Protocolo Empleo Público y Violencia de Género

El objetivo del protocolo es crear un conjunto de medidas para garantizar la efectividad del derecho de protección para las mujeres víctimas de violencia de género.

El protocolo aplica a todos los procedimientos y actuaciones de gestión del empleo público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Actividades de sensibilización e información para prevenir la violencia contra las mujeres, especialmente en fechas como el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El Plan de Formación incluye cursos sobre prevención de la violencia de género e intervención mediante el protocolo de actuación.

El Protocolo contempla medidas para detectar la violencia de género en el ámbito de la salud laboral.

El protocolo busca proteger la intimidad de las víctimas durante los procedimientos.

El protocolo impulsa una actuación coordinada y eficaz para atender a las mujeres víctimas de violencia de género.

El protocolo busca garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.

Dos niveles de coordinación administrativa: Unidad de Coordinación Sectorial y Unidad de Intervención Funcional. La primera es designada por el responsable de la función pública, la segunda es la jefatura superior de personal de la Consejería u organismo.

Unidad designada por el responsable de la función pública para coordinar la protección de mujeres víctimas de violencia de género en el empleo público. Tiene un teléfono de atención e información.

Unidad administrativa que realiza las funciones de jefatura superior de personal en la Consejería u Organismo Autónomo. Gestiona al personal de administración general.

Todas las unidades de coordinación e intervención deben trabajar juntas para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género.

Se proporciona información específica, asesoramiento y se actua de manera coordinada, preferente, diligente y eficaz en los procedimientos de gestión del empleo público para mujeres víctimas de violencia de género.

Se debe proporcionar información específica, clara y actualizada sobre los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género en el empleo público.

Se debe ofrecer asesoramiento específico y adecuado sobre los derechos laborales de mujeres víctimas de violencia de género en el empleo público.

La actuación en los procedimientos de gestión del empleo público para mujeres víctimas de violencia género debe ser coordinada, preferente, diligente y eficaz.

Se debe respetar la intimidad de las mujeres víctimas de violencia de género y proteger sus datos personales.

Los datos de contacto de las unidades de coordinación e intervención se publican en el Portal de Transparencia y en el Portal del Empleado para facilitar el acceso a la información.

El personal facultativo debe informar a la empleada pública víctima de violencia de género (extralaboral) sobre los recursos disponibles, como el teléfono 016 o 900 100 114. Si existen problemas de salud relacionados, se le derivará al médico de familia.

Si se sospecha violencia de género en el ámbito laboral sin que haya comunicación previa por otros protocolos, se informa de la posibilidad de iniciar un procedimiento específico y se anima a la empleada a contactar con los recursos disponibles.

Las empleadas públicas víctimas de violencia de género tienen derecho a ausencias justificadas al trabajo, totales o parciales.

Las empleadas públicas víctimas de violencia de género tienen derecho a reducir su jornada laboral, manteniendo su salario íntegro.

Las empleadas públicas víctimas de violencia de género tienen derecho a una mayor flexibilidad horaria, sin que esta se vea condicionada por las necesidades del servicio.

Las empleadas públicas víctimas de violencia de género tienen derecho a prestar servicios de forma no presencial, de forma excepcional, sin necesidad de seguir el procedimiento habitual de teletrabajo.

Las empleadas públicas víctimas de violencia de género tienen derecho a prioridad para acceder al teletrabajo ordinario en comparación con el resto del personal.

Las empleadas públicas víctimas de violencia de género tienen derecho a ser trasladadas dentro de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para su protección.

Las empleadas públicas víctimas de violencia de género tienen derecho a ser trasladadas entre diferentes Administraciones Públicas para ayudar a su seguridad.

Las plazas sujetas a procesos de movilidad para proteger a las empleadas víctimas de violencia de género no se pueden ocupar con otras personas hasta que finalice el traslado temporal o definitivo.

Las empleadas públicas víctimas de violencia de género tienen derecho a interrumpir el periodo de prueba de su contrato laboral, manteniendo su puesto de trabajo.

Las empleadas públicas víctimas de violencia de género tienen derecho a una excedencia por razón de violencia de género, con protección salarial.

Las empleadas públicas víctimas de violencia de género tienen derecho a rescindir su contrato de trabajo si se ven obligadas a abandonar su puesto por la violencia.

Las empleadas públicas víctimas de violencia de género pueden recibir apoyo económico por cambio de domicilio o residencia.

Las empleadas públicas víctimas de violencia de género pueden recibir una indemnización por los gastos de traslado forzoso en caso de movilidad.