Notas de estudio generales

Los Reglamentos Comunitarios son normas jurídicas de rango superior en la Unión Europea. Tienen carácter general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicables en todos los estados miembros.

Las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley en materias como el régimen tributario. Sin embargo, no pueden hacerlo en áreas como la aprobación de los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general o el desarrollo de los derechos fundamentales.

La Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) establece que los bienes demaniales de la Administración Pública son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Esto significa que no se pueden vender, no se pueden perder por prescripción y no se pueden embargar.

La Administración Pública puede recuperar la posesión de un bien que le pertenece, incluso si alguien lo ha ocupado sin autorización. Para ello, debe existir un título previo que autorice la ocupación, como un contrato de arrendamiento.

La Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas no contempla la posibilidad de que las Administraciones Públicas adquieran bienes por usucapión (prescripción adquisitiva). La adquisición de bienes por usucapión se rige por el Código Civil y las leyes especiales.

La mutación demanial es un proceso que consiste en desafectar un bien del Patrimonio del Estado y luego afectarlo a otro servicio o fin público del PdE. Este proceso debe cumplir con los requisitos legales y administrativos.

Las Entidades Locales tienen potestad normativa, es decir, pueden dictar normas de rango inferior a la ley. Estas normas se denominan Ordinances o Reglamentos.

Un tramo de la vía pública que deja de ser de dominio público y pasa a ser de otro tipo de propiedad, como privada o patrimonial.

Un tipo de propiedad pública caracterizado por su aprovechamiento económico y su titularidad pública.

La clasificación del patrimonio de la Generalitat de Catalunya en dos categorías: bienes de dominio público (demaniales) y bienes de dominio privado (patrimoniales).

Una figura legal que permite aceptar una herencia con deudas, pero protegiendo el patrimonio personal del heredero. La deuda se paga con la herencia.

La adquisición de bienes y derechos por parte de la Administración Pública se rige por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, garantizando los principios de publicidad y concurrencia.

La forma estándar de adquisición de bienes y derechos por parte de la Administración Pública es mediante un proceso de licitación pública.

La adquisición de inmuebles y derechos reales por parte de la Administración Pública debe formalizarse a través de un documento legal, como una escritura pública.

La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración Local y las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.

Conjunto de bienes, derechos, valores y demás recursos financieros de su hacienda, cualquiera que haya sido su naturaleza o su forma de adquisición.

Es un tipo de administración especializada que nace de un acuerdo entre diferentes Administraciones Públicas.

Se crea para la gestión de un convenio entre varias Administraciones Públicas.

Es un tipo de administración especializada que surge de un acuerdo contractual, por lo que no forma parte de la Administración Pública Territorial.

Cuando un bien o derecho está afectado a un uso o servicio público de forma continuada durante al menos dos años.

Cuando se declare la utilidad pública o el interés social del bien.

La Constitución Española (CE), art. 33.2.

Los bienes de dominio público o demaniales son bienes pertenecientes al Estado o a las Administraciones Públicas que no pueden ser vendidos, no se pueden perder por prescripción y no se pueden embargar.

La ocupación es la forma de adquirir la propiedad de una cosa sin dueño, mediante la toma de posesión con la intención de hacerla propia. Puede ocurrir cuando nunca ha tenido dueño o ha sido abandonada.

Las Administraciones Públicas tienen la obligación de mantener un inventario detallado de todos los bienes y derechos que integran su patrimonio, incluyendo información sobre su identificación, situación jurídica y destino.

Un bien se convierte en bien de dominio público cuando se destina de forma expresa a un servicio o uso público.

La inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes de dominio público es obligatoria para todos los bienes demaniales, independientemente de su tipo. La inscripción es la forma de acreditar la titularidad de los bienes.

Las Confederaciones Hidrográficas son personas jurídico-públicas, es decir, entidades que están sometidas al derecho administrativo. Esto significa que están sujetas a las leyes y normas que regulan la administración pública.

Para determinar la titularidad de un bien que se presume perteneciente a una Entidad Local, se debe recurrir a un procedimiento administrativo de recuperación de oficio.

Un bien mostrenco es un bien sin dueño que se encuentra abandonado o que tiene un dueño desconocido. El Estado adquiere la titularidad del bien mostrenco si permanece sin dueño después del plazo legal establecido.

Los bienes de dominio público que se destinan a un uso general o servicio público, como calles, plazas públicas, parques o bibliotecas.

Los bienes de dominio público que se destinan a la prestación de un servicio público concreto, como hospitales, oficinas de correos o colegios.

Los bienes de dominio público que son demaniales por su propia naturaleza, como las costas, el mar territorial, los ríos y los lagos.

Los bienes que se convierten en demaniales por efecto de una decisión administrativa, como los edificios públicos o los terrenos destinados a carreteras.

Para garantizar su protección frente a derechos de terceros, se pueden inscribir en el catálogo general de bienes de las Administraciones Públicas.

Las Comunidades Autónomas que han aprobado sus propias leyes de montes o aprovechamientos forestales en ejercicio de sus competencias legislativas.

Los bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales de las Administraciones Públicas no tienen carácter demaniales y son de titularidad pública.

Se pueden deslindar los bienes inmuebles del patrimonio de la Administración Pública cuando los límites entre ellos sean imprecisos o existan indicios de usurpación.