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Se consolidó la idea de que el Estado debía asumir un papel central en la promoción del desarrollo industrial mediante una política de gasto público, ya fuese a través de subsidios o inversiones para financiar programas del sector público, o con exenciones del pago de impuestos (concedido a las nuev...

Se consolidó la idea de que el Estado debía asumir un papel central en la promoción del desarrollo industrial mediante una política de gasto público, ya fuese a través de subsidios o inversiones para financiar programas del sector público, o con exenciones del pago de impuestos (concedido a las nuevas empresas). Con el propósito de proteger el mercado interno, se redujeron los gravámenes a la importación de materias primas y equipos para la industria. El desarrollo industrial se concentró en fábricas tradicionales: alimentos, bebidas, tabaco, textiles, calzado y vestido. Para 1950, éstas representaban la mitad de la producción económica del país. Además de estas acciones, se llevaron a cabo otras muy relevantes para el desarrollo del país. En el ámbito de la educación, se reformó el artículo 3, anulando el carácter socialista de la educación, pero respetando que esta debía de ser laica y obligatoria. Se emprendieron enormes campañas de alfabetización y se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). También se construyeron más escuelas públicas y privadas, lo cual permitió un aumento en los niveles educativos del país; en el centro del país, se crearon el Centro de Cultura Superior y el Colegio Nacional. En el ámbito de la salud, por decreto presidencial se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual brinda servicios de salud y de seguridad social a los mexicanos que estén afiliados a este; el Hospital Infantil de México y se inauguró el Instituto Nacional de Cardiología. En material electoral, se reformó la Ley Federal Electoral, fue la primera intervención para hacer coincidir los plazos del proceso electoral y realizar conjuntamente las elecciones de presidentes municipales con los poderes federales; para ello se aceptó la renovación de la Cámara de Diputados para cada tres años en 1943, y la de senadores cada seis años a partir de 1946. Además, la nueva ley establecía la exclusividad en la participación electoral a los partidos nacionales; la creación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral (a partir de entonces el proceso sería regulado por instancias federales y no estatales), y la federalización del empadronamiento de la población. Estas disposiciones pretendían limitar las influencias locales en los procesos de elección, pero se les permitió crear comisiones locales lectorales, comités distritales, la Junta Computadora (para efectuar el conteo) y la integración de las mesas de casilla; asimismo, se le concedió a la Suprema 116