De coleccionistas y numismáticos a historiadores profesionales (PDF)

Historiografías, 26 (Julio-Diciembre, 2023): pp. 54-77. De coleccionistas y numismáticos a historiadores profesionales: notas sobre los orígenes de la Junta de Historia y Numismática Americana From Collectors and Numismatists to Professional Historians: Notes on the Origins of the American Numismatics and History Board Pablo Buchbinder [email protected] Instituto de Historia Argentina y Americana E. Ravignani Universidad de Buenos Aires ORCID ID: 0000-0002-8874-1756 Resumen Pensado como contribución al conocimiento de las formas de profesionalización e institucionalización de la historia en la Argentina, el presente artículo estudia el origen de la Junta de Historia y Numismática Americana, que se convertiría en 1938 en la Academia Nacional de la Historia. Para este propósito se estudian sus primeras publicaciones y estrategias para reconstruir el patrimonio histórico argentino; en segundo lugar, se atiende a sus vínculos con el estado y el gobierno; a continuación, a las discusiones sobre el pasado argentino. También es objeto de atención su participación en las celebraciones de los centenarios de la Revolución de Mayo y la independencia. Palabras clave Historiografía, profesionalización, patrimonio histórico, numismática Abstract As a contribution to the shaping of professionalization and institutionalization of history in Argentine, this article examines the origins of the American Numismatics and History Board, which was transformed in the National Academy of History in 1938. To that purpose we shall study its first publications and strategies to reconstruct the Argentinian historical heritage; second, we address its bonds with the state and the government; and next, the debates on the Argentinian past. The exam of its participation in the celebrations of the centennial of the May Revolution and the Independence shall also be object of attention. Keywords Historiography, professionalization, historical heritage, numismatics ISSN 2174-4289 54 Historiografías, 26 (Julio-Diciembre, 2023): pp. 54-77. Introducción El 21 de enero del año 1938, a través de un Decreto, el Presidente de la Nación Argentina, Agustín P. Justo –un entusiasta cultor de la historia– convirtió a la Junta de Historia y Numismática Americana en la Academia Nacional de la Historia. De este modo sumó una nueva institución académica a otras ya reconocidas como la Academia Nacional de Medicina –que databa de 1822–, la del Derecho o la de Filosofía y Letras. La designación confirmaba el carácter oficial de la organización consolidando así la relación con los organismos públicos que la Junta ostentaba al menos desde la primera década del siglo. Este trabajo tiene como propósito central el estudio de los orígenes de la Junta y sus primeros pasos. Un análisis de esta naturaleza es relevante a los efectos de comprender, entre otros temas, los itinerarios del proceso de profesionalización e institucionalización de la historia en la Argentina. En este contexto, nos interesa analizar el papel de la Junta en la conformación y difusión de una serie de ideas sobre el pasado argentino y en la construcción y re-construcción de su patrimonio histórico, en particular, aunque no únicamente, el documental. La Junta desempeñó un papel fundamental en estos campos. Sin embargo, sus orígenes han sido escasamente estudiados. Existen algunos trabajos de carácter más bien testimonial y auto celebratorio como los que publicaran Antonio Dellepiane, Enrique de Gandía o Narciso Binayán durante las primeras décadas del siglo XX.1 Más recientemente, la misma Academia Nacional de la Historia, publicó una obra en dos volúmenes dedicados al estudio de diversas dimensiones de los procesos de construcción de la disciplina histórica en la Argentina. La trayectoria original de la Junta y luego de la Academia son explorados en profundidad en algunos de los capítulos publicados en el primer tomo de esta obra, en especial en los de Aurora Ravina y Noemí Girbal-Blacha.2 Contemporáneamente a la 1 Antonio Dellepiane, “Una fundación de Mitre. La Junta de Historia y Numismática Americana”, Revista de la Universidad de Buenos Aires, [vol.] XXXVIII (1917): 206-208; Enrique de Gandía”, “La Academia Nacional de la Historia. Breve Noticia Histórica”, en Historia de la Nación Argentina, ed. Academia Nacional de la Historia, tomo I (Buenos Aires: Ateneo, 1938), 85-92; Narciso Binayán, El origen de la Junta de Historia y Numismática Americana (Buenos Aires: Talleres Gráficos Rosso, 1920). 2 Aurora Ravina, “La fundación, el impulso mitrista y la definición de los rasgos institucionales, Bartolomé Mitre (1901-1906), Enrique Peña (1906-1911)”, en La Junta de Historia y Numismática Americana y el movimiento historiográfico en la Argentina (1893-1938), ed. Academia Nacional de la Historia, tomo I (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1995), 23-59; Aurora Ravina “Nuevos proyectos, nuevos miembros, nuevos tiempos, Enrique Peña (1911-1915) y José Marco del Pont-Antonio Dellepiane (1915-1919)”, en La Junta de Historia y Numismática Americana y el movimiento historiográfico en la Argentina (1893-1938), ed. Academia Nacional de la Historia, tomo I (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1995), 61-93; Noemí Girbal Blacha “La aproximación al cambio, el dinamismo interno y la transición hacia la apertura intelectual, Ramón J. Cárcano (1919-1923) y Martiniano Leguizamón (1923-1927)”, en La Junta de Historia y Numismática Americana y el movimiento historiográfico en la Argentina (1893-1938), ed. Academia Nacional de la Historia, tomo I (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1995), 95-121; María Cristina Pompert de Valenzuela, “La labor editorial de la Junta”, en La Junta de Historia y Numismática Americana y el movimiento historiográfico en la Argentina (1893-1938), ed. Academia Nacional de la Historia, tomo I (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1995), 169-183; y Arnaldo Cunietti Ferrando, “La labor numismática de la Junta”, en La Junta de Historia y Numismática Americana y el movimiento historiográfico en la Argentina (1893-1938), ed. Academia Nacional de la Historia, tomo I (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1995), 188-205. ISSN 2174-4289 55 Historiografías, 26 (Julio-Diciembre, 2023): pp. 54-77. aparición de estos volúmenes, a principios de los años 1990, Nora Pagano y Miguel Galante analizaron en forma comparativa los primeros tramos de la historia del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Junta en un capítulo de una obra compilada por Fernando Devoto.3 Sin embargo, y a pesar de la indudable importancia de estos trabajos, consideramos que existen aún distintos aspectos de este proceso que requieren ser analizados con mayor detenimiento, en particular los relativos a la relación de la Junta con los poderes públicos, a su papel en la reconstrucción del patrimonio histórico del país, en la profesionalización de la historia o al modo en que sus miembros procesaron las controversias históricas de fines del siglo XIX y principios del XX y se comprometieron con ciertas lecturas del pasado argentino. El objetivo de este trabajo reside en presentar algunas reflexiones sobre estas cuestiones. A partir de este estudio esperamos llevar a cabo una contribución al conocimiento tanto de las formas de construcción de la profesión de historiador en la Argentina como de su institucionalización. Los caminos de la institucionalización de la Historia en el mundo rioplatense y los orígenes de la Junta Con la creación de la Junta culminaron en el Río de la Plata una serie de ensayos para crear una institución dedicada a la producción y difusión del conocimiento sobre el pasado rioplatense. Desde mediados del siglo XIX se habían sucedido intentos por construir instituciones públicas que pudieran proporcionar ámbitos de sociabilidad a los cultores de la historia y que los preservasen, además, de las disputas y controversias de tono más bien faccioso en las que, a menudo, se involucraban tanto los letrados como quienes se dedicaban a la exploración del pasado. Hasta entonces, quienes solían escribir sobre la historia de la región se socializaban en ámbitos particulares y privados. El intercambio de libros, documentos, o la circulación de ideas sobre el pasado se verificaban al margen de los organismos públicos. Los primeros ensayos para modificar esta situación databan de mediados del siglo XIX. En 1843 fue creado, por iniciativa de Andrés Lamas, en la ciudad de Montevideo, el Instituto Histórico y Geográfico Nacional. Varios exiliados del Buenos Aires rosista participaron en esa fundación, entre ellos Bartolomé Mitre, Florencio Varela y Andrés Lamas. El propósito principal de esa institución residía, de acuerdo a lo afirmado por el mismo Lamas en adquirir, clasificar y publicar materiales históricos dispersos y depositados en archivos públicos y privados. Uno de los participantes en esta fundación, el ya mencionado Florencio Varela, dirigía por entonces en Montevideo un periódico, el Comercio del Plata que también dedicó una importante sección a la recopilación y publicación de documentos destinados a quienes quisieran estudiar el pasado de la región. Una vez caído Rosas, y ya en Buenos Aires, Bartolomé Mitre, uno de los participantes en la empresa de Lamas, tomó la iniciativa de construir en Buenos Aires un organismo similar al de Montevideo, inspirado, en alguna medida como aquel, en el Instituto Histórico y Geográfico Brasileño, que databa de 1838. Una sesión preparatoria para la organización de ese organismo, denominado Instituto Histórico y Geográfico del 3 Nora Pagano y Miguel Galante, “La Nueva Escuela Histórica: una aproximación institucional del Centenario a la década del 40”, en La historiografía argentina en el siglo XX, ed. Fernando Devoto, volumen I (Buenos Aires: Editores de América Latina, 2006), 65-108. ISSN 2174-4289 56 Historiografías, 26 (Julio-Diciembre, 2023): pp. 54-77. Río de la Plata tuvo lugar a principios de septiembre de 1854 en la Biblioteca Pública de Buenos Aires. Se intentaba constituir un espacio destinado a fomentar los estudios geográficos e históricos. Mitre aseguró que en Buenos Aires se hacía notar la ausencia de un ámbito en el que pudiesen expresarse libremente las ideas científicas y literarias y un centro que aglutinase a quienes las cultivasen. Señalaba que podía advertirse el contraste entre el débil estado de desenvolvimiento de las fuerzas intelectuales, por un lado y el rápido desarrollo de los fenómenos materiales y de las ideas políticas, económicas y administrativas, por otro. Al definir los objetivos centrales de la asociación afirmaba que “a nada más hermoso ni más útil puede ella contraerse que al estudio de la historia, la geografía y de la estadística en todas sus relaciones y aplicaciones, circunscribiéndose a los países del Plata, donde pueden explotarse con novedad y ventaja los ricos materiales, que todavía ni aún han sido clasificados”.4 En 1856 se presentaron las bases orgánicas del Instituto, se nombró a Mitre, su Presidente y se incorporaron personalidades prestigiosas de la vida política y cultural de la Provincia como Valentín Alsina, Domingo F. Sarmiento y José Mármol. En el artículo 20 de las Bases se afirmó que sus fines consistían en centralizar las fuerzas intelectuales del país, preparar y clasificar los materiales para escribir su historia, salvar del olvido los documentos históricos, geográficos y estadísticos y fomentar los estudios en estas tres áreas. Pero el Instituto se disolvió sin llevar a cabo la mayor parte de sus objetivos. Más tarde hubo nuevas iniciativas, pero también tuvieron corta vida. En 1861 tuvo lugar la creación, en el ámbito de la Confederación Argentina, en la ciudad de Paraná, de un Instituto Histórico impulsado por Vicente Quesada. Sus objetivos eran similares a los del fundado unos años antes por Mitre, pero tampoco logró sobrevivir. La inestabilidad institucional y administrativa provocada por las guerras civiles impidió la consolidación de este tipo de instituciones que, como lo señalaría en más de una oportunidad el mismo V. Quesada, tenían como propósito central conformar un ámbito en el que los letrados pudiesen discutir sobre la historia del país dejando en un segundo plano sus disidencias políticas. Algunos de los que participaron en la creación de las instituciones antes mencionadas se reunían con cierta periodicidad en el domicilio del bibliófilo y coleccionista porteño Alejandro Rosa desde principios de la década de 1890. El objetivo de estos encuentros que, según Enrique de Gandía, “estaban presididos espiritualmente” por B. Mitre era discutir y determinar el origen de medallas y monedas de la época colonial e independiente.5 Se trataba, en realidad, de un grupo de notables y coleccionistas de diversos objetos pero sobre todo de monedas y documentos que, en 1892, se autodenominó Junta de Numismáticos y un año después acuñó su primera medalla, que en sus seis estrellas simbolizaba a sus fundadores.6 Tiempo después, y hasta comenzar el nuevo siglo, acuñaría otras en conmemoración del aniversario de la 4 “Bases orgánicas del Instituto Histórico-Geográfico del Río de la Plata”, Buenos Aires, 1856. Documento reproducido en Ricardo Levene (ed.), Mitre y los estudios históricos en la Argentina (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1944), 290. 5 Enrique de Gandía, “La Academia Nacional de la Historia. Breve Noticia Histórica”, en Historia de la Nación Argentina, ed. Academia Nacional de la Historia, tomo I (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia 1938), 85-92. 6 En esta medalla figuran sentado en primer término Antonio Cadelago, Julián Miguens, Angel Carranza, Adolfo Decoud, Bartolomé Mitre y Alejandro Rosa, y de pie Alfredo Meabe y Sergio Echayde. ISSN 2174-4289 57 Historiografías, 26 (Julio-Diciembre, 2023): pp. 54-77. reconquista de Buenos Aires, del primer centenario de la fundación de la ciudad de Orán, en homenaje a Guemes y sus gauchos, a raíz del centenario del nacimiento del general Ángel Pacheco y en recuerdo del general Juan Lavalle. Una breve descripción de las primeras actividades de este círculo llevó a cabo uno de sus antiguos integrantes que, más tarde, llegaría a ser Vicepresidente de la institución, Antonio Dellepiane: “Las sesiones se verificaban sin solemnidad de ninguna especie, no habiendo quedado constancia escrita de lo que en ella se trató. Mal habría podido, por lo demás, labrarse actas de lo que no pasaba de un cambio amistoso de ideas, de una simple conversación de camaradas poseídos de una misma vocación”.7 Durante estos últimos años de la década de 1890 se fueron incorporando a este círculo nuevos integrantes. Progresivamente fueron conviviendo en la Junta reconocidos coleccionistas de monedas y medallas, aficionados a los estudios históricos, personalidades prominentes de la vida pública y figuras del mundo de las letras. Era un círculo particular, heterogéneo e inorgánico unido, en principio, por el interés por el coleccionismo y por el pasado americano en términos generales. Los primeros proyectos: la preservación del patrimonio histórico En agosto de 1901, en el transcurso de una de las reuniones periódicas de la Junta, Bartolomé Mitre sostuvo que era necesario que la organización “diera señales de vida, haciendo algo práctico y de utilidad” y que no se limitase a “acuñar medallas”.8 Acto seguido, a cada uno de los integrantes se le asignó un tema a cuyo estudio debía abocarse y cuyos resultados serían presentados en alguna de las reuniones. Los temas eran diversos. Estaban presentes los vinculados con el estudio de las medallas, pero también los arqueológicos junto a los más propiamente históricos. En esa misma sesión se nombró un Presidente, un Vice-presidente y un Secretario, cargos que recayeron en Bartolomé Mitre, Alejandro Rosa y José Marcó del Pont. Además, se estipuló que las reuniones se llevarían a cabo en la casa de Alejandro Rosa, el primer domingo de cada mes. En una sesión posterior resolvieron adoptar el nombre de Junta de Historia y Numismática Americana y disponer que no excederían nunca el número de 40 miembros. Se confirmó además que los encuentros tendrían como objeto la lectura y discusión de trabajos presentados por los miembros de la organización. En diciembre de 1902, se estableció un Estatuto en el que se dispuso que el organismo tendría como objetivo “fomentar los estudios de Historia y Numismática y establecer relaciones entre las personas que se ocupen de ellos dentro y fuera del país”.9 Con ese propósito celebraría reuniones, publicaría libros y acuñaría medallas. También estableció las condiciones para ser admitido como socio activo. Estos deberían ser presentados por al menos tres miembros que fundamentarían la solicitud de incorporación sobre la base de los trabajos históricos del candidato. Este último estaba obligado a llevar a cabo una exposición el día de su incorporación. 7 Dellepiane, Antonio, “Una fundación de Mitre. La Junta de Historia y Numismática Americana”, Revista de la Universidad de Buenos Aires, [vol.] XXXVIII (1917): 206-208. 8 “Actas de la Junta de Historia y Numismática Americana, 1901-1906”, Sesión I, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] III (1926): 211. 9 “Actas de la Junta de Historia y Numismática Americana, 1901-1906”, Sesión XI, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] III (1926): 231-233. ISSN 2174-4289 58 Historiografías, 26 (Julio-Diciembre, 2023): pp. 54-77. De este modo, y a partir de estas decisiones, que otorgaron a sus actividades un grado mayor de formalidad, la Junta comenzó a transitar el camino que la llevaría a convertirse, casi cuarenta años después, en la Academia Nacional de la Historia. El núcleo original, compuesto por reconocidas figuras del mundo político y cultural tradicional y dominado por los coleccionistas se fue modificando progresivamente a partir de la incorporación de un conjunto de personalidades, algunas de ellas de reconocida actuación en el ámbito universitario y, sobre todo, en la recientemente creada Facultad de Filosofía y Letras de la UBA –institución creada para ocuparse del cultivo de las humanidades en el nivel universitario– y que tenían un perfil menos relacionado con el coleccionismo y más cercano a la producción histórica en términos modernos. De este modo se sumarían, entre otros, en diciembre de 1903, el historiador Luis M. Torres y pocos años más tarde, David Peña, Antonio Larrouy y el antropólogo alemán, residente en el país, Roberto Lehmann Nitsche. En agosto de 1914 se incorporó Norberto Piñero y en mayo de 1915 quien sería una figura fundamental de la Junta y luego de la Academia Nacional de la Historia –y de la historiografía argentina en términos generales– hasta mediados del siglo XX, Ricardo Levene. Desde 1908, lentamente se fueron incorporando también miembros correspondientes del interior y exterior del país.10 No se estableció un criterio a priori para elegir a los nuevos integrantes de la asociación, más allá de lo ya enunciado. Los candidatos eran presentados de modo regular por los miembros de la Junta y, por lo general, eran aprobados. Al margen de alguna controversia en particular –como la que se suscitó con la incorporación de David Peña, analizada en un pasaje posterior– no hubo objeciones sustantivas –al menos no se expresaron públicamente– a las nuevas candidaturas a socios. De todas formas, una primera aproximación a los perfiles de los primeros integrantes de la Junta muestra la convivencia de personajes de diferentes orígenes sociales y trayectorias ya sea profesionales o intelectuales. No era ésta una característica peculiar de la Junta sino un rasgo que ésta compartía con otras instituciones del mundo cultural y académico argentino. La convivencia, en términos armónicos, entre profesionales o especialistas reconocidos por su experticia en el campo de la historia o la arqueología con aficionados o coleccionistas provenientes de sectores tradicionales de la élite marcó la fisonomía de la Junta durante sus primeras tres décadas de existencia, al menos. La mayoría de sus integrantes llevaba a cabo actividades muy diversas y eran muy pocos los que se dedicaban exclusivamente a la tarea académica. Al respecto pueden citarse algunos ejemplos. Ernesto Quesada provenía de una familia de letrados. Estaba casado con una integrante de una de las familias más tradicionales, ricas y poderosas de la élite argentina, descendiente, además, de Ángel Pacheco, el principal jefe militar de Juan Manuel de Rosas. Era abogado, y miembro del Poder Judicial en su condición de fiscal de Cámara, actividad que desarrolló de modo paralelo a su condición de profesor 10 En junio de 1901 en la documentación oficial de la Junta se consignaban como miembros a Bartolomé Mitre, Alejandro Rosa, José Marco del Pont, Jorge Echayde, Juan Carlos Amadeo, Juan B. Ambrosetti, Pedro Arata, Juan José Biedma, Antonio Cadelago, Ramón J. Cárcano, Adolfo Carranza, Gabriel Carrasco, Adolfo Decoud, Juan A. García, José Ignacio Garmendia, Joaquín V. Gònzalez, Samuel Lafone Quevedo, Martiniano Leguizamón, Manuel Mantilla, Alfredo Meabe, Carlos Molina Arrotea, Eduardo Ortiz Basualdo, Félix Outes, Juan Pelleschi, Enrique Peña, José Antonio Pillado, Ernesto Quesada, José María Ramos Mejía, Carlos Urien y Estanislao Zeballos y como miembros correspondientes a Manuel Domínguez, Ignazio Garzón, Juan W. Gez, Ramón Larraga, Julián F. Miguens, José Florencio Ortiz, Adam Quiroga y Genérico Ramírez. ISSN 2174-4289 59 Historiografías, 26 (Julio-Diciembre, 2023): pp. 54-77. universitario. Pero, además, Quesada había seguido estudios universitarios en Alemania y era reconocido por su amplia erudición. Roberto Lehmann Nitsche era un antropólogo alemán que se desempeñaba como profesor en las universidades de Buenos Aires y La Plata. Compartía estos espacios académicos con otros miembros de la Junta como Luis M. Torres, David Peña o Antonio Larrouy quien, además, era sacerdote. Florencio Mantilla era miembro de una tradicional familia correntina y era reconocido como el principal historiador de su provincia. Juan José Biedma, proveniente también de una familia tradicional dirigía el Archivo General de la Nación. Enrique Peña, a quien nos referimos también en un párrafo posterior era ingeniero, miembro del directorio de prominentes empresas y era reconocido sobre todo como coleccionista. Juan B. Ambrosetti y Samuel Lafon Quevedo eran arqueólogos y contaban con fortunas personales relativamente importantes. Antonio Dellepiane era un prestigioso profesor de las facultades de Derecho y Filosofía y Letras de la universidad de Buenos Aires. Participaba activamente en los debates sobre la enseñanza universitaria y había introducido allí los métodos de análisis documental ya difundidos en Europa. Esta diversidad de los perfiles, como ya señalamos, era un rasgo del mundo académico y cultural local relacionado estrechamente con el carácter reducido del espacio social en el que se reclutaban los miembros de ese mismo mundo. Paralelamente a su progresiva consolidación, la Junta fue delimitando un conjunto de funciones y actividades que definieron su perfil como institución y que incluso se superpusieron a los relativos a la presentación y discusión de trabajos sobre la historia rioplatense. Sus miembros se propusieron asumir una serie de tareas que habían figurado entre los motivos principales de creación de los organismos dedicados a la historia que habían precedido a la Junta desde mediados del siglo XIX. Recuperar documentación inédita, darla a conocer a través de publicaciones o reeditar antiguas obras referidas a la Historia Americana pero fundamentalmente rioplatense o argentina constituyeron propósitos que asumieron los miembros de la institución tempranamente. Así, desde sus orígenes, la Junta asumió como una de sus tareas fundamentales la preservación del patrimonio documental del país y su difusión. Como se había señalado en el transcurso de varios de los ensayos de creación de institutos históricos previos, escribir la historia argentina exigía, previamente, la reconstrucción de su patrimonio documental. Uno de los miembros más activos de la organización, Carlos Urien, sostendría en uno de los primeros encuentros que la Junta debía “proporcionar materiales para escribir la historia argentina”.11 La decisión de construir una biblioteca propia a partir de la edición de libros antiguos y llevar a cabo una estrategia de difusión documental fue privilegiada frente a los que preferían una alternativa basada en la publicación de trabajos originales de los miembros de la asociación. Florencio Mantilla sostuvo entonces que los miembros de la Junta tenían “otras atenciones” y “frecuentemente escollarán ante la completa falta de tiempo”. Señaló entonces que era preferible “no publicar nada a auspiciar obras de poca importancia”. En este sentido, insistía en que la biblioteca debería constituirse a partir de libros raros e inéditos relativos a la época de la conquista o de la independencia precedidos de juicios críticos. De este modo, los miembros de la Junta intentaban incorporar al organismo que dirigían 11 “Actas de la Junta de Historia y Numismática Americana, 1901-1906”, Sesión XXXIII, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] III (1926): 272-274. ISSN 2174-4289 60 Historiografías, 26 (Julio-Diciembre, 2023): pp. 54-77. al movimiento de profesionalización de la historia que, desde principios del siglo XIX, había hecho de la búsqueda, recopilación y edición documental su objetivo central. Siguiendo estas ideas, decidieron publicar dos volúmenes por año. Una de las primeras propuestas consistió en alternar la publicación de las Memorias de los héroes de la Independencia con la reedición de diferentes volúmenes relativos a la etapa colonial. En septiembre de 1901 se decidió que la primera publicación consistiría en la obra de Ulrico Schmidl Viaje al Río de la Plata. Dos sesiones después, Ernesto Quesada sugirió que se podrían reproducir libros que se encontrasen fuera de comercio y que se refiriesen al antiguo Virreinato del Río de la Plata. En agosto de 1903 se presentó el primer volumen de la Biblioteca, justamente la obra de Schmidl que contó con notas bibliográficas y biográficas de Bartolomé Mitre y que había sido prologado y traducido por Samuel A. Lafone Quevedo. Otros volúmenes relativos al período colonial integrarían posteriormente la Biblioteca. En 1905 se publicaron los dos tomos del Padre Pedro Lozano, Historia de las Revoluciones de la Provincia del Paraguai, en 1908 el texto de Concolorcorvo, Lazarillo de ciegos caminantes y, en 1912, La Argentina de Martin del Barco Centenera. A partir de 1914 se editaron los facsímiles de periódicos de las postrimerías de la dominación hispánica, como los del Telégrafo Mercantil Rural, Político, Económico e Histórico del Río de la Plata. Junto a estas obras, pero de modo mucho más lento y con menos continuidad, la Junta reeditó otras fuentes documentales relativas a la etapa independiente. Varias de estas se publicaron a partir de acuerdos con organismos oficiales. Gracias a las disposiciones de la ley que creó la comisión del Centenario y sobre la base del acuerdo de la Junta con esta, entre 1910 y 1915 se publicó la Gaceta de Buenos Aires. La idea había sido propuesta en una sesión de junio de 1906 como forma de asociar a la institución a los festejos por la celebración de la Independencia. Como resultado de acuerdos también de este carácter en 1913 se publicaron El Redactor de la Asamblea y, en 1926, las Actas Secretas del Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, instalado en Tucumán el 24 de marzo de 1816. Si bien la Junta logró avanzar rápidamente con la serie de volúmenes relativos a la etapa colonial no sucedió lo mismo con los de la época de la independencia. Uno de los problemas principales con el que se enfrentaron los miembros de la Junta en relación con la publicación de series documentales del pasado revolucionario residía en el acceso a fuentes originales provenientes de protagonistas de la época. Las gestiones para obtener documentación, en particular Memorias y Autobiografías, fueron permanentes a lo largo de estos primeros años. Esta reconstrucción del patrimonio documental exigía un trabajo previo de rastreo e indagación en torno al destino de diferentes fondos. A veces, incluso, en el caso de volúmenes ya publicados, era necesario recuperar originales y hasta contrastar distintas versiones. La serie relacionada con las Memorias y Autobiografías de los héroes de la independencia tuvo así un itinerario más complejo y lento. El intento de recuperar documentación de primera importancia para la reconstrucción de la historia argentina y que permanecía en manos privadas constituía una empresa sobre cuyas dificultades se advirtió en las primeras sesiones. El principal problema residía en la negativa de los descendientes de los próceres para ceder los documentos. El hecho revelaba las dificultades para reconstruir una historia tan cercana en el tiempo y con tan sólo un par de generaciones de distancia con ISSN 2174-4289 61 Historiografías, 26 (Julio-Diciembre, 2023): pp. 54-77. los protagonistas y de la que, aún entonces, gran parte de los documentos de primera importancia se encontraban en manos de los descendientes de aquellos. Ernesto Quesada, destacado en particular por sus trabajos históricos y dueño además de un relevante archivo privado, sostuvo que se estaba frente a un error de concepto si se creía que sólo debían publicarse obras de gran importancia histórica o únicamente aquellas autobiografías que estuvieran libres del apasionamiento personal. Opinaba que se debía proceder con un criterio de máxima amplitud y que para incluir un documento inédito en los volúmenes de la colección bastaba con que su contenido tuviera valor histórico.12 Sin embargo, la Junta debió resignar la publicación de documentos sobre la etapa independiente, privilegiando la colonial. Un capítulo interesante de esta reconstrucción patrimonial radica en el análisis de las formas en las que los miembros del organismo procuraron obtener la documentación. Los integrantes de la Junta apelaron a menudo a sus propias redes personales con el propósito de identificar en manos de quienes estaban los manuscritos de valor histórico para gestionar su cesión con el propósito de lograr su posterior publicación. Félix Outes se refirió en una de las primeras reuniones a la posibilidad de reimprimir la “Vida y obra de Mariano Moreno”. Carlos Urien y Juan José Biedma aludieron a sus gestiones para publicar las “Memorias del Coronel Don Cornelio Saavedra”. Algunos miembros de la Junta anunciaron las tratativas para obtener los manuscritos del General Tomás de Iriarte. En septiembre de 1903, Adolfo Carranza señaló que, gracias a las gestiones de Carlos Pellegrini era posible obtener las memorias del Primer Director Supremo Gervasio A. de Posadas. Agregó que podía conseguirse el consentimiento del ex Presidente para su publicación. También en 1903, se señaló, en el seno de la Junta, la necesidad de interesar al Estado en la adquisición del archivo, biblioteca, monetario y demás colecciones del historiador uruguayo Andrés Lamas. Carlos Urien ofreció ocuparse la cuestión. En vísperas del centenario de la Revolución de Mayo, David Peña, ofreció una colección de cartas del Deán Funes dirigidas a su hermano Ambrosio para su publicación. La obtención de las actas secretas del Congreso de Tucumán constituyó, en este marco, otro de los ejes de la búsqueda de documentación llevada a cabo por la Junta. Pero, de todas formas, estas gestiones se revelaron lentas e irregulares. La política de preservación y reconstrucción del patrimonio no se limitó a los documentos escritos. Los integrantes de la Institución se propusieron también desarrollar una activa política para conservar ruinas y monumentos considerados de valor histórico. Esto los forzaba, en principio, a establecer nuevos vínculos con las autoridades públicas. En junio de 1902, Samuel Lafone Quevedo comunicó que, para la construcción de un ferrocarril entre Titicaca y La Paz, se estaban utilizando restos de las ruinas de Tiahuanacu. Se decidió iniciar una campaña pública para preservar estas mismas ruinas. Tiempo más tarde, ante la noticia de que estaban destruyendo restos históricos en la localidad de Puerto Deseado, se resolvió enviar una nota al gobernador del territorio de Santa Cruz e iniciar una campaña a través de la prensa. La estrategia incluía también la restauración de monumentos, en particular funerarios. De modo permanente elevaron reclamos al Estado relativos a la necesidad de que sus agentes asumiesen responsabilidades en relación con la conservación de antigüedades. En 1914, 12 “Actas de la Junta de Historia y Numismática Americana, 1901-1906”, Sesión IX, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] III (1926): 226-229. ISSN 2174-4289 62 Historiografías, 26 (Julio-Diciembre, 2023): pp. 54-77. los miembros de la Junta resolvieron nombrar una comisión encargada de proponer medidas tendientes a la preservación de monumentos y vestigios del país que revistiesen importancia de orden histórico. Para esto, además, reclamaron la reglamentación de la ley sancionada para tal fin.13 Esta reconstrucción del patrimonio implicaba también actuar en otros ámbitos como era el de los símbolos nacionales, que estaban estrechamente ligados a la construcción de la identidad política. Los miembros de la Junta denunciaron errores en la configuración de la heráldica y el escudo nacional. También realizaron un pronunciamiento muy claro en contra de la posibilidad de modificar el Himno a través de una nueva instrumentación. Juan J. Biedma aludió entonces a una nota del diario La Nación en la que se señalaba que, aprovechando la estadía en Buenos Aires del músico francés Ch. Saint Saens, se proyectaba encargarle una nueva versión. Biedma subrayó lo inconveniente y peligroso de que se modificase el Himno y más por un extranjero. Sostenía entonces la necesidad de que la Junta se ocupase del tema y tratase de obtener la sanción oficial de la música del Himno como ya lo había sido la de la letra. Otro de los integrantes de la Junta agregó que también convenía sancionar oficialmente su orquestación para evitar que fuese interpretado de diferentes formas.14 A través de estas diversas estrategias, los integrantes de la Junta procuraron definir un corpus patrimonial complejo e integrado por dimensiones documentales, vestigios de monumentos y símbolos patrios. Trataron de cristalizar este patrimonio definiendo sus límites e interpelando con este propósito a diversas figuras e instituciones. La articulación con el Estado y los funcionarios del gobierno fue concebida en relación con estos objetivos como fundamental. Sin embargo, los vínculos entablados en esta esfera fueron anudados con esfuerzo y de modo mucho más azaroso e irregular de lo que los integrantes de la Junta esperaban. Por otro lado, como hemos observado en este apartado, la Junta pudo avanzar de modo limitado en esta reconstrucción ya que, mientras constituyó una rica biblioteca de testimonios coloniales, tuvo un éxito limitado a la hora de recoger testimonios del período independiente. La Junta y los poderes públicos Poco tiempo después de su fundación, la Junta, organismo en el que participaban varias figuras ligadas estrechamente a los tres poderes del estado estableció vínculos estrechos con el gobierno nacional que, de este modo, fue reconociéndola, aunque de un modo lento, sinuoso e irregular, como interlocutora en relación con los aspectos relativos a la reconstrucción histórica y a lo que podríamos denominar la construcción de la memoria. Los miembros de la Junta apelaron a sus contactos personales y familiares, con ministros, funcionarios del poder ejecutivo o legisladores con el propósito de avanzar y sobre todo obtener recursos para varios de los proyectos que fueron mencionados en el apartado anterior. 13 “Actas de la Junta de Historia y Numismática Americana, 1911-1916”, Sesión CLIX, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] VI (1929): 256-257. 14 “Actas de la Junta de Historia y Numismática Americana, 1901-1906”, Sesión XX, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] III (1926): 246-248. ISSN 2174-4289 63 Historiografías, 26 (Julio-Diciembre, 2023): pp. 54-77. Los gestos y actos a través de los cuales la Junta se vinculó con el Estado pueden seguirse también a través de las actas de la Institución. En noviembre de 1901, el Ministro de Justicia e Instrucción Pública recibió una invitación del Comité Internacional de Ciencias Históricas y sugirió a la Junta que designase un delegado para dicho comité. Un hito relevante en esa relación se produjo cuando Juan José Biedma, miembro del organismo y director del Archivo General de la Nación, ofreció el local de la institución para que se celebrasen allí las sesiones. En septiembre de 1904 el Presidente de la Junta y ex presidente de la Nación, Bartolomé Mitre, al inaugurar las sesiones en el recinto del archivo señaló que la Institución adquiría, con ese acto, su carácter de organismo público.15 Como ya señalamos, la búsqueda permanente de recursos en el Estado para sostener la política de publicaciones fue otro de los ámbitos en los que se articuló la relación con el poder público en la primera década del siglo. A fines de 1904, Alejandro Rosa planteó la posibilidad de reeditar la Gaceta de Buenos Aires. Con este propósito se solicitó un subsidio al Congreso Nacional. En ese momento se sostuvo, en una de las reuniones, que ésta no había contado hasta el momento con la protección del gobierno. Para lograr un mayor compromiso de la autoridad pública se sugirió que, desde los organismos del Estado, se llevase a cabo la subscripción a un número determinado de ejemplares. El Ministerio del Interior resolvió en 1905 subscribirse sólo a 100 ejemplares. Los integrantes de la Junta señalaron de modo permanente que no alcanzaban las subscripciones particulares para sostener sus planes editoriales. Con ese propósito gestionaron una partida permanente en el Presupuesto Nacional. Los fondos estatales para las publicaciones fueron girados desde mediados de la primera década del siglo XX, aunque con cierta irregularidad y obligando a menudo a reiterar los pedidos. En mayo de 1908, un Decreto del Poder Ejecutivo concedió a la Junta 2500 pesos para la edición del volumen correspondiente al “Lazarillo de Ciegos Caminantes”. Pero también en este caso la Junta debió reclamar por el envío definitivo de los fondos. Fue la proximidad del centenario de la Revolución de Mayo primero y la declaración de la Independencia después, la que permitió a la Junta entablar un vínculo más estrecho y oficial con el gobierno. En este contexto, ya un decreto de mayo de 1908 había designado una comisión de tres miembros encargada de compilar y publicar los Documentos relativos a la Historia del Descubrimiento y Colonización del Río de la Plata. Fueron nombrados dos integrantes, Francisco P. Moreno y Juan José Biedma, estableciéndose que el tercero sería designado por la Junta. Un año después, la Comisión de Estatuas y Monumentos que formaba parte de la Comisión Nacional del Centenario resolvió encomendar a la Junta la redacción de toda noticia histórica o biográfica que sobre historia nacional requiriesen los artistas del país. Sus integrantes aceptaron el encargo interpretándolo como un deber que imponían las circunstancias. La reimpresión de La Gaceta fue, sin duda, uno de los hitos centrales en la construcción de los vínculos entre el Estado y la Junta. En julio de 1909 se anunció que la Comisión Nacional del Centenario había otorgado a la Junta los fondos necesarios 15 “Actas de la Junta de Historia y Numismática Americana, 1901-1906”, Sesión XXI, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] III (1926): 248-249. ISSN 2174-4289 64 Historiografías, 26 (Julio-Diciembre, 2023): pp. 54-77. para la reimpresión del periódico cuyo primer volumen aparecería en 1910 mientras que el último lo haría en 1915. Esa misma comisión había acompañado el encargo a la Junta de la publicación de las actas de todos los cabildos situados en el territorio que integraba el “Virreinato de Buenos Aires”. Así probablemente, en esta primera etapa de vida de la Junta deba destacarse el vínculo –complejo y plagado de tensiones– que se estableció con la Comisión del Centenario de la Revolución de Mayo. La ley sancionada por el Congreso con motivo del Centenario estableció que el Poder Ejecutivo ayudaría a la Junta con los recursos necesarios para hacer las publicaciones que se asociarían a los festejos.16 Los primeros pasos en la relación entre la Junta y la Comisión no fueron sencillos. En marzo de 1909, David Peña destacó lo precario del vínculo afirmando que ésta no contaba con fondos cuantiosos y había considerado a la Junta como un “proponente vulgar”.17 Los miembros del organismo manifestaron, en más de una oportunidad, su desconcierto frente al modo de funcionamiento de esta Comisión de la que esperaban una atención privilegiada. Propusieron distintas obras para que la comisión las publicase, pero sin éxito. Salvo David Peña que fue el secretario, ningún miembro notable de la Junta tuvo allí una destacada participación con la excepción de José Ignacio Garmendia. Tampoco figuraron en un lugar preeminente en las distintas comisiones que esta organizó como las de publicaciones, certámenes literarios, cuadros o festejos populares. A pesar de esto, Florencio Mantilla afirmó que la Junta había sido honrada ya que se la había situado, por el Congreso a la altura de las Universidades en la medida en que, por la ley del centenario, podía realizar por derecho propio las publicaciones que estimase convenientes.18 En este sentido, es importante tener presente que la Comisión del Centenario fue fundada por primera vez en junio de 1906. Luego de este primer ensayo tuvo lugar un segundo en febrero de 1909. Fue presidida por el Ministro del Interior, Marco Avellaneda, y su secretario fue un integrante destacado de la Junta, el ya mencionado David Peña. En el artículo 8 del Proyecto de Reforma y Ampliación de la ley por la que se había creado originariamente se estableció que el Poder Ejecutivo ayudaría con los recursos necesarios a las Universidades Nacionales, a la Junta de Historia y Numismática y á los particulares para la impresión y difusión de obras, y trabajos 16 “Actas de la Junta de Historia y Numismática Americana, 1908-1911”, Sesión LXXX, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] V (1928): 192-195. 17 Peña señaló entonces: “que asiste a la sesión con conocimiento de la comisión de publicaciones del centenario y que por consiguiente puede usar de todos los derechos de su libertad de conciencia; haciendo, pues uso de ellos, no le está vedado informar una persona ha propuesto a la citada comisión hacer la reimpresión facsimilar completa de ‘La Gaceta’ por 50.000 pesos, ofreciendo entregarle 500 ejemplares; otra persona proyecta reimprimir sólo la parte correspondiente al año 1810, solicitando una ayuda cualquiera, pues espera colocar íntegramente la edición. Entre los dos extremos se encuentra, dice, la propuesta de la Junta, que no persigue fin lucrativo alguno; pero la comisión no ha sabido distinguir y ha considerado a la institución como un proponente vulgar; así que convendría se insistiere, aclarando los términos de la proposición”, “Actas de la Junta de Historia y Numismática Americana, 1908-1911”, Sesión LXXXIII, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] V (1928): 192-195. 18 “Actas de la Junta de Historia y Numismática Americana, 1908-1911”, Sesión LXXXVIII, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] V (1928): 201-202. ISSN 2174-4289 65 Historiografías, 26 (Julio-Diciembre, 2023): pp. 54-77. científicos, históricos y literarios con que se resuelva contribuir a la conmemoración de la Independencia.19 En abril de 1910, la Comisión le propuso a la Junta que se hiciese cargo de la disposición de colocar placas conmemorativas en cualquier lugar de la República que lo considerase conveniente a los efectos de conmemorar el nacimiento de un prócer o cualquier hecho vinculado con la “gloria de la patria”.20 También pidió colaboración del organismo para la reconstrucción de la Antigua Sala Capitular. En 1908, una comisión especial de estatuas y monumentos que formaba parte de la Comisión mencionada había resuelto encargarle la evaluación de toda consulta sobre historia que fuese requerida por los artistas del país y del extranjero. Asimismo, en mayo de 1912, el Poder Ejecutivo Nacional creó por decreto una Junta Honoraria que estaba encargada de dictaminar en lo referente a la parte artística, histórica y decorativa de los monumentos conmemorativos de la Revolución. Dicha comisión estaba presidida por el Intendente Municipal y la integraban además del Presidente de la Junta, el Director General de Arquitectura, el Presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes y el Director del Museo de Bellas Artes. En octubre de ese último año se anunció que el Congreso había sancionado un proyecto acordando a la Junta un subsidio para la celebración del Centenario de la Asamblea del año XIII. Pero las consultas de estas comisiones a la Junta fueron esporádicas y sus miembros no tuvieron aquí una participación decisiva. De este modo, a través de la construcción de monumentos y la definición de la toponimia de distintos lugares públicos, la Junta fue consolidando su relación con el Estado. Fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, influyó sobre la Municipalidad y, en particular, sobre el Departamento de Obras Públicas sugiriendo distintos nombres para las calles de la ciudad. También presionó a través de la prensa con el propósito mantener o modificar nombres de calles, municipios o estaciones ferroviarias. Todos estos vínculos muestran los modos en que se fue anudando la relación entre la Junta y los poderes públicos desde la primera década del siglo XX. Progresivamente, pero en un proceso irregular, lento y sinuoso la institución fue convirtiéndose en un organismo de consulta y asesoramiento permanente de dichos poderes. En julio de 1913 esa relación era destacada en uno de sus discursos por el entonces presidente de la Junta, Antonio Dellepiane, quien sostenía que la Junta se había convertido en una “especie de órganos consultivo de los poderes públicos” y que el gobierno depositaba en ella “su máxima confianza” al encargarle la ejecución de actos delicados “que importan a veces hasta la consagración de reputaciones históricas”, al delegar en ella “la acuñación de medallas o la colación de placas conmemorativas”, de cuyas leyendas “se le encarga”.21 A diferencia de lo sucedido en otros países latinoamericanos como Colombia donde tempranamente desde el Estado se impulsó la constitución de instituciones de referencia 19 Uno de los frutos de la colaboración entre la Junta y la comisión del centenario fue la publicación de la obra de Carlos M. Urien y Ezio Colombo, La República Argentina en 1910 (Buenos Aires: Casa Maucci Hermanos, 1910). 20 “Actas de la Junta de Historia y Numismática Americana, 1908-1911”, Sesión IC, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] V (1928): 215-216. 21 “Actas de la Junta de Historia y Numismática Americana, 1911-1916”, Sesión XXX, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] VI (1929): 249. ISSN 2174-4289 66 Historiografías, 26 (Julio-Diciembre, 2023): pp. 54-77. en lo que respecta a la construcción de un discurso sobre el pasado, en la Argentina este mismo proceso tuvo un itinerario distinto y más irregular. En el caso colombiano, la Academia de la Historia fue creada por iniciativa estatal en 1902 y se dispuso desde esa fecha que tendría carácter oficial y que sería, además, órganos consultivos del Gobierno. En el caso venezolano, la creación fue incluso anterior, ya que databa de 1888. De coleccionistas a historiadores El camino que llevó a la Junta a perfeccionar su proceso de institucionalización fue también irregular, lento y sinuoso. El fortalecimiento de sus vínculos con el Estado tuvo una lenta correlación con un proceso de formalización mayor de su funcionamiento. Durante mucho tiempo siguió conservando el carácter de círculo de notables que la había caracterizado desde sus orígenes. Los mecanismos de selección de nuevos integrantes siguieron conservando, además, un tono informal dependiendo de las redes personales de los miembros de la asociación. Diversos intentos por regularizar sus actividades, incluso obligando a aquellos a presentar trabajos en forma sistemática fracasaron. También es posible advertir los problemas para lograr una asistencia regular a las sesiones. Por otro lado, si bien la Junta, logró, como ya destacamos, desde 1903 desarrollar una labor editorial consistente constituyendo una colección de fuentes documentales de singular importancia, no logró editar una publicación periódica hasta 1924, fecha en que comenzó a aparecer su Boletín. Como ya señalamos, en su tercer encuentro, los integrantes de la Junta resolvieron adoptar el nombre de Junta de Historia y Numismática Americana y acordaron no superar el número de cuarenta integrantes. También se determinó que las reuniones tendrían que tener un objeto delimitado. En diciembre de 1902 se estableció que sólo se considerarían miembros activos de la organización a quienes hubiesen concurrido a dos o más sesiones.22 También se establecieron condiciones para la admisión de nuevos integrantes. Se formalizó entonces el requisito por el cual los futuros socios deberían ser presentados por al menos tres miembros que debían fundamentar su propuesto en base a los trabajos históricos del candidato. A la vez, estos, en el momento de su admisión, deberían presentar un trabajo. En más de una oportunidad, se planteó, en tono de preocupación, la necesidad de hacer sentir con mayor fuerza la presencia externa de la Junta. Para esto se insistió en la obligación de sus integrantes de presentar trabajos con regularidad. El traslado de la sede de las reuniones del domicilio particular de Alejandro Rosa al Archivo General de la Nación en 1904, ya mencionado, permitió también definir con más claridad el perfil público de la institución. Por otra parte, desde aquellos años, y con regular periodicidad, fueron incorporados nuevos miembros a la Junta. Al mismo tiempo, ésta entabló vínculos oficiales con organismos públicos externos e historiadores de distintos países. En esta primera década estrechó relaciones con la Hispanic Society of America. Desde 1908 comenzó a designar miembros correspondientes en el exterior. Entre ellos tuvo especial repercusión la del español Rafael Altamira en septiembre de 1909. 22 “Actas de la Junta de Historia y Numismática Americana, 1901-1906”, Sesión XI, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] III (1926): 232. ISSN 2174-4289 67 Historiografías, 26 (Julio-Diciembre, 2023): pp. 54-77. La preocupación por formalizar e institucionalizar a la Junta tuvo un momento relevante cuando en julio de 1913, Antonio Dellepiane propuso una modificación del reglamento de funcionamiento. Entonces recordó que había comenzado como una reunión de amigos pero que, con el paso del tiempo, se había convertido en una institución sabia, seria y respetable en la que el gobierno de la Nación depositaba su máxima confianza.23 Esto podía comprobarse por el hecho de que se le encargaba la ejecución de actos que conllevaban la consagración de reputaciones históricas. Se había convertido en un órgano consultivo de los poderes públicos y, por lo tanto, debía poner el mayor cuidado a la hora de designar a nuevos integrantes. Con ese objetivo propuso que las nuevas incorporaciones se llevasen a cabo con un quórum correspondiente a la mitad más uno de sus miembros activos y con el voto de las tres cuartas partes de los presentes. Este tema siguió ocupando las discusiones de la Junta durante un tiempo prolongado debido al interés creciente de diversos especialistas e historiadores por incorporarse al organismo. Por otro lado, cabe destacar que las nuevas incorporaciones, en particular desde la década de 1910, mostraron una fuerte voluntad de fortalecer el perfil académico de la institución sobre el coleccionismo. Las incorporaciones de Norberto Piñero en agosto de 1914 con un texto crítico de una obra de Lucas Ayarragaray o la del mencionado Ricardo Levene en junio de 1915 con un artículo sobre “El comercio libre en el Río de la Plata”, confirmaban esta nueva orientación general de la Junta. Así, a lo largo de sus dos primeras décadas de existencia, la Junta fue definiendo, aunque de un modo lento y sinuoso, su perfil profesional. En este proceso las actividades relacionadas con la Numismática, inquietud central de sus primeros fundadores fueron cediendo su lugar central a las más propiamente historiográficas, aunque las primeras nunca desaparecieron por completo de las preocupaciones de sus miembros. El primer vicepresidente, Alejandro Rosa, era reconocido por sus conocimientos en materia de monedas y medallas, pero no contaba con contribuciones significativas en el campo más específico de la producción del conocimiento histórico. En el año 1898, había publicado una obra que es aún fuente de referencia sobre la cuestión.24 Los debates sobre el origen de determinadas monedas y, en particular, sobre sus lugares de acuñación, ocuparon una parte importante de los primeros intercambios. En 1903, José Marcó del Pont contribuyó a los debates con una breve intervención sobre Numismática Argentina sosteniendo que se había incurrido en un error al encabezar la colección de monedas de la Argentina con la serie acuñada en Potosí en 1813 ya que el Virreynato del Río de la Plata había poseído su casa de la moneda. Ante el pedido de pronunciamiento sobre la Memoria leída, varios de los presentes manifestaron “que el tema los tomaba de sorpresa y que no se creían en condiciones de votar en conciencia”. Las presentaciones de trabajos en torno a temas numismáticos se reiteraron a lo largo de los primeros años, pero fueron perdiendo fuerza avanzada ya la segunda década del siglo en la medida en que fueron incorporándose personalidades con un perfil más ligado a la historia y menos al coleccionismo. Fue la falta de interés en el tema por un lado y por otro los escasos conocimientos de los nuevos integrantes, 23 “Actas de la Junta de Historia y Numismática Americana, 1911-1916”, Sesión CXLV, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] VI (1929): 231-235. 24 Alejandro Rosa, Medallas y monedas de la República Argentina (Buenos Aires: Imprenta de N. Biedma e hijo, 1898). ISSN 2174-4289 68 Historiografías, 26 (Julio-Diciembre, 2023): pp. 54-77. alejados muchos de ellos del mundo de los coleccionistas, el que desplazó a la numismática del centro de los intereses de la Junta. El modo en que la Junta fue relegando su perfil original de asociación de notables y coleccionistas para albergar a figuras orientadas sobre todo a la producción histórica puede notarse también en los cambios en los perfiles de su Presidente y Vicepresidente. Allí es posible observar una lenta transición desde un perfil asociado sobre todo al coleccionismo a otro más ligado a los parámetros a través de los que la Historia se convirtió en una disciplina profesional a principios del siglo XX. El primer Presidente y Numen de la organización fue Bartolomé Mitre reconocido como historiador, pero también por su patrimonio privado de documentos y libros. Ya anciano, por entonces había publicado las ediciones definitivas de su Historia de Belgrano y la Independencia Argentina y la Historia de San Martín y la Emancipación Sudamericana. Pero además era una figura sobresaliente de la política local. Ex presidente de la Nación, dirigía uno de los periódicos más influyentes del país. El ya mencionado Vicepresidente, Alejandro Rosa era, además de un reconocido comerciante, como señalamos, fundamentalmente un numismático y coleccionista y no contaba con contribuciones relevantes en el campo de la historia. Mitre fue sucedido en 1906 en su cargo por Enrique Peña quien permaneció en la Presidencia de la Junta por poco más de una década. Ernesto Quesada llevó a cabo una semblanza de su figura en la que subrayó, justamente, esa transición – aunque limitada– desde la figura del coleccionista a la del historiador. Peña, quien, según Quesada, rechazaba de plano la política, había trabajado toda su vida como ingeniero y miembro del Directorio de empresas y bancos. Al mismo tiempo, se había caracterizado por su afición al coleccionismo. Era propietario de la colección de monedas más importante del país, pero además contaba con una inmensa biblioteca americana propia. En ésta se encontraba la serie más completa de textos de Cronistas de Indias existente en el país. Además, Peña contaba con una riquísima colección de documentos originales, “de gran valor para nuestra historia”. Por otra parte, su colección de objetos de la época de Rosas no era superada ni siquiera por las existencias del Museo Histórico Nacional, subrayaba Quesada. Pero a Peña, insistía su biógrafo, “no le preocupaba en lo más mínimo la ambición de producir, de publicar”. Su preocupación por la investigación y producción histórica había comenzado entonces de modo gradual y ya avanzado en su vida.25 Peña fue sucedido en el cargo por José Marcó del Pont, también conocido por su afición a la Numismática, en agosto de 1915. En esa sesión fueron designados Antonio Dellepiane, vicepresidente primero, Ernesto Quesada vicepresidente segundo y Luis María Torres, Secretario. Como ya señalamos, estas tres últimas designaciones permiten advertir el fortalecimiento, aunque lento, de una tendencia que procuraba consolidar el perfil profesional y técnico, al menos de quienes ocupaban los principales puestos directivos. Es indudable que la Junta de Historia y Numismática Americana fue uno de los espacios en los que tuvo lugar el proceso de profesionalización de la Historia en la Argentina. En este sentido, es importante recordar que actividades como la búsqueda, recopilación y edición de series documentales que llevó a cabo la institución acompañaron la construcción de comunidades de historiadores profesionales en la mayor parte de los países occidentales. Sin embargo, en el caso de la Junta, este perfil 25 Ernesto Quesada, “Un estudioso ejemplar: Don Enrique Peña”, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] I (1924): 35-55. ISSN 2174-4289 69 Historiografías, 26 (Julio-Diciembre, 2023): pp. 54-77. profesional se construyó también de un modo lento e irregular. Esto puede observarse, especialmente, en las controversias en torno a la publicación de documentos. Tempranamente, en 1901, se discutió si la Junta iba a llevar a cabo un trabajo de simple edición o si las series documentales y sobre todo si las reimpresiones de textos deberían ser anotadas y precedidas de estudios biográficos o bibliográficos. Ernesto Quesada, en uno de los primeros encuentros, insistió en que las publicaciones debían ser irreprochables en todo sentido. Además, aunque reconoció que, como regla general, debían impulsarse las reimpresiones simples, consideró que, siempre que la Junta lo considerase conveniente debía asegurar la publicación de una edición crítica, anotada y con una introducción biográfica y un cuerpo bibliográfico anexo. Además, Quesada, ya no sólo un reconocido historiador sino también un erudito con aceitados vínculos con el mundo académico alemán, en forma temprana, señaló los inconvenientes derivados del hecho de que la Junta se erigiese en juez de las pasiones del pasado. Insistió, en este sentido, en que la función del organismo consistía en reunir elementos para fortalecer la tarea de los historiadores de modo objetivo.26 Los debates en torno a las condiciones que tenían que reunir las ediciones de la Junta se prolongaron a lo largo de toda la primera década del siglo. Se debatió, entre otros aspectos, si se debía en las ediciones documentales o de textos antiguos respetar la ortografía original y si era indispensable incluir notas eruditas. Además, a lo largo de estos años se discutió en repetidas oportunidades en torno a la conveniencia de que se emitiese opinión sobre las obras que recibía con periodicidad.27 Finalmente, las controversias sobre estas últimas se sucedieron en las distintas sesiones al igual que las correspondientes a los trabajos presentados por sus miembros. Sin embargo, no se siguió un programa ni se organizaron las presentaciones en base a una temática o un orden fijo. De todas formas, las incorporaciones que la Junta fue realizando ya durante la primera década del siglo le fueron imprimiendo a sus actividades una orientación y un carácter más técnico y profesional. En parte, estas incorporaciones involucraron a especialistas en antropología y arqueología. Las exposiciones sobre estos temas llevadas a cabo por el antropólogo alemán Roberto Lehman Nitsche, por el entonces Director del Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Juan B. Ambrosetti o por el reconocido arqueólogo Samuel Lafone Quevedo se sostuvieron en base a principios técnicos y aspectos metodológicos de cierta complejidad construyendo así un escenario de debate nuevo. Desde el punto de vista histórico, la mayor preocupación por las reglas de la crítica documental fue aportada posiblemente por las exposiciones de Antonio Dellepiane quien al incorporarse a la Junta en 1908, expuso en torno al tema “Nuevos rumbos de la crítica histórica” o por las intervenciones del sacerdote Antonio Larrouy quien ya por entonces, y de modo paralelo a sus actividades en la Junta, era responsable de las tareas de indagación en archivos provinciales que impulsaba la Sección de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Las incorporaciones en 1915 de Ricardo Levene y Carlos Correa Luna permitieron fortalecer las dimensiones técnicas de las actividades de la Junta siguiendo criterios 26 “Actas de la Junta de Historia y Numismática Americana, 1901-1906”, Sesión IV, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] III (1926): 216-219. 27 “Actas de la Junta de Historia y Numismática Americana, 1901-1906”, Sesión XXVII, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] III (1926): 259-261. ISSN 2174-4289 70 Historiografías, 26 (Julio-Diciembre, 2023): pp. 54-77. modernos y profesionales. Como ya destacamos, Dellepiane era también profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA donde dictaba un curso de Historia Universal y la mitad de éste la dedicaba a cuestiones de tipo metodológico. Tengamos en cuenta aquí que, en 1915, Dellepiane sería designado Vicepresidente primero y Ernesto Quesada, como ya destacamos, un erudito con una sólida formación técnica y un conocimiento aceitado del mundo universitario alemán, vicepresidente segundo. De todas formas, estas nuevas prácticas en el seno de la Junta siguieron conviviendo durante muchos años con las presentaciones de los coleccionistas de monedas y medallas o los trabajos sobre Numismática que llevaban el sello más de aficionados que de especialistas. ¿Una historia oficial? ¿Defendió la Junta una determinada lectura o interpretación del pasado en estos primeros años de su trayectoria? En julio de 1902, luego de una breve discusión se estableció, por sugerencia de Florencio Mantilla, que la Junta no era tribunal de verdad histórica y que no se debían debatir las conclusiones de las obras allí presentadas.28 Como ya señalamos, en una de las primeras reuniones de la Junta, Ernesto Quesada había advertido en torno a la necesidad de que la Junta no se erigiese en juez de las pasiones del pasado y también había señalado que era fundamental que se limitase a reunir elementos que permitiesen fortalecer la tarea de los historiadores. Pero, de todas formas, las polémicas sobre distintos aspectos de la historia argentina se sucedieron durante estos primeros años y revelaron los desacuerdos que los integrantes del organismo mantenían sobre múltiples aspectos del pasado. En este sentido, la discusión en torno a si la Junta podía emitir como organismo juicios sobre acontecimientos históricos volvió a presentarse en varias oportunidades a lo largo de estos años. Algunas de las discusiones remitían a aspectos menores o detalles de los procesos históricos. Pero otros mostraban diferencias más consistentes sobre acontecimientos de mayor relevancia. Los miembros de la Junta no pudieron evitar que las controversias sobre el pasado, sobre figuras y acontecimientos, tiñeran de modo periódico las reuniones. Las discusiones comenzaron a suscitarse progresivamente a partir de la acuñación de medallas. La Junta no sólo construyó un archivo de antiguas monedas y medallas, sino que también adoptó la práctica de acuñar de modo particular las segundas. Esta acción tenía como propósito principal conmemorar algún episodio u homenajear a algunos de los protagonistas del pasado. De este modo se comenzó a construir una lectura de éste. Pero también, paralelamente, se inició la conformación de un espacio de discusión relativo a esas mismas lecturas. Entre los protagonistas de la historia argentina había quienes, indudablemente –se consideraba–, merecían que su memoria y su efigie quedaran cristalizadas en las medallas. Determinar quienes merecían esta distinción y quienes no fue, entonces, uno de los ejes de debate de las sesiones de la institución. En 1903 se resolvió acuñar sendas medallas de bronce en homenaje a Vicente Fidel López primero, y luego a Aurelio Prado y Rojas –Presidente y fundador del Instituto bonaerense de Numismática y Antigüedades–, a Antonio Zinny y a Pedro de Angelis. A mediados de 1904, Juan J. Biedma propuso acuñar una medalla en homenaje al general 28 “Actas de la Junta de Historia y Numismática Americana, 1901-1906”, Sesión VII, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] III (1926): 223-224. ISSN 2174-4289 71 Historiografías, 26 (Julio-Diciembre, 2023): pp. 54-77. Juan A. Gelly y Obes.29 Pero, a diferencia de las propuestas anteriores, que no habían generado grandes controversias, en este último caso se produjo una fuerte discusión. Allí se observó la necesidad de evitar errores o el falseamiento de los hechos históricos. Otros integrantes como Florencio Mantilla, Carlos Urien o Samuel Lafone Quevedo señalaron la necesidad de limitar la acuñación a “casos de notorio e incuestionable merecimiento”. Los homenajes que se expresaban a través de las medallas deberían tener como destinatarios a “espíritus superiores” por la “acción y por el pensamiento”. Tenían que estar dirigidos a aquellos que se hubiesen destacado por su acción “pura y brillante” en la “obra de la independencia” o a los que habían hecho “surgir la nacionalidad en medio del relámpago de las batallas”. A ellos podían sumarse los que habían servido con “excelente notoriedad”, los intereses permanentes de la civilización argentina “en el gobierno, en las ciencias y en las letras”. Finalmente, también podían ser objeto de medallas aquellos “acontecimientos que merezcan atención en los Anales del país”.30 Ya la discusión en torno a la erección de un monumento a Juan de Garay había desatado una polémica en el seno de la Junta. J. J. Biedma se opuso señalando que el patriotismo exigía hacer justicia a quienes “nos dieron independencia e instituciones”. Evaluaba inconveniente levantar un Monumento a Garay ya que era necesario privilegiar los monumentos a los próceres que permanecían “olvidados”. Era indispensable, en este contexto, velar para que predominase el sentimiento argentino. Denunciaba, en este sentido, el cosmopolitismo imperante sobre todo en ciudades como Buenos Aires y la proliferación y homenajes a personajes como Garibaldi y Mazzini. Se debatió seguidamente la puesta en marcha de un concurso para un monumento de homenaje a los fundadores de Buenos Aires. En junio de 1910 se inició el trámite para la erección de un Monumento de homenaje a Bernardo de Monteagudo. Dos años después se propuso erigir un Monumento a los ciudadanos franceses que habían participado en los ejércitos argentinos durante la guerra de la independencia. Fue el mismo Biedma quien, poco después, protagonizó un polémico episodio con motivo de la incorporación del historiador David Peña a la Junta. Peña era autor de una controvertida –por su carácter reivindicatorio– biografía de Facundo Quiroga, uno de los exponentes centrales del caudillismo de principios del siglo XIX. Samuel Lafone Quevedo propuso en agosto de 1906 su incorporación como miembro de la Junta resaltando justamente los méritos de su libro sobre Quiroga, volumen que era, a la vez, producto de una serie de clases dictadas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Florencio Mantilla y Carlos Urien, apoyaron la moción “pero en modo alguno porque sea el autor del citado libro, el que encierra apreciaciones y citas erróneas y está escrito con un criterio completamente equivocado”. Peña fue admitido pero el hecho generó, un mes después, la renuncia de J. J. Biedma, quien hasta entonces había ocupado un papel central en las actividades de la Junta. Su renuncia fue aceptada, pero se señaló que los fundamentos de la misma eran erróneos ya que al aceptar a D. Peña, se subrayó, se había prescindido de su condición de autor de la biografía de Facundo. Acto seguido, la Junta se abocó a atender los argumentos vertidos por C. Urien quien había escrito 29 “Actas de la Junta de Historia y Numismática Americana, 1901-1906”, Sesión XXIII, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] III (1926): 251-252. 30 “Actas de la Junta de Historia y Numismática Americana, 1901-1906”, Sesión XXVI, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] III (1926): 256-258. ISSN 2174-4289 72 Historiografías, 26 (Julio-Diciembre, 2023): pp. 54-77. también una biografía del mismo personaje con el propósito de desacreditar los juicios vertidos por Peña.31 Un año después, la Junta fue escenario de otra intensa controversia, en este caso, sobre la guerra del Paraguay, proceso iniciado justamente durante la presidencia de la Nación del primer presidente y creador de la Junta, Bartolomé Mitre. Ante un relato del general José Ignacio Garmendia, Gabriel Carrasco se preguntó si la del Paraguay había sido una guerra justa y esbozó una respuesta afirmativa. Seguidamente, fue Samuel Lafone Quevedo quien cuestionó las afirmaciones de Carrasco y Garmendia. Se cometía un error sostuvo, al hablar del atraso del Paraguay ya que durante el gobierno del Primer López se encontraba más adelantado que la República Argentina. Afirmó entonces que, al ir a la guerra, se había propuesto el Mariscal López restablecer el equilibrio en esta parte de América roto en parte, sostenía, por los argentinos que habían contribuido a derrocar al gobierno de la República Oriental.32 En noviembre de 1908 se propuso e incorporó, finalmente, a Adolfo Saldías como integrante de la Junta. Saldías era autor, como Quesada, de una de las primeras biografías reivindicatorias de la figura de Juan Manuel de Rosas. En noviembre de 1913 la discusión estuvo centrada en la figura de José de Artigas. Adolfo Decoud criticó, duramente, las afirmaciones que, sobre el caudillo uruguayo había vertido el historiador Gregorio Rodríguez en un volumen sobre la figura de Carlos de Alvear. El debate, de singular relevancia en las tempranas polémicas historiográficas sobre el caudillismo, estaba centrado en el hecho de si debía ser considerado un caudillo argentino o no. Sobre el tema se propuso una vez más publicar una resolución pero nuevamente se impuso el criterio de que la Junta no era tribunal de verdad histórica.33 En agosto de 1914 el debate se centró en la batalla de Oncativo pero la propuesta de emitir un juicio público, una vez más, fue relegada bajo el argumento de que era necesario, en esta oportunidad, no evocar viejas rencillas. Las discusiones fueron en la mayoría de los casos particularmente intensas pero revelaron que los márgenes de pluralismo de la Junta en relación con temas espinosos o controvertidos del pasado argentino eran relativamente amplios y que sus integrantes no se sentían obligados a sostener una postura única o dogmática sobre acontecimientos, procesos o personajes sino que estaban predispuestos a admitir la circulación de perspectivas antagónicas o a reconocer, en su seno, a historiadores que sostenían visiones muy distintas del pasado. El episodio relativo a la renuncia de Biedma es muy ilustrativo. Finalmente fue el que no aceptaba la incorporación de una figura como Peña que había publicado una biografía reivindicatoria de uno de los personajes más polémicos de la historia argentina quien finalmente debió abandonar la Junta. En 31 “Actas de la Junta de Historia y Numismática Americana, 1906-1911”, Sesión XLVI, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] IV (1927): 329-330. Los juicios de Peña sobre Quiroga pueden seguirse en David Peña, Juan Facundo Quiroga (Buenos Aires: Imprenta y Casa editora de Coni Hermanos, 1906) y la respuesta de Urien en Carlos M. Urien, Quiroga. Estudio Histórico Constitucional (Buenos Aires: Talleres Gráficos de la Compañía General de Fósforos, 1907). 32 “Actas de la Junta de Historia y Numismática Americana, 1906-1911”, Sesión LXI, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] IV (1927): 358-361. 33 “Actas de la Junta de Historia y Numismática Americana, 1911-1916”, Sesión CLVI, Boletín de la Junta de Historia y Numismática Americana, [vol.] VI (1929): 249-256. La referencia era al libro de Gregorio Rodríguez, Historia de Alvear (Buenos Aires: Casa Editora G. Mendesky e Hijo, 1913). ISSN 2174-4289 73 Historiografías, 26 (Julio-Diciembre, 2023): pp. 54-77. definitiva, puede señalarse que era el fuerte consenso liberal y la ausencia de percepciones de amenazas sustantivas sobre el orden político argentino el que permitía la circulación de estas imágenes hasta cierto punto contradictorias. Desde los organismos gubernamentales y estatales se manifestó, además, cierta indiferencia en relación con las formas que debía asumir una supuesta lectura oficial del pasado. Reflexiones finales La Junta de Historia y Numismática Americana surgida en la década de 1890 se propuso, desde sus orígenes, cumplir un papel relevante en el proceso de reconstrucción del pasado histórico argentino. Desempeñó, en este sentido, una función similar al de instituciones análogas surgidas en Europa. Como muchas de estas, la Junta se caracterizó por desarrollar una activa política de búsqueda, recopilación y edición de documentos. Su labor en lo referente a la preservación del patrimonio histórico no se limitó a la búsqueda y recolección de documentos. Además, intervino sobre otros aspectos ligados a esta reconstrucción como los relacionadas con la preservación de ruinas o lugares históricos o en su cristalización como en el caso de los símbolos patrios. Desde sus orígenes estableció una sólida relación con los poderes públicos que consultaron, progresivamente, a sus integrantes en lo relativo a la erección de monumentos en homenaje a personalidades o eventos del pasado rioplatense, denominación de calles, estaciones ferroviarias o viñetas de los billetes. Se fue conformando así un campo de interacción entre el Estado y la Junta. Además, como era previsible, algunos de los integrantes de la Junta pertenecían a las mismas élites gobernantes y figuraban o habían figurado en lugares preeminentes de los tres poderes del Estado. Pero esta relación tuvo vaivenes importantes. Los integrantes de la Junta observaron, en más de una oportunidad, las dificultades para que, desde los organismos públicos, se girasen los fondos para sus publicaciones, o su indiferencia a la hora de atender sus sugerencias en ámbitos como la comisión que organizó los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo. Surge así de la vinculación entre los gobiernos nacionales y la Junta cierto desinterés por parte de los primeros por consolidar una cierta lectura del pasado. Al mismo tiempo, puede observarse también cierta distancia por parte de las autoridades hacia la Junta como institución que, como ya señalamos, recién adquiriría la condición de Academia Nacional en el año 1938 en un clima de mucha mayor sensibilidad en relación con el impacto de las lecturas del pasado en la esfera política. La Junta fue escenario de apasionadas polémicas. Sin embargo, también se observa aquí la renuencia a imponer “manu militari” cierta lectura de los acontecimientos por sobre otras. Sus integrantes terminaron admitiendo la convivencia, en su seno, de historiadores que sostenían perspectivas antagónicas de diversos acontecimientos, personajes o procesos del pasado argentino. La polémica por la admisión de David Peña como miembro o sobre los orígenes de la Guerra del Paraguay son reveladores en ese sentido. Se trata, a nuestro entender, de uno de los elementos nodales a la hora de analizar los orígenes y primeros pasos de la Junta. Estos episodios son reveladores del tipo de relación que, desde el Estado en términos generales y desde los gobiernos en particular se estableció con los eventos del pasado. ISSN 2174-4289 74 Historiografías, 26 (Julio-Diciembre, 2023): pp. 54-77. Fue sobre todo la década de 1930 la que asistió a una modificación sustantiva de esta perspectiva. Fue la crisis del orden liberal, en la esfera económica pero también política y la agudización notable de las controversias la que instaló a las lecturas del pasado como armas fundamentales de la retórica política. La necesidad de contar con recursos novedosos y originales en lo relativo a las interpretaciones del pasado fue, seguramente, uno de los motivos que llevó al Presidente Agustín Pedro Justo a transformar a la Junta en la Academia Nacional de la Historia. Durante esos años, desde la institución se planeó e inició la publicación de su obra quizás más emblemática. Desde mediados de la década de 1930 comenzó la edición de la Historia de la Nación Argentina, dirigida por su Presidente, Ricardo Levene que propuso una nueva lectura integral del pasado argentino. Los años treinta presenciaron, además, el surgimiento de nuevas instituciones –sobre todo de la sociedad civil– consagradas a la producción histórica y también dedicadas a la custodia del patrimonio y la memoria como la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. En este clima, ya sustantivamente diferente del de principios de siglo, en el que nació la Junta, la historia comenzaba a jugar un papel mucho más esencial en el debate público. Bibliografía Binayán, Narciso, El origen de la Junta de Historia y Numismática Americana (Buenos Aires: Talleres Gráficos de J. L. Rosso, 1920). Cunietti Ferrando Arnaldo, “La labor numismática de la Junta”, en La Junta de Historia y Numismática Americana y el movimiento historiográfico en la Argentina (1893-1938), ed. Academia Nacional de la Historia (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1995), 185-205. Dellepiane, Antonio, “Una fundación de Mitre. 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He is ordinary professor of History of Education and Contemporary History at the Faculty of Philosophy and Letters of the University of Buenos Aires, and Researcher in the Conicet. He is the author of Historia de las Universidades Argentinas (Sudamericana, 2005) and Revolución en los claustros (Sudamericana, 2008). Fecha de recepción: 28 de febrero de 2022. Fecha de aceptación: 4 de mayo de 2023. Publicación: 31 de diciembre de 2023. Para citar este artículo: Pablo Buchbinder, “De coleccionistas y numismáticos a historiadores profesionales: notas sobre los orígenes de la Junta de Historia y Numismática Americana”, Historiografías, 26 (julio-diciembre, 2023), pp. 54-77. ISSN 2174-4289 77

De coleccionistas y numismáticos a historiadores profesionales (PDF)

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