Derecho Constitucional y Legislación

Study Notes

El derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana en una sociedad para garantizar el orden, la justicia y la convivencia pacífica.

El juicio de amparo surge con la Constitución de Yucatán de 1841.
Fue creado por el jurista y político Manuel Crescencio Rejón.
Anteriormente, no había un control establecido por las mismas leyes sobre las acciones de los miembros que la conformaban, lo que era incongruente y peligroso.

El juicio de amparo es un medio de control constitucional que defendemos de las acciones de las autoridades y mantener a salvo los derechos humanos que nuestra Constitución garantiza.
El gobernador decide si se lleva a cabo o no el juicio de amparo.
Estableció las garantías individuales, la libertad religiosa y la figura jurídica de amparo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encabeza la jerarquía de las normas jurídicas.
La legislación es la principal fuente de derecho en nuestro país.

La Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107.
El juicio de amparo se puede llevar a cabo en casos de actos de la autoridad que violen los derechos humanos y las garantías individuales, tratados internacionales, y que comprometan la soberanía de los estados y el Distrito Federal.

El derecho procesal es un conjunto de normas que regulan el proceso judicial en casos específicos para aclarar situaciones jurídicas dudosas.

En 1992, se publica la nueva Ley Agraria en el Diario Oficial de la Federación (DOF) después de las reformas al artículo 27 constitucional.
En 2011, se realiza una reforma al artículo 18 de la Constitución.
En 2013, se publica la nueva Ley de Amparo como consecuencia de las reformas constitucionales de 2011.

Garantías de libertad: protegen el libre ejercicio del individuo para transitar, expresar ideas, practicar la religión que quiera, dedicarse a la profesión u oficio, siempre y cuando sea lícito y no dañe a los otros ni afecte la libertad de los demás.
Garantías de igualdad: aseguran la igualdad de todas las personas ante la ley, sin importar el sexo, el color de piel, el estatus social, etc.
Garantías de propiedad: garantizan a las personas poseer propiedades, y que les sean respetadas, así como otras transacciones.
Garantías de seguridad jurídica: le aseguran a la persona que el Estado no sobrepasará sus funciones, que le serán aplicadas las leyes y en caso de incumplimiento por su parte, será oído en juicio conforme al proceso legal.