Resumen EBEP

El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) establece las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos y determina las normas aplicables al personal laboral.

El EBEP es aplicable a las Administraciones públicas de carácter territorial e institucional, universidades públicas y a entidades como los servicios de salud.

La norma establece que el EBEP se aplicará de forma supletoria al personal de las Administraciones Públicas no incluidas en su ámbito de aplicación principal.

El EBEP garantiza la igualdad en el acceso y la promoción profesional, la objetividad y la profesionalidad en el servicio.

El EBEP establece la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera, lo que garantiza la estabilidad y la seguridad en el puesto de trabajo.

El EBEP considera la transparencia y la evaluación en la gestión, así como la jerarquía en el desempeño de funciones.

El EBEP reconoce la negociación colectiva y la participación de los representantes en las condiciones de empleo, promoviendo la participación de los empleados en la toma de decisiones.

El EBEP fomenta la cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público, coordinando los esfuerzos para mejorar la gestión de los recursos humanos.

El personal funcionario de las entidades locales se rige principalmente por la legislación estatal, incluyendo este Estatuto, y por la legislación de las comunidades autónomas, siempre respetando la autonomía local.

Los Cuerpos de Policía Local se rigen por este Estatuto y por las leyes regionales, con la excepción de las normas específicas establecidas en la Ley Orgánica 2/1986, que regula a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Este Estatuto (EBEP) solo se aplica al personal con legislación específica propia cuando su propia ley lo disponga.

El personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se rige por sus propias normas y, de forma suplementaria, por este Estatuto. Su personal laboral se rige por la legislación laboral general.

El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas sigue la legislación laboral general y los convenios colectivos, junto con las disposiciones específicas de este Estatuto.

Los empleados públicos se clasifican en funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, indefinido o temporal) y personal eventual.

Los funcionarios de carrera son empleados públicos que han superado un proceso selectivo y han sido nombrados con carácter permanente.

Los funcionarios interinos son empleados públicos que ocupan un puesto temporalmente, hasta que se cubra la plaza de forma definitiva.

Un funcionario interino cuyo nombramiento finaliza debido a que la causa que justificó su nombramiento ha terminado.

Las plazas que quedan vacantes después de que un funcionario interino termina su nombramiento, deben ser cubiertas por un proceso de selección o movilidad.

Después de tres años de interinidad, la plaza solo puede ser ocupada por un funcionario de carrera.

Si un proceso de selección para la plaza queda desierto, se puede nombrar a otro funcionario interino.

Un funcionario interino puede seguir en su puesto si se ha publicado la convocatoria para la plaza, dentro de los tres años desde su nombramiento, y se resuelve dentro de los plazos establecidos.

El personal laboral presta servicios retribuidos en las Administraciones Públicas mediante un contrato de trabajo.

Los contratos laborales pueden ser fijos, por tiempo indefinido o temporal.

Las leyes de Función Pública determinan qué puestos pueden ser desempeñados por personal laboral.

Personal que, nombrado por una autoridad y con un puesto no permanente, realiza tareas específicas de confianza o asesoramiento, remunerado con fondos presupuestarios.

Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas tienen la facultad de designar este tipo de personal.

El número máximo de personal eventual que puede tener una Administración es establecido por su órgano de gobierno. Esta información es pública.

El nombramiento y la destitución de un personal eventual son independientes y libres.

La experiencia como personal eventual no te da ventajas para entrar en la Función Pública o para ascender

Las normas generales del personal fijo (funcionarios de carrera) se aplican al personal eventual, adaptándolas a su situación particular.

Personal que desempeña funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas.

La selección del personal directivo se basa en el mérito, la capacidad y la idoneidad, con procesos transparentes y competitivos.

El EBEP establece que la provisión de puestos y movilidad del personal laboral se regirá por los convenios colectivos aplicables. Si no existen convenios específicos, se aplicará el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.

El personal laboral se rige por el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos que le sean aplicables. Los convenios colectivos pueden extender la aplicación de este capítulo al personal laboral, siempre que sea compatible con el Estatuto de los Trabajadores.

El personal laboral queda sujeto al régimen disciplinario establecido en el EBEP y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este estatuto.

En ausencia de previsiones específicas del título VII del EBEP, el régimen disciplinario del personal laboral se regirá por la legislación laboral.

El EBEP establece que el despido disciplinario del personal laboral solo puede ser aplicado por la comisión de faltas muy graves y conlleva la inhabilitación para ocupar nuevos contratos de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.

El EBEP establece que la suspensión firme de funciones o de empleo y sueldo para el personal laboral, tiene una duración máxima de 6 años.

El EBEP establece que la readmisión del personal laboral fijo procede cuando se declara improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave.

El EBEP establece que para el control de la temporalidad en el empleo público se establecen medidas para regular la contratación temporal.

Las Administraciones Públicas son responsables de garantizar que se cumplan las normas sobre contratación laboral temporal y nombramientos de funcionarios interinos.

Las Administraciones Públicas deben promover un sistema que asegure la aplicación efectiva de las normas y la coordinación entre los diferentes órganos que gestionan el personal.

Si se excede el tiempo máximo permitido para el empleo temporal, se tiene derecho a una compensación económica. Esta se calcula como la diferencia entre la cantidad máxima por tiempo de servicio y la indemnización por terminación del contrato.

El derecho a la compensación por tiempo de servicio se activa a partir de la fecha en que finaliza el contrato y se aplica solo al contrato que ha sido incumplido.

Es posible que las Administraciones Públicas pongan en marcha procesos para convertir trabajos temporales en puestos fijos, siempre y cuando haya presupuesto y los puestos sean estratégicos.

Estos procesos de consolidación deben garantizar la igualdad, la competencia, la transparencia y la publicidad, y deben evaluarse los méritos del candidato.

El contenido de las pruebas para la consolidación debe estar relacionado con las actividades, tareas y responsabilidades del puesto que se busca cubrir

Se puede valorar, entre otros aspectos, el tiempo trabajado en la Administración Pública y la experiencia en el puesto que se busca para el proceso de consolidación.