Introducción al Derecho Penal

La acción relevante en el derecho penal es una conducta humana dirigida por la voluntad. Es decir, que debe ser voluntaria. Esto excluye actos realizados por animales o acciones donde la voluntad no está presente, como en estados de inconsciencia, movimientos reflejos o bajo fuerza irresistible.

La acción típica y antijurídica es la acción que encaja en el tipo penal y que infringe la norma jurídica. Es decir, que la acción realizada por un individuo es un delito.

La culpabilidad se refiere a la capacidad del autor de entender la ilicitud del hecho y de actuar conforme a esa comprensión. Es decir, que el autor era consciente de que estaba cometiendo un delito.

La punibilidad se da cuando el delito es susceptible de ser sancionado, es decir, cuando la ley prevé una pena para el delito cometido.

Es el primer paso en el análisis de un delito. Se examina si hay una acción que cumple con los requisitos de la teoría del delito.

Una vez que se ha comprobado la acción, se analiza si dicha acción encaja en la descripción de un delito (tipicidad) y si va en contra de la ley (antijuridicidad).

Se analiza la capacidad del autor para entender que su acción era un delito y para actuar conforme a esa comprensión.

El último paso, se verifica si la ley establece una pena para el delito cometido.

Es una incitación directa a la comisión de un delito a través de medios como la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de publicidad. También puede darse en una concentración de personas.

Es la exposición de ideas que ensalzan el crimen o que glorifican al delincuente. Solo será punible si constituye una incitación directa a la comisión de un delito.

Se castiga solo cuando la ley lo establece explícitamente, como la inducción de un delito.

La persona que incita a otro a delinquir, pero no participa en la ejecución del delito

Se castiga al provocador si el delito finalmente se lleva a cabo.

La persona que invita a otro a participar en un delito que él mismo ha decidido cometer.

Se castiga solo si la ley lo establece explícitamente.

Es la propuesta a otro para cometer un delito, pero solo se castiga cuando la ley lo establece.

La decisión consciente y deliberada de no actuar, aun cuando es previsible un resultado negativo.

El tipo penal al que se ajusta el acto delictivo, incluyendo sus elementos objetivos (condiciones observables) y subjetivos (intenciones del autor).

El interés jurídico que la ley protege en cada delito.

Se refiere a la condición de que la acción delictiva no se origine en una causa de justificación (como la legítima defensa), lo que la convierte en contraria al derecho.

Las causas de justificación, como la legítima defensa, que hacen que un acto típico no sea ilícito.

Un tipo de delito que no requiere que el actor realice una acción física directa, sino que implique la omisión de una acción que estaba obligado a realizar.

Un acto criminal que se clasifica como un delito porque no se ajusta a los requisitos de un tipo penal legal.

La condición de que el acto delictivo sea contrario a la ley y no esté justificado por ninguna excepción legal.

El desistimiento voluntario es una defensa penal que exime de responsabilidad a quien inicia la ejecución de un delito, pero luego evita su consumación voluntariamente.

Para que el desistimiento voluntario sea efectivo, el sujeto debe haber comenzado la ejecución del delito.

El desistimiento voluntario puede ocurrir de dos formas: 1. Desistiendo de la ejecución del delito ya iniciada; 2. Impidiendo la producción del resultado del delito.

Aunque el desistimiento exime de responsabilidad por el delito intentado, no elimina la responsabilidad por los actos ya ejecutados si constituyen otro delito.

El desistimiento voluntario no aplica en todos los casos, solo para quienes individualmente lo realizan.

La tentativa es el intento de cometer un delito sin llegar a consumarlo. La ley establece una pena inferior a la del delito consumado.

La pena por tentativa se mide según el peligro del intento y el grado de ejecución alcanzado, no la intención original.

La ley considera la tentativa como un delito en sí mismo, con una pena menor que la del delito consumado.

Cuando una persona es quien induce a otra a cometer un delito. Es decir, quien la convence, persuade o incita para que lo haga, pero no toma parte en la ejecución del delito.

Es cuando una persona aporta ayuda, bienes o medios para que se cometa un delito, pero no participa de manera directa en la ejecución. Es decir, facilita la comisión del delito pero no lo realiza.

Es una conducta penal que se da cuando una persona participa en la ejecución de un delito, pero no es el responsable principal de la acción. Puede ser el que facilita el delito o quien lo ejecuta bajo la dirección del autor principal.

Es la persona que ejecuta directamente un delito, es decir, la que lleva a cabo el acto material que lo configura.

Una persona ajena a la ejecución de un delito, pero colabora con el autor y el inductor en la realización del mismo aportando bienes o medios.

En el Código Penal español, no existe una definición general de "consumación". Se define de manera específica para cada delito, con el artículo 61 estableciendo que la pena se aplica a los autores de la infracción "consumada".

La responsabilidad penal según el Código Penal español recae en los "autores" y los "cómplices" de un delito, según el artículo 27.

La Ley Orgánica 5/2010 introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluyendo las empresas, con algunas excepciones. Posteriormente, la Ley Orgánica 7/2012 amplió la aplicación a partidos políticos y sindicatos.

Cuando una persona jurídica comete un delito "en nombre y por cuenta de la misma", sus representantes legales u otros individuos con autoridad de decisión o control dentro de la empresa, son responsables.

Las personas jurídicas también pueden ser responsables por delitos cometidos por individuos bajo su autoridad, si se demuestra que la empresa incumplió gravemente sus deberes de supervisión y control.

El Código Penal español establece la responsabilidad de las personas jurídicas para delitos cometidos en su beneficio, tanto directo como indirecto.

El régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas no se aplica a entidades que ejerciten el poder público, como partidos políticos o sindicatos.

Los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales, por cuenta y en beneficio de una persona jurídica pueden también ser objeto de responsabilidad penal.