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BLOQUE 2 Tema 4. Principios del sistema educativo desde la Constitución Introducción La educación es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad moderna, ya que es a través de ella que se forman las futuras generaciones, se transmiten conocimientos y valores, y se promueve el desarrollo personal y colectivo. En el contexto de España, la importancia de la educación se encuentra consagrada en la Constitución Española de 1978, que establece los principios rectores del sistema educativo y reconoce el derecho a la educación como un derecho fundamental. Y también de la influencia de los tratados internacionales sobre las leyes educativas, como es el caso de La Convención sobre los Derechos de la Infancia El Derecho a la Educación en la Constitución Española La Constitución Española de 1978, en su artículo 27, establece de manera clara y precisa el derecho a la educación como uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este artículo es clave para entender cómo se estructura y organiza el sistema educativo en España, así como las responsabilidades del Estado y otros actores sociales en la provisión de este derecho. Artículo 27 de la Constitución Española El artículo 27 de la Constitución Española establece lo siguiente: 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 1  3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. 10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca. Este artículo es fundamental porque establece tanto los derechos como los deberes relacionados con la educación. Garantiza el acceso universal a la educación y subraya la importancia de que esta contribuya al desarrollo integral de la persona, promoviendo valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. Los aspectos más relevantes, son: Ë Importancia del Derecho a la Educación El derecho a la educación es esencial no solo porque permite el acceso al conocimiento, sino porque es un mecanismo que facilita la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la cohesión en una sociedad. La educación es un derecho habilitador, lo que significa que el ejercicio pleno de otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el derecho al trabajo 2 y la participación política, depende en gran medida del acceso a una educación de calidad. Ë Igualdad de Oportunidades La Constitución Española subraya que la educación es un derecho de todos, independientemente de su origen socioeconómico, género, etnia o cualquier otra condición. Esto implica que el sistema educativo debe estar diseñado de tal manera que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de acceso y éxito en su trayectoria educativa. La enseñanza básica, al ser obligatoria y gratuita, garantiza que todos los niños y jóvenes tengan la oportunidad de recibir una educación inicial que les permita desarrollarse como individuos y miembros de la sociedad. Ë Desarrollo Integral de la Persona El artículo 27 de la Constitución también establece que la educación debe contribuir al "pleno desarrollo de la personalidad humana". Esto significa que la educación no debe limitarse a la mera transmisión de conocimientos, sino que debe fomentar el desarrollo integral de los estudiantes, incluyendo aspectos éticos, emocionales y sociales. De este modo, se busca formar ciudadanos responsables, críticos y comprometidos con los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. Ë Participación Democrática y Libertad de Enseñanza Otro aspecto relevante del artículo 27 es el reconocimiento de la libertad de enseñanza, que incluye tanto la libertad de creación de centros educativos como el derecho de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos, en consonancia con sus convicciones. Esta libertad es fundamental para asegurar un sistema educativo plural y diverso, que respete las diferentes creencias y valores presentes en la sociedad. Al mismo tiempo, la participación de profesores, padres y alumnos en la gestión y control de los centros educativos financiados con fondos públicos es un 3 principio democrático clave que garantiza la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito educativo. La Convención sobre los Derechos de la Infancia y su Contribución al Derecho a la Educación La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, es uno de los tratados internacionales más importantes en la protección de los derechos de la infancia. España ratificó esta convención en 1990, comprometiéndose a respetar y garantizar los derechos de los niños tal como están establecidos en el tratado. Esta convención refuerza y complementa el derecho a la educación recogido en la Constitución Española, proporcionando un marco internacional que obliga a los Estados a asegurar una educación de calidad y accesible para todos los niños. ¿Qué es la Convención sobre los Derechos de la Infancia? La Convención sobre los Derechos de la infancia o más conocida como Convención sobre los Derechos de Niño (CDN) es un tratado internacional que reconoce los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los niños. Se basa en cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y la participación de los niños en las decisiones que les afectan. Este tratado fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. La convención es el tratado de derechos humanos más ratificado en la historia, con casi todos los países del mundo como signatarios, lo que subraya su importancia global. Creación y Objetivos de la Convención La Convención fue creada con el objetivo de establecer un estándar universal de derechos para todos los niños, independientemente de su lugar de nacimiento o las condiciones en las que vivan. El proceso de creación de la convención involucró la participación de gobiernos, organizaciones 4 internacionales, y la sociedad civil, lo que refleja un consenso global sobre la importancia de proteger los derechos de la infancia. Los objetivos principales de la convención incluyen: § Garantizar que todos los niños y niñas disfruten de los derechos humanos universales. § Proporcionar un marco para que los gobiernos implementen políticas y leyes que protejan a los niños y niñas. § Asegurar que los niños y niñas crezcan en un ambiente que promueva su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. § Fomentar la participación de los niños y niñas en las decisiones que afectan sus vidas. Implicaciones de la Convención para la Protección de la Infancia La Convención sobre los Derechos del Niño tiene profundas implicaciones para la protección de la infancia en todo el mundo. Establece que los niños y niñas tienen derecho a ser protegidos contra el abuso, la explotación y la negligencia, y que los Estados tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias para garantizar que estos derechos se respeten. Además, la convención reconoce explícitamente el derecho de los niños y niñas a la educación, estableciendo que la educación debe estar orientada hacia el desarrollo pleno del niño y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Impacto de la Convención en el Derecho a la Educación en España La ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de España en 1990 ha tenido un impacto significativo en la forma en que el país aborda el derecho a la educación. Este tratado internacional complementa y refuerza las disposiciones del artículo 27 de la Constitución Española, proporcionando un marco más amplio y detallado para la protección de los derechos educativos de los niños. Los aspectos más relevantes, son: 5  Ë Acceso Universal a la Educación La Convención obliga a los Estados a asegurar que la educación primaria sea gratuita y obligatoria para todos los niños, lo que refuerza la disposición similar de la Constitución Española. Además, la convención promueve la accesibilidad a la educación secundaria y superior, alentando a los Estados a adoptar medidas para que todos los niños puedan acceder a estas etapas educativas sin discriminación de ningún tipo. Ë Calidad de la Educación La Convención también subraya la importancia de la calidad educativa, insistiendo en que la educación debe estar orientada al desarrollo pleno del niño, respetando su dignidad y fomentando el respeto a los derechos humanos. Esto está en consonancia con el principio constitucional de que la educación debe contribuir al desarrollo integral de la personalidad humana. Ë Protección de los niños y niñas en Situaciones Vulnerables Uno de los aspectos más destacados de la Convención es su enfoque en la protección de la infancia en situaciones de vulnerabilidad, como los niños y niñas con discapacidades, migrantes, y en situación de pobreza. La convención obliga a los Estados a tomar medidas específicas para asegurar que estos niños y niñas puedan acceder a la educación en igualdad de condiciones que el resto. En el contexto español, este enfoque ha impulsado políticas y programas específicos orientados a garantizar que la infancia en situaciones de vulnerabilidad no quede excluidos del sistema educativo. Ë Participación de los niños y niñas en la Educación Otro aspecto clave de la Convención sobre los Derechos de la infancia es el derecho a expresar su opinión y participar en las decisiones que les afectan, incluyendo aquellas relacionadas con su educación. Este principio de participación se refleja en la legislación educativa española, que fomenta la intervención activa de los estudiantes en la vida escolar, especialmente en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. 6 La participación de los niños y niñas no solo es un derecho en sí mismo, sino que también es fundamental para su desarrollo personal y social. Involucrar a la infancia en la toma de decisiones que afectan su educación contribuye a formar ciudadanos responsables, críticos y conscientes de sus derechos y deberes. Implicaciones de la Convención para la Política Educativa en España La adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño ha tenido una influencia significativa en la formulación de políticas educativas en España. Los principios de la convención han sido integrados en las leyes y reglamentos educativos, y han inspirado una serie de reformas orientadas a mejorar el acceso, la equidad y la calidad de la educación para todos los niños en el país. La influencia de la Convención sobre los Derechos de la Infancia es evidente en leyes como la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 y las leyes posteriores que se han basado en esta, ya que refuerzan el derecho a la educación y subrayan la necesidad de que el sistema educativo español sea inclusivo y equitativo, garantizando que todos los niños y niñas, independientemente de sus circunstancias, tengan acceso a una educación de calidad. Ambas leyes han introducido medidas para apoyar a los estudiantes con necesidades educativas especiales, y han establecido mecanismos para combatir la discriminación y promover la igualdad de oportunidades. Además, se han impulsado programas para prevenir el abandono escolar temprano y mejorar la calidad de la educación en todas las etapas. Protección de la Infancia y Adolescencia El marco legal español también ha evolucionado para alinearse con la CDN en lo que respecta a la protección de la infancia y adolescencia. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 1996, modificada posteriormente por la Ley Orgánica 8/2015, refuerza los derechos de los menores, incluyendo el derecho a la educación, y establece medidas para proteger a los niños en situaciones de vulnerabilidad. 7 Estas leyes establecen que todos los niños tienen derecho a recibir una educación que promueva su desarrollo integral y que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que este derecho se cumpla de manera efectiva. Además, se ha prestado una atención especial a la situación de los niños migrantes, garantizando su acceso a la educación independientemente de su estatus legal. Planes y Estrategias Educativas Además de las leyes y reglamentos, España ha desarrollado diversos planes y estrategias educativas inspirados en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entre ellos se incluyen planes nacionales para la inclusión educativa, programas de apoyo para estudiantes en riesgo de exclusión social, y estrategias para mejorar la convivencia escolar y prevenir el acoso. Estos planes reflejan el compromiso de España con la protección y promoción del derecho a la educación, tal como se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, destacan la importancia de un enfoque integral que no solo garantice el acceso a la educación, sino que también asegure que esta sea de calidad y relevante para las necesidades de todos los niños. Conclusión La Convención sobre los Derechos de la Infancia ha jugado un papel crucial en la configuración del sistema educativo en España, complementando y reforzando los principios establecidos en la Constitución Española. Al ratificar la Convención, España se comprometió a garantizar que todos los niños en el país disfruten de su derecho a la educación en condiciones de igualdad, dignidad y respeto por su desarrollo integral. La influencia de la Convención es evidente en la legislación, las políticas y los programas educativos que se han desarrollado en España en las últimas décadas. Estos esfuerzos han tenido como objetivo asegurar que la educación 8 sea accesible para todos, que se fomente la calidad educativa, y que se protejan los derechos de los niños en situaciones de vulnerabilidad. El derecho a la educación es esencial no solo para el desarrollo individual de los niños, sino también para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y cohesionada. La Convención sobre los Derechos del Niño, junto con la Constitución Española, proporciona un marco sólido para proteger y promover este derecho fundamental, asegurando que todos los niños en España puedan acceder a una educación que les permita alcanzar su pleno potencial y participar activamente en la vida de su comunidad. 9  Tema 5. La educación en el Estado de las Autonomías. Introducción La Constitución Española de 1978 estableció un modelo de Estado descentralizado que marcó un cambio significativo respecto a modelos anteriores, creando un sistema de autonomías que, si bien mantiene la unidad del Estado, otorga un alto grado de autonomía política y administrativa a las comunidades autónomas (CCAA). Este modelo se sustenta en un complejo reparto de competencias entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas, tal y como se detalla en el artículo 149 de la Constitución. Dentro de este marco, la educación se presenta como una responsabilidad compartida entre los distintos niveles de gobierno, lo que refleja la diversidad del país y la necesidad de adaptar la educación a las características específicas de cada comunidad autónoma. El Modelo de Estado Descentralizado La Constitución es el resultado de un proceso de transición política que buscaba dejar atrás el centralismo autoritario del régimen franquista y establecer un Estado democrático basado en la división de poderes, el respeto a los derechos fundamentales y la descentralización territorial. Este modelo de Estado se fundamenta en la unidad de la nación española, tal como se establece en el artículo 2 de la Constitución, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. El artículo 137 de la Constitución dispone que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas, todos ellos dotados de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Esta autonomía se concreta en el establecimiento de competencias exclusivas y compartidas entre los diferentes niveles de gobierno, lo que permite a las comunidades autónomas ejercer sus propias políticas en una amplia gama de materias, siempre dentro del marco de la Constitución y las leyes estatales. 10 El Reparto de Competencias en el Artículo 149 El artículo 149 de la Constitución Española es clave para entender cómo se articula el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Este artículo enumera las materias sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva, lo que incluye áreas tan diversas como la defensa, las relaciones internacionales, la administración de justicia, la legislación laboral y, en lo que nos concierne, la regulación de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, entre otras. No obstante, más allá de las competencias exclusivas del Estado, la Constitución también permite que las comunidades autónomas asuman competencias en numerosas materias, siempre que no estén expresamente reservadas al Estado. Esto ha dado lugar a un mapa competencial diverso y dinámico, en el que las comunidades autónomas pueden ejercer competencias legislativas, ejecutivas y administrativas en ámbitos como la educación, la sanidad, la cultura, y los servicios sociales, entre otros. El reparto de competencias en la Constitución establece un sistema flexible y cooperativo. Por ejemplo, en materias en las que el Estado se reserva la competencia exclusiva para establecer las bases de la legislación (como en educación), las comunidades autónomas pueden desarrollar esa normativa base mediante leyes propias y gestionar las competencias de manera adaptada a sus propias características. La Educación como Competencia Compartida En el ámbito de la educación, la Constitución Española establece un modelo de competencia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas. El artículo 27 de la Constitución reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la educación y establece la libertad de enseñanza. Además, asigna al Estado la responsabilidad de garantizar este derecho mediante una programación general de la enseñanza, que incluya la enseñanza básica gratuita y 11 obligatoria, así como el acceso a niveles superiores en función del mérito y la capacidad. El artículo 149 de la Constitución otorga al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, así como para establecer las bases del régimen jurídico de la educación. Esto significa que el Estado define las líneas generales y los mínimos comunes que deben regir el sistema educativo en todo el territorio nacional, lo que garantiza una cierta uniformidad y cohesión en el conjunto del sistema educativo español. El Papel de las Comunidades Autónomas Por otro lado, las comunidades autónomas tienen competencias en materia de educación que les permiten desarrollar, ejecutar y gestionar la enseñanza dentro de los límites establecidos por la legislación básica del Estado. Estas competencias incluyen la planificación de la oferta educativa, la gestión de los centros públicos, la autorización y supervisión de los centros privados, así como la regulación de los contenidos curriculares en los niveles no universitarios, siempre respetando los mínimos que fija el Estado. En este marco, las comunidades autónomas han desarrollado sus propias leyes educativas y políticas específicas, adaptadas a las particularidades lingüísticas, culturales y sociales de cada territorio. Por ejemplo, en comunidades como Cataluña, el País Vasco o Galicia, se ha potenciado la enseñanza de las lenguas cooficiales, integrándolas plenamente en el currículo escolar. Asimismo, algunas comunidades han implementado programas educativos que reflejan sus particularidades históricas y culturales. La Educación Local y Municipal A nivel local, los ayuntamientos también juegan un papel en el ámbito educativo, especialmente en lo que se refiere a la gestión de infraestructuras, el mantenimiento de los centros educativos de educación infantil y primaria, y la promoción de actividades complementarias y extraescolares. Los municipios 12 colaboran estrechamente con las comunidades autónomas y el Estado para asegurar que las políticas educativas se implementen de manera efectiva en su territorio. La Ley de Bases de Régimen Local, que regula las competencias de los municipios, establece que estos deben colaborar en la creación, mantenimiento y funcionamiento de los centros docentes, en los términos establecidos por la legislación estatal y autonómica. Además, se incentiva la participación de las entidades locales en los consejos escolares y en otros órganos colegiados de carácter educativo, lo que refuerza el principio de proximidad en la gestión educativa. Implicaciones del Modelo Descentralizado en la Educación è Ventajas del Modelo El modelo descentralizado de la educación en España presenta varias ventajas. En primer lugar, permite una mayor adaptación de las políticas educativas a las realidades locales, lo que es fundamental en un país con una gran diversidad cultural, lingüística y social. Las comunidades autónomas pueden diseñar programas educativos que respondan a las necesidades específicas de su población, lo que puede contribuir a mejorar la calidad educativa y a reducir las desigualdades territoriales. Además, este modelo fomenta la innovación y la experimentación en el ámbito educativo. Las comunidades autónomas tienen la capacidad de desarrollar y probar nuevas metodologías y enfoques educativos, lo que puede enriquecer el conjunto del sistema educativo español. La competencia entre las distintas regiones para mejorar su oferta educativa también puede ser un factor positivo, incentivando a las administraciones a buscar constantemente la mejora y la excelencia. è Retos del Modelo Sin embargo, el modelo descentralizado también presenta desafíos. Uno de los principales es el riesgo de fragmentación del sistema educativo, que podría 13 derivar en desigualdades en el acceso a la educación y en la calidad de la misma dependiendo de la comunidad autónoma. Aunque el Estado establece unas bases comunes, las diferencias en la financiación, la gestión y los recursos disponibles entre las distintas comunidades pueden generar disparidades significativas. Otro reto es la necesidad de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. La coexistencia de competencias en materia de educación puede dar lugar a conflictos y solapamientos, lo que requiere de mecanismos eficaces de cooperación y coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas. Las conferencias sectoriales y otros órganos de coordinación han sido creados para este fin, pero su efectividad depende de la voluntad política y la capacidad de diálogo de las partes involucradas. Ejemplo: A lo largo de los años, se han dado casos en los que la distribución de competencias en materia de educación ha sido objeto de debate y controversia. Por ejemplo, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013 introdujo cambios significativos en el sistema educativo que fueron percibidos por algunas comunidades autónomas como una recentralización de competencias, lo que generó tensiones y llevó a recursos ante el Tribunal Constitucional. Otro ejemplo lo encontramos en la gestión de la educación en lenguas cooficiales, donde algunas comunidades autónomas han desarrollado modelos bilingües o trilingües que han sido objeto de discusión y análisis, tanto desde un punto de vista jurídico como pedagógico. Conclusión La Constitución Española de 1978 configuró un modelo de Estado descentralizado que ha permitido una distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, adaptándose a la diversidad territorial y 14 cultural del país. En el ámbito educativo, este modelo ha dado lugar a un sistema en el que las competencias son compartidas entre los distintos niveles de gobierno, lo que ha permitido una mayor adaptación de las políticas educativas a las necesidades y características de cada comunidad autónoma. No obstante, este modelo también plantea desafíos, como la necesidad de asegurar la cohesión del sistema educativo y evitar desigualdades territoriales. La cooperación y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno es fundamental para garantizar que el derecho a la educación se ejerza de manera efectiva en todo el territorio español, asegurando una educación de calidad y equitativa para todos los ciudadanos. El modelo descentralizado de la educación en España es un reflejo de su compleja realidad política y social, y su éxito depende en gran medida de la capacidad de las distintas administraciones para trabajar juntas, respetando sus competencias y buscando siempre el interés general. 15 Tema 6. Estructura y desarrollo legislativo del sistema educativo español: la Educación Primaria y su desarrollo en diferentes contextos Introducción El sistema educativo español ha pasado por numerosas transformaciones a lo largo de su historia, reflejando los cambios políticos, sociales y económicos del país. Desde la Ley Moyano de 1857 hasta la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) de 2020, la evolución legislativa ha intentado responder a las necesidades de cada época, buscando equilibrar las demandas de modernización, igualdad y calidad educativa. En este recorrido histórico, se pueden identificar etapas clave que marcan la consolidación de un sistema educativo cada vez más accesible y diversificado, aunque no exento de desafíos y debates. La Ley Moyano de 1857 La Ley de Instrucción Pública, conocida como Ley Moyano, promulgada en 1857, fue un hito en la historia educativa de España. Esta ley, inspirada en modelos educativos europeos, especialmente el francés, fue la primera que intentó organizar y sistematizar la educación en todo el territorio español. Aunque su principal objetivo era extender la educación primaria a la mayor parte de la población, también reguló la educación secundaria y universitaria. Principales Características de la Ley Moyano è Carácter Centralizador: La Ley Moyano estableció un sistema educativo uniforme en todo el país, bajo la supervisión del Estado. Se creó un plan de estudios común y se fijaron los títulos oficiales, lo que buscaba garantizar una educación homogénea en todo el territorio nacional. è Enseñanza Primaria Obligatoria: Aunque no se pudo implementar de manera inmediata en todo el país debido a la falta de recursos, la Ley Moyano estableció la obligatoriedad de la enseñanza primaria para niños y niñas de seis a nueve años. Sin embargo, en la práctica, esta 16  obligatoriedad no se hizo efectiva en muchas zonas rurales debido a la falta de escuelas y maestros. è Organización de la Educación Secundaria y Universitaria: La ley también regulaba la educación secundaria y universitaria, aunque con menor alcance en cuanto a la obligatoriedad. Se estructuraron los institutos de educación secundaria y se reguló el acceso a la universidad. è Influencia Eclesiástica: La Iglesia Católica mantuvo una fuerte influencia en el sistema educativo, especialmente en lo que respecta a la enseñanza moral y religiosa, lo que reflejaba el poder que esta institución tenía en la sociedad española de la época. Impacto y Limitaciones La Ley Moyano fue un avance importante en la organización del sistema educativo español, pero también tuvo limitaciones significativas. Su implementación fue desigual, y la falta de recursos económicos y la resistencia de algunas regiones dificultaron su aplicación efectiva. Además, la fuerte influencia de la Iglesia limitó en cierto modo la laicidad del sistema educativo, un aspecto que sería fuente de debate en las décadas posteriores. La Segunda República y la Ley de Bases de 1931 Con la llegada de la Segunda República en 1931, se inició una etapa de profundas reformas sociales y educativas. La Ley de Bases de 1931 fue uno de los intentos más ambiciosos de reformar el sistema educativo en España, buscando modernizar la educación y hacerla más accesible a toda la población. Principales Características de la Ley de Bases de 1931 è Laicismo y Secularización: Una de las características más destacadas de la Ley de Bases fue la apuesta por un sistema educativo laico. Se eliminó la enseñanza religiosa obligatoria y se promovió una educación basada en principios científicos y racionales. 17  è Enseñanza Obligatoria y Gratuita: La ley estableció la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria para todos los niños y niñas de seis a doce años. Además, se promovió la construcción de nuevas escuelas y la formación de maestros. è Coeducación: La Ley de Bases introdujo el principio de coeducación, permitiendo que niños y niñas estudiaran juntos, lo que representó un cambio significativo en una sociedad tradicionalmente conservadora. è Reforma Universitaria: Se promovió la autonomía universitaria y se impulsaron reformas para modernizar la educación superior, haciéndola más accesible y adaptada a las necesidades del país. Impacto y Consecuencias La Ley de Bases de 1931 representó un esfuerzo significativo para modernizar la educación en España, pero su aplicación se vio truncada por el estallido de la Guerra Civil en 1936. Durante la guerra y la posterior dictadura franquista, muchas de las reformas impulsadas durante la Segunda República fueron revertidas, y la Iglesia Católica recuperó su influencia en el sistema educativo. El Franquismo y la Ley General de Educación de 1970 Con el régimen franquista, el sistema educativo español volvió a ser centralizado y controlado por el Estado, con una fuerte influencia de la Iglesia Católica. Sin embargo, en los años 60, se hizo evidente la necesidad de una reforma educativa para responder a las demandas de un país en proceso de modernización y desarrollo económico. Fue en este contexto que se promulgó la Ley General de Educación de 1970. Principales Características de la Ley General de Educación de 1970 è Extensión de la Educación Obligatoria: La Ley General de Educación extendió la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 14 años, mediante la creación de la Educación General Básica (EGB), que abarcaba desde los 6 hasta los 14 años. Este fue un paso importante hacia la universalización de la educación en España. 18  è Diversificación y Profesionalización: Se introdujeron diferentes itinerarios educativos al final de la EGB, permitiendo a los estudiantes elegir entre continuar con estudios de Bachillerato o acceder a la Formación Profesional, lo que buscaba adaptar la educación a las necesidades del mercado laboral. è Nuevos Niveles Educativos: La ley también estructuró el sistema educativo en diferentes niveles, desde la educación preescolar hasta la educación superior, lo que permitía una mayor continuidad y coherencia en el proceso educativo. è Formación del Profesorado: Se impulsó la formación del profesorado, creando programas específicos para la preparación de maestros y profesores, con el fin de mejorar la calidad educativa. Impacto y Limitaciones La Ley General de Educación de 1970 fue un avance significativo en la modernización del sistema educativo español, especialmente en términos de extensión de la educación obligatoria y diversificación de itinerarios. Sin embargo, la ley también tuvo limitaciones, especialmente en su enfoque centralista y en la falta de adaptación a las necesidades específicas de las diferentes regiones de España. Además, la ley no abordó de manera efectiva las desigualdades educativas, que persistieron a lo largo del tiempo. La Transición Democrática y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985 Con la llegada de la democracia, España experimentó un profundo proceso de transformación social y política. En el ámbito educativo, esto se reflejó en la promulgación de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) en 1985, que sentó las bases para un sistema educativo más democrático y participativo. Principales Características de la LODE è Derecho a la Educación: La LODE reafirmó el derecho a la educación como un derecho fundamental, garantizado por el Estado. Estableció la 19  obligatoriedad y gratuidad de la educación básica para todos los niños y niñas hasta los 16 años, en línea con los principios constitucionales. è Participación Democrática: La ley promovió la participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros escolares, estableciendo consejos escolares en los que estaban representados padres, alumnos, profesores y el personal no docente. è Autonomía de los Centros: La LODE introdujo el principio de autonomía de los centros educativos, permitiéndoles organizar sus recursos y proyectos educativos de manera flexible, dentro de los límites establecidos por la ley. è Libertad de Enseñanza: La ley garantizó la libertad de enseñanza, permitiendo la coexistencia de centros públicos, privados y concertados, y asegurando la igualdad de acceso a todos ellos. Impacto y Consecuencias La LODE representó un avance hacia la democratización del sistema educativo en España, promoviendo la participación y la autonomía de los centros educativos. Sin embargo, también generó debates sobre el equilibrio entre la educación pública y privada, así como sobre la distribución de recursos y la equidad en el acceso a la educación. La LOGSE de 1990 y la Modernización del Sistema Educativo La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 fue una de las reformas más importantes del sistema educativo español en la era democrática. Su objetivo principal era modernizar el sistema educativo y adaptarlo a las necesidades de una sociedad en constante cambio. Principales Características de la LOGSE è Ampliación de la Educación Obligatoria: La LOGSE extendió la educación obligatoria hasta los 16 años, reorganizando el sistema en dos etapas: la Educación Primaria (de 6 a 12 años) y la Educación Secundaria Obligatoria (ESO, de 12 a 16 años). Esto buscaba garantizar que todos los jóvenes completaran su formación básica. 20  è Diversificación en la Educación Secundaria: Al finalizar la ESO, los estudiantes podían optar por continuar con el Bachillerato o acceder a la Formación Profesional, lo que ofrecía diferentes opciones de desarrollo académico y profesional. è Atención a la Diversidad: La LOGSE introdujo medidas para atender a la diversidad del alumnado, incluyendo programas de apoyo y atención específica para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje. Este enfoque buscaba garantizar que todos los alumnos, independientemente de sus circunstancias personales, pudieran completar su educación con éxito. è Evaluación Continua y Flexibilidad Curricular: La LOGSE estableció un sistema de evaluación continua, en el que el progreso de los estudiantes se valoraba a lo largo de todo el curso, en lugar de basarse únicamente en exámenes finales. Además, se introdujo una mayor flexibilidad curricular, permitiendo a los centros adaptar los contenidos a las necesidades de sus alumnos. è Formación del Profesorado: La reforma puso un énfasis especial en la formación continua del profesorado, reconociendo la necesidad de que los docentes estuvieran preparados para enfrentar los retos de una educación más inclusiva y diversa. Impacto y Retos de la LOGSE La LOGSE supuso un cambio profundo en el sistema educativo español, alineando su estructura con la de otros países europeos y ampliando la educación obligatoria hasta los 16 años, lo que contribuyó a una mayor escolarización. Sin embargo, la implementación de la LOGSE también enfrentó varios desafíos. Entre las críticas más recurrentes estaban la complejidad y el coste de su aplicación, así como las dificultades para adaptar el currículo a las necesidades de un alumnado diverso. Algunos sectores también criticaron la falta de preparación de los centros y los profesores para implementar las nuevas 21 metodologías y enfoques pedagógicos propuestos por la ley. A pesar de estos desafíos, la LOGSE marcó un antes y un después en la modernización del sistema educativo español. La LOE de 2006 La Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 fue promulgada con el objetivo de consolidar y mejorar el sistema educativo español, siguiendo la línea de la LOGSE pero introduciendo ciertos ajustes para corregir los problemas detectados en su implementación. Principales Características de la LOE è Consolidación de la Educación Primaria y Secundaria: La LOE mantuvo la estructura educativa establecida por la LOGSE, pero introdujo medidas para mejorar la calidad educativa, como el refuerzo del aprendizaje de idiomas, la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula y un mayor énfasis en la educación en valores. è Evaluación de Diagnóstico: La LOE introdujo pruebas de diagnóstico en diferentes etapas educativas, con el fin de evaluar el rendimiento de los alumnos y detectar áreas de mejora. Estas evaluaciones no tenían carácter académico, sino que servían como herramienta para orientar y mejorar el proceso educativo. è Atención a la Diversidad: Continuando con el enfoque de la LOGSE, la LOE reforzó las medidas de atención a la diversidad, implementando programas específicos para alumnos con dificultades de aprendizaje o en riesgo de abandono escolar temprano. La LOMCE de 2013 En 2013, el gobierno aprobó la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida como la "ley Wert" por el ministro de Educación José Ignacio Wert. La LOMCE fue concebida como una reforma parcial de la LOE, pero con un enfoque que buscaba introducir cambios significativos en el sistema educativo. 22 Principales Características de la LOMCE è Reintroducción de las Pruebas Externas: Una de las medidas más controvertidas de la LOMCE fue la reintroducción de pruebas externas al final de cada etapa educativa (Primaria, ESO y Bachillerato), con un carácter evaluador y condicionante para el paso de etapa o la obtención del título de Bachillerato. è Itinerarios en Secundaria: La LOMCE adelantó la división de itinerarios en la ESO, permitiendo a los estudiantes optar entre diferentes modalidades (académicas o aplicadas) a partir del tercer curso, lo que influiría en su futuro académico o profesional. è Refuerzo de la Autonomía de los Centros: La LOMCE otorgó mayor autonomía a los centros educativos para diseñar su propio proyecto educativo, lo que incluía la posibilidad de modificar el horario lectivo o la distribución de materias. è Competitividad y Resultados: La ley puso un fuerte énfasis en la competitividad y en la mejora de los resultados educativos, promoviendo la evaluación del rendimiento de los centros y fomentando la "cultura del esfuerzo". Impacto y Críticas La LOMCE fue recibida con una considerable oposición por parte de amplios sectores de la comunidad educativa, que criticaron la vuelta a un sistema más centrado en los exámenes, la segregación temprana del alumnado y la falta de consenso en su aprobación. Muchas comunidades autónomas, docentes y organizaciones de padres y estudiantes se opusieron a la ley, lo que generó un ambiente de polarización en el debate educativo. La LOMLOE de 2020: Retorno al Consenso y Nuevos Desafíos La última gran reforma educativa en España fue la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como "Ley Celaá", aprobada en diciembre de 2020. La LOMLOE se propuso derogar la LOMCE y recuperar el espíritu de la LOE, introduciendo a la vez nuevas medidas para responder a los desafíos del siglo XXI. 23 Principales Características de la LOMLOE è Eliminación de las Reválidas: La LOMLOE eliminó las pruebas externas introducidas por la LOMCE, devolviendo a los centros educativos la capacidad de evaluar el progreso de los estudiantes sin la presión de exámenes nacionales estandarizados. è Enfoque en la Inclusión y la Equidad: La nueva ley puso un fuerte énfasis en la inclusión y la equidad, proponiendo medidas para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su origen o circunstancias, puedan acceder a una educación de calidad. Esto incluyó la prohibición de la segregación por sexo en los centros sostenidos con fondos públicos y la promoción de la coeducación. è Educación en Valores y Sostenibilidad: La LOMLOE introdujo nuevos contenidos curriculares centrados en la educación en valores, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. è Autonomía y Participación: La ley reforzó la autonomía de los centros y la participación de la comunidad educativa, promoviendo la gestión democrática y la implicación de las familias en la vida escolar. Retos de Futuro A pesar de las reformas introducidas por la LOMLOE, el sistema educativo español sigue enfrentando numerosos desafíos. Entre los más destacados se encuentran: Ë Reducción del Abandono Escolar: A pesar de las mejoras, España sigue teniendo una de las tasas más altas de abandono escolar temprano en Europa. Abordar este problema requiere políticas educativas que atiendan a la diversidad del alumnado y ofrezcan alternativas atractivas para los jóvenes. Ë Mejora de la Calidad Educativa: Asegurar una educación de calidad para todos sigue siendo un objetivo clave. Esto implica invertir en la formación del profesorado, mejorar las infraestructuras escolares y 24  adaptar el currículo a las necesidades de una sociedad en constante cambio. Ë Desigualdades Territoriales: A pesar de los esfuerzos por garantizar un sistema educativo homogéneo en todo el país, persisten desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas. La cooperación y coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas es esencial para asegurar la equidad en el acceso a la educación. Ë Digitalización y Nuevas Tecnologías: La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la digitalización en la educación. Asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a las herramientas digitales necesarias y que los docentes estén preparados para utilizarlas de manera efectiva es un reto crucial para el futuro. Conclusión El sistema educativo español ha recorrido un largo camino desde la Ley Moyano de 1857 hasta la LOMLOE de 2020. Cada una de las reformas ha intentado adaptarse a las demandas de su tiempo, buscando equilibrar la necesidad de una educación de calidad con los principios de equidad e inclusión. Sin embargo, el sistema educativo sigue enfrentando desafíos significativos, y el éxito de futuras reformas dependerá de la capacidad de construir consensos amplios y de adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos que marcarán el siglo XXI. 25 Leyes consultadas è Constitución Española de 1978. Madrid: Boletín Oficial del Estado (BOE), 1978. è Convención sobre los Derechos del Niño. Naciones Unidas, Asamblea General, 20 de noviembre de 1989. è Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Bibliografía è Aguado, R. (2012). La Educación en la Constitución Española. Barcelona: Editorial Ariel. è Álvarez, M., & García, J. (2012). Historia de la educación en España: De la Ilustración a la democracia. Editorial Síntesis. è González, J. (2010). Derechos y Libertades en la Constitución Española. Madrid: Editorial Tecnos. è Save the Children España. (2019). Derechos del Niño: Una Guía para su Aplicación en el Ámbito Educativo. Madrid: Save the Children. Páginas Web consultadas Constitución Española en el Boletín Oficial del Estado Convención sobre los Derechos del Niño en la página de UNICEF Ministerio de Educación y Formación Profesional y Deportes de España Save the Children España UNESCO. Informe mundial sobre la educación 2020. 26