Gobierno y Parlamento de Canarias

La igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida, especialmente en el ámbito laboral.

La integración de la perspectiva de género en todas las políticas públicas.

La erradicación de actitudes y comportamientos discriminatorios, como el sexismo, la xenofobia, el racismo y la homofobia, dentro de la sociedad canaria.

La promoción de la participación de las familias en la educación de sus hijos e hijas.

El impulso de la investigación científica, la innovación tecnológica y el acceso a la información.

La protección de recursos naturales como el agua y la energía, asegurando su control por parte de las administraciones canarias.

La preservación de la calidad ambiental y la biodiversidad de Canarias como patrimonio común.

La promoción de políticas de transporte que fomenten el uso del transporte público y la mejora de la movilidad y la seguridad vial.

Canarias es un archipiélago ubicado en el Océano Atlántico, que debido a su singularidad geográfica, histórica y cultural, tiene derecho a autogobernarse como una nacionalidad dentro de España.

El autogobierno de Canarias se basa en la Constitución y destaca por su ubicación geográfica única, la importancia de sus recursos naturales, la solidez de sus instituciones públicas y su orientación económica hacia el Atlántico. Además, Canarias ha desarrollado una identidad política propia, con una visión especial de la historia, la cultura, el idioma y las costumbres de sus habitantes.

La Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus instituciones democráticas, tiene como principal objetivo defender los intereses de Canarias, su identidad cultural, su patrimonio natural y su biodiversidad. Promueve la solidaridad entre los canarios, el desarrollo sostenible y equilibrado de las islas, la cooperación y la paz entre los pueblos, y un orden internacional justo.

Los poderes de la Comunidad Autónoma de Canarias emanan de la Constitución y del pueblo canario, y se encuentran definidos en el Estatuto de Autonomía, que es la ley fundamental de la región. La Comunidad Autónoma ejerce su poder a través del Parlamento, la Presidencia y el Gobierno.

Las islas de Canarias son elementos centrales de la organización territorial de la Comunidad Autónoma, y sus cabildos (consejos insulares) actúan como instituciones de la Comunidad Autónoma y como órganos de gobierno, administración y representación de cada isla.

La lejanía, la insularidad y la ubicación en la ultraperiferia son elementos que caracterizan a Canarias, lo que implica desafíos y oportunidades especiales en diversos ámbitos, como la economía, la sociedad y la cultura.

Ninguna circunscripción insular puede tener menos diputados que otra con menor población.

Los diputados no están obligados a seguir las instrucciones de quienes los eligieron.

Los diputados no pueden ser perseguidos por sus opiniones o votos durante su mandato.

Los diputados solo pueden ser detenidos en caso de delito flagrante.

Los diputados del Parlamento de Canarias reciben una asignación económica que se establece en los Presupuestos de la Cámara.

El Parlamento de Canarias tiene autonomía para organizarse, financiar sus actividades y gestionar su personal.

El Parlamento de Canarias aprueba el estatuto del personal que trabaja para él.

El Parlamento de Canarias se reúne en pleno (todos los diputados juntos) y en comisiones (grupos especializados).

La historia política de Canarias durante los siglos XVI al XVIII se caracterizó por la autonomía de cada isla bajo la administración de su propio cabildo, con solo la Audiencia, el Obispado y la Comandancia General con jurisdicción en todo el archipiélago.

La lejanía y la condición insular de Canarias han inspirado la identidad y las instituciones canarias desde su origen hasta la actualidad, dando lugar al concepto de ultraperificidad como factor determinante del autogobierno.

La Corona española otorgó a las Islas Canarias un régimen de franquicias fiscales y mercantiles, permitiendo la libre asignación de los recursos y la exclusión de los monopolios comerciales que se aplicaban en el resto de España.

La configuración particular de la economía y las políticas fiscales de Canarias permitió a los isleños establecer estrechos vínculos con Europa y participar activamente en la colonización de América.

A lo largo de la historia, diversas disposiciones legales han consolidado un conjunto normativo propio para Canarias, que refleja la especificidad del régimen canario.

El Decreto de Puertos Francos de 1852, elevado a Ley en 1870, y la ley de 1900, que amplió las ventajas fiscales, ha dado forma al régimen de franquicias y mercantiles de Canarias, generando su desarrollo socioeconómico y cultural.

El régimen de franquicias fiscales y mercantiles ha permitido a Canarias integrarse profundamente en la economía internacional y la de Europa, conservando su identidad atlántica.

Las vanguardias culturales europeas han reconocido el carácter atlántico de las Islas Canarias.

Determina el alcance de la delegación legislativa, indicando si se limita a la creación de un texto único o si incluye la regularización, aclaración y armonización de los textos legales que se van a refundir.

El Parlamento de Canarias ejerce un control sobre la legislación delegada, sin perjuicio del control que le corresponde al Tribunal Constitucional y a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Normas con rango de ley que se dictan en caso de extraordinaria y urgente necesidad.

El Parlamento debe convalidar los decretos-leyes en un plazo de 30 días naturales desde su publicación.

Las leyes del Parlamento de Canarias y otras normas con fuerza de ley son promulgadas en nombre del Rey por el Presidente o Presidenta de la Comunidad Autónoma.

El Tribunal Constitucional es el órgano encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes del Parlamento de Canarias.

El Parlamento elige al Presidente/a de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Presidente/a del Parlamento propone una candidatura a la Presidencia de Canarias, previo consenso con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento.

El máximo representante del Ministerio Fiscal en la Comunidad Autónoma de Canarias, designado por el Estatuto Orgánico.

El Presidente del Gobierno de Canarias publica el nombramiento del Fiscal Superior de Canarias en el Boletín Oficial de Canarias.

El Fiscal Superior de Canarias presenta un informe anual sobre la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al Gobierno, Consejo de Justicia de Canarias y Parlamento.

El Consejo de Justicia de Canarias colabora con la Administración de Justicia en Canarias, según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Consejo de Justicia de Canarias está formado por miembros elegidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial y designados por el Parlamento de Canarias.

Las funciones del Consejo de Justicia de Canarias se establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Estatuto de Canarias, leyes del Parlamento de Canarias y delegaciones del Consejo General del Poder Judicial.

El Consejo de Justicia de Canarias tiene atribuciones sobre los órganos judiciales en Canarias, como ser consultado en la planificación de la inspectoría de los tribunales y juzgados, informar sobre recursos de alzada, aplicar reglamentos del Consejo General del Poder Judicial, informar sobre propuestas de demarcación y secciones, y presentar una memoria anual al Parlamento sobre la administración de justicia en Canarias.

El Consejo de Justicia de Canarias colabora con la Administración de Justicia en Canarias, según la Ley Orgánica del Poder Judicial.