Administración en Regímenes Democráticos y No Democráticos

Un estado en el que el poder político se concentra en un solo gobierno central, sin autonomía para las regiones.

Un estado que se divide en unidades territoriales con cierto grado de autonomía política.

Modelo de estado unitario donde el gobierno central tiene un control total y directo sobre todas las regiones.

Modelo de estado unitario donde el gobierno central delega algunas funciones a las regiones, pero mantiene el control general.

Modelo de estado compuesto donde las regiones tienen un mayor grado de autonomía política y administrativa (poderes propios, parlamentos).

Modelo de estado compuesto donde las regiones tienen un alto grado de autonomía política, incluso en decisiones importantes como la recaudación de impuestos, educación y salud.

El reto que enfrenta la administración general (central/federal) en un estado compuesto: administrar sus propias tareas mientras coordina y coopera con las administraciones regionales.

La tendencia natural en los estados compuestos a que la administración general (central/federal) crezca en tamaño y poder, debido a la necesidad de coordinar y gestionar las relaciones con las regiones.

La posibilidad de que surjan conflictos importantes entre el gobierno central y las administraciones públicas de otros niveles territoriales.

Diferencias en las estructuras y capacidades de las administraciones públicas en los diferentes estados, debido a la diversidad de necesidades y características.

Un debate central en la organización administrativa, con consecuencias para la gestión y el poder. Se trata de la lucha entre concentrar el poder en un gobierno central o distribuirlo a las regiones.

La tendencia de las leyes estatales a buscar la uniformidad, lo que puede dificultar la adaptación a las necesidades propias de cada región.

La forma en que se dividen las responsabilidades entre el estado central y las entidades locales. Puede darse un reparto de competencias, áreas de actuación preferente para los locales o una cláusula general que determine las competencias.

La coexistencia de diferentes autoridades administrativas (central, regional, local) y las relaciones entre ellas.

La relación entre el estado y las diferentes organizaciones sociales, que son manifestaciones del pluralismo social.

El reconocimiento de la diversidad de opiniones e intereses en la sociedad, que se expresan a través de partidos políticos, sindicatos, asociaciones, etc.

El Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte se caracteriza por su sistema administrativo único, basado en la tradición de autogobierno y la ausencia de una constitución escrita. Este sistema ha evolucionado con el tiempo para acomodar el autogobierno regional, el sistema parlamentario y el Estado del Bienestar.

La administración central en el Reino Unido se organiza en torno a la figura del Primer Ministro, líder de la mayoría parlamentaria. El Gobierno, que incluye el Gabinete, se complementa con la Oficina del Gabinete (Cabinet Office), que incluye la Oficina del Primer Ministro. Los Ministerios se estructuran en niveles de jerarquía: ministro, secretario de Estado, subsecretario parlamentario, secretario permanente y direcciones generales.

El Reino Unido cuenta con entes semiautónomos, que son organizaciones responsables de la prestación de servicios públicos. Estas entidades incluyen corporaciones públicas, agencias reguladoras y ejecutivas, y entes no departamentales (quangos).

El sistema administrativo francés, con una historia de centralización, ha evolucionado hacia un Estado unitario regionalizado. La administración central se organiza bajo un sistema semipresidencialista, con un presidente elegido de forma independiente y un primer ministro responsable ante el parlamento.

El sistema judicial en el Reino Unido se fundamenta en la tradición jurídica anglosajona, donde el derecho común prevalece y los jueces tienen un papel fundamental. Esta tradición se basa en la aplicación de precedentes judiciales y la interpretación de la ley.

Los miembros de los partidos políticos ocupan puestos en la Administración Pública (AP).

Los empleados de la AP deben ser leales al gobierno, pero no deben discriminar a otros por sus opiniones políticas. Tampoco deben hacer política en su trabajo.

Los partidos políticos reclutan a los miembros de la AP, buscando candidatos cualificados.

Este sistema se caracteriza por la concentración de poder en un solo partido. Los miembros del partido ocupan la mayoría de los puestos de la AP.

Los partidos políticos, con el tiempo, pueden perder su control efectivo sobre la AP, y la burocracia adquiere mayor autonomía.

Este sistema, con la presencia de múltiples partidos políticos, busca garantizar la neutralidad de la AP.

Las organizaciones de trabajadores (sindicatos) y empresarios tienen una relación frecuente con la AP, influyendo en las políticas públicas.

Las organizaciones profesionales, aunque no son parte de la AP, mantienen diferentes niveles de interacción con la administración.

La participación ciudadana es un derecho fundamental y un instrumento clave para la Administración Pública (AP). Permite a las personas intervenir en la toma de decisiones, mejorar la gestión de recursos y demandas, anticipar problemas, reducir conflictos y fortalecer la legitimidad del Estado.

Se trata de integrar diversas formas de participación ciudadana en las diferentes etapas de la gestión pública, desde la definición de los problemas hasta la evaluación de políticas. El objetivo es que la participación sea efectiva y genere resultados positivos para todos.

La estructura y la cultura administrativa, al igual que las características de la sociedad y la cultura general, juegan un papel crucial en el éxito de la participación ciudadana. No todas las sociedades tienen la misma tradición de participación, y la burocracia puede ser un obstáculo.

La Revolución Francesa marcó un antes y un después en la administración. Se desdibujó la figura del rey como administrador, creando la Administración Pública del Estado, basada en la ley, la igualdad y la centralización.

Tras la Revolución Francesa, la AP se organizó de forma diferente. En lugar de un administrador supremo (el rey), se implementó la separación de poderes y la rendición de cuentas. Así, el Parlamento controlaba al gobierno a través de la AP.

El siglo XIX fue testigo del crecimiento y desarrollo de la AP, expandiéndose a nuevas áreas como el bienestar social, la energía y las comunicaciones. La AP se convirtió en un actor clave en la vida económica y social.

Los funcionarios públicos de la época provenían principalmente de la burguesía y la pequeña nobleza, lo que refleja las estructuras sociales de la época. La AP ofreció oportunidades de ascenso social a aquellos con educación.

El Estado Liberal (o Liberalismo) es una ideología que defiende la libertad individual y la importancia de la ley. En el contexto de la AP, se caracteriza por la separación de poderes, el control judicial y la participación ciudadana.

El sistema político y administrativo de un país donde el Estado tiene un papel muy importante en la sociedad y en la economía. Se basa en una tradición jurídica continental, influenciada por el sistema napoleónico.

El Presidente de la República tiene poderes políticos importantes y está rodeado de un Gabinete y un Secretario General de la Presidencia.

Es la figura clave del Gobierno, dirige las políticas y está a cargo de un Gabinete y un Secretario del Gobierno.

Los funcionarios que trabajan en las oficinas y organismos del Presidente y el Primer Ministro tienen un papel fundamental en la administración.

Son organizaciones que se encargan de áreas específicas, como la intervención social o económica, y están conectadas con los ministerios.

Son organismos independientes que regulan y controlan ciertas actividades, como la seguridad alimentaria o la protección al medio ambiente.

Tras las reformas de principios de los 80, España ha descentralizado su administración, creando regiones, departamentos y municipios con mayor autonomía.

Son entidades locales con un Consejo elegido por la ciudadanía y un órgano ejecutivo que dirige los servicios administrativos.