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UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO UNIDAD 3 POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO En el siguiente esquema se representan los contenidos temáticos correspondientes a la tercera unidad temát...

UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO UNIDAD 3 POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO En el siguiente esquema se representan los contenidos temáticos correspondientes a la tercera unidad temática de Historia de las Políticas en Seguridad en México, cada uno de estos temas guardan relación entre sí. MAPA DE CONTENIDOS TEMATICOS «UNIDAD 3» 1  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO INTRODUCCIÓN Uno de los temas que más inquieta al país es sin duda el de la Seguridad Pública y precisamente analizaremos las políticas en seguridad pública que se presentaron durante cada sexenio presidencial a partir del año 1983 al 2007. Identificando la situación del país en cada momento presidencial y como repercutió la política aplicada en este tema de suma importancia para la ciudadanía. Esta unidad tiene como propósito central ofrecer un marco conceptual sobre la función de la Seguridad Pública, así como analizar las instituciones que se encargan de esa función tanto en el orden federal, estatal y municipal, integradas a la entidad denominada Sistema Nacional de Seguridad Pública; además de analizar las políticas en seguridad pública que se presentaron durante cada sexenio presidencial del año 1983 a 2007, identificando la situación del país en cada momento presidencial y como repercutió la política aplicada. Cada contenido temático de esta unidad ha sido diseñado en apego a la nueva estrategia de aprendizaje por competencias, la cual por sus características de modalidad a distancia o virtual, y caracterizado por el autoaprendizaje es necesario que sigas todas las instrucciones, así como dar seguimiento a las actividades, la realización y entrega de tus proyectos, a su vez demostrar interés en las evaluaciones y asesorías para que puedas alcanzar el éxito y cumplas tu meta de obtener la licenciatura. En cada uno de los contenidos que se presentan, es importante que apliques tus capacidades cognoscitivas como: pensamiento, conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, para su máximo aprovechamiento 2  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO VINCULACIÓN DIDÁCTICA CONTENIDO-COMPETENCIAS Analiza las políticas en seguridad pública que se presentaron durante cada sexenio presidencial a partir del año 1983 a 2007 para identificar la situación del país en cada momento presidencial y la repercusión de la política aplicada. Identifica los objetivos de la seguridad pública para cuidar de las garantías individuales, buscando estrategias y acciones en contra de la delincuencia. 3  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO 3.1. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO (1982 – 1988) Imagen tomada con fines didácticos. Seguridad Nacional El compromiso y la preocupación por la seguridad pública nacional estuvieron presentes desde el inicio del sexenio de Miguel de la Madrid, los obstáculos económicos que dejó el gobierno saliente provocaron que la recuperación económica se vislumbrara cada vez más lejana, con ello los niveles delictivos comenzaron a incrementarse, convirtiendo a la seguridad nacional en un problema apremiante para el sexenio de Miguel de la Madrid. La carestía y la falta de ingresos a causa de las pocas oportunidades de trabajo orillaron a muchos mexicanos a la ilegalidad, por otro lado, la crisis se convirtió para muchos en el pretexto perfecto para justificar a la delincuencia, mientras que el crimen organizado crecía. Una gran cantidad de exmiembros policíacos despedidos de sus cargos a principios del sexenio de Miguel de la Madrid habían iniciado su migración hacia los principales carteles del país. Los cuerpos policíacos no lograban ganarse el respeto y la confianza de la gente pues cada vez que se conocía un acto de corrupción en sus corporaciones se dañaba profundamente la nueva imagen que se estaba tratando de construir. 4  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO Irónicamente el incremento de la delincuencia se presentaba durante un sexenio en el que el mejoramiento de la seguridad pública, el avance de la administración y la procuración de la justicia eran considerados como una tarea inaplazable del gobierno, que realizó un esfuerzo sin precedentes para corregir las desviaciones y los rezagos que hubiese en esta materia. La renovación moral de la sociedad, uno de los principales objetivos del gobierno de Miguel de la Madrid, se tradujo en una importante y profunda restructuración de los organismos policiales fundamentales que se encargarían de garantizar la seguridad pública de México. Se decidió atender la problemática desde la raíz, el gobierno sentó las bases para un sistema de seguridad pública ordenado, capacitado y equipado cuyos beneficios durarían más allá de un sexenio. Durante el periodo de Miguel de la Madrid la policía recibió gran atención. La capacitación y actualización del personal policíaco, que hasta entonces no había recibido ningún tipo de preparación obligatoria ahora la recibiría. De las nueve academias de policías que existían en 1983 se pasó a 40 en 1988, de las cuales egresaban más de 22 mil policías. Las academias proporcionaban las bases para que los policías pudieran realizar efectivamente su trabajo. También se estableció que todo aquel que aspirara a un ascenso tendría que cursar un curso de actualización y pasarlo satisfactoriamente. Por otro lado se les dio principal atención a las denuncias hechas por los ciudadanos en cuanto a irregularidades en el comportamiento de los policías, entre enero de 1983 y marzo de 1988 el Programa de Denuncias y Responsabilidad de la Secretaría de Protección y Vialidad del Distrito Federal recibió 15 mil acusaciones. En el 70 por ciento de los casos los policías fueron sancionados. Asimismo se realizó un gran esfuerzo presupuestario por las pésimas condiciones salariales y de trabajo en las que se encontraban la mayoría de los policías, 95 por ciento de los policías municipales tenían ingresos inferiores al salario mínimo y el mismo problema afectaba al 42 por ciento de los policías estatales. Ganaban casi lo mismo que un 5  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO barrendero, aparte de que tenían turnos de casi 24 horas seguidas y ninguno contaba con seguro de vida. Para 1988 el gobierno federal había logrado un aumento a los salarios, aparte de que todos los policías fueron incorporados al régimen de seguridad social y contaban ahora con un seguro de vida. Uno de los sucesos más importantes para la modernización de la policía fue la creación del Centro de Procesamiento Electrónico y Sistema Automático de Identificación de Huellas Dactilares, que fue inaugurado por el presidente Miguel de la Madrid el 6 de abril de 1988. Éste en su tiempo fue un sistema único en América Latina para procesar y concentrar toda la información de las averiguaciones previas promedio que se iniciaban mensualmente en todas las agencias del Ministerio Público de la Ciudad de México, y almacenar electrónicamente millones de huellas dactilares. Bastaba ahora con sólo disponer de una huella, recogida en el lugar del crimen para identificar, en menos de un minuto, al delincuente. Imagen tomada con fines didácticos. La detención de personas por presuntos delitos de fuero federal, como el narcotráfico, también registró un aumento durante el sexenio, debido a la eficiencia de la Procuraduría General de la República (PGR), que realizó una intensa campaña para capturar narcotraficantes en esos años. En 1983 se detuvieron 8 mil 400 para 1988 se aprehendió a 13 mil. A lo largo del sexenio las instituciones de seguridad pública compartieron la convicción de que la prevención y el combate contra la delincuencia no eran sólo un asunto de 6  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO delincuentes, policías y cárceles, por lo que se procuró combatir sus orígenes con la labor educativa y la creación de opciones para grupos marginados que siempre fueron apoyadas por el gobierno de Miguel de la Madrid. 3.1.1. Contexto nacional En el período iniciado el primero de diciembre de 1982, la Procuraduría General de la República se propuso dar profundidad y sentido moderno a la “representación social” que ostenta el Ministerio Público Federal. Había que renovar el concepto, el que hacer y el sistema de lo que se suele llamar “procuración de justicia”. Con ese objetivo indispensable, la Procuraduría destacó tres campos fundamentales: 1. Impulsó la reforma jurídica sobre procuración y administración de justicia, bajo la encomienda señalada por el Presidente de la República, a la que adelante se aludirá. 2. Llevó a cabo una amplia transformación institucional. 3. Se empeñó en modificar a fondo la selección, capacitación y trabajo de quienes atienden este servicio público. Imagen tomada con fines didácticos. Ha habido, por supuesto, muchas cuestiones que requirieron especial empeño. Mientras se avanzaba en los ámbitos mencionados, la Procuraduría actuaba ante problemas emergentes. Uno fue la Campaña contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia, al cambiar las características nacionales y mundiales de estos problemas. Otras tareas tienen que ver con la actividad del Ministerio Público Federal como procurador del interés jurídico de la República, sustentado ante tribunales mexicanos y extranjeros. 7  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO La nueva administración A lo largo de su campaña electoral, el candidato Miguel de la Madrid escuchó la demanda de justicia. Los problemas de seguridad pública quedaron expuestos con insistencia. Justicia y seguridad pública figurarían entre los grandes temas del Gobierno Federal en el período que comenzó el primero de diciembre de 1982. En su discurso de esa fecha, al asumir el Poder Ejecutivo, el Presidente hizo un encargo directo a la Procuraduría de la República. Dijo: “Doy instrucciones en este momento al Procurador General de la República para que convoque audiencias públicas con el fin de recabar opiniones que permitan elaborar iniciativas de ley y promover acciones para proveer a la sociedad de un mejor sistema de administración de justicia y de seguridad pública. Imagen tomada con fines didácticos. El Primer Mandatario señaló: “El nuevo orden jurídico debe ser la expresión de un proceso democrático. La ley es creación de la comunidad en su beneficio. Por ello, para acercar aún más el proceso de reforma a la base popular, he girado instrucciones a la Procuraduría General de la República, a fin de que establezca los procedimientos de consulta necesaria, con las personas físicas y asociaciones que dedican sus esfuerzos al estudio del Derecho y a la función de defender a individuos o grupos. Una Consulta Nacional sobre Administración de Justicia será una medida saludable para definir las modificaciones que nuestras carencias han convertido en reclamo popular y los planteamientos para enfrentarlo con éxito. Invito muy respetuosamente al Poder Judicial a sumarse a esta tarea...” 8  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO Al concluir 1982 se inauguraba un nuevo capítulo de la Procuraduría de la República: Al mismo tiempo, se abría el horizonte para la reorientación del Ministerio Público Federal, esencia de la Procuraduría. 3.1.2. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) Antes de referir lo que fue la consulta pública, que no ha cesado en varios años, se debe exponer el vínculo entre la Procuraduría y el régimen de planeación. La Ley Suprema se hizo cargo en 1982, el sistema de planeación democrática. La Consulta Nacional que luego se detallará, avanzó paralelamente a la elaboración y presentación de los documentos básicos para orientar el desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo de 1983-1988 fue emitido el 30 de mayo de 1983. El 17 de enero de 1985 se expidió el Programa Nacional de Procuración e Impartición de Justicia del Poder Ejecutivo Federal. La Consulta Nacional y el Plan de Desarrollo dieron fundamento al Programa. El Plan no se limita a encauzar el crecimiento, sino que involucra temas políticos, cualitativos. Es una norma comprometida, como la Constitución de la República. Por ende, incluye la reforma jurídica y la impartición de justicia. En este orden, los objetivos centrales son: “revisar a fondo el sistema normativo nacional y asegurar, verdaderamente, el acceso general de los individuos y grupos a la justicia y legalidad constitucionales, en su doble proyección individual y social, estableciendo canales idóneos para la participación ciudadana, concertar objetivos y acciones entre los diversos poderes y niveles de gobierno; incrementar, según las circunstancias lo requieran el número de órganos dedicados a la preservación de la seguridad pública y a la procuración y administración de justicia; elevar la calidad profesional de quienes intervienen en estas actividades, mediante sistemas adecuados de incorporación, perfeccionamiento y permanencia en el servicio; simplificar procedimientos judiciales y administrativos; y apoyar ampliamente las tareas públicas en este sector con recursos presupuestales 9  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO adecuados que permitan un desempeño eficiente, profesional y respetable por parte de los correspondientes servidores públicos”. El Programa Nacional de Procuración e Impartición de Justicia del Poder Ejecutivo Federal es un conjunto de diecinueve programas. En él se recoge el trabajo de las diversas entidades de procuración e impartición de justicia que existen dentro del Poder Ejecutivo. Figuran Procuradurías general o especializadas, y organismos materialmente jurisdiccionales pero externos al Poder Judicial. En ese instrumento se encuentra el programa de la Procuraduría de la República. Abarca reforma normativa y consulta democrática, reforma institucional, descentralización y desconcentración, servidores públicos y recursos, información y participación social; y constante evaluación. 3.1.3. Estrategias Imagen tomada con fines didácticos. La Consulta Nacional A partir de las instrucciones presidenciales se emprendió la Consulta Nacional sobre Administración de Justicia y Seguridad Pública. No hay antecedentes sobre una labor semejante. Además, la Consulta impulsó nuevos rumbos de participación social. Fue, de hecho, el punto de partida para impulsar con esa participación diversas acciones de la Procuraduría; para intentar, en rigor, dar un paso adelante en el concepto mismo del Ministerio Público Federal. 10  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO En la consulta intervinieron representantes de los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión. Hubo diez comisiones, constituidas para el examen de otras tantas ramas del Derecho Mexicano: amparo, justicia penal, civil, familiar, administrativas, laboral, agraria, de policía y buen gobierno, mercantil y seguridad pública. Cada Comisión fue coordinada por un prestigiado especialista. Los coordinadores, en el orden de sus comisiones, fueron los juristas Héctor Fix Zamudio, Celestino Porte Petit, Ignacio Medina Lima, Clementina Gil de Lester, Antonio Carrillo Flores, Arturo Ruiz de Chávez, Gonzalo Armienta Calderón, Fernando Román Lugo, Jorge Barrera Graf y Sergio Vela Treviño. Este insólito trabajo, realizado con entusiasmo, condujo a la celebración de audiencias públicas, mediante convocatoria del 10 de diciembre de 1982, en todas las entidades federativas. La primera se celebró el 14 de enero y la última el 30 de junio de 1983. En estos seis meses intensos, hubo ciento nueve audiencias. El Procurador asistió a todos los Estados, además del Distrito Federal. Al foro abierto llegaron mil ciento cuarenta y siete ponencias, presentadas por individuos y agrupaciones, funcionarios y particulares, catedráticos, investigadores, postulantes. También, partidos y asociaciones políticas, centrales obreras, agrarias y empresariales, instituciones educativas y federaciones estudiantiles. Se consiguió una genuina consulta nacional y democrática. Luego se le calificaría de “Congreso Jurídico Nacional”. Conviene subrayar que no sólo participaron profesionales de las disciplinas jurídicas. No hubiera bastado. El orden jurídico, cauce para el desarrollo social interesa a la sociedad en pleno. Este fue un dato central para el desarrollo de la Consulta. El resultado se presentó al Presidente de la República el 8 de agosto de 1983, durante una sesión en la biblioteca “Emilio Portes Gil”, del edificio que ocupaba la Procuraduría de la República. El Procurador dio cuenta de los puntos fundamentales y cada coordinador informó sobre los temas de su competencia. Así, un notable conjunto de propuestas, bien fundadas, fue base para un gran proceso de renovación jurídica. En ellas se han apoyado, en mayor o menor medida, múltiples y transcendentales innovaciones legislativas. 11  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO Al concluir la presentación, el presidente De la Madrid señaló: “Quiero manifestar mi profunda satisfacción, por la forma y resultado en que se ha efectuado esta Consulta popular sobre el tema de la Administración de Justicia y la Seguridad Pública. Agradezco profundamente la participación que en esa Consulta tuvieron miembros del Poder Judicial de la Federación, del Poder Legislativo, tratadistas, profesores, funcionarios, abogados y ciudadanos en general. Lo hicieron no sólo en la capital de la República si no, de acuerdo con la organización que propició la Procuraduría, en todas y cada una de las entidades de la Federación. Mención especial quiero hacer, para agradecer su trabajo, a los coordinadores que el día de hoy nos han hecho un sumario de lo que se vio en las Comisiones respectivas”. En otro momento de su intervención, el presidente subrayó que la reforma jurídica involucra el cambio tanto en la legislación como en la actitud de los ciudadanos. Puntualizó: “De la justicia, como de todos los valores fundamentales de la Nación, debemos sentirnos corresponsables todos los mexicanos...”. Las propuestas y los anteproyectos quedaron sujetos a discusión pública. Hubo debates importantes. Por el interés social que atrajo, destacó la discusión sobre la reforma de la ley penal. Todos los temas fueron claramente presentados y ampliamente discutidos. Ya en diciembre de 1982 había comenzado la reforma, al través de modificaciones constitucionales y secundarias en materia de justicia. En el período de sesiones del Congreso que comenzaba el primero de septiembre de 1983, el Poder Legislativo se pronunciaría sobre varias iniciativas renovadoras, producto de la Consulta. En su primer Informe de Gobierno, el Presidente De la Madrid previno: “Hemos utilizado el proceso de Consulta Popular para analizar las condiciones que guarda nuestro sistema jurídico y las circunstancias en que actúan los órganos encargados de la seguridad pública y la administración de justicia. Sobre esta base impulsaré una reforma jurídica e institucional que tendrá un gran impacto en la vida cotidiana del pueblo y tiende a dar mayor calidad a nuestra vida social”. Añadió el Presidente: “Después de realizar una consulta de amplitud sin precedentes en materia de Administración de Justicia y Seguridad Pública, se dispone ya de planteamientos precisos y concretos que abarcan el conjunto del Derecho nacional y que proponen reformas profundas en 12  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO materia de amparo y justicia penal, civil, familiar, administrativa, laboral, agraria, mercantil y de policía y buen gobierno, así como en la organización para la seguridad pública”. Tal fue el tema primordial para el trabajo de la Procuraduría General de la República en esta etapa. Gracias a un acuerdo que reconoció la vocación institucional de la Procuraduría, se llevó adelante la reconsideración del Derecho nacional aplicable a la procuración y a la administración de justicia. Fue una definición sustantiva sobre la tarea contemporánea de la Procuraduría. Participación social Imagen tomada con fines didácticos. Como se indica en otros párrafos, la participación social ha sido un signo importante de la Administración que se inició al final de 1982. Es cauce para la procuración de justicia democrática. Importa este conveniente calificativo. Dicha participación, que incorpora nuevos estilos y funciones en la procuración de justicia, sustentó la Consulta Nacional cumplida durante el primer semestre de 1983. Prestó base a los encuentros comunitarios en los que luego se haría el “juicio de la justicia”, a lo largo de varios años. Está en el origen del Ministerio Público Federal Itinerante. Determina la comparecencia del Ministerio Público y la Policía Judicial ante la comunidad. Requiere consideración especial un programa novedoso que rápidamente evolucionó, conocido por las siglas ADEFAR (Atención de Farmacodependencia). Al avanzar la campaña contra el narcotráfico, se subrayó la necesidad de actuar frente a la farmacodependencia. No sólo terapias; principalmente movilización comunitaria, 13  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO preventiva y correctiva. Así apareció el programa de Atención a la Delincuencia asociada a la Farmacodependencia. Poco después, por sugerencia de las autoridades sanitarias, se evitó hablar de “delincuencia”. Ganó en amplitud el proyecto: Atención de la Farmacodependencia (ADEFAR). Comenzó la formación de unidades de participación comunitaria. Tomaron el nombre de comités. En poco tiempo se multiplicaron, bajo la presidencia de las autoridades estatales y municipales, con el impulso de los Agentes del Ministerio Público Federal y bajo la responsabilidad de la Dirección de Participación Social. Esta unidad condujo, proyectada en diversos ámbitos, la tarea de participación comunitaria posterior a la Consulta Nacional. Siempre, con la más amplia intervención de particulares, representantes de organismos o grupos sociales. Ciertos de que la genuina movilización comunitaria se traduce en el éxito de estos trabajos, se evitó que ADEFAR quedara confinado como programa burocrático. Debía alentar el entusiasmo social. En poco más de dos años, quedó instalado un millar de comités en el país. La presencia del Ministerio Público en ADEFAR, como en otras áreas de participación social, merece examen. Ha sido una modificación de rumbo o, como se indicó, de estilo en este servicio público. El Ministerio Público dio el imprescindible apoyo administrativo para ADEFAR: la estructura, el andamiaje. Con ello sirvió a una causa comunitaria. Pero por otro lado, esa nueva actividad o perspectiva renovó al Ministerio Público, hacia dentro y hacia fuera. No dejó de ser fiscal, pero progresó en dimensión: fue visto, y se vio a sí mismo, como funcionario-ciudadano apto para ingresar en más amplios horizontes. El Ministerio Público Federal hizo mucho por ADEFAR. También a la inversa: ADEFAR ha hecho mucho por el Ministerio Público Federal. Ha contribuido a su progreso histórico. 14  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO 3.1.4. Seguimiento La Reforma Jurídica Imagen tomada con fines didácticos. El Presidente De la Madrid promovió con la consulta descrita, un nuevo método de renovación jurídica que no se ha abandonado. En el segundo Informe del Presidente ante el Congreso de la Unión, el primero de septiembre de 1984, se hizo la síntesis de los principios que guían esta reforma: “Las nuevas leyes y las reformas en el sistema de justicia tienden a otorgar mayores garantías a los ciudadanos, definir el límite para la acción de las autoridades, favorecer el equilibrio entre los Poderes de la Unión, preservar la soberanía de los Estados y modernizar el sistema de procuración y administración de justicia”, Ha quedado de manifiesto el espíritu “humanista” y “jurista” de este gran cambio normativo, y de lo que significa para el progreso y la vida de la Nación. En un balance al cabo de cuatro años, el procurador General de la República expresó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, el 18 de diciembre de 1986: “La reforma en materia de justicia proyectada e impulsada por el Presidente De la Madrid constituye una nueva etapa en el Derecho de la Revolución Mexicana. Es producto de un proceso deliberado. Tiene origen explícito, método puntualmente cumplido y objetivos precisos. Se apoya en un concepto definido acerca del Estado de Derecho. Su prioridad es el ser humano. Implica transformación de leyes, de instituciones y de servicios. Es, por todo, un vigoroso esfuerzo de cambio, no una simple suma de iniciativas”. 15  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO En esa exposición agregó: “Se ha llevado adelante lo han hecho ustedes, señores Senadores; lo han hechos señores Diputados la más amplia reforma sobre justicia en la historia reciente de México... La reforma jurídica aplicable a la justicia ha procurado renovación, democracia y humanismo. Esta es una naturaleza y éstas son sus pretensiones características. Han regido en todos los proyectos presentados en cinco años sucesivos. Así, renovación, democracia y humanismo pasan a ser el gran proyecto en el ámbito de la justicia”. Se ponderó la naturaleza “sistemática” de la reforma: “No hay finalidades diferentes o discrepantes en cada ley expedida. Existe un propósito que las abarca, las une como sistema y les confiere destino, sentido y trascendencia. En el conjunto hay armonía, aunque cada una tenga su campo y presente rasgos propios. Por esa armonía las nuevas normas ya son un Derecho nuevo. Pueden ser historia”. A esta tarea concurrió el trabajo creativo de las Cámaras del Congreso, como órganos de procedencia de varias iniciativas y de meditada revisión de todas. Lo mismo, la aportación de diversas Secretarías de Estado, además de la Procuraduría General de la República. La Secretaría de Gobernación coordinó valiosos trabajos conducentes a la reforma judicial, federal y local, en 1986 y 1987. Una labor importante corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Así, la orientación dada por el Presidente determinó acciones en el conjunto del Gobierno Federal. Hasta el período extraordinario de sesiones del Congreso, en abril de 1987, la suma de reformas abarcaba: Constitución, leyes nuevas y modificación a una veintena de ordenamientos. Algunos han sido reformados mediante sucesivas propuestas, año tras año. De ahí resultan códigos esencialmente diferentes de los textos que regían en 1982; por ejemplo, el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales. Las primeras reformas constitucionales fueron iniciadas en 1982, acerca de faltas de policía y responsabilidad de servidores públicos. Posteriormente, sobre libertad caucional de procesado. Adelante, en la suplencia de la queja en el amparo. En 1986, una notable reforma se refirió a independencia judicial y justicia local. 16  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO En 1987, el Presidente promovió, en consulta con la Suprema Corte de Justicia, la modificación de las bases para el conocimiento del amparo directo. Con esto, la Suprema Corte atenderá el control de constitucionalidad, y los tribunales colegiados se ocuparán del amparo-casación. Leyes nuevas, porque no las había en nuestro régimen jurídico, son la referentes a justicia de faltas de policía y buen gobierno y a prevención y sanción de la tortura. Esta proviene de la Cámara de Senadores. Aquélla significa un importante progreso jurídico: incorpora al plano legal temas que estuvieron regulados sólo por reglamentos. Deja constancia del propósito del Ejecutivo de supeditar sus atribuciones a la norma legal. La sustitución completa de ordenamientos ocurrió para la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, reglamentaria del nuevo Título cuarto de la Constitución, y las Leyes Orgánicas de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En otro apartado se revisará la Ley de la Procuraduría de la República. Por lo que toca a ordenamientos reformados, la lista es larga. Comprende los Códigos Civil, Penal, de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, Federal de Procedimientos Penales, de Procedimientos Penales del Distrito Federal, y de Comercio. Figuran las Leyes de Amparo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Federal de Reforma Agraria, Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común, de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, Federal de Protección al Consumidor, Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de Vías Generales de Comunicación, de Quiebras y Suspensión de Pagos, de Títulos y Operaciones de Crédito, y de Extradición Internacional. 17  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO Coordinación con los Estados Imagen tomada con fines didácticos. Aun cuando cada Procuraduría tiene atribuciones que derivan de la Constitución Federal y su legislación reglamentaria, es preciso asociarlas en un trabajo concertado para la procuración de justicia. Está idea fundó la paulatina formación de lo que en 1986 se comenzó a denominar el “Sistema Nacional de Procuración de Justicia”. Hasta 1983, las normas orgánicas de la Procuraduría General de la República dispusieron el auxilio a cargo del Ministerio Público del Fuero Común y de los cuerpos policiales locales. En cambio, la Ley de 1983 rescató mejor el espíritu federalista. Ordenó el auxilio por parte del Ministerio Público y de los órganos policiales del Distrito Federal, y previno la misma relación con apoyo consensual, entre las autoridades locales y la Procuraduría General de la República. En el caso del Distrito Federal se trata de instituciones y funcionarios regidos por normas que dictan el Congreso Federal y sujetos jerárquicamente al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, como lo está la Procuraduría de la República. No sucede lo mismo en las instituciones y los funcionarios de los Estados. Para éstos se requiere un trato jurídico diferente, que deriva de los principios de Federación. El artículo 8 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República deposita en ésta, por vez primera, representación federal en actos ante los Estados de la Federación. Al mandato unilateral del ordenamiento federal agrega la convención: entendimiento de voluntades jurídico-políticas. 18  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO Los Acuerdos de Coordinación en que intervienen en la Procuraduría General de la República y los Gobiernos de los Estados, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación del 28 de agosto, el 13 de septiembre y el 26 de noviembre de 1984. La tarea concertada se recoge en múltiples normas y programas. No es posible describirlos en esta somera exposición. En todo caso, conviene aludir a las Reuniones Regionales y Nacionales de Procuradores de Justicia, que tienen especial importancia para el Sistema Nacional de Procuración de Justicia. Reuniones de Procuradores Imagen tomada con fines didácticos. Por llevarse adelante un intenso trabajo de desconcentración y crecimiento, resultaba más necesario fortalecer las adecuadas relaciones con autoridades estatales y municipales. El desarrollo del Ministerio Público Federal, hacia nuevas expresiones de su “representación social”, subrayó ese requerimiento. Propósitos y acciones coincidieron en el esfuerzo de crear un “Sistema Nacional de Procuración de Justicia”. Podrá mejorar en el futuro, para servir a la comunidad con mayores y mejores trabajos públicos. Merecen referencia las Reuniones de Procuradores de Justicia. Con autorización del Presidente de México, previa invitación a los Gobernadores y en consulta con los Procuradores de los Estados, se fijó el programa de las Reuniones Regionales y de la Reunión Nacional de Procuradores, en 1986. Se pretendía el examen franco de problemas y soluciones en escala regional y en el ámbito nacional. 19  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO Hubo cuatro encuentros regionales en 1986. Fueron sede las ciudades de Chihuahua, Campeche, Mazatlán y Cuernavaca. Concurrió el Procurador de la República y sus colaboradores, con los Procuradores Generales de Justicia de los Estados. En Chihuahua, el 26 de mayo, estuvieron representantes de Chihuahua, Baja California Norte, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. En Campeche, el 6 de junio, esta entidad y Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. El 20 de junio, en Mazatlán, concurrieron los Procuradores de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Baja California Sur, Durango y Michoacán. A Cuernavaca asistieron, el 26 de junio, los representantes de Morelos, Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. En cada caso se elaboró, suscribió y difundió el acta que informa sobre trabajos y acuerdos. Una nueva serie de reuniones regionales se produciría a partir del 14 de julio de 1987. Del 24 al 26 de julio de 1986 se celebró la Reunión Nacional de Procuradores Generales de Justicia, preparada por la Procuraduría General de la República a lo largo de 1986, con la activa participación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. La sede fue el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Los grandes temas de la Reunión Nacional fueron: Marco Jurídico; Reforma Normativa; Reforma Institucional; y Servicio Público de la Procuración de Justicia. Se cubrían prácticamente todos los aspectos contemporáneos de la procuración de justicia. En esa Reunión actuaron las representaciones de las Procuradurías Generales de la República, del Distrito Federal y de los Estados; además, los Procuradores especializados: de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado, de Justicia Militar, Fiscal de la Federación, Federal del Consumidor, de Orientación y Apoyo a la Juventud (CREA), de la Defensa del Menor y la Familia, y de la Defensa del Trabajo. El 24 de julio fue la inauguración. Intervinieron el Procurador de Morelos y el Procurador de la República, antes del momento principal de la ceremonia: la declaratoria inaugural por el Presidente. El Ejecutivo destacó la importancia de la procuración de justicia y de la Reunión que a esa materia se consagraba. 20  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO En dos volúmenes se publicó la Memoria de la Reunión. Uno contiene los documentos fundamentales; entre estos la denominada “Memoria Gráfica de la Procuraduría General de la República (1o. de diciembre de 1982 a 23 de julio de 1986)”. Igualmente: convocatoria, programa, documentos de los actos de inauguración y de clausura y el acuerdo al que adelante se alude. El segundo volumen incorpora las numerosas ponencias presentadas a la Reunión, que dieron paso a las conclusiones. La Reunión emitió cincuenta y seis puntos, a título de propuesta, sin carácter de unánime recomendación; y ciento tres puntos como conclusiones aceptadas por unanimidad. El conjunto es un excelente catálogo de planteamientos para la reforma legal y el buen desempeño de la procuración de justicia. Quedó suscrito el 26 de julio un Acuerdo “para el establecimiento del Sistema Nacional de Información y Colaboración Interinstitucional”. Este previene valiosos objetivos y dispone su cumplimiento. En una nueva reunión se presentarían proyectos y medios para ejecutarlos. El 16 de enero de 1987 tuvo lugar en Monterrey con la hospitalidad del Gobierno de Nuevo León, la siguiente Reunión Nacional de Procuradores. La jornada de trabajo, con eficaz intervención de los Procuradores, coadyuvó al Sistema Nacional de Procuración de Justicia. Se examinó el Acuerdo del 26 de julio de 1986 y el desenvolvimiento de sus puntos. 3.1.5. Evaluación Los servidores públicos Imagen tomada con fines didácticos. 21  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO Siempre se reclama la selección y preparación idóneas de los servidores de la justicia. Se ha dicho que importan más los jueces probos que las leyes perfectas. Otro asunto se podría decir de los Agentes del Ministerio Público y de la Policía Judicial. En realidad, se requieren ambas cosas: calidad en la ley y en quienes la aplican. En este ámbito han aparecido problemas severos. Es natural que surjan las más tenaces resistencias. No tanto la oposición activa, sino la resistencia pasiva, la fuerza de la “costumbre”, la “exigencia del servicio”. Durante años se miró con interés secundario la integración de algunos servicios públicos. Sucedió, gravemente, en la policía. Ocurrió en el Ministerio Público. Por supuesto, hablamos en términos generales; no sólo de una Dependencia específica, sino del panorama completo. Fue la consecuencia del concepto, tan resistente, del servicio público como “derecho” y “señorío” del funcionario; de las atribuciones como “patrimonio”. Muchos ejemplos honorables, que dignifican las profesiones de procuración de justicia y policía, no alcanzan a convertirse en regla. Se trata de profesiones que apenas nacen como tales, rigurosamente; que ahora se liberan de cargas tradicionales. Las primeras normas interiores de la presente Administración y la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría pretenden desarraigar extravíos, y exigen en cambio, la selección y la preparación escrupulosas. Simplemente lo debido, lo indispensable, lo impostergable; un criterio racional para las profesiones del servicio público de justicia y policía. La selección y capacitación se condujo primero en el Instituto Técnico de la Dependencia; luego, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Para el ingreso a la Policía Judicial Federal la Ley definió requisitos terminantes. Paulatinamente se ha mejorado el rumbo. Habrá que mantener la exigencia viva y enérgica, siempre. Líneas adelante insistiremos en el tema. Por lo que toca al Ministerio Público Federal, la Ley renovada y sus normas derivadas ordenan, entre otras condiciones, el examen de oposición de aspirantes. Que sepamos, es ésta la primera vez en que se hace obligatorio el examen de oposición para ingresar al Ministerio Público. Forzoso, no potestativo. No puede ser facultativa, arbitraria, la integración de los servicios de procuración de justicia. La primera experiencia en este sentido, tan natural y 22  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO necesario hizo ver severas limitaciones. De cada diez candidatos inscritos, sólo uno ingresaba. Esto, como promedio. Bajo ese sistema caminó la selección de Agentes del Ministerio Público. Claro que la inexperiencia de algunos nuevos Agentes ocasiona tropiezos. Sin embargo, el régimen de oposiciones contribuirá a evitar que la Institución sufra tropiezos mayores. Por fin se empareja esta profesión a otras del servicio público, en las que hace tiempo se reclama la capacidad acreditada. Se está en el inicio de una especialidad del servicio civil moderno. Al concluir 1986, ciento cuarenta y siete Agentes del Ministerio Público se habían incorporado a la Procuraduría de la República por examen de oposición. Esto significa cerca del cuarenta por ciento del número total de Agentes. También por examen de oposición se había cubierto, en esa fecha, el cuarenta y cinco por ciento de las plazas de peritos. Entre los principales quehaceres de la Procuraduría en el período que se inicia en 1982 cuenta el mejoramiento de retribuciones y prestaciones al personal. Igualmente, la entrega de estímulos y recompensas en cantidad y calidad crecientes. Esto es indispensable, y además legítimo. No es posible ni debido insistir en la corrección de infracciones, por medio de la sanción respectiva, sin poner el mismo énfasis en la remuneración al servidor público y en el reconocimiento del trabajo bien cumplido, que a veces significa sacrificio, de la vida inclusive. Por ello, se gestionó y obtuvo una serie de sustanciales elevaciones en la retribución. Quedó cumplida una apreciable etapa del programa de dotación de viviendas, en magnitud sin precedente para la Dependencia. Se estableció un patrimonio para apoyar adeudos de servidores que fallecen en cumplimiento del deber, y se incrementó en varias veces el monto del seguro de vida que cubre a los trabajadores que afrontan mayor riesgo, entre ellos, principalmente, agentes de la Policía Judicial Federal y colaboradores de la flota área que se emplea en la campaña contra el narcotráfico (PGR, s.f.). 23  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO 3.2. CARLOS SALINAS DE GORTARI (1988 - 1994) Imagen tomada con fines didácticos. 3.2.1 Contexto nacional El primero de diciembre de 1988 tomó posesión como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Carlos Salinas de Gortari y nombró Procurador General de la República al doctor Enrique Álvarez del Castillo, quien estuvo al frente hasta el 20 de mayo de 1991, siendo sustituido por el licenciado Ignacio Morales Lechuga, quien a su vez estuvo en el cargo hasta el 3 de enero de 1993. Posteriormente, ocupó el cargo el doctor Jorge Carpizo Macgregor, quien estuvo en la Institución hasta el 4 de enero de 1995, toda vez que fue nombrado titular de la Secretaría de Gobernación. El último tramo del sexenio fue ocupado por el licenciado Diego Valadez Ríos, quien estuvo hasta el 11 de mayo de 1994, siendo sustituido por el doctor Víctor Humberto Benítez Treviño, el cual concluyó el período sexenal. Durante 1989 el Ejecutivo Federal promovió la revisión y actualización del Sistema Jurídico Nacional a fin de reducir interpretaciones, fortaleciendo la congruencia entre la norma y la acción jurídica. En materia de procuración e impartición de Justicia, se constituyen prioridades acordes al Plan Nacional de Desarrollo, para lo cual se aprobaron y publicaron modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Código Federal de Procedimientos Penales, Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, Código Penal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, entre otras. 24  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO En el ámbito de su competencia, la Procuraduría General de la República, realizó en ese período la mejora a la Seguridad Pública y la Procuración de Justicia modernizando el Ministerio Público Federal, con el propósito de estar en capacidad de responder con eficiencia y oportunidad a los requerimientos actuales de la sociedad. En el marco del programa de Simplificación Administrativa, se elaboraron documentos normativos, principalmente relacionados con los Agentes del Ministerio Público Federal; se desconcentraron funciones y recursos económicos a las Delegaciones de Circuito, entre otras acciones, propiciando con ello el mejoramiento de los servicios que presta la Institución. Así también se llevó a cabo una intensa profesionalización y actualización de los Agentes encargados de la Procuración e Impartición de Justicia Federal. En la campaña permanente contra el narcotráfico se redoblan esfuerzos en razón de soberanía, seguridad interna y de salud pública con el auxilio incondicional de diversas Instituciones y Dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como Organismos del Sector Privado, tan es así que México fue reconocido con el Galardón del “Espíritu de Libertad” en la Ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América, y se honró al Gobierno de México con la Presidencia de la Segunda Reunión de Jefes de Organismos Internacionales y de represión en el uso de Drogas, celebrada en Viena, Austria, asimismo se otorgó a México la sede de la Reunión de Ministros de Justicia y Procuradores del Continente Americano. 3.2.2. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) Imagen tomada con fines didácticos. Carlos Salinas en su Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, en los siguientes términos: “En los últimos siete años el producto se ha estancado, con una tasa de crecimiento anual 25  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO promedio prácticamente nula” visible en el rubro de Evolución y Situación Económica y Social, del mencionado plan. La estructura general del plan en mención se materializa a través de los siguientes cuatro ejes: a) Soberanía, seguridad nacional y promoción de los Intereses de México en el exterior. b) Ampliación de nuestra vida democrática. c) Recuperación económica con estabilidad de precios, y de Mejoramiento productivo del nivel de vida. Es decir, que para Carlos Salinas de Gortari la seguridad pública no se encontraba en un primer plano de importancia, pues como se observa es más importante la promoción de los intereses de México en el extranjero, así como el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). 3.2.3. Estrategias En esta materia entre otras acciones, se revisaron y adecuaron procedimientos judiciales a través de uniformar criterios jurisprudenciales para una más correcta aplicación del Derecho, asimismo se profesionalizaron y actualizaron los Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República, a través de la capacitación y superación profesional, siendo este factor uno de los principales que incidieron en el buen desempeño de la Dependencia de este año, aunado a lo anterior el Titular de la Institución solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) la reordenación de sus programas de estudio, de modo tal que se respondiera a las necesidades de modernización del Sistema de Procuración de Justicia, en este orden de ideas, el INACIPE participó en la Consulta Popular de Seguridad Pública y Administración de Justicia con gran éxito. 26  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO Acciones contra el Narcotráfico Imagen tomada con fines didácticos. El 23 de diciembre de 1988, en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Dependencia, se creó la Subprocuraduría de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico, con ello se redoblaron esfuerzos en el Combate de Delitos Contra la Salud, destinándose hasta un 60% del presupuesto autorizado a la Procuraduría en ese año para lograr las metas trazadas; se fortalecieron las tareas de investigación, detención y localización del producto del delito, así como la investigación sobre transformación y desvío de bienes y valores derivados del narcotráfico, con lo cual se procedió a su afectación a través de los trámites legales de aseguramiento. Los resultados obtenidos reflejaron el esfuerzo realizado durante 1989 en las áreas operativas, destruyendo 49 mil 162 plantíos de estupefacientes; se decomisaron 448 mil 166 kilogramos de planta seca de mariguana, 616 de heroína y goma de opio; se decomisaron 34 mil 708 kilogramos de cocaína; se desmantelaron 40 laboratorios clandestinos dedicados al procesamiento de estupefacientes y psicotrópicos; se aseguraron 2 mil 803 vehículos terrestres, 60 aéreos y 8 marítimos; mil 733 armas largas y mil 393 cortas; habiéndose consignado 10 mil 744 personas vinculadas con delitos contra la Salud. Por lo que respecta a la atención jurídico-penal, la estrategia se orientó al fortalecimiento de las tareas de investigación, detección y localización del producto del delito, así como en la investigación sobre transformación y desvío de bienes y valores derivados del narcotráfico nacional e internacional. En el año de 1989 se aseguraron casi 4000 millones de pesos y 10 millones de dólares, relacionados con delitos del fuero federal específicamente en la lucha contra el narcotráfico. 27  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO Se inició también una campaña al norte del país a fin de disuadir o desalentar el desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfico, en este operativo especialmente se contó con la participación del Ejército Nacional, la Armada de México y la Policía Federal de Caminos. Dicha campaña se desarrolló al sur de la línea fronteriza con los Estados Unidos de América, abarcando los Estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, al sur del país, se desarrolló una campaña a fin de disuadir o desalentar el desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfico, contándose con el apoyo y presencia de las autoridades estatales y municipales. Esta campaña se llevó a cabo en los Estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Tabasco, entidades colindantes con Guatemala y Belice. En el marco de la cooperación internacional se contribuyó durante el año de 1988, en Viena, Austria, a la elaboración de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, instrumento multilateral que fue suscrito por nuestro país y aprobado por el Senado de México en noviembre de 1989. En el ámbito bilateral, la cooperación Internacional de México promovió la concentración de Acuerdos para combatir el Narcotráfico en otros países, como son: Estados Unidos de América, Venezuela, Colombia, Guatemala y Costa Rica. Por su parte la Agregaduría de la Procuraduría General de la República en Washington D.C., se reestructuró y fortaleció a partir de 1989, misma que dedicó sus actividades fundamentales al tema del Control de Drogas, realizando trabajos de difusión, gestión y negociación diplomática en la relación bilateral con el fin de consolidar los canales de comunicación entre las autoridades y los sectores interesados de ambos países tendientes a una mayor cooperación internacional en la materia. 28  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO 3.2.4. Seguimiento Actualización de la Procuración de Justicia Imagen tomada con fines didácticos. En esta materia entre otras acciones, se revisaron y adecuaron procedimientos judiciales a través de uniformar criterios jurisprudenciales para una más correcta aplicación del Derecho, asimismo se profesionalizaron y actualizaron los Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República, a través de la capacitación y superación profesional, siendo este factor uno de los principales que incidieron en el buen desempeño de la Dependencia de este año, aunado a lo anterior, el Titular de la Institución solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Penales la reordenación de sus programas de estudio, de modo tal que se respondiera a las necesidades de modernización del Sistema de Procuración de Justicia, en este orden de ideas, el INACIPE participó en la Consulta Popular de Seguridad Pública y Administración de Justicia con gran éxito. Análisis de las Acciones y Resultados de las Políticas y Programas Correspondient es En el presente rubro, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, jugó un papel importante, en la promoción y formación de investigadores y especialistas de alto nivel en las Ciencias Penales, reforzando los programas que tradicionalmente ha desarrollado, así como a la apertura de nuevas alternativas de enseñanza y acercamiento a la investigación, en esto 29  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO último, fue necesario implementar medidas creativas que ayudaran a enfrentar las limitadas posibilidades que en materia de recursos financieros habían entorpecido las labores de investigación disminuyendo drásticamente los recursos humanos encargados de esas tareas, provocando la interrupción abrupta de la mayor parte de los programas. Al efecto, se instrumentaron diversos mecanismos tendientes a vigorizar la planta permanente de investigadores, que al inicio del año estaba constituida solamente por uno, y que a la fecha se encuentra integrada por 4 investigadores de tiempo completo y 2 por obra determinada. Dentro del programa de investigación durante 1989, fueron concluidas 10 importantes investigaciones. Como producto de estas investigaciones se detectaron tres monografías en la serie Cuadernos INACIPE, de los Autores: Agustín Pérez Carrillo, Marcos Kaplan y Fernando Tenorio Tagle. 3.2.5. Evaluación Imagen tomada con fines didácticos. Salinas de Gortari, impulsó acciones desde el plano gubernamental como el Programa Nacional de Solidaridad, a través del cual pretendía combatir la pobreza. Dicho programa fue impulsado fuertemente por la Administración Salinista, a decir de algunos analistas este programa fue utilizado como política de Estado, durante casi todo el sexenio, acompañado de una fuerte campaña de difusión a través de los medios de comunicación, además de apoyarse también en el discurso político, donde no pocas veces dijo que ya estábamos en el primer mundo. 30  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO Asimismo, a través de dicho programa se trató de desviar la atención de los verdaderos problemas sociales como el desempleo, la inseguridad, la crisis, vivienda y educación entre muchos otros. “Durante el periodo sexenal 1988-1994, el gobierno mexicano desarrolló una respuesta para el conjunto de la población en situación de pobreza, cuya fórmula institucional fue el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). En el marco de éste se definieron proyectos especiales para los pueblos indios. Durante seis años, la llamada política de Solidaridad fue utilizada por el régimen para convencer que el problema de la pobreza no sólo era atendido, sino que además esa pesadilla iba quedando atrás. La publicidad gubernamental fue tan intensa que incluso mandatarios extranjeros expresaron elogios hacia el programa, y algunos llegaron a manifestar el propósito de reproducir en sus respectivos países la “exitosa” experiencia de México”. Plan Nacional de Desarrollo (1994). México. Secretaría de Programación y Presupuesto. La Rebelión Zapatista y la autonomía. En teoría, Solidaridad puso el énfasis en la participación de las comunidades y el manejo transparente de los recursos públicos para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de los más pobres; en la práctica, ante todo se convirtió en una fuente condicionada de recursos para los gobiernos estatales y municipales, y en uno de los más ruidosos instrumentos de propaganda oficial de los últimos tiempos”. Los problemas sociales en la administración de Carlos Salinas fueron opacados a partir del Programa Solidaridad. Lo que trajo como consecuencia mayores niveles de inseguridad, conjuntamente con crisis y desempleo. La estadística así lo confirma. Me detengo en un sólo indicador, no son datos exhaustivos, pero son reveladores, según la información que proporciona José G. Sandoval Ulloa en su obra introducción al Estudio del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el vínculo entre la incidencia delictiva en todas sus formas y la tasa abierta de desempleo en todas sus formas ofrecen cifras que confirman todo lo antes expuesto. 31  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO En efecto durante los años 1992, 1993, 1994 y 1995, la tasa de desempleo abierto nacional registro los puntos siguientes: 2.8, 3.4, 3.7 y 6.2. Como puede advertirse la tasa de desempleo ostenta un ritmo creciente. En este mismo periodo la tasa de incremento anual de las conductas antisociales, incluyendo, como ya se dijo, todas las formas de la criminalidad nos muestran el cuadro siguiente: 1992, arranca con un aumento de 7.69, para dar un salto al año siguiente y alcanzar 21.42. En el 94 registro un descenso y la tasa anual bajo a 8.82. Sin embargo, en contra de lo que podía esperarse 1995 registro un vuelco escandaloso, la tasa de incremento anual salto hasta Apenas dejo la Presidencia Carlos Salinas y el país se vio envuelto en constantes devaluaciones del peso frente al dólar norteamericano, y sumergido en constantes crisis económicas; lo que tuvo un incremento sustancial de los índices delictivos en 1995. El crecimiento de la delincuencia, que tuvo uno de sus mejores tiempos en los años noventa, fue el antecedente para que, al final del sexenio de Carlos Salinas se creara la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación. Las instancias para coordinar eran las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y de Marina, así como el entonces Departamento del Distrito Federal. Entre las funciones que desarrollaba la mencionada coordinación, se encontraba la de celebrar convenios de colaboración entre la Procuraduría General de la República y las Procuradurías de justicia de los Estados y el Distrito Federal, con el fin de reducir los índices delictivos y el mejoramiento de la seguridad pública (PGR, s.f.). 3.3. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN (1994 - 2000) Imagen tomada con fines didácticos. 32  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO 3.3.1. Contexto nacional Ernesto Zedillo fue el primer candidato como lo haría Vicente Fox inmediatamente después, que puso en un primer plano de su campaña electoral el tema de la inseguridad pública, entre otras cosas “porque él sabía cómo hacerlo”, la garantía de recuperar la seguridad pública y de acabar con la delincuencia organizada. En este sentido, es de reconocer que desde su primer día de gobierno Ernesto Zedillo impulsó una reforma constitucional en materia de seguridad pública, como más adelante se detalla. Reflejo en la estadística que registra el delito de secuestro. Así es, de enero a diciembre de 1995, sin considerar la cifra negra, el secuestro alcanzo 548 casos… Apenas cumplido el mes de gestión de Ernesto Zedillo, la seguridad del país se vio seriamente amenazada por el surgimiento del autodenominado “Ejército Zapatista de Liberación Nacional”, comandado por el Subcomandante Marcos. El 2005 inició con fuego en el sureste mexicano, el primer objetivo fue la Zona Militar ubicada en Rancho Nuevo, Chiapas. Esta noticia fue alarmante, desde las primeras horas del citado año ya había dado la vuelta al mundo. Tuvo diversas denominaciones el citado conflicto, tales como conflicto armado, guerrilla, enfrentamiento, etc., nunca se supo la cifra oficial y mucho menos la cifra negra de las bajas, tanto del Ejército Nacional como del autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Movimiento que en sus primeros años cobró fuerza, sin embargo, actualmente parece minimizado. Con motivo de este conflicto la estructura institucional del Estado mexicano se vio seriamente amenazada, no menos la seguridad pública y la seguridad nacional. 3.3.2. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) Imagen tomada con fines didácticos. 33  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 reconoce la creciente preocupación ciudadana respecto de la inseguridad pública en el país, la cual afecta la seguridad, el patrimonio y el bienestar de las familias, así como la integridad y la vida de muchos mexicanos. De la misma manera se reconoce la eficiente organización del crimen organizado. Los objetivos del Plan en la materia de seguridad pública, contempla emprender una estrategia de fondo para proteger a los individuos y a la sociedad, combatir la delincuencia y fortalecer el orden público. Destaca cinco objetivos en materia de seguridad pública, los cuales podemos resumir en los siguientes términos: 1. Lograr la profesionalización y un comportamiento ético de los integrantes de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia. 2. Lograr una mayor participación de los tres órdenes de gobierno en esta tarea. 3. Lograr que los responsables de la procuración de justicia y los juzgadores realicen su tarea de manera eficiente, por encima de toda sospecha. 4. Buscar que la legislación penal establezca mecanismos ágiles para la investigación de los delitos. 5. Consolidar la reglamentación de los organismos de derechos humanos para establecer una cultura de respeto y promoción de estos. Estos son los objetivos totales en materia de seguridad pública que destaca el Plan de Desarrollo Zedillista, sin embargo, estas acciones no tuvieron en la práctica un impacto significativo. 3.3.3. Estrategias Sistema Nacional de Seguridad Pública Imagen tomada con fines didácticos. 34  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO Desde los inicios de su administración el Presiden Zedillo impulsó una iniciativa para reformar los artículos 21 y 73 fracción XXIII de la Carta Magna, la cual tuvo respuesta inmediata por parte del Congreso, debido a la situación de inseguridad pública en la que ya estaba sumergido nuestro país; pues para el 31 de diciembre de 1994, fue publicada dicha reforma, en el Diario Oficial de la Federación. Antes de la citada reforma, la Constitución utilizaba el concepto de seguridad pública, en su artículo 115, al referirse al servicio de “seguridad pública y tránsito” que tienen a su cargo los municipios de la Federación, por lo que dicho concepto se limitaba a la labor de policía preventiva a cargo de los ayuntamientos. Sin embargo, con la reforma en mención, el artículo 21 ya reformado en sus párrafos sextos y séptimo, establece lo siguiente: “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez”. “La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública”. 3.3.4. Seguimiento Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1994. Imagen tomada con fines didácticos. 35  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO Como se deriva de la reforma antes mencionada, la seguridad pública ya no sólo es tarea del gobierno municipal, sino que a partir de dicha reforma existe una corresponsabilidad por parte de los tres niveles de gobierno. Ya no queda acotada la seguridad pública a cargo policía municipal, sino que, en un sentido más general se faculta a las tres órdenes de gobierno para mantener el orden público y paz social en el territorio nacional. Por su parte, la fracción XXIII del artículo 73 Constitucional, adicionado con motivo de la reforma en mención, quedó en los siguientes términos: “El Congreso tiene facultad para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en materia de seguridad pública.” De esta manera se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno, en materia de seguridad pública. Esta nueva propuesta integral de seguridad no deja sólo la responsabilidad en el gobierno, sino que involucra a la sociedad, por lo que cada vez existe más participación ciudadana en las políticas públicas de seguridad. De esta manera, el Estado mexicano implanta un nuevo modelo de seguridad pública, donde los actores gobierno y sociedad, asumen un rol más participativo, planteándose así una política pública integral en seguridad pública. Un año después de estas reformas constitucionales, se publicó la Ley que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. José G. Sandoval Ulloa en su obra Introducción al Estudio del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dice al respecto: “Con esta reforma constitucional se dio un importante primer paso, al establecer fundamentos jurídicos claros para aplicar, en todo el país una política nacional de seguridad pública, que de manera integral combata frontal y sistemáticamente la delincuencia, e intente responder adecuadamente a una de las más sentidas demandas sociales”. A partir de estas reformas se identifica un importante avance en materia de seguridad pública para el Estado Mexicano, al implementarse el Sistema Nacional de Seguridad Pública con una instancia de coordinación de los tres niveles de gobierno, integrado por más y 36  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO mejores recursos jurídicos, humanos, económicos, tecnológicos y de información. Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000 Este programa refleja el compromiso del Presidente Ernesto Zedillo para encarar a la delincuencia, pues en él se advierte el sólido compromiso de transformar a fondo el desempeño de las instituciones de seguridad pública que han provocado la injusticia e inseguridad; también que el presente programa es una guía de trabajo para los tres entes de gobierno y que será el instrumento de directrices para realizar las responsabilidades que la Constitución encarga al Estado Mexicano, como sociedad y gobierno en su conjunto, para afrontar uno de los retos principales que tiene la generación actual (Ulloa, 2000). El objetivo central de este programa es: “La articulación sistemática de las funciones institucionales, normas y acciones de los tres órdenes de gobierno, en torno a una política nacional que responda a las necesidades y responsabilidades actuales del Estado Mexicano de garantizarla mediante la justa aplicación de la ley, la seguridad de las personas y el pleno goce de sus derechos.” (Diario Oficial de la Federación,1995). Sin duda, este programa refleja la preocupación primordial de Ernesto Zedillo ante el incremento delincuencial, que es precisamente recuperar el Estado de Derecho a través de un trabajo institucional conjunto de los tres niveles de gobierno bajo la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 3.4. VICENTE FOX QUEZADA (2000 - 2006) Imagen tomada con fines didácticos. 37  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO 3.4.1. Contexto nacional El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, está estructurado en ocho capítulos, de los cuales cuatro conforman los objetivos y estrategias. En líneas siguientes se analiza el capítulo siete: eje de Orden y Respeto, en lo que concierne a la seguridad pública: Los resultados de las diferentes estrategias y mecanismos de consulta se incorporaron al plan de diferentes formas y en distintas etapas, según se advierte en el punto 2.3 del mencionado plan. “Una de las prioridades del gobierno actual es garantizar el orden público, con respeto a las libertades y derechos de los mexicanos y al estado de derecho”. Enfatiza dicho plan en lograr el imperio de la ley y el estado de derecho. Reconoce los altos índices delictivos, la corrupción y la ineficacia en la procuración de justicia y en el desempeño de los cuerpos policíacos, como aspectos centrales. Sin embargo, trata de culpar a los gobiernos anteriores que ejercieron un presidencialismo con facultades meta- constitucionales. Inicia Vicente Fox con una cifra oficial de 13.7 delitos por cada 1000 habitantes, y reconoce la cifra negra. Las estrategias para garantizar la seguridad pública y la tranquilidad ciudadana son: 1. Prevenir el delito para garantizar la seguridad ciudadana. 2. Lograr la reforma integral al sistema de seguridad pública. 3. Combatir la corrupción, depurar y dignificar a los cuerpos policiales. 4. Reestructurar integralmente el sistema penitenciario. En su Sexto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el rubro de seguridad pública Vicente Fox destaca la creación de la Secretaría de Seguridad Pública en diciembre de 2006; reformas y adiciones a la legislación penal para combatir el narcotráfico y el narcomenudeo, y tipificar delitos como el secuestro exprés. Dice que se buscó la profesionalización y capacitación de los cuerpos policiales. 38  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO Acepta la evolución de la delincuencia y destaca que ésta ha reaccionado violentamente a la acción gubernamental, acepta pues la derrota de la delincuencia desde el plano gubernamental, en los siguientes términos: Sexto Informe de Gobierno (2006). México. Presidencia de la República Da a entender Vicente Fox que no logró la profesionalización de las instituciones policiales, porque sólo menciona que se buscó dicha profesionalización. Sin embargo, el delito ha evolucionado en sus esquemas y organización y ha respondido violentamente a la acción gubernamental, y aún no se cumplen las expectativas de seguridad que reclama la sociedad.” De lo anterior se advierte, que al menos Vicente Fox acepta la derrota y con ello da muestras de honestidad. Sin embargo, la solución al problema va más allá de la aceptación de la derrota, pues no es factible tal admisión, si él mismo se fijó como una de las metas centrales bajar los índices delictivos y recuperar la seguridad pública. Pero además, la seguridad pública es una de las principales razones del Estado y una obligación irrenunciable, incompatible por su puesto con lo pronunciado por Vicente Fox. En el marco de este informe, se menciona la iniciativa de reforma enviada al congreso el día 31 de marzo del 2004, siendo uno de sus cinco objetivos: “unificar a los cuerpos policíacos federales en la nueva Policía Federal”. Vicente Fox, inició su administración con una cifra de 13.7 delitos por cada 1000 habitantes. La incidencia delictiva de 1997 a 2005 que menciona en su último informe es la siguiente. Respecto del Sistema de Seguridad Publica el Ejecutivo Federal menciona que se Promovió al seno de este organismo, la suma de esfuerzos de los gobiernos de las entidades Federativas y municipios en su responsabilidad compartida de prevenir y atacar la comisión de delitos. 39  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO Existen modelos de policía única como el Cuerpo de Carabineros de Chile, donde la concentración de recursos y efectivos es mayor, aunado a la profesionalización con valores éticos y morales de sus integrantes. Lo cual se refleja en el cabal cumplimiento de las expectativas que reclama la sociedad. Por ello la Policía Federal Preventiva (ahora Policía Federal) se encuentra en proceso de crecimiento y consolidación, aun así, ha dado resultados eficientes en el combate al crimen organizado y la inseguridad pública, por lo que la propuesta de unificación policial como iniciativa del Gobierno Federal es sumamente viable. Sin embargo, esta cifra parece ser parcial, porque en el Plan Nacional de Desarrollo 2001- 2006 se menciona que inicia con un índice delictivo de 13.7 delitos por cada 1000 habitantes; y luego en su último informe nos da un índice delictivo en el 2000 de 14.43 por cada 1000 habitantes. Nota: incluye ambos fueros, común y federal; los delitos denunciados por cada 1000 habitantes son: 1997=16.56 1998=15.4 1999=15.10 2000=14.43 2001=15.17 2002=15.02 2003=14.88 2004=14.62 2005=14.40 La cifra negra de la incidencia delictiva que no contempla la gráfica anterior según la mayoría de los autores es de más de tres delitos no denunciados por cada delito denunciado. Aunado a ello, el índice de impunidad en el Distrito Federal sólo de los delitos denunciados fue cercano al 96% en el año 2000; asimismo, en el mismo año existía un 99.99% de probabilidades de que un crimen o un simple robo no sean nunca resueltos. 40  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO Debido a la falta de confianza ciudadana hacia las autoridades encargadas de la prevención, vigilancia, procuración de justicia; son muy pocos los delitos que se denuncian, y las victimas que denuncias realmente cuentan con muy pocas posibilidades de recibir justicia. Como se observa en la gráfica anterior, para el Ejecutivo Federal, los índices delincuenciales bajaron en su administración, sin embargo, la percepción ciudadana es totalmente diferente. Es este tema tan delicado que es la inseguridad pública no basta que las cifras oficiales indiquen que la delincuencia está en descenso, si la percepción ciudadana es totalmente diferente, pues se percibió en este periodo un incremento en los índices de violencia y delincuencia. “El 2004 fue para los mexicanos un ciclo que podría resumirse en una exigencia concreta y clara: ¡mayor seguridad! fue ese motivo lo que desencadeno la más grande manifestación ciudadana que se tenga memoria en la historia reciente. Miles de mexicanos tomaron las calles en una asombrosa demostración de la participación ciudadana y del hartazgo de la situación de angustia que nos envuelve. El clamor ciudadano cundió a todo México, la exigencia de seguridad se transformó en condición indispensable para el quehacer político”. Dicha inconformidad ciudadana así manifestada, es un claro ejemplo de que la seguridad pública anda mal en nuestro país. Los datos oficiales respecto de la incidencia delictiva y seguridad pública no concuerdan con los niveles de inseguridad pública que padecemos los ciudadanos todos los días. Operativo México Seguro I imagen tomada con fines didácticos. 41  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO Este programa surge en el 2005 como resultado del enfrentamiento entre el cartel de Sinaloa y el del Golfo por el control de Nuevo Laredo, lo cual había propiciado un incremento sustancial en la violencia. Dicho plan a cargo del Secretario de Seguridad Pública Federal, buscaba combatir al crimen organizado mediante operativos conjuntos entre la Policía Federal Preventiva (PFP) y el Ejército. No obstante, la ola de violencia continuó (sólo en 2005 se cometieron en el país más de 1 500 narco-ejecuciones), (Orozco, A., 2006). La eficiencia del programa es limitada. Los mecanismos de coordinación y despliegue fallan en un contexto institucional donde las distintas fuerzas policíacas no suelen cooperar, ya que muchas de ellas están penetradas por el narcotráfico. Esta problemática de recibir apoyo gubernamental, sin duda fortalece a la delincuencia organizada y minimiza la labor del Estado; es importantísimo que cuanto antes de identifiquen y se emprendan acciones contundentes y concretas en contra de los malos elementos de las corporaciones policiales (Bergman, 2007). En la medida en que las corporaciones policíacas sigan apoyando y protegiendo a los narcotraficantes y delincuentes, se dificulta y hasta hace imposible la labor gubernamental de recuperar la seguridad pública. Algunos resultados de este operativo son: Detenciones de presuntos delincuentes: 11 702 Órdenes de aprehensión ejecutadas: 5 356 Vehículos recuperados: 2 796 robados Aseguraron 1 354 armas de fuego y 87 889 cartuchos útiles Se incautaron 58.4 toneladas de marihuana, 722 470 pastillas psicotrópicas, 3 235 kilogramos de cocaína. Entre otros. 3.4.2. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 está estructurado en ocho capítulos, de los cuales cuatro conforman los objetivos y estrategias. En líneas siguientes se analiza el capítulo siete: eje de Orden y Respeto, en lo que concierne a la seguridad pública: 42  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO Imagen tomada con fines didácticos. Los resultados de las diferentes estrategias y mecanismos de consulta se incorporaron al plan de diferentes formas y en distintas etapas, según se advierte en el punto 2.3 del mencionado plan. “Una de las prioridades del gobierno actual es garantizar el orden público, con respeto a las libertades y derechos de los mexicanos y al estado de derecho”. Enfatiza dicho plan en lograr el imperio de la ley y el estado de derecho. Reconoce los altos índices delictivos, la corrupción y la ineficacia en la procuración de justicia y en el desempeño de los cuerpos policíacos, como aspectos centrales. Sin embargo, trata de culpar a los gobiernos anteriores que ejercieron un presidencialismo con facultades meta- constitucionales. Inicia Vicente Fox con una cifra oficial de 13.7 delitos por cada 1000 habitantes, y reconoce la cifra negra. Las estrategias para garantizar la seguridad pública y la tranquilidad ciudadana son: 1. Prevenir el delito para garantizar la seguridad ciudadana. 2. Lograr la reforma integral al sistema de seguridad pública. 3. Combatir la corrupción, depurar y dignificar a los cuerpos policiales. 4. Restructurar integralmente el sistema penitenciario. En su Sexto Informe de Ejecución del PND, en el rubro de seguridad pública Vicente Fox destaca la creación de la Secretaría de Seguridad Pública en diciembre de 2006; reformas y adiciones a la legislación penal para combatir el narcotráfico y el narcomenudeo, y tipificar delitos como el secuestro exprés. Dice que se buscó la profesionalización y capacitación de los cuerpos policiales; acepta la evolución de la delincuencia y destaca que ésta ha 43  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO reaccionado violentamente a la acción gubernamental, acepta pues la derrota de la delincuencia desde el plano gubernamental, en los siguientes términos: Sexto Informe de Gobierno (2006).Op. Cit. Presidencia de la República. Da a entender Vicente Fox que no logró la profesionalización de las instituciones policiales, porque sólo menciona que se buscó dicha profesionalización. Sin embargo, el delito ha evolucionado en sus esquemas y organización, y ha respondido violentamente a la acción gubernamental, y aún no se cumplen las expectativas de seguridad que reclama la sociedad. De lo anterior se advierte, que al menos Vicente Fox acepta la derrota y con ello da muestras de honestidad. Sin embargo, la solución al problema va más allá de la aceptación de la derrota, pues no es factible tal admisión, si él mismo se fijó como una de las metas centrales bajar los índices delictivos y recuperar la seguridad pública. Pero, además, la seguridad pública es una de las principales razones del Estado y una obligación irrenunciable, incompatible por su puesto con lo pronunciado por Vicente Fox. En el marco de este informe, se menciona la iniciativa de reforma enviada al congreso el día 31 de marzo del 2004, siendo uno de sus cinco objetivos: “unificar a los cuerpos policíacos federales en la nueva Policía Federal”. 3.4.3. Estrategias Imagen tomada con fines didácticos. Concebir la seguridad nacional desde una visión amplia destinada a prever y hacer frente a situaciones que amenacen la paz, la vigencia del orden jurídico, el bienestar y la integridad 44  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO física de la población y que pongan en riesgo la permanencia de las instituciones o vulneren la integridad del territorio. Dar coherencia, unidad y amplitud de visión a la estrategia de seguridad nacional, elaborar definiciones actualizadas de interés y de seguridad nacional que se identifiquen con los propósitos del nuevo arreglo democrático del país y someter a los aparatos de inteligencia a los controles gubernamentales y al régimen jurídico. Desarrollar una doctrina que guíe la identificación, valoración y evaluación de aquellos factores que puedan poner en riesgo la seguridad nacional y que brinde una protección efectiva frente a riesgos y amenazas a los intereses vitales de México. Las acciones a cargo de las instancias del Ejecutivo Federal habrán de realizarse con base en una precisión de principios rectores de defensa de la seguridad nacional y con una identificación clara de los riesgos, presiones y adversidades. Asimismo, habrá que tomar en cuenta otros factores que pueden afectarla: la naturaleza dinámica y cambiante de toda sociedad, la influencia externa y la posición geopolítica del país y su inserción en el proceso de globalización. Otra consideración es que en una sociedad plural como la mexicana, donde conviven distintos intereses, el Estado tiene la obligación de afrontar los desafíos y riesgos producto de la interacción y posible fricción entre los mismos, con políticas y estrategias en los que siempre prevalezca el Estado de Derecho como premisa de acción. Elaborar una agenda de riesgos para promover prácticas de prevención en las acciones gubernamentales, mediante un análisis sistematizado de los riesgos que amenazan la seguridad nacional. Realizar un análisis exhaustivo de los riesgos a la seguridad nacional que posibilite la elaboración de una agenda de riesgos sistematizada, a fin de diseñar las políticas para su prevención y contención. Coadyuvar en el sostenimiento de una visión estratégica que defina políticas de Estado que conduzcan el progreso económico, social, cultural, tecnológico y político del país. 45  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO Diseñar un marco jurídico e institucional que respete las garantías constitucionales de los ciudadanos, asegurando la coordinación entre las dependencias del Poder Ejecutivo Federal y la congruencia en el funcionamiento de los tres órdenes de gobierno. Facilitar la coordinación entre los diversos organismos y dependencias de la Administración Pública Federal responsables de la defensa de la seguridad nacional y de la promoción del interés nacional. Anticipar y prever con oportunidad y eficacia los riesgos y amenazas a la seguridad nacional, la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho, mediante la operación de un sistema de investigación, información y análisis que, apegado a derecho en su actuación, contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Promover un marco normativo que precise lo que constituye la seguridad nacional del Estado mexicano y los elementos que la componen. Las agencias de inteligencia del Ejecutivo Federal deberán sujetarse a los criterios de operación propios de un Estado democrático y a un esquema pertinente de rendición de cuentas institucional. Se pondrá cuidado en salvaguardar la confidencialidad de la información determinada como reservada y se fijarán, asimismo, los términos y condiciones para su desclasificación. Se trabajará para que el personal se distinga por guardar una actitud de lealtad y respeto al Estado y sus instituciones, a la legitimidad de sus autoridades electas y judiciales, así como a los principios del Estado de Derecho. Además, las agencias de inteligencia del Ejecutivo Federal deberán mejorar la oportunidad y eficiencia del sistema de investigación, información y análisis para la seguridad nacional. 46  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO 3.4.4. Seguimiento Acceder a instaurar formas de participación política directa: “Abrir la política y el ejercicio del poder a la participación y control desde la base social será un objetivo central de mi gobierno. Acepto el mandato popular de consolidar la democracia a través de fórmulas relacionadas con la democracia directa, como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. Diseñar un nuevo marco estratégico de seguridad nacional, en el contexto de la gobernabilidad democrática y del orden constitucional. Elaborar nuevas definiciones de interés y seguridad nacionales que confluyan a la gobernabilidad democrática. Desarrollar la doctrina de seguridad nacional que guíe la identificación, previsión, valoración y evaluación de los factores que la ponen en riesgo y las estrategias a seguir. Promover el diseño de un marco jurídico que permita eficacia en sus políticas y acciones y, al mismo tiempo, proteja las garantías legales y constitucionales de los ciudadanos. Facilitar la coordinación entre los diversos organismos y dependencias de la Administración Pública Federal responsables de la defensa de la seguridad nacional. 47  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO De esta manera, se le dará coherencia, unidad y amplitud de visión a las decisiones en materia de seguridad nacional que le corresponde tomar al Ejecutivo Federal. 3.4.5. Evaluación La Secretaría de Seguridad Pública y la Agencia Federal de Investigación. Imagen tomada con fines didácticos. La creación de la Secretaría de Seguridad Pública y la Agencia Federal de Investigación también fueron obra de este sexenio. La primera se deriva de la subsecretaría que tenía a cargo la función de seguridad pública en la Secretaría de Gobernación, la cual pasa a constituirse como la SSP, esta dependencia se creó con el fin de ser el ente responsable de la seguridad pública en el plano federal, entre sus funciones también está el de coordinar el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de las responsabilidades administrativas que le impone la ley de la materia. Por su parte la Agencia Federal de Investigación se crea en el año 2000, surge como una transformación de la Policía Judicial Federal. A través de dicha corporación se pretende crear en México un nuevo modelo de policía; durante su vigencia ha tenido resultados positivos en el combate al narcotráfico, pero también negativos, debido a qué elementos de esta corporación se han visto inmiscuidos con la delincuencia organizada. 48  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO RESUMEN En la presente unidad abordamos la conformación del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, Se analizó las políticas en seguridad pública que se presentaron durante cada sexenio presidencial, a partir del año 1983 a 2007. Identificando la situación del país en cada momento presidencial y como repercutió la política aplicada. Incluyendo Plataforma México: como una política para impulsar la homologación de los sistemas de Información a nivel nacional, entre las diferentes instituciones y órdenes de gobierno. Sin embargo, para el mejoramiento de la seguridad pública se requiere la implementación de políticas públicas de manera urgente. Los objetivos latentes de la seguridad pública así como las estrategias de política criminal que se implementan buscando conformar una visión amplia de seguridad pública que incorpore mejores aspectos sociales. Desde la perspectiva de la seguridad pública nos referimos al conjunto de garantías individuales para la sociedad en términos de protección de su integridad física, de los derechos de propiedad, de los niveles mínimos de bienestar y de acceso a los servicios públicos. La seguridad pública es una función que está a cargo del estado, sin la cual no se justifica su existencia, ya que no puede concebirse a un Estado sin que vele por la protección de cada uno de sus ciudadanos. 49  UNIDAD 3. POLÍTICAS EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO REFERENCIAS ANEXAS AL PROGRAMA Bergman, (2007). Seguridad Pública y Estado en México. Diario Oficial de la Federación del 26 de abril de 1994. Diario Oficial de la Federación (1995). Orozco, A (2006) Familia y Seguridad Pública, contenido en Seguridad Pública: Voces diversas en un Enfoque Multidisciplinario. Pedro José Peñaloza (Coordinador) PGR, (s/f). Periodo del presidente Miguel de la Madrid. http://www.pgr.gob.mx/que%20es%20pgr/Documentos/conmemoracion/peprmima.htm PGR, (s/f). Periodo del presidente Carlos Salinas de Gortari http://www.pgr.gob.mx/que%20es%20pgr/Documentos/conmemoracion/peprcsag.h tml Plan Nacional de Desarrollo (1994). México. Secretaría de Programación y Presupuesto. La Rebelión Zapatista y la autonomía. http://www.pgr.gob.mx/que%20es%20pgr/Documentos/conmemoracion/peprcsag.html Plan Nacional de Desarrollo (2001) México. Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo (2005). Presidencia de la República. Programa Nacional de Seguridad Pública (2005). México. Poder Ejecutivo Federal. Presidencia de la República.(2006) Sexto Informe de Gobierno. México. Ulloa (2000) México introducción al estudio del sistema nacional de seguridad pública. 50