Examen Temas - 1, 4, 6, 9 y 10

Estructura de la Constitución Española de 1978

• La Constitución Española de 1978 está compuesta por un preámbulo, 11 títulos, 169 artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 9 Transitorias, 1 Derogatoria y 1 Final.

Título Preliminar

• Define los principios constitucionales básicos en los que se sustenta el Estado Español.
• Establece un Estado social y democrático de derecho, la monarquía parlamentaria y el Estado de las autonomías.

Título I: Derechos y Deberes Fundamentales

• El Título más amplio de la Constitución, con 46 artículos.
• Regula los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, así como la posible suspensión de los mismos.
• Estos derechos son subjetivos, establecidos en favor de las personas y valores que legitiman el sistema político frente al ciudadano.

Capítulo Primero: De los españoles y los extranjeros

• Regula la nacionalidad española y la ciudadanía.

Capítulo Segundo: Derechos y Libertades

• Dividido en dos secciones:
• Sección 1ª: Derechos fundamentales y libertades públicas (Art. 15 a 29)
• Incluye derechos como la integridad física y moral, la libertad ideológica, religiosa, de expresión, reunión, asociación, etc.
• Sección 2ª: Derechos y deberes de los ciudadanos (Art. 30 a 38)
• Regula derechos como la defensa de España, la participación en los asuntos públicos, el derecho al trabajo, a la salud, educación, cultura, vivienda, etc.

Capítulo Cuarto: Garantías de las libertades y derechos fundamentales (Art. 53 y 54)

• Establece los mecanismos para la protección de los derechos fundamentales.

Capítulo Quinto: Suspensión de los derechos y libertades (Art. 55)

• Regula las situaciones en las que se pueden suspender algunos derechos y libertades, como en estado de excepción o sitio.

Título II: De la Corona (Art. 56 al 65)

• Regula la figura del Rey, sus funciones, el juramento, la sucesión de la corona, la regencia, la tutela del Rey, el refrendo a los actos del Rey y el presupuesto y organización de la Casa Real.

Título III: De las Cortes Generales (Art. 66 al 96)

• Establece la composición, organización y atribuciones de las Cortes Generales.
• Regula el procedimiento de elaboración de las leyes, el estatuto de los parlamentarios y el régimen de los tratados internacionales.
• Dividido en tres Capítulos:
• Capítulo Primero: De las Cámaras (Art. 66 a 80)
• Capítulo Segundo: De la elaboración de las leyes (Art. 81 a 92)
• Capítulo Tercero: Del control de la acción del Gobierno (Art. 93 a 96)

Título IV: Del Gobierno (Art. 97 al 106)

• Regula la organización y funciones del Gobierno.
• Se establece la figura del Presidente del Gobierno, los ministros y la estructura del ejecutivo.

Título V: De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (Art. 107 al 116)

• Regula la relación entre el Gobierno y las Cortes Generales, incluyendo la presentación de leyes, el debate parlamentario y la aprobación de los presupuestos generales del estado.

Título VI: Del Poder Judicial (Art. 117 al 127)

• Regula la organización y funciones del Poder Judicial.
• Se establece la independencia del poder judicial, la organización de los tribunales y la función de los jueces y magistrados.

Título VII: De la economía y de la Hacienda Pública (Art. 128 al 136)

• Define los principios económicos y financieros del Estado español.
• Regula la organización de la hacienda pública, los impuestos y los gastos del Estado.

Título VIII: De la organización territorial del Estado (Art. 137 al 158)

• Regula la organización territorial del Estado, incluyendo el Estado de las Autonomías.
• Se establecen los diferentes niveles de gobierno: nacional, autonómico y local.

Título IX: Del Tribunal Constitucional (Art. 159 al 165)

• Regula la organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano intérprete de la Constitución.

Título X: Del régimen electoral (Art. 166 al 169)

• Regula el sistema electoral para la elección de las Cortes Generales, el Senado, las asambleas autonómicas, las corporaciones locales y las elecciones europeas

Disposiciones Adicionales

• Regula aspectos adicionales al texto constitucional como la protección de los derechos históricos de los pueblos de España.

Disposiciones Transitorias

• Regula la transición hacia el nuevo orden constitucional, estableciendo normas para la aplicación de la Constitución.

Disposición Derogatoria

• Deroga las leyes previas que contradigan a la Constitución.

Disposición Final

• Establece la entrada en vigor de la Constitución.

Objeto y Ámbito Subjetivo de Aplicación

• La Ley regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas.
• La ley regula los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
• Se aplica al sector público, que incluye la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.
• El sector público institucional abarca:
  • Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
  • Entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que se rigen por la ley cuando ejerzan potestades administrativas.
  • Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por la ley.
• Las Administraciones Públicas son: la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, y los organismos públicos y entidades de derecho público.
• Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas y supletoriamente por la presente Ley.

De los Interesados: Capacidad, Concepto y Representación

• La capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas la tienen:
  • Personas físicas o jurídicas con capacidad de obrar según las normas civiles.
  • Menores de edad para defender sus derechos e intereses permitidos por el ordenamiento jurídico sin asistencia de la persona que ejerce la patria potestad, tutela o curatela.
  • Grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes o autónomos, cuando la ley lo declare expresamente.
• Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
  • Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
  • Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte.
  • Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento.
• Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.
• Los interesados con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representante.
• Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas pueden actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas.

Derechos de las Personas en sus Relaciones con las Administraciones Públicas

• Las personas con capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas tienen derecho a:
  • Comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
  • Ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
  • Utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma.
  • Acceder a la información pública, archivos y registros.
  • Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos.
  • Exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades.
  • Obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica.
  • La protección de datos de carácter personal.
  • Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53.
• Los interesados en el procedimiento administrativo tienen derecho a:
  • Conocer el estado de la tramitación de los procedimientos, el sentido del silencio administrativo, el órgano competente e instrucción y los actos de trámite dictados.
  • Acceder y obtener copia de los documentos contenidos en los procedimientos.
  • Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas.
  • No presentar documentos originales salvo que la normativa lo establezca.

Procedimientos de carácter sancionador

• La resolución debe contener la valoración de las pruebas practicadas, especialmente las fundamentales para la decisión.
• Debe identificar los hechos, al responsable o responsables, las infracciones cometidas y las sanciones impuestas.
• La resolución no puede incluir hechos no determinados en el procedimiento, incluso con diferente valoración jurídica.
• Si la sanción o infracción son más graves que en la propuesta, se notifica al interesado para alegaciones.
• La resolución es ejecutiva sin recurso ordinario, pudiendo incluir medidas cautelares para garantizar su eficacia.
• Se puede suspender cautelarmente si el interesado declara su intención de interponer recurso contencioso-administrativo.
• Esta suspensión finaliza transcurrido el plazo legal o con la decisión judicial sobre la suspensión cautelar.
• Si los daños o perjuicios no están determinados, se fija en un procedimiento complementario, cuya resolución es ejecutiva.
• Este procedimiento puede terminar convencionalmente, pero no implica el reconocimiento de responsabilidad.
• Si órgano instructor y resolutivo son distintos, el instructor debe elevar al órgano resolutivo una propuesta de resolución.
• En los procedimientos sancionadores, la propuesta se notifica a los interesados.

Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador

• El instructor archiva las actuaciones sin propuesta, si se constata la inexistencia de hechos que constituyan infracción, falta de acreditación, hechos probados no constitutivos de infracción administrativa, falta de identificación del responsable, o prescripción de la infracción.
• El instructor formula la propuesta de resolución una vez finalizada la instrucción.
• La propuesta debe determinar los hechos probados, la calificación jurídica, la infracción, el responsable, la sanción propuesta, la valoración de las pruebas y las medidas provisionales.
• Si la instrucción concluye que no hay infracción y no se usa la facultad del apartado primero, se declara esa circunstancia.

Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores

• Se reduce el importe de la multa o sanción no pecuniaria si el denunciante aporta elementos de prueba significativos y cesa en la participación en la infracción y no destruye pruebas.
• La presentación de una denuncia no otorga la condición de interesado.

Inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora

• Se inician de oficio por acuerdo del órgano competente, con debida separación entre la fase instructora y la sancionadora.
• Un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando lo determinen las normas que lo regulan.
• No se pueden imponer sanciones sin el correspondiente procedimiento.
• No se pueden iniciar nuevos procedimientos por hechos continuos mientras no se haya resuelto el primero con carácter ejecutivo.

Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora

• El acuerdo de iniciación se comunica al instructor con traslado de actuaciones, y se notifica a los interesados, incluyendo al inculpado.
• El acuerdo debe identificar a los presuntos responsables, los hechos que motivan la incoación, su calificación y las posibles sanciones.
• Se identifica al instructor y secretario del procedimiento con indicación de su recusación.
• Las peticiones deben especificar, en la medida de lo posible, la persona o personas responsables, las conductas o hechos que pudieran constituir infracción, su tipificación, lugar, fecha o periodo de tiempo en que ocurrieron.
• En procedimientos de responsabilidad patrimonial, se debe individualizar la lesión, la relación de causalidad con el servicio público, su evaluación económica y el momento de la lesión.

Inicio del procedimiento por denuncia

• Una denuncia es el acto por el que una persona pone en conocimiento de un órgano administrativo un hecho que podría justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.
• La denuncia debe expresar la identidad del denunciante y el relato de los hechos.
• Si los hechos son una infracción administrativa, se debe indicar la fecha de la comisión y la identificación de los presuntos responsables.
• En caso de perjuicio al patrimonio de las administraciones públicas, se debe motivar la no iniciación del procedimiento y notificar la decisión al denunciante.
• Si el denunciante ha participado en la infracción y existen otros infractores, se le exonera del pago de la multa si es el primero en aportar pruebas y se repara el perjuicio causado.

Igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo

• La ley establece principios de actuación para los poderes públicos, regula derechos y deberes de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, y lucha contra la discriminación de género.

• Se garantiza la igualdad de trato y se prohíbe la discriminación por razón de sexo a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, domicilio o residencia.

• El principio de igualdad implica la ausencia de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, incluyendo, por ejemplo, la maternidad, obligaciones familiares o estado civil.

• La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres se debe integrar en todas las normas, desde su interpretación hasta su aplicación.

• Se garantiza la igualdad en el ámbito laboral, incluyendo acceso al empleo, formación, promoción, condiciones de trabajo, retribuciones, despido y afiliación a organizaciones.

• Los actos discriminatorios serán considerados nulos y sin efecto, y se determinará la responsabilidad mediante reparaciones, indemnizaciones, sanciones disuasorias e incluso la posibilidad de acciones positivas.

• Se contempla la posibilidad de aplicar acciones positivas para corregir situaciones de desigualdad de hecho entre hombres y mujeres, siempre que sean proporcionales y razonables.

• Se concede la posibilidad de tutela judicial efectiva contra la discriminación, incluyendo la posibilidad de reclamar tras la terminación de la relación donde se ha producido la discriminación.

El principio de igualdad en el empleo público

• Las Administraciones Públicas deben eliminar los obstáculos que impidan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y la carrera profesional.

• Se debe facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional.

• Se fomenta la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional.

• Se promueve la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración.

• Se establecen medidas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

• Se debe trabajar para eliminar cualquier discriminación retributiva por razón de sexo.

• Se establece un sistema para evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus ámbitos de actuación.

• Se considera el principio de presencia equilibrada en el nombramiento de personas titulares de órganos directivos.

• Los órganos de selección y las comisiones de valoración deben tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones objetivas y justificadas.

• Se exige la presencia equilibrada de ambos sexos en la representación de la Administración General del Estado en otros órganos o comités.

• Se exige un informe de impacto de género en las pruebas selectivas para el acceso al empleo público.

• Se establecen permisos y beneficios para la protección de la maternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

• Se reconoce un permiso de paternidad.

• Se computará el tiempo dedicado a la maternidad o la conciliación en las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo.

• Se puede conceder una licencia por riesgo durante el embarazo y lactancia en caso de que las condiciones del puesto de trabajo puedan afectar a la salud de la mujer, del hijo o hija.

• Se garantiza la plenitud de los derechos económicos durante la duración de la licencia.

• Se implementa un sistema donde las trabajadoras de la función pública pueden disfrutar de las vacaciones en fechas distintas a las que coincidan con incapacidades, permisos, etc.

• Se otorga preferencia en la adjudicación de plazas para participar en la formación a quienes hayan disfrutado de permisos de maternidad o paternidad o hayan reingresado de excedencias por razones de guarda y atención.

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)

• La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), tiene como objetivo promover la seguridad y la salud de los trabajadores.

• La LPRL establece los principios generales para la prevención de riesgos profesionales, incluyendo la eliminación o la disminución de los riesgos derivados del trabajo.

• La LPRL regula las actuaciones de las Administraciones públicas, los empresarios, los trabajadores y sus organizaciones representativas en materia de prevención de riesgos laborales.

• La LPRL se compone de 54 artículos, distribuidos en 7 capítulos, 18 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 2 disposiciones finales.

Objeto, Ámbito de Aplicación y Definiciones

• La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la LPRL, sus disposiciones de desarrollo o complementarias, y otras normas legales o convencionales que contengan prescripciones relativas a las medidas preventivas en el ámbito laboral.

• La LPRL tiene como objetivo promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.

• El ámbito de aplicación de la LPRL incluye todos los ámbitos laborales, excepto los establecimientos penitenciarios, donde se adaptará la ley para actividades que justifiquen una regulación especial.

• La LPRL define conceptos clave como:

  • Prevención: Actividades y medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa para evitar o disminuir los riesgos laborales.
  • Riesgo laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo, considerando la probabilidad de que ocurra el daño y su severidad.
  • Daños derivados del trabajo: Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
  • Riesgo laboral grave e inminente: Riesgo probable que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
  • Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos: Aquellos que en ausencia de medidas preventivas específicas, originan riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
  • Equipo de trabajo: Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
  • Condición de trabajo: Cualquier característica del trabajo que puede tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador.
  • Equipo de protección individual: Equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo.

Derechos y Obligaciones

• Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

• El empresario tiene el deber de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales.

• Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz.

• El empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo.

• El empresario tiene la obligación de notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo.

Coordinación de Actividades Empresariales

• Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

• El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que los otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos existentes, las medidas de protección y prevención, y las medidas de emergencia a aplicar.

Protección de los Menores

• La LPRL establece medidas especiales para la protección de los menores en el trabajo.

• Los menores de 18 años no podrán realizar trabajos que puedan poner en peligro su seguridad y salud.

• Los empresarios están obligados a garantizar la formación adecuada de los menores en materia de seguridad y salud en el trabajo.

• Los menores tienen derecho a una jornada de trabajo limitada y a un periodo de descanso adecuado.

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