Estatuto Básico del Empleado Público

Objeto del Estatuto Básico del Empleado Público

• Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
• Establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos.
• Determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las administraciones públicas.
• Reflejar los fundamentos de actuación como el servicio a los ciudadanos, igualdad, mérito, objetividad, transparencia, entre otros.
• Los fundamentos de actuación incluyen servicio a los ciudadanos, igualdad, mérito, sometimiento a la ley, igualdad de trato entre hombres y mujeres, objetividad, profesionalidad e imparcialidad garantizada por la inamovilidad, eficacia en la gestión de recursos humanos, desarrollo profesional, transparencia, evaluación, responsabilidad, jerarquía, negociación colectiva y cooperación entre administraciones.

Ámbito de Aplicación

• Se aplica al personal funcionario y, donde proceda, al personal laboral de la Administración General del Estado.
• Se aplica a las Administraciones de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla, entidades locales, organismos públicos con personalidad jurídica propia vinculados a las administraciones públicas y universidades públicas.
• Se pueden dictar normas singulares para adecuarlo al personal de investigación.
• El personal docente y estatutario de los Servicios de Salud se regirán por su legislación específica y por el Estatuto, excepto el capítulo II del título III, salvo los artículos 20, 22.3, 24 y 84.
• Se entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud cuando se haga mención al personal funcionario de carrera.
• El estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las administraciones públicas no incluido en su ámbito de aplicación.

Personal Funcionario de las Entidades Locales

• Se rige por la legislación estatal aplicable, de la cual forma parte este Estatuto, y por la legislación de las Comunidades Autónomas, respetando la autonomía local.
• Los Cuerpos de Policía Local también se rigen por este Estatuto y la legislación de las Comunidades Autónomas, exceptuando lo establecido en la LO 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Personal con Legislación Específica Propia

• Las disposiciones del Estatuto solo se aplicarán directamente si así lo dispone su legislación específica.
• Incluye al personal funcionario de las Cortes Generales, asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, Órganos Constitucionales del Estado, jueces, magistrados, fiscales y personal militar.
• También aplica al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el personal retribuido por arancel y personal del CNI.
• También incluye al personal del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos

• El personal funcionario se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por el Estatuto.
• Su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables.

Leyes de Función Pública

• Las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas aprobarán las leyes reguladoras de la Función Pública de la AGE y de las CCAA en desarrollo del Estatuto.

Normativa Aplicable al Personal Laboral

• El personal laboral al servicio de las administraciones públicas se rige por la legislación laboral, normas convencionalmente aplicables y los preceptos del Estatuto que así lo dispongan.
• En materia de permisos de nacimiento, adopción y lactancia, se regirá por el Estatuto, no aplicándose las previsiones del Estatuto de los Trabajadores.

Clases de Empleados Públicos

• Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las administraciones públicas al servicio de los intereses generales.
• Se clasifican en funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo (indefinido o temporal) y personal eventual.

Funcionarios de Carrera

• Están vinculados a una AP por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
• El ejercicio de funciones que impliquen potestades públicas o la salvaguardia de los intereses generales del Estado corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos.
• Los funcionarios de carrera se incorporan con carácter permanente al servicio mediante su ingreso en un Cuerpo o Escala.
• En la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, se incorporan mediante nombramiento legal y su ingreso en un Cuerpo o Escala, quedando vinculados por una relación profesional de carácter estatutario, determinada por normas de Derecho Administrativo.

Funcionarios Interinos

• Son nombrados temporalmente por razones justificadas de necesidad y urgencia para desempeñar funciones propias de funcionarios de carrera.
• Esto ocurre por plazas vacantes (máximo 3 años), sustitución transitoria de titulares, programas temporales (máximo 3 años, ampliable 12 meses) o exceso/acumulación de tareas (máximo 9 meses en un período de 18 meses).
• Los procedimientos de selección serán públicos y se regirán por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad.
• La Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cobertura reglada del puesto, razones organizativas, finalización del plazo o finalización de la causa que dio lugar al nombramiento.
• Transcurridos 3 años desde el nombramiento, finalizará la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el proceso selectivo quede desierto.
• El personal funcionario interino podrá permanecer temporalmente en la plaza si se ha publicado la correspondiente convocatoria en el plazo de tres años y se resuelve según los plazos del artículo 70.
• El personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera, salvo los derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.

Personal Laboral

• Presta servicios retribuidos en las AAPP en virtud de un contrato de trabajo formalizado por escrito.
• El contrato podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.
• Las leyes de Función Pública determinarán los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando el artículo 9.2.
• La selección se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad.
• El personal laboral temporal se regirá igualmente por el principio de celeridad, teniendo por finalidad atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia.

Personal Eventual

• Realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial con carácter no permanente.
• Es retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.
• Las leyes de Función Pública determinarán los órganos de gobierno que podrán disponer de este tipo de personal en AAPP.
• El nombramiento y cese serán libres, y el cese ocurrirá cuando cese la autoridad a la que se preste la función.
• La condición de personal eventual no constituye mérito para el acceso a la Función Pública o promoción interna.
• Al personal eventual le será aplicable el régimen general de los funcionarios de carrera.

Personal Directivo Profesional

• El Gobierno y los órganos de gobierno de las CCAA podrán establecer el régimen jurídico específico del personal directivo.
• Define como personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas.
• Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad, y a criterios de idoneidad, mediante procedimientos con publicidad y concurrencia.
• Estará sujeto a evaluación con arreglo a criterios de eficacia, eficiencia y responsabilidad por la gestión y control de resultados.
• La determinación de las condiciones de empleo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva.
• El personal directivo con condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

Funciones Reservadas a Funcionarios de Carrera

• El ejercicio de funciones que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales corresponde en exclusiva al personal funcionario.
• Actos de fe pública administrativa, emisión de actos de conocimiento y actos administrativos que se inscriben en registros oficiales.
• Dictado de órdenes y requerimientos integrados en el ejercicio de la policía administrativa.
• Adopción, modificación y enervación de medidas cautelares en el procedimiento administrativo.
• Actuaciones materiales y jurídicas para la identificación y validación de la firma de documentos.
• Control y fiscalización interna de la actividad económico-financiera y presupuestaria.
• Actos administrativos de interpretación, modificación, resolución, verificación y control en expedientes de contratación.
• Actos administrativos en expedientes de reintegro de ayudas y ejercicio de facultades de deslinde y recuperación de bienes públicos.
• Asesoramiento legal preceptivo y actos de instrucción y formulación de propuestas de resolución en el ejercicio de la potestad sancionadora.
• Se consideran comprendidas las funciones que implican el ejercicio de potestades públicas o la salvaguarda de los intereses generales, aquellas a través de las cuales se materializa el ejercicio de la autoridad pública y cuyo incumplimiento pueda acarrear consecuencias jurídicas desfavorables.
• Se excluyen las actuaciones de carácter preparatorio, instrumental, técnico y de apoyo que no constituyan actos administrativos en sí mismos.

Derechos Individuales de los Empleados Públicos

• Inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
• Desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.
• Progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios de igualdad, mérito y capacidad.
• Percepción de retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio.
• Participación en la consecución de objetivos y a ser informado por sus superiores.
• Defensa jurídica y protección de la AP en procedimientos judiciales.
• Formación continua y actualización permanente de conocimientos.
• Respeto a la intimidad, orientación e identidad sexual y no discriminación.
• Adopción de medidas que favorezcan la conciliación familiar y laboral.
• Intimidad en el uso de dispositivos digitales y desconexión digital.
• Libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
• Protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
• Vacaciones, descansos, permisos y licencias.
• Jubilación según las normas aplicables.
• Prestaciones de la Seguridad Social correspondientes.
• Libre asociación profesional.
• Reconocimiento de derechos por el ordenamiento jurídico.
• Derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital.

Derechos Individuales Ejercidos Colectivamente

• Libertad sindical.
• Negociación colectiva
• Participación en la determinación de las condiciones de trabajo.
• Ejercicio de la huelga con garantía de servicios esenciales.
• Planteamiento de conflictos colectivos de trabajo.
• Derecho de reunión, conforme al artículo 46, donde están legitimados para convocar, además de las organizaciones sindicales y delegados sindicales, los delegados de personal, juntas de personal y los comités de empresa.
• También están legitimados los empleados públicos de las administraciones públicas respectivas en número no inferior al 40% del colectivo convocado.
• Se autorizarán reuniones en el centro de laburo fuera del horario laboral, salvo que las partes implicadas lleguen a un acuedo

Deberes de los Empleados Públicos y Código de Conducta

• Desempeñar con diligencia las tareas asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia del ordenamiento jurídico.
• Actuar con arreglo a principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad.
• Los principios y reglas en este capítulo informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario.

Principios Éticos de los Empleados Públicos

• Respetar la CE y el resto de normas, buscando la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos.
• Ajustar su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración y con sus superiores, compañeros y subordinados.
• Basar su conducta en el respeto de los derechos fundamentales, evitando la discriminación.
• Abstenerse en asuntos donde tengan un interés personal y de actividades privadas que puedan suponer un conflicto de intereses y evitar favores o privilegios injustificados.
• Actuar con eficacia, economía y eficiencia, vigilando la consecución del interés general.
• No influir en la agilización de trámites sin causa justa, ni cuando comporte un privilegio indebido.
• Cumplir diligentemente las tareas y resolver los procedimientos dentro de plazo y ejercer sus atribuciones con dedicación al servicio público.
• Guardar secreto de las materias clasificadas y mantener la discreción sobre asuntos confidenciales.

Principios de Conducta de los Empleados Públicos

• Tratar con atención y respeto a los ciudadanos, superiores y compañeros.
• Desempeñar diligentemente las tareas, cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
• Obedecer las instrucciones de los superiores, salvo infracciones manifiestas.
• Informar a los ciudadanos y facilitar el ejercicio de sus derechos.
• Administrar con austeridad los recursos públicos y velar por su conservación.
• Rechazar regalos, favores o servicios ventajosos que vayan más allá de los usos habituales.
• Garantizar la constancia y permanencia de los documentos.
• Mantener actualizada la formación y cualificación.
• Observar las normas sobre seguridad y salud laboral.
• Poner en conocimiento de los superiores las propuestas para mejorar el desarrollo de las funciones y garantizar la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite.

Responsabilidad Disciplinaria

• Los funcionarios públicos y el personal laboral están sujetos al régimen disciplinario establecido en el Estatuto y las leyes de Función Pública.
• Los que induzcan a otros a cometer faltas disciplinarias incurrirán en la misma responsabilidad, así como los que encubran faltas graves o muy graves que causen daño a la Administración o a los ciudadanos.
• El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto, por la legislación laboral.

Ejercicio de la Potestad Disciplinaria

• Las administraciones públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos.
• La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los principios de legalidad, irretroactividad, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia.
• Si de la instrucción de un expediente disciplinario resultan indicios de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.

Faltas Disciplinarias

• Pueden ser muy graves, graves y leves.
• Faltas muy graves incluyen el incumplimiento del respeto a la CE y Estatutos de Autonomía, discriminación, abandono del servicio, adopción de acuerdos ilegales, publicación indebida de documentación, negligencia en la custodia de secretos, incumplimiento de funciones esenciales, violación de la imparcialidad, desobediencia y acoso laboral.
• En faltas muy graves también figuran las que hayan sido tipificadas como tales en la ley de las Cortes Generales o en los convenios colectivos del personal laboral

Sanciones

• Por las faltas cometidas, se podrán imponer separación del servicio (funcionarios), despido disciplinario (personal laboral), suspensión firme, traslado forzoso, demérito y apercibimiento.
• El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta la intencionalidad, descuido, negligencia, daño al interés público, reiteración y grado de participación.
• Procede la readmisión del personal laboral fijo cuando se declara improcedente el despido por la comisión de una falta muy grave

Prescripción de Faltas y Sanciones

• Las infracciones muy graves prescriben a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses.
• Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año.

Procedimiento Disciplinario y Medidas Provisionales

• No podrá imponerse sanción por faltas muy graves o graves sin procedimiento previo establecido.
• La imposición de sanciones por faltas leves se hará por procedimiento sumario con audiencia al interesado.
• El procedimiento disciplinario se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, encomendándose la fase instructora y sancionadora a órganos distintos y respetando las garantías de defensa.
• En el caso de suspensión provisional durante la tramitación de un expediente, el funcionario suspenso tiene derecho a percibir las retribuciones básicas, y en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
• Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquella.
• Si la suspensión no se declara definitiva, se computa como servicio activo y se restituyen los derechos económicos y demás que procedan

Planes de Igualdad

• Las administraciones públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral, adoptando medidas para evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
• Aprobarán, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en sus respectivos ámbitos, con objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades, negociado con la representación legal de los empleados públicos y evaluado anualmente.
• Se creará un Registro de Planes de Igualdad, adscrito al departamento con competencias en función pública, donde las administraciones remitirán sus planes, así como sus protocolos de acoso sexual y por razón de sexo.

Este tema cubre el objeto y ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Se centra en las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos y las normas aplicables al personal laboral de las administraciones públicas. Abarca la administración general del estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.