Módulo 3: Estado, Sociedad y Universidad (Argentina 2024) PDF

Universidad Nacional de las Artes CINO 2024 Estado, Sociedad y Universidad Cátedra Montero Unidad II: Modelos de Universidad y procesos históricos en la Argentina del s. XX y s. XXI La irrupción del peronismo, la transformació...

Universidad Nacional de las Artes CINO 2024 Estado, Sociedad y Universidad Cátedra Montero Unidad II: Modelos de Universidad y procesos históricos en la Argentina del s. XX y s. XXI La irrupción del peronismo, la transformación del Estado y la compleja articulación con las universidades y los intelectuales. La gratuidad universitaria y el modelo de la universidad obrera. Introducción La siguiente parada en este viaje por la historia del Estado, Sociedad y Universidad en la Argentina es la del peronismo. Vamos a abordar en esta ocasión el período del peronismo clásico (1945-1955). Es cierto que hay cierto salto temporal entre 1918 y éste; la selección tiene que ver con que en ese interín no se produjeron hitos lo suficientemente significativos en materia de Educación Superior como para marcar un nuevo quiebre paradigmático. El peronismo, como movimiento político-social y como proyecto nacional, lo hizo en todo sentido y sin antecedentes de igual envergadura. Eso abarcó, desde ya, también a la Universidad. Esto no quiere decir que en la década que precedió a la irrupción del peronismo no haya ocurrido nada con las universidades, o que hayan quedado “congeladas” en el proceso reformista: tanto los principios de ese movimiento como su dinámica estudiantil e impacto social se fortalecieron. Porque tampoco fue estático el contexto nacional. El segundo gobierno radical del Presidente Hipólito Yrigoyen fue drásticamente interrumpido en 1930 por el primero de una serie de golpes de Estado cívico-militares que sufriría la Argentina. Aunque el carácter estrictamente dictatorial cedió y luego fueron llamadas elecciones, se habla de este período como la Década Infame por la alta corrupción y fraude electoral. También se lo llamó Restauración Conservadora porque se procuró intencionadamente barrer al yrigoyenismo del mapa, perseguir a la izquierda y redoblar la apuesta por el modelo oligárquico agroexportador. En esa coyuntura, la Universidad reformista enfrentó y resistió al gobierno militar, que ordenó su intervención y la anulación de los estatutos basados en la autonomía y cogobierno. En espíritu, permaneció como un espacio contestatario en el que el anhelo de recuperar los logros de la Reforma se volvía cada vez más una bandera identitaria. Esto se acentuó y avivó con el proceso de la autollamada “Revolución del ‘43” – el siguiente golpe de Estado– que tomó el poder para poner fin a ese funcionamiento político liberal fraudulento, pregonando nuevos intereses nacionalistas. ello tampoco permitió reanudar el rumbo reformista, siendo que una nueva matriz autoritaria, tradicionalista y confesional trató de ser impuesta en las instituciones educativas (Buchbinder, 2010). A pesar de las dificultades que la Restauración Conservadora y luego el régimen de 1943-1945 implicaron para seguir avanzando en la democratización de la institución y del sistema político argentino en general, no lograron desarticular al movimiento estudiantil ni sus banderas. En este módulo, nos enfocaremos en analizar de qué manera el peronismo impulsó la democratización del acceso a la educación. Enfatizaremos las principales políticas educativas y cómo se pensaron e implementaron en relación al proyecto de desarrollo nacionalista, industrial y de expansión de los derechos sociales. Específicamente, nos detendremos en la cuestión de la gratuidad universitaria, idea primero concebida por la generación de los reformistas y que es tomada por el peronismo, siguiendo el análisis de Aritz Recalde (2020). Las/los invitamos a pensar juntas/os cómo la irrupción del peronismo transformó para siempre la política argentina y a la concepción y expectativas que la sociedad tiene del Estado. La articulación con las universidades y los intelectuales fue compleja ya que como actor político éstas lo precedían y venían recorriendo un largo camino de lucha por la autonomía. A pesar de que el proyecto peronista de país tenía importantes puntos de contacto con esos principios inclusivos, la propuesta del gobierno iba más allá respecto al rol de la Universidad. La idea del módulo es abrir a la reflexión sobre su función social, esta vez con la distinción de trabajar sobre políticas públicas concretas para llevarlo adelante. La irrupción del peronismo y la transformación del Estado Cuando el 17 de octubre de 1945, una multitud de trabajadores se concentró en la Plaza de Mayo para pedir la liberación del General Juan Domingo Perón y éste pronunció un histórico discurso dirigido hacia ellos, nacería una relación inédita en nuestro país entre un líder y el movimiento obrero organizado. Como Secretario de Trabajo y Previsión del gobierno de facto (1943-45), este militar venía desempeñando una tarea de acercamiento y diálogo con ese sector antes relegado como interlocutor legítimo. Desde ese rol, Perón dio lugar a muchas demandas históricas de los trabajadores y se fue ganando un apoyo cuyas consecuencias se cristalizaron en esa irrupción popular nunca antes vista.  No fue meramente un movimiento político lo que surgió de esa alianza, se trató asimismo de un proceso intenso de transformación del Estado. Del peronismo en el poder resultó un profundo cambio en el paradigma estatal, pues éste tomó y condensó su papel interventor y de garante de los derechos sociales, ya no sólo civiles y políticos. Así como se valió de luchas previas –el feminismo, la cuestión obrero-sindical, el antiimperialismo…– inauguró una nueva relación y concepción del Estado, de la Nación y del Pueblo. Éstos debían estar en sintonía y direccionarse hacia los mismos objetivos. Antecedentes: la “Revolución del ‘43” y el contexto de la Segunda Guerra Mundial Como anticipamos en la introducción, el golpe de Estado ocurrido en junio de 1943, llevado adelante por militares de diversos orígenes y proyectos políticos, se dispuso a instaurar un gobierno, a grandes rasgos, nacionalista. Cabe destacar que, además de exhibir una impronta confesional y autóctona, empezó una búsqueda estratégica en el mundo atravesado por las problemáticas y las categorías de la Segunda Guerra Mundial. La “Revolución” se produjo mientras se sucedía este conflicto que, protagonizado por las potencias de la época, alteraba el flujo hasta ese entonces habitual de intercambio económico y las relaciones de poder internacionales. Esto posicionaba a los países de América Latina en una nueva situación que podía ser una oportunidad de inserción provechosa y soberana. Sus protagonistas coincidían, así, en la necesidad de refundar la política exterior del país, e incluso, el mismo Estado, para que dispusiera de los medios institucionales que estuvieran a la altura de ese reordenamiento de la economía y de la política internacional que se estaba dando (Villanueva y Recalde, 2020). Ni la Unión Cívica Radical (UCR), ni los partidos socialista y conservador poseían la fuerza, programa y legitimidad necesarios para una reforma integral de esa envergadura (ídem). Mientras las potencias económicas mundiales se hallaban inmersas en el enfrentamiento, entre los militares argentinos empezó a considerarse la modernización de la estructura productiva del país para que pudiera desarrollar el rasgo de una industria dinámica, noción que compartían con otros nacionalismos tanto europeos como latinoamericanos (Villanueva y Recalde, 2020). Otra característica que compartían era el cuestionamiento a los partidos políticos tradicionales – liberales y conservadores – que estaban bajo tela de juicio en la Argentina, en la región y en el mundo. Tanto los nuevos movimientos de carácter conservador como el falangismo español, el fascismo italiano o el nazismo europeo, como el socialismo o comunismo, tenían un discurso acerca de sus falencias de representación o haber causado la decadencia de la civilización (Villanueva y Recalde, 2020). A escala regional, venían teniendo lugar experiencias de movimientos de masas que establecían vínculos con líderes que lograban interpretar las demandas populares (Getúlio Vargas en Brasil, Lázaro Cárdenas en México, Raúl Haya de la Torre en Perú, Víctor Paz Estenssoro en Bolivia). En este escenario, podemos pensar que el peronismo, que surgiría como tal en 1945, fue “la respuesta a una demanda histórica, así como la expresión local del movimiento antiliberal mundial” (Villanueva y Recalde, 2020, p:12). Es atinado llamar la atención sobre lo que concluye Villarreal (2007) de que, en esta época anterior al peronismo clásico como tal, se produce una suerte de clivaje “democrático-antidemocrático” en el estudiantado universitario. La división de la política en ese momento se organizaba en torno a lo liberal-democrático contra el fascismo-totalitarismo. Ello resultó en la adopción de esa lente para observar la política nacional, para la ciudadanía en general y para el movimiento estudiantil en particular. Resultó, entonces, que en esas coordenadas de interpretación, las primeras formas de oposición al peronismo se configuraron en parte por las medidas del régimen autoritario de 1943-1945, al ubicarlo como una forma local del fascismo. Esos primeros años incluyeron por otro lado persecuciones estudiantes y remoción de profesores, las acusaciones a la universidad de “antipopular” y otras intervenciones ideológicas. La cuestión era que el peronismo remontaba sus orígenes a este gobierno militar, que se había propuesto llevar a cabo una transformación profunda de la sociedad y del sistema de instrucción pública, con una matriz confesional, autoritaria y tradicionalista (Buchbinder, 2010), opuesta a la cultura, valores e ideario de las universidades públicas. De ahí en adelante, las obras del gobierno peronista, aunque ya en un gobierno democrático, ya se hallaron inscriptas en esa dicotomía para los universitarios, dificultando la comprensión por parte del movimiento estudiantil por mucho tiempo. *** Una vez electo democráticamente, el peronismo terminó de delinear sus principales banderas, para canalizarlas en un programa de gobierno. Éstas se sostenían en tres pilares fundamentales: independencia económica, soberanía política y justicia social. Principios que estaban interrelacionados y cuya concreción en políticas públicas requería de la intervención estatal a través de la planificación en esos aspectos mencionados. Así pues, el Justicialismo – la doctrina y su expresión en la gestión – constituyó “la primera experiencia de planificación gubernamental integral del desarrollo nacional” (Recalde, 2020, p:7).  Perón llevó adelante el Primer Plan Quinquenal, en el cual quedaba claro que la prioridad para el gobierno peronista era la transformación de la estructura económica del país, en un sentido emancipador de las presiones extranjeras. Para 1945, Argentina ya tenía una incipiente industrialización, resultado de la necesidad de sustitución de importaciones que en el contexto de la Guerra se dificultaba conseguir. No obstante, la exportación de productos primarios era la principal fuente de ingresos nacionales, concentrada en pocas manos y sujeta a los vaivenes de las potencias extranjeras. Ser independientes económicamente volvería a la Argentina realmente soberana y autónoma en sus decisiones políticas, fundamental para actuar en materia de justicia social. A tal efecto, el Plan Quinquenal reunía programas económicos, sociales y de infraestructura orientados a la industrialización, lograr el pleno empleo y garantizar derechos básicos de las personas, como a la vivienda, la salud, a la educación, y al esparcimiento, entre otros (Recalde, 2020). Un aspecto novedoso en esa planificación fue la atención prestada a las distintas regiones de la Argentina en lo que respectaba a la instalación de nuevas industrias. Por ejemplo, en Jujuy, la siderúrgica con el polo de Altos Hornos Zapla; en Tucumán, la ferroviaria en los Talleres de Tafí Viejo; en Córdoba la aeronáutica y automotriz pública y privada; en la Patagonia, la petroquímica y energética. En la provincia de Buenos Aires, en paralelo a la actividad agropecuaria que siempre la destacó, se dinamizó la producción naval en los astilleros nacionales de Río Santiago y otras dependencias (Recalde, 2020). Para rescatar algunos logros o hitos, podemos señalar los créditos para la industria, en la línea de garantizar empleo y altos salarios que movieran la rueda de la economía nacional haciéndola rentable y sostenible. De hecho, para 1954, casi diez años después de aquel 17 de octubre, el mercado interno creció y la renta nacional aumentó en un 55%. En términos de infraestructura, en lo energético se crearon diques, gasoductos, refinerías de petróleo, usinas eléctricas, y en la de transporte y servicios se pudieron nacionalizar ferrocarriles, teléfonos, gas, agua, entre otros, lo que ayudó a redireccionar gastos que antes iban a la deuda externa. En lo social, se redujo ampliamente el analfabetismo, se dignificaron las condiciones formales de los trabajadores, se construyeron viviendas, escuelas (Villarreal, 2007). Asimismo, el modelo de desarrollo nacional y productivo se complementaba con un conjunto de políticas científicas y educativas. Se buscó promover las escuelas de nivel medio, entre ellas, se destacaron las de orientación técnico y profesional de jóvenes, adultos y de mujeres obreras, como las llamadas “escuelas fábrica” y escuelas de perfeccionamiento (Recalde, 2020). La matrícula del nivel secundario creció, lo que con el tiempo se observó también en el nivel universitario. Por otro lado, en la misma clave de la sanción de leyes protectoras del trabajo y el estímulo a los sindicatos para hacerlas cumplir, se consolidaron las agrupaciones de trabajadores docentes y nodocentes de las universidades (ídem). Luego de este fundamental repaso histórico, la idea de este módulo es pensar la relación Estado, Sociedad y Universidad que sostenía el peronismo. Antes del peronismo, podemos reflexionar si hablar de “educación superior” no era hablar de un derecho del pueblo, era acaso un privilegio al que accedían algunas personas. Educar era esencial dentro del proyecto peronista y se lo entendía en función del principio de justicia social. La Constitución Nacional lanzada en 1949 dejaba en claro el derecho a la capacitación para que “en igualdad de condiciones todo individuo pueda ejercitar el derecho a aprender y perfeccionarse” (Cap. III, art. 27, tít. I, inc. 5; en Villarreal, 2007). Sobre todo, agrega (ídem, tít. 4, art. 3) que “la orientación profesional de los jóvenes concebida como un complemento de la acción de instruir y educar, es una función social que el Estado ampara y fomenta mediante instituciones que guíen a los jóvenes hacia las actividades para las que posean naturales aptitudes y capacidad, con el fin de que la adecuada elección profesional redunde en beneficio suyo y de la sociedad”. Acá en este punto aparece también algo clave: la concepción que tenía el peronismo, o mejor dicho, la doctrina justicialista, acerca del trabajo como “medio de realización humana que contribuye a formar la personalidad del individuo a definir su aporte a la comunidad” (Recalde, 2020, p:7). Llegamos así, al asunto de la Universidad: el Estado le asigna la tarea de “preparar a la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio de las profesiones y de las artes técnicas en función del bien de la colectividad” (art 4, citado en Villarreal, 2007). Como se deduce de lo expuesto, la Universidad no puede mantenerse al margen de este modelo integral que conecta al Estado, con el desarrollo de la Nación y la felicidad del Pueblo; en tanto y en cuanto tiene un papel importante para esos tres elementos. En particular, está inevitablemente ligada a la realización de la justicia social, ya que ésta trasciende la redistribución material e implica la formación intelectual y “espiritual” a la que el pueblo tiene derecho y deber. Ciencia y cultura tienen que dejar de ser factores excluyentes y exclusivos de una elite para beneficiar a todas las personas en tanto miembros de un mismo pueblo.  La Universidad en el proyecto peronista y la compleja articulación con los intelectuales y la institución Como trabajamos en el módulo 2, para la llegada del peronismo, la educación universitaria venía de atravesar dos fases claramente diferenciadas, enmarcadas por normativas diferentes. Recordemos que la primera ley universitaria había sido la Ley Avellaneda que databa de 1885 y oficiaba, en el marco del proyecto político de la generación del 80, como el marco institucional que garantizaba la formación de los cuadros intelectuales de la oligarquía agroexportadora y dotaba, al mismo tiempo, de funcionarios al Estado argentino. Se trataba, sin dudas, de una universidad elitista guiada por las premisas del liberalismo y cerrada sobre la clase dirigente. Por otro lado, la Reforma Universitaria no se condensó en una nueva gran ley sino que se valió de las intervenciones nacionales sobre los organismos de acuerdo a las demandas del movimiento. Repasando: el nuevo siglo, con el flujo migratorio y el incipiente desarrollo de sectores medios en las poblaciones urbanas, trajo estudiantes con ideas que estaban en sintonía con el positivismo y el cientificismo -de corte anticlerical- de la época. En este contexto, la Reforma de 1918 consolidó importantes cambios (cuyas huellas llegan hasta el presente) tanto en la estructura universitaria como, y esto no es menor, en el “espíritu” de los y las jóvenes universitarios/as: la autonomía y el co-gobierno fueron dos conquistas que ampliaron la participación estudiantil en las universidades. No obstante, con motivo del lanzamiento del primer Plan Quinquenal, Perón señalaba que las universidades argentinas estaban atravesadas por una serie de cuestiones que era necesario modificar: 1. “El hecho de que una institución sea autónoma o autárquica no implica necesariamente que sea democrática, porque son términos que no guardan relación.” 2. “La Universidad, pese a su autonomía y al derecho a elegir sus autoridades, ha demostrado su absoluta separación del pueblo y el más completo desconocimiento de sus necesidades y aspiraciones” El origen de estas dos problemáticas radicaba, por un lado, en la imposibilidad de los sectores populares para acceder a la universidad y, por el otro, en el corte clasista de las autoridades y de los profesores formados en el antiguo régimen pre-peronista. En la perspectiva de los intelectuales peronistas, éstos no sólo eran cómplices del sistema de la desigualdad social, sino que contribuían a mantener el imperialismo cultural y económico (Recalde, 2020).  La política universitaria del peronismo, por su parte, se inscribe en el marco de la transformación de las estructuras políticas, sociales, económicas, sanitarias, científicas y culturales que se estaban llevando adelante desde la obra de gobierno y que ampliamos en el apartado anterior. Por lo tanto, la educación superior no podía seguir siendo una institución atravesada por la lógica liberal de construcción del saber ni desatender el modelo de industrialización que se construía durante esos años. Para institucionalizar el nuevo modelo de Universidad que se necesitaba se sancionaron tres leyes y un decreto: la ley 13.031 en 1947 que tenía que ver con la intención más general de fortalecimiento del sistema universitario argentino; el decreto 29.337 de 1949 respecto a la gratuidad, la ley 14.297 de 1954 que reformaba la primera y la ley de creación de la Universidad Obrera, en el mismo año. En paralelo, en 1949 se creó la Subsecretaría Universitaria dependiente del Poder Ejecutivo (Decreto 6233 del 12 de marzo), luego reemplazada en 1951 por una Dirección de Gestión Universitaria dependiente del Ministerio de Educación (Recalde, 2020). Cabe mencionar que en la Constitución Nacional de 1949, una de las formas que tuvo el gobierno de buscar institucionalizar el proyecto justicialista de país, se deja constancia de la creación del Ministerio de Educación de la Nación, antes subsumido en el de Justicia e Instrucción Pública. La cuestión de la gratuidad universitaria Como parte de los objetivos sociales, económicos, culturales y políticos que se incluyeron en los Planes Quinquenales, se encontraba lo que fue el hito central en lo referente al peronismo y la Universidad: el establecimiento de la gratuidad (Recalde, 2020). La gratuidad de la universidad era necesaria para lograr de forma completa las metas del proyecto nacional del peronismo. A primera vista y de acuerdo con Aritz Recalde (2020), ésta conducía a la masificación de la formación educativa del pueblo, a la formación de los profesionales que necesitaba la nueva economía industrializada y dinámica. La gratuidad universitaria brindaba una continuidad a la expansión de la matrícula del nivel educativo secundario; ampliaba la mejora general de las condiciones de vida de los sectores populares resultante del completo sistema de promoción y de protección de los derechos laborales y colectivos construido con el peronismo (Recalde, 2020). La educación superior, la posibilidad de que los trabajadores accedan a un título universitario, históricamente apartados de aquella, pudo ser un medio de igualación y de ascenso social. Al igual que implicaba también, en última instancia, posibilitar su acceso a espacios de poder político. De a poco, podía cambiar así el componente social de la clase dirigente (Recalde, 2020). Esas desigualdades políticas estaban ligadas con la cultura elitista, racista y europeísta típica de las clases medias y altas argentinas. La separación entre clases no era sólo económica, era, consecuentemente, educativa y simbólica. La gratuidad propiciaba, a pesar del descontento de muchos sectores, el encuentro entre clases. Ese diálogo era necesario para “construir una matriz identitaria nacionalista, sudamericana y humanista que oriente el saber para ponerlo al servicio de los pueblos y no meramente del capital extranjero y de la oligarquía” (Recalde, 2020, p:4) En fin, en el proyecto para una nueva universidad esbozado en el Plan Quinquenal estaría la base para la sanción de una nueva ley universitaria basada en estos valores. La primera, que sería sancionada en 1947, contaba con un profuso articulado que atendía temas hasta ese momento nunca contemplados (la ley Avellaneda, vigente hasta ese momento, contaba con sólo cuatro artículos), como la carrera docente, el régimen de alumnos, el financiamiento de las universidades, la asistencia al estudiante, entre otros. En este punto hay que llamar la atención sobre la parte del reformismo que entró en contacto con el Justicialismo y que colaboró especialmente a gestar, redactar y defender la ley. El peronismo contaba con un grupo de dirigentes de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora (UCR-JR) y de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA) (Recalde, 2020). Gracias a su influencia e intervención activa, pudo pensarse en el proyecto justicialista de Universidad una suerte de continuación de la tradición reformista, particularmente en cuanto a la organización universitaria y en el establecimiento de la gratuidad, siendo que eran críticos al funcionamiento académico e institucional de las universidades argentinas. Estos radicales universitarios, ahora continuando sus carreras políticas en el justicialismo, se identificaban con “el legado del obrerismo juvenil propio de los socialistas y dirigentes de izquierda que como Palacios o Deodoro Roca, que en 1918 habían propugnado activamente por la proletarización de matrícula de la universidad y por la vinculación de la institución con las luchas de los trabajadores” (Recalde, 2020, p:6). La autora Marcela Pronko (1997) trata en profundidad el debate del proyecto de lo que sería la ley de 1947 y se enfoca en las perspectivas a favor y en contra de su sanción. Por un lado, explica que un sector del bloque oficialista sostuvo que la Reforma había fracasado en sus propósitos, a pesar de sus buenas intenciones. El peronismo, nutrido de la participación de los reformistas mencionados, se presentabacomo el verdadero heredero de la Reforma. Su diagnóstico era claro: la universidad reformista o bien se había desviado de sus objetivos o bien había “desvirtuado” la “esencia” de la universidad. Al mismo tiempo, “la intromisión de la política y el electoralismo” habían permitido “el enquistamiento de la oligarquía en su seno”. Por lo tanto, la primera tarea de la ley universitaria sería readecuar la propia universidad y abrirla a las necesidades del pueblo y del proyecto de país propuesto desde el gobierno de Perón. La autora señala que se trata de un proyecto de ley “reparador” de la institución universitaria con la finalidad de “revolucionar” el propio sistema universitario (Pronko, 1997). Esto implicó una modificación sustancial del modelo de universidad hasta entonces vigente. En primer lugar, los diputados oficialistas sostuvieron que la universidad no podía oponerse a la política implementada desde el gobierno, puesto que, en tanto éste fue electo democráticamente por el voto popular, es el “verdadero intérprete de los anhelos populares”. Por lo tanto, las universidades deben actuar en sintonía con el gobierno nacional. Para lograr esta finalidad, las autoridades universitarias deben ser designadas por el Poder Ejecutivo. De este modo, se modificaba una de las herencias del Reformismo: que las casas de estudio pudieran elegir a sus propias autoridades. La oposición a la ley se basaba, fundamentalmente, en este punto: en que tanto el cogobierno como la autonomía se desconocían. Para el peronismo, bastaba con que gozaran de la autonomía “necesaria para el cumplimiento de sus funciones”. Es decir: una autonomía técnica, docente y científica. En segundo lugar, el espíritu de la ley apuntaba a “reencauzar” en sus funciones esenciales a docentes y estudiantes. Para ello, se reconfiguraron los procesos de selección docente, se mejoraron las condiciones laborales (especialmente, con el aumento salarial automático) y se depositó en este claustro la responsabilidad de la conducción de las universidades. Se incluyó la figura del docente investigador de tiempo completo, y garantías en torno a la estabilidad de los profesores con la de las carreras “docente” y “científica” (Recalde, 2020). Con respecto al claustro estudiantil, se declaró la obligatoriedad de la asistencia a clases, se le quitó participación real en los órganos de gobierno y se implementó un fuerte sistema de apoyo económico. El otorgamiento de becas para aquellos y aquellas que las necesitaran, era inédito en nuestro país. De acuerdo al artículo 87, el Estado las distribuía entre las diversas universidades de la Nación mediante el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta las características y necesidades regionales, sociales, económicas y culturales (Recalde, 2020). Concretamente, era para los miembros de familia “obrera, artesana o empleada” carentes de recursos y consistía en obtener gratuitamente la enseñanza universitaria en todos sus aspectos y grados, el suministro de libros y útiles e incluso una “compensación económica familiar que equivalga lo más aproximadamente posible a la aportación del alumno” (texto de la ley citado en Recalde, 2020). Como observamos, en esta ley no se habla de gratuidad plena de los estudios para los sectores humildes, lo que sí estaba en el Proyecto de ley del Primer Plan Quinquenal. Esto fue fuertemente cuestionado en el debate del recinto legislativo. Entre todas las críticas a la ley, desde la UCR se proponía suprimir las limitaciones numéricas al ingreso a la universidad y consagrar efectivamente el principio de la gratuidad sin restricciones, concordando sí en cuanto a la compensación económica (Recalde, 2020). Esto nos lleva a reflexionar que a pesar de que las concepciones acerca de cómo avanzar en la democratización universitaria diferían, los Justicialistas de origen reformista y los reformistas opositores concordaban en la importancia de avanzar ante todo en ese sentido. De acuerdo con Recalde (2020), esa suerte de “conciencia social del problema universitario” fue algo favorable a mantener y defender la Universidad como un derecho. Esta ley universitaria de 1947, la número 13.031, fue reformada luego en función de lo finalmente establecido en la Constitución Nacional de 1949 y lo dispuesto en Segundo Plan Quinquenal (correspondiente al segundo gobierno de Perón). Fue mediante otra, la ley 14.297 de 1954 que se estableció la obligación de garantizar efectivamente la gratuidad universitaria ordenada con la firma del decreto 29.337/49 que se consagró la gratuidad universitaria (Recalde, 2020). La nueva norma incluyó la figura de regiones universitarias y el deber de la institución académica de asesorar al Gobierno Nacional. La gratuidad de la universidad se declara formalmente por primera vez con el Decreto Presidencial 29.337/49. Éste fue más allá de lo pensado con el Primer Plan Quinquenal, porque la misma se ordenaba de manera universal sin distinciones de clases ni situaciones particulares y, lo que es clave, en el artículo 2 se comprometió al Estado Nacional a dotar a las universidades de los recursos necesarios para alcanzar la gratuidad. Por otra parte, a partir del año 1953 se eliminaron paulatinamente los cursos de ingreso y en el Segundo Plan Quinquenal se ratificó la medida (Recalde, 2020). Por lo tanto, la primera ley del Congreso de La Nación que sancionó la gratuidad universitaria fue la mencionada “Ley Orgánica de Universidades” 14.297 de 1954. El modelo de la Universidad Obrera Nacional  De acuerdo con Villarreal (2007), la idea de crear una Universidad Obrera Nacional (UON) está relacionada con el concepto de pueblo que hay en el imaginario peronista, en el cual se lo asimila a los/as trabajadores/as (“...para mí existe una sola clase de hombre, el hombre que trabaja”, cita de Perón por el autor). En ello, canalizado en la apropiación y relanzamiento del sindicalismo, se halla una de las bases que inspiró la UON: el movimiento obrero organizado es un aliado para construir la Nación, no un obstáculo. En ese marco, el peronismo apuntó a la “dignificación” del obrero, a través de la educación, capacitación y protagonismo en el desarrollo industrial autónomo que procuraba. Con la ley 13.229 de 1948 y ese objetivo de acompañar el programa federal de desarrollo industrial se creó la Universidad Obrera Nacional (UON). Siguiendo la descripción de Recalde (2020, p:8), “la institución era gratuita, tenía horarios nocturnos para los obreros e inició sus actividades en el año 1953 con 676 estudiantes. La propuesta permitió que ingresen los hijos de los trabajadores, contribuyendo a la democratización social que impulsaba el Justicialismo”. Más allá de su relación con el abordaje de las desigualdades sociales que hemos mencionado a lo largo del módulo, la modalidad de la UON fue innovadora en cuanto a su estructura. Fue la primera experiencia planificada de regionalización universitaria, variando la oferta académica y de investigación en las diversas facultades con la realidad productiva de cada zona. Podría decirse que la intención era formar recursos humanos para llevar adelante ese plan, por lo que la educación técnica existente debió ser repensada, desde el nivel medio y luego en la preparación de obreros especializados. Es más, incluso antes de la primera presidencia de Perón, cuando era Secretario de Trabajo y Previsión, había sido decretada en 1944 la creación de una Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP), posteriormente reglamentada y de la cual salieron todas las ideas de cursos para obreros. En fin, al momento de la puesta en marcha de la UON en 1952, ya estaba en funcionamiento un sistema de escuelas técnico-industriales. Brevemente, la UON se caracterizó por: 1) Su organización federal en Facultades Obreras Regionales (FOR) ubicadas en distintas partes del país. Por ejemplo, en Córdoba la de ingeniería aeronáutica, en Bahía Blanca la química y la de Tucumán se orientaba a construcciones ferroviarias. Por otra parte, articuló con otro amplio número de instituciones científicas como el Instituto Tecnológico del Sur, el Instituto Antártico, la Comisión Nacional de Energía Atómica, Fabricaciones Militares o el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICYT).  2) Contar con la participación plena y jerarquizada del movimiento obrero organizado. El requisito para ser Rector y Decano en cada FOR era ser obreros egresados de la Escuela Sindical de la C.G.T., sin importar si tenían titulación universitaria, lo que sí era necesario para el rol de Vicerrector y Secretarios. 3) Eso se articulaba con la participación empresaria: aquel rectorado contaba con un Consejo Asesor Industrial integrado por representantes sindicales y de las organizaciones empresarias que lo orientaba en aspectos de la enseñanza técnica y de fomento de la industria. 4) En su normativa, se enfatizaba la combinación de la teoría con la práctica. 5) Era estrictamente una Universidad para los obreros. Los alumnos con prioridad de ingreso eran los egresados del 2do Ciclo de la CNAOP o de las escuelas industriales de la Nación. La CGT era quien emitía además una certificación que demostraba que efectivamente ejercían como obreros. 6) La tarea de formación integral de los alumnos que debían cumplir los profesores se detalla en el inciso 5 del artículo 36: “creación y fijación de hábitos de disciplina en el estudio y en el trabajo, estimular las vocaciones observando las aptitudes y las dotes de iniciativa de los alumnos y cultivar en ellos el espíritu de investigación científica y técnica; la formación y el desarrollo de la personalidad y el carácter de los estudiantes, preparando ciudadanos justos, prudentes y virtuosos e inculcar en los alumnos el concepto de que el trabajo constituye una función social”. Así como la Ley Universitaria de 1947 había tenido su polémica, ésta tampoco estuvo exenta de la suya. Tal como recupera Villarreal (2007), la oposición acusó directamente la supuesta pretensión “democrática” de la creación de la UON. Sus argumentos podrían sintetizarse de esta manera: Es una universidad de “desvío” para los obreros que no pueden acceder a la formación que otros sí pueden pagar, no se los ayuda a alcanzarla sino que se los segrega en otra de menor nivel. No puede ser considerada una “universidad” en el sentido original de la palabra porque no transmite “conocimientos universales” ni su estudiantado es universal ya que sólo van obreros, no hay diversidad.  Su creación responde a la presión de los sindicatos sobre el presidente Perón por obtener espacios de poder. Como los peronistas no podían fácil ni legítimamente ganar un lugar en la universidad tradicional, optaban por la UON, desacreditando con su exaltación a aquella. A pesar de estos señalamientos, lo cierto es que la UON resultó una importante innovación en materia educativa que sentó un antecedente en la educación técnica pública en nuestro país. Sería la base de la posterior confirmación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que al día de hoy es una institución de renombre y de oportunidades formativas para estudiantes de todo el país. Conclusiones En este módulo nos detuvimos primero en los orígenes y el contexto en el cual se gestó el peronismo en nuestro país, entendiendo cómo sus características se relacionaron con variables nacionales e internacionales. Luego trabajamos sobre los pilares de la doctrina justicialista y sus consecuencias en políticas públicas. Vimos así el proyecto nacional y popular expresado en los Planes Quinquenales y el interés en que el Estado garantice los derechos básicos de la ciudadanía; incorporando a quienes históricamente estaban por fuera de ese reconocimiento. En ese sentido, la educación superior y la Universidad formaban parte del proyecto de país. En los Planes Quinquenales, en la forma legal y en el discurso se consideraron un elemento necesario para el desarrollo económico industrialista y la promoción de la justicia social. El gobierno realizó importantes inversiones en ampliar y diversificar el sistema educativo, sobre todo en los niveles secundario y profesional. Se mejoraron también las condiciones laborales docentes y se implementaron becas y ayudas a las familias trabajadoras. El peronismo se orientó a avanzar en la democratización de la Universidad, en el sentido de su apertura a mayores sectores sociales y su relación con el modelo de país. De acuerdo con Recalde (2020, p:12), “el programa universitario del Justicialismo fue una experiencia original que articuló la tradición reformista autonomista y la nueva planificación propia de los Estados nacionales de posguerra”. Entre los elementos que marcaron una continuidad con la reforma de 1918, el peronismo impulsó la formación de una institución humanista, nacionalista y popular, dejando de lado al europeísmo y al elitismo. El programa pensaba que la educación era necesaria para el desarrollo económico y social del país en un sentido también estratégico y soberano. La regionalización universitaria y la fundación de la UON evidencian la perspectiva federal e industrialista. Probablemente la lectura de este módulo los haya llevado a pensar y repensar las formas y visiones distintas en que se puede llevar a la práctica el derecho a la Universidad sobre el cual versa esta cátedra. Analizar y problematizar el vínculo entre peronismo y universidad pone en juego mucho más que el caso propiamente dicho de sus gobiernos: vuelve a insistir con el rol de la universidad misma en la sociedad y dentro de un modelo de país también. Por eso, más que conclusiones cerradas, la intencionalidad de este texto es invitar a la reflexión por parte de cada uno de ustedes. Por ejemplo, alrededor de las distancias entre “peronismo” y “reformismo”: quizás algunos concuerden con que aquel vino a realizar los ideales de la Reforma del ‘18 que habían quedado truncos y otros que desconoció sus principales banderas. Entre otras preguntas que pueden haber surgido, nos interesa enfatizar, en el marco de pensar Estado, Sociedad y Universidad, que la política del peronismo reinventó totalmente la relación ideal entre los tres elementos. Por eso desdibujó la manera tradicional de entender algunos conceptos alrededor de ese vínculo. A pesar de la compleja relación con los intelectuales y los académicos, sentó precedente en cuanto a una clave de lo que articula la tríada: el derecho individual y colectivo a la educación superior. La sintonía necesaria por la cual abogó, está íntimamente vinculada a esa concepción, y que es la que planteamos juntos en la primera unidad. Dicho de otro modo, el conocimiento en sí mismo que producen las universidades es independiente pero asimismo es un derecho de la colectividad y de cada persona en ella de poder formar parte de su elaboración y/o de acceder a sus derivados. “Desentenderse” del modelo de país se vuelve relativo, pues la Educación Superior tiene una función específica en él aunque permanezca autónoma en un sentido científico. El desafío está en cómo articular esa tarea con un mecanismo democrático, participativo y científico que permita un funcionamiento pleno de sus potencialidades. Bibliografía Buchbinder, P. (2010). Historia de las universidades argentinas. Buenos Aires, Sudamericana, 2da edición. Pronko, M. (1997). La universidad en el parlamento peronista: Reflexiones en torno al debate de la ley 13.031. En: Cucuzza Hector (comp). Estudios de historia de la educación durante el primer peronismo (1943-1955). Ed. Los Libros del Riel. Luján. Recalde, A. (2020) El Proyecto Nacional del Justicialismo y la gratuidad universitaria. CAMPO UNIVERSITARIO / Año 1. Nº1 / Julio 2020 / ISSN: 2718 6121 Villanueva, E. y Recalde, A. (2020) Los cuatro peronismos universitarios. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial FEDUN. Villarreal, O. (2007). La Universidad Obrera Nacional. El escenario y los primeros actos de una fundación, Mimeo.