, dicho de otra forma, se habla de que debe existir un proceso justo, equitativo, y eficiente, protegiendo los derechos fundamentales, procesales y humanos de los imputados, víctimas, y demás partes involucradas en un juicio penal. Con respecto al procedimiento penal, por sus características se trata de un procedimiento de sistema acusatorio, adversaria y oral, y por lo que respecta al acceso a la información, se han establecido dentro de del mismo principios, los cuales son la base esencial del desarrollo del procedimiento, como es el principio de publicidad, donde converge con otros que sustentan el procedimiento, a saber de estos como el de contradicción, concentración, continuidad e inmediación; lo que significa que las partes o sujetos procesales presentan sus argumentos y pruebas de manera pública y directa ante un juez, quien decide el caso con base en lo presentado durante el juicio, buscando la mayor transparencia y equidad en la impartición de justicia. Relacionado con lo anterior, podemos advertir, los derechos del imputado; como uno de los más importantes que es el de presunción de inocencia; el cual indica que al imputado se le presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. En ese mismo tenor tiene el derecho a la defensa la cual está consagrada en el artículo 20 apartado B., ya que tiene derecho a ser asistido por un abogado y a defenderse por todos los medios legales a su alcance, estableciendo una serie de derechos procesales a favor del propio imputado. Y por lo que interesa al tema, tiene derecho a ser informado de la acusación de manera clara y detallada sobre los cargos en su contra y las datos o medios de pruebas que existen desde el inicio de la investigación o desde el momento que es detenido, además tiene derecho a un juicio justo y expedito; es decir el proceso debe llevarse a cabo en un plazo razonable, respetando los derechos procesales de todas las partes. Por otra parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en su apartado C) del artículo 20 Constitucional los derechos de las Víctimas; derecho a la reparación del daño a ser resarcidas por los daños sufridos, el derecho a la verdad; las víctimas tienen derecho a conocer la verdad de los hechos, tiene derecho a la participación activamente en el proceso penal, ofrecer pruebas y formular acusaciones, lo que se traduce en el derecho a la información de como se le da seguimiento al proceso por resentir en su persona los daños causados por el sujeto activo. De ahí, que los derechos que ampara el acceso a la información basado en el artículo 6° constitucional en relación con el Código Nacional de Procedimientos penales, está basado en el principio de publicidad, ya que el código establece que las audiencias o juicios deben ser públicos, lo que fomenta la transparencia y el acceso a la información. Aunque existen excepciones cuando la publicidad del juicio pueda afectar la moral, la seguridad nacional, o los derechos de terceros, especialmente de menores, en delitos de violación, secuestro, extorsión entre otros. Asimismo, el derecho a la información pública se establece que toda persona tiene derecho a acceder a la información que el Estado genera y administra, siempre que no esté clasificada como reservada o confidencial por razones de seguridad nacional, orden público, derechos de terceros, entre otros. Establece transparencia, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar la transparencia de sus acciones, lo que incluye la divulgación de información pública sobre el ejercicio de los recursos y las decisiones gubernamentales. Se establece también, la protección de datos Personales; que protege el derecho a la intimidad o a la privacidad, por lo que el manejo de información personal por parte de las instituciones debe ser seguro y respetar los derechos de los individuos a controlar su propia información. Ahora bien, el acceso a la información sobre en el sistema procesal penal mexicano, podemos mencionar que conforme a la constitución, existen derechos debidamente plasmados en la misma para que él imputado los conozca desde el inicio de un procedimiento penal, para el ejercicio de una defensa técnica adecuada y bajo el principio del debido proceso; los cuales están establecidos como se ha dicho en el artículo 20 apartado B fracción III, VI, donde existe el deber de la autoridad (Policía, Agente del Ministerio Público, Juez de Control), de informarle sus derechos que versan sobre el derecho a la información del por qué? se encuentra detenido, así como facilitarle todos los datos que solicite para su defensa, teniendo acceso a los registros de la investigación; por otro lado, como se ha dicho el acceso y respeto a las víctimas el mismo artículo 20 apartado C, en fracción V., al resguardo de su identidad y datos personales. El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) se encuentran artículos que regulan el procedimiento bajo los principios que están debidamente establecido en el artículo 4° del mismo y bajo principio de publicidad en el artículo 5°, se desprende diversos que regulan el acceso a la información como: 15, 18, 50, 51, 55, 106, 103 fracción XIV, 266, 293, 302, 303, y establecen la obligación como garantes del acceso a la información, tanto el Agente del Ministerio Público, como al Juez de Control, Juez de juicio oral y Juez de ejecución de sentencia, ya que informan al imputado, procesado, sentenciado o reo de sus derechos y el acceso que debe tener a su propio procedimiento. 1.2. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Organismo garante, Por lo que respecta a esta ley regula el acceso a la información pública en general establece mecanismos para su solicitud y obtención de la información. Sin embargo, su implementación en el contexto penal presenta desafíos particulares debido a la naturaleza de los procesos judiciales y la protección de datos personales y pruebas sensibles. En esta Ley, en su análisis establece en primer lugar los principios y disposiciones generales que están plasmados en sus artículos 1° al 10, donde se habla del principio de la máxima publicidad decir; que toda la información en posesión de las autoridades, entidades y organismos gubernamentales es pública, salvo que esté sujeta a las excepciones previstas en la ley. Esto incluye información relacionada con procedimientos penales. Y bajo el el principio de transparencia proactiva; las autoridades tienen la obligación de difundir proactivamente información de interés público, lo que puede incluir estadísticas o información sobre el sistema penal. Las excepciones al acceso a la información lo señalan los artículos 110-113, ya que puede tratarse de información reservada, ya que la puede ser clasificada como reservada cuando su divulgación pueda comprometer la seguridad nacional, el debido proceso, o los derechos a la privacidad y protección de datos personales. Esto es particularmente relevante en procedimientos penales en curso, donde la divulgación de ciertos datos podría afectar el desarrollo del procedimiento, en virtud del principio que ampara al imputado de presunción de inocencia. Con respecto a la información confidencial que contiene datos personales sensibles, como nombres de víctimas o testigos en un proceso penal, debe ser protegida y no puede ser divulgada sin el consentimiento de los individuos involucrados. De ahí que las obligaciones de transparencia esta estipulada en los artículos 70-84 información que debe ser publicada de oficio; incluye información sobre los programas y actividades de las instituciones de justicia, como la Procuraduría General de la República (ahora fiscalía general de la República), y los órganos del Poder Judicial, lo que puede incluir datos agregados sobre procedimientos penales. Del procedimiento para solicitar información está establecida en los artículos 121- 134, el derecho acceso a la información donde cualquier persona puede solicitar información a las autoridades. Por lo referente al contexto de un procedimiento penal, esto podría incluir solicitudes de información sobre casos específicos, siempre y cuando no esté clasificada como reservada o confidencial. La protección de datos personales nos habla los artículos 109, 122, los datos personales en procedimientos penales; dicha ley establece que la información que contenga datos personales debe ser tratada con estricta confidencialidad, y su divulgación está restringida para proteger la privacidad de las personas involucradas en procedimientos penales. En conclusión, de esta Ley se puede decir, que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, regula el acceso a información relacionada con procedimientos penales mediante un equilibrio entre el derecho a la información pública y la protección del debido proceso y los datos personales. Las autoridades están obligadas a garantizar la transparencia, pero también a proteger la confidencialidad de la información cuando sea necesario para salvaguardar la justicia y los derechos de las personas involucradas. 2. Aplicación Práctica 2.1. Acceso a la carpeta de investigación. Uno de los principales problemas identificados en el acceso a la información en el proceso penal, lo es principalmente desde el inicio de la investigación, cuando la persona es detenida, y posteriormente cuando es puesto a disposición del Agente del Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación; dichos fiscales impiden el acceso del porque el saber o porque delito está siendo detenido el imputado, a efecto de ir preparando una defensa o intervención ante el Agente del Ministerio Público, de ahí, que dicho servidor público está transgrediendo los derechos del imputado, y como se sabe, dicho derechos están debidamente constitucionalizado y legalmente respaldado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, es una dificultad del imputado o defensor privado o público e incluso del asesor jurídico de la víctima, en acceder oportunamente a la carpeta de investigación, problema que se advierte desde el inicio de la investigación, y que esto puede significar en una desventaja procesal y afectar el derecho de defensa y los derechos de la víctima. De ahí, que el ordenamiento legal en cita, establece que el imputado deberá informársele plenamente sus derechos que consagra la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos penales, tendrá derecho quien o quienes son sus acusador o acusadores, que datos de prueba ha recabado el Agente del Ministerio Público, cual es la actitud que el Fiscal va a tomar, en relación a resolver su situación jurídica, si lo va a judicializar o no dicha carpeta de investigación; por lo tanto, las partes tendrán ese derecho de acceso al contenido del inicio de la investigación, como a las carpetas digitales consistentes en los registros de las audiencias donde estos pueden ser consultados por las partes e incluso por terceros, es claro el deber de actuar del Ministerio público, durante todas las etapas del procedimiento en la que intervenga en absoluto apego la Constitución a la demás legislación aplicable, ya que tiene la obligación de proporcionar información veraz sobre los hechos o hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para posición que ellos asumen; además constituye una de las obligaciones que están debidamente establecidas en el ordenamiento procesal de en hacer que se cumplan estrictamente todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Aunado a esto, en la práctica nos encontramos con la negativa de acceso a la carpeta de investigación a pesar de ya estar nombrados como defensores privados o como asesores de la víctima, y a efecto de poder acceder a dichos registros hemos recurrido hasta el control judicial, es decir, solicitar una audiencia ante el Juez de control a efecto de regular y hacer efectivo tal derecho de acceso a la información de tales actuaciones realizadas por el Agente del ministerio público, por la negativa de expedir copias debidamente certificadas de las actuaciones, lo que conlleva e incluso acudir también ante el Juez de Distrito a promover juicio de amparo por la negativa de acceso a la información contenida en la carpeta de investigación, lo cual ha sido una forma efectiva para acceder a dicha información. 2.2. Transparencia en la administración de justicia Hoy en día, se han hecho esfuerzos significativos para mejorar la transparencia en la administración de justicia, pero persisten problemas de opacidad, falta de capacitación en los operadores jurídicos y corrupción que minan esa confianza pública en el sistema penal. De ahí, que la transparencia en la administración de justicia es fundamental para garantizarla en el sistema judicial y para asegurar que se respeten los derechos de los ciudadanos. El acceso a la información es un componente clave de esta transparencia. Aquí podemos encontrar algunos de los factores que influyen en la administración de justicia, con respecto al acceso a la información. Podemos señalar las normativas de acceso a la información, existiendo una gran variedad de leyes tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que garantizan el acceso a la información pública, incluyendo la información judicial, pues esta es esencial, ya que estas leyes deben ser claras, accesibles y aplicables a todas las ramas del gobierno, incluyendo el poder judicial. De ahí que las obligaciones de transparencia obligan a las instituciones judiciales a publicar información relevante, como sentencias, procesos judiciales y estadísticas, son cruciales. Pues la falta de tales de regulaciones claras puede limitar la transparencia. Es importante señalar hoy en día que el acceso, a la información, ya existen plataformas digitales, pues el uso de tecnologías de la información permite un acceso más amplio y equitativo a los registros judiciales, como portales en línea, bases de datos públicas y sistemas de gestión de casos judiciales pueden mejorar la disponibilidad de la información. Estos factores interactúan de diversas maneras, influyendo en el grado de transparencia en la administración de justicia y en la accesibilidad de la información. La mejora en cualquiera de estos aspectos puede contribuir a una mayor transparencia y a un sistema de justicia más equitativo y confiable, no obstante, se debe de decir que aún no está totalmente superado este tema, pues existe un sentir palpable de los ciudadanos en las negativas expuestas en el tema. 3. Perspectivas de Mejora 3.1. Fortalecimiento Institucional Hoy en día el acceso a la información es crucial para fortalecer las instituciones encargadas de garantizar el acceso a la información, asegurando su independencia y capacidad operativa; una de las herramientas que se pueden utilizar para este mejoramiento sería la transparencia de rendición de cuentas en mejorar los mecanismos de transparencia dentro de las instituciones públicas y privadas es totalmente crucial; incluyendo políticas claras sobre el acceso a la información, la creación de portales de datos abiertos y la simplificación de procesos para que la ciudadanía pueda acceder a la información de manera efectiva. Por lo tanto, la digitalización y modernización, será invertir en la digitalización de los procesos internos y en la modernización de las infraestructuras tecnológicas. Esto facilitaría la recolección, almacenamiento y distribución de información de manera más eficiente y accesible, en otro punto, es la concientización de las participación cuidadana para establecer canales de comunicación efectivos que permitan la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y en el acceso a la información. Esto incluye la creación de plataformas participativas en línea y la organización de consultas públicas. 3.2. Capacitación y Sensibilización La capacitación de funcionarios judiciales y la sensibilización sobre la importancia del acceso a la información son fundamentales para mejorar su implementación. Desde un punto de vista cultural y educativo, se podrían establecer políticas de formación en alfabetización digital; es decir, capacitar a la población y a los funcionarios en habilidades digitales básicas y avanzadas para garantizar que puedan acceder y utilizar la información de manera efectiva; promomover el conocimiento sobre los derechos de acceso a la información y cómo ejercerlos. Esto incluye la formación en temas legales y procedimentales para que las personas entiendan cómo y cuándo pueden solicitar información. Estas perspectivas pueden ayudar a mejorar el acceso a la información de manera integral, promoviendo una sociedad más informada, empoderada y capaz de participar activamente en la toma de decisiones. Conclusiones El derecho a la información en el sistema penal mexicano es fundamental para garantizar un proceso justo y equitativo. Aunque existen avances normativos significativos, la implementación práctica enfrenta desafíos importantes. Es necesario un esfuerzo concertado para fortalecer las garantías de acceso a la información, a través de reformas institucionales, capacitación y el uso de tecnología. Referencias Asamblea General de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación. (2024). Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Diario Oficial de la Federación. (2015). Código Nacional de Procedimientos Penales. Diario Oficial de la Federación. (2024). Human Rights Watch. (2021). Informe sobre el acceso a la justicia en México. Transparencia Mexicana. (2020). Reporte de transparencia en el sistema judicial.