Constitución Española: Funciones del Rey

La irresponsabilidad del monarca en el ejercicio de sus funciones constitucionales se refiere a la incapacidad de ser responsabilizado por sus actos oficiales, ya que se considera que actúa en nombre del Estado y no por voluntad propia.

La interpretación tradicional de la inviolabilidad del monarca concede al Jefe del Estado una protección absoluta contra la exigencia de responsabilidad, incluyendo acciones públicas y privadas, durante todo el tiempo de su reinado.

La inviolabilidad del monarca, según la interpretación del Tribunal Constitucional (TC), no solo protege al Rey de la responsabilidad jurídica, sino también de la responsabilidad política, la crítica y el juicio político.

Algunos juristas argumentan que, bajo los principios constitucionales de igualdad y derechos fundamentales, la inviolabilidad del monarca debe diferenciarse entre su actuación oficial como Jefe del Estado (irresponsable) y sus acciones personales (sujetas a la responsabilidad jurídica).

La inviolabilidad del monarca desaparece cuando deja de ser Jefe del Estado. Su actuación personal, incluso mientras era rey, podría ser objeto de investigación y responsabilidad juridica.

La Ley Orgánica 4/2014 modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) tras la abdicación de Juan Carlos I, estableciendo un proceso jurídico para tratar los casos relacionados con la figura del monarca que ha dejado de ser rey.

El gobierno de España tiene la responsabilidad de dirigir la Administración militar y la defensa del Estado, con las Fuerzas Armadas (FAS) bajo su dependencia. Esta autoridad está especificada en el artículo 97 y 104 de la Constitución Española.

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas de España están directamente bajo la autoridad del Presidente del Gobierno.

Las funciones del monarca en las Relaciones Internacionales del Estado se establecen en los artículos 56.1 y 63 de la Constitución Española. Son actos debidos y sin margen de discrecionalidad, ya que es el Gobierno quien dirige la política exterior del país.

La facultad del monarca para otorgar perdones o conmutar penas se basa en el artículo 62.i de la Constitución Española. Este derecho no se ejerce de forma independiente, sino que lo hace por medio del Consejo de Ministros y la Ley 1/1988.

El monarca tiene un papel simbólico y honorífico como protector de las Reales Academias. Esta función está definida en el artículo 62.j de la Constitución Española.

La facultad de convocar referéndums, establecida en el artículo 62.c de la Constitución Española, es una función del monarca. Esta facultad se ejerce en los casos específicos previstos en la Constitución.

El monarca nombra a varios cargos importantes, como los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General del Estado, el Presidente del Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas y el Presidente y miembros del Tribunal Constitucional. Estas funciones son regladas y debidas, y el Jefe del Estado no tiene intervención en su contenido.

El artículo 94 de la Constitución Española menciona la ratificación de los Tratados internacionales por parte del Estado. Esta es una función fundamental para la participación de España en el ámbito internacional.

Proceso por el cual un ministro responsable asume la responsabilidad de la legalidad y constitucionalidad de un acto del Rey.

El refrendo implica que el ministro asume la responsabilidad de la corrección constitucional del acto del Rey, incluso si no es el autor material del contenido.

Un acto del Rey sin refrendo es inválido, lo que significa que no tendrá efectos legales.

El nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de la Casa Real son los únicos actos del Rey que no requieren refrendo.

El refrendo se realiza generalmente mediante la firma del ministro y la firma del Rey en el acto.

En algunos casos, el refrendo puede ser expreso, pero la presencia física del ministro certifica el acto del Rey.

Se presume que un acto del Rey está refrendado, a menos que el ministro manifieste su oposición.

El Rey distribuye libremente los fondos para el sostenimiento de su Casa y familia, sin necesidad de refrendo.

La Constitución Española establece un orden de sucesión a la Corona, que se rige por el principio de primogenitura, según el cual la persona con derecho a reinar es la de mayor antigüedad en la línea de sucesión.

Si el Heredero de la Corona fallece, el siguiente en la línea de sucesión, sea de la misma línea o de otra, podrá acceder al trono. En caso de coincidencia de grados en una misma línea, se dará prioridad al varón sobre la mujer.

Ante la duda o controversia sobre el orden de sucesión en la Corona, la Ley Orgánica regula las abdicaciones, renuncias, dudas de hecho o de derecho, resolviendo posibles conflictos sobre la sucesión.

Las abdicaciones se definen como la renuncia voluntaria al trono por parte del rey. La Constitución en su artículo 57.5 establece que las Cortes Generales deben resolver las abdicaciones mediante una Ley Orgánica.

Las renuncias en la sucesión a la Corona son la renuncia a reinar por parte de quienes tienen derecho a hacerlo. La Ley Orgánica también se encarga de regular este proceso.

El artículo 57.5 de la Constitución Española establece que las Cortes Generales deben resolver cualquier duda de hecho o de derecho que surja en relación con la sucesión a la Corona, incluyendo las abdicaciones, renuncias y conflictos en el orden sucesorio.

El principio de sucesión hereditaria es un pilar fundamental de las monarquías modernas, que garantiza que la institución monárquica se transfiere por derecho de nacimiento, sin necesidad de elecciones.

En España, el título del jefe de estado es "Rey de España" según el artículo 56.2 de la Constitución Española. Esta denominación enfatiza la distinción entre el cargo y la persona que lo ocupa.

La figura del Rey de España no es representativa del pueblo, como sí lo son los miembros del Parlamento, sino que su papel es distinto, basado en la herencia y un conjunto específico de funciones.

La Constitución Española coloca a la institución de la Corona antes que los otros órganos constitucionales (Cortes Generales, etc.), destacando su importancia como elemento fundamental del sistema político español.

Las funciones del Rey de España están limitadas y definidas por la Constitución, lo que permite compatibilizar la monarquía con un sistema democrático.

Para ejercer las funciones del Rey de España, además de ser hijo del rey anterior, se requiere haber alcanzado la mayoría de edad. La incapacidad física o mental puede imposibilitar el ejercicio del cargo.

El Rey de España no es elegido por las Cortes Generales, sino que es proclamado ante estas, asumiendo un compromiso formal de respetar la Constitución y las leyes del país.

La Constitución Española del 1978 introdujo un cambio radical en su estructura, dedicando un título específico a la Corona, en contraste con las constituciones anteriores que la colocaban después de otros órganos.

La institución que sustituye al monarca en casos de incapacidad o minoría de edad, ejerciendo las funciones del Jefe de Estado por mandato constitucional en nombre del Rey.

La Constitución Española establece dos supuestos de regencia: cuando el monarca es menor de edad y cuando el monarca se encuentra imposibilitado para ejercer su autoridad, reconocido por las Cortes Generales.

El artículo 59.5 de la Constitución Española establece que la Regencia se ejerce "en nombre del Rey", lo que implica que la Regencia es un ejercicio de las funciones constitucionales del monarca, pero sin tener la titularidad de la Corona.

Durante la Regencia, el regente posee la misma posición constitucional que el Rey, actuando como Jefe del Estado y prestando el juramento previsto en el artículo 61 de la Constitución Española.

El artículo 57.4 de la Constitución Española establece que quienes contraigan matrimonio contra la prohibición expresa del Rey y las Cortes Generales pierden su derecho a la sucesión.

Se requiere el concurso de las dos voluntades, la del Rey y las Cortes, para prohibir el matrimonio. El procedimiento específico para la prohibición no está definido claramente en la Constitución Española.

La redacción del precepto constitucional del artículo 57.4 implica que no se necesita el permiso expreso del monarca y las Cortes para contraer matrimonio. Solo se prevé la posibilidad de una prohibición expresa.

La elección de Amadeo I de Saboya en 1870 fue la única ocasión en la que las Cortes españolas eligieron un sucesor a la Corona.