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Capitulo 1. 1. Noción de sujeto de derecho internacional En la doctrina, existen distintas posiciones al definir a los sujetos de derecho internacional, entre las que destacan planteamientos en el marco de la teoría pura del derecho, la teoría de la responsabilidad y elaboraciones que toman elementos de estas dos últimas, como la tesis del profesor Julio Barberis. Para la teoría pura del derecho, que tiene a Kelsen (1965, pp. 81-136 y 150-166) como su principal exponente, el sujeto de derecho internacional es quien sea destinatario directo de derechos y obligaciones en el plano internacional. Entretanto, la teoría de la responsabilidad, según Eustathiades (1953, pp. 397- 416 y 424), incide en que un sujeto es titular de un derecho que pueda hacer valer mediante reclamación internacional en caso de violación o vulneración del mismo, mientras que si hay una obligación internacional que ha sido incumplida, el autor de tal conducta antijurídica deberá asumir la responsabilidad que deriva de esa circunstancia. No obstante, Wengler (1953, pp. 831- 859) introduce un importante matiz en la teoría de la responsabilidad al sostener que no siempre el autor de la conducta antijurídica es quien asume, a nivel internacional, la responsabilidad que se origina a raíz de dicha conducta. En ese orden de ideas, el sujeto de derecho internacional sería aquel en quien recae la responsabilidad internacional a propósito del incumplimiento o la transgresión de una obligación internacional (Barberis, 1984, pp. 19-35; Carrillo Salcedo, 1996, pp. 25-40; Barboza, 2008, pp. 159-192). A efectos del presente texto, y tomando como referencia la posición del profesor Barberis (1984, pp. 26-27), se entiende como sujeto de derecho internacional a aquella persona o entidad que sea destinataria directa y efectiva de derechos u obligaciones, conforme al derecho internacional, y asuma, igualmente, la responsabilidad que pudiera generarse por conductas antijurídicas que entrañen la violación de tales obligaciones. Un aspecto por resaltar es la diferencia entre sujetos de derecho internacional y actores en el plano internacional, en el sentido de que estos últimos son personas o entidades que tienen presencia e influencia en las relaciones internacionales, sin que por ello cuenten con personalidad jurídica internacional al no ser destinatarios directos y efectivos de derechos u obligaciones conforme al derecho internacional. A modo de ejemplo, en la actualidad existen colectivos u organizaciones que persiguen fines de protección de los derechos humanos y de las especies en peligro de extinción como, respectivamente, Amnistía Internacional y World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Vida Silvestre), con gran presencia en el marco de las relaciones internacionales. Así, las múltiples campañas realizadas por la primera influyeron en la adopción de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas de 1984¹, mientras que el segundo jugó un rol importante años atrás en la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)² por parte de los Estados Unidos, primer acuerdo comercial en abordar la temática medioambiental. 2. 2. Noción de comunidad internacional La comunidad internacional está integrada por los Estados, organizaciones internacionales y otros sujetos de derecho internacional con una estructura gubernamental, como la Iglesia católica a través de la Santa Sede. A lo largo del tiempo se ha producido una evolución en su composición, que ha pasado de estar conformada fundamentalmente por Estados europeos u occidentales y cristianos a tener un carácter universal —como consecuencia de la aparición de un número significativo de nuevos Estados a raíz del ejercicio de la libre determinación o de la disolución de algunos Estados preexistentes— y cada vez más complejo. Ello se da a partir del surgimiento de diversos tipos de organizaciones, universales o regionales, y de procesos de integración que, según sucede en los casos de la Unión Europea (UE) y la Comunidad Andina (CAN), han adoptado una naturaleza supranacional. Capitulo 2. 1. Noción y elementos Un aspecto muy importante en el que incidir es que, más allá de conceptos o nociones del Estado que legítimamente pueden existir a partir de otros ámbitos o disciplinas, el derecho internacional entiende configurado al Estado a título de tal cuando concurren en una entidad una serie de elementos o presupuestos. En ese sentido, tomando como referencia lo establecido en la Convención de Montevideo de 1933 sobre Derechos y Deberes de los Estados, tales elementos o presupuestos son: una población permanente, un territorio determinado, un gobierno o una organización política, y la capacidad de entrar en relación con otros sujetos de derecho internacional³. De esta manera, en opinión del tratadista brasileño Hildebrando Accioly, «[…] desde el punto de vista del derecho internacional, el Estado es una comunidad política independiente, establecida permanentemente en un territorio determinado, bajo un gobierno y capaz de mantener relaciones con otras colectividades de la misma naturaleza» (1945, I, p. 89). 1.1. La población La población es un presupuesto indispensable para entender configurado al Estado a título de tal. Una entidad sin población puede ser sujeto de derecho internacional, pero bajo ningún concepto tendrá la naturaleza de Estado. La población comprende a nacionales y extranjeros, aunque generalmente la mayoría de las personas que la integran se encuentran ligadas al Estado en razón a tener un vínculo jurídico-político con este como la nacionalidad. Esta puede ser originaria, a partir de la aplicación de los criterios del ius soli (por el nacimiento en el territorio del Estado) o del ius sanguinis (por contar con ascendientes de tal nacionalidad), dependiendo de la decisión soberana de cada Estado en la materia plasmada en su legislación; o sobreviniente, a mérito de los supuestos y requisitos que para cada uno de ellos contemplan los ordenamientos internos estatales y los tratados que sobre el particular pudieran existir eventualmente entre algunos Estados. A título ilustrativo, la Constitución Política del Perú de 1993 consagra, en su artículo 52, el ius soli, en el sentido de que son «[…] peruanos por nacimiento, los nacidos en el territorio de la República». Igualmente, en el mismo artículo, se contempla la adquisición iure sanguinis de la nacionalidad peruana por parte de los hijos de padre o madre peruanos nacidos en el exterior e inscritos en el registro correspondiente, de conformidad con la ley⁴. Entre las formas de adquisición sobreviniente de la nacionalidad que suelen recoger las leyes de los Estados, conforme ocurre en el Perú, están la naturalización y la opción. Generalmente, tal adquisición se supedita a requisitos como la exigencia de un periodo previo de residencia en el territorio del Estado cuya nacionalidad se aspira obtener, según lo previsto en la legislación respectiva, y en algunos casos de aquellos establecidos en los tratados que pudieran existir entre los Estados concernidos. A manera de ejemplo se tiene el Convenio sobre doble nacionalidad entre España y Perú de 1959⁵, en cuya virtud las personas que se acojan al mismo y que sean nacionales de origen de una parte pueden adquirir la nacionalidad de la otra sin perder la que habían venido ostentando, a partir de la distinción entre una nacionalidad activa o efectiva que corresponde al lugar de residencia y otra nacionalidad latente o durmiente. En efecto, pueden suscitarse situaciones de concurrencia de más de una nacionalidad en una persona a nivel originario si, por ejemplo, dicha persona adquiere una nacionalidad iure soli por nacer en el territorio de un Estado y otra nacionalidad iure sanguinis a mérito de contar con un ascendiente que sea o haya sido nacional de otro Estado. A la par, también podría plantearse la concurrencia de más de una nacionalidad en una persona si esta adquiere de manera sobreviniente la nacionalidad de un Estado sin perder o tener que renunciar a su nacionalidad de origen. La existencia de situaciones de concurrencia de nacionalidades ha dado a lugar a que, de cara al ejercicio de la protección diplomática por un Estado determinado, no solo se haya planteado que la persona respecto de la cual va a ejercerse tal protección sea nacional de dicho Estado, sino que además tenga vinculación efectiva con el mismo. Casos emblemáticos sobre la materia son el de Friedrich Nottebohm , Florence Strunsky-Mergé ⁷ y los dobles nacionales iranoestadounidenses⁸. Antecedente de ellos es el asunto Canevaro, que involucró a Italia y al Perú, donde —entre otras consideraciones— se tuvo en cuenta que Raphael Canevaro vivía en el Perú e, incluso, ejerció funciones públicas en este país. En el caso peruano, el artículo 110 de la Constitución Política de 1993 establece que para ser elegido presidente de la república se requiere ser peruano por nacimiento, con lo que una persona que hubiese accedido a la nacionalidad peruana de manera sobreviniente no podría ser electa para ocupar la jefatura del Estado. Sin embargo, y dado que entre los peruanos por nacimiento se encuentran los hijos de padre o madre peruanos nacidos en el exterior e inscritos en el registro correspondiente, pudo postular a la presidencia de la república un candidato como George Forsyth, peruano por nacimiento iure sanguinis al haber nacido en Venezuela mientras su progenitor desempeñaba función diplomática a nombre de nuestro país e inscribírsele en el registro correspondiente como hijo de padre peruano. Al mismo tiempo, cabe destacar que la Constitución del Perú no plantea como un impedimento para la candidatura a la presidencia de la república que quien aspire a ocupar la jefatura del Estado ostente solamente la nacionalidad peruana por nacimiento y no pueda tener otra nacionalidad, ya sea de manera originaria o sobreviniente. Ejemplos a propósito de la inexistencia de tal impedimento se aprecian en casos como los de Pedro Pablo Kuczynski, elegido presidente en 2016, quien, además de peruano por nacimiento, era estadounidense por naturalización; y de Verónika Mendoza, peruana por nacimiento y francesa en tanto hija de madre de esa nacionalidad. A la par, resulta particularmente relevante el caso de Alberto Fujimori, nacido en el Perú e hijo de padre y madre japoneses, inscrito en el registro familiar (koseki) durante su minoría de edad y que, por tal circunstancia, adquirió también la nacionalidad de sus progenitores. Él fue presidente del Perú entre julio de 1990 y noviembre de 2000 en virtud de elecciones sucesivas y, años después, en 2007, se presentó como candidato para ocupar un escaño en el Senado de Japón, mientras se esperaba la decisión de las autoridades chilenas respecto a la solicitud de extradición planteada por el Perú. En materia de adquisición sobreviniente, merece resaltarse el caso de Baruch Ivcher, quien obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización mediante resolución suprema expedida durante el segundo gobierno del presidente Fernando Belaunde, pero a quien se privó de dicha nacionalidad en el gobierno del presidente Alberto Fujimori a través de una resolución directoral, un instrumento normativo de rango manifiestamente inferior con el que se canceló el título de otorgamiento de la nacionalidad peruana. Esta circunstancia se vinculó a la condición de Ivcher como accionista mayoritario de una empresa de televisión cuyo control —conforme a la legislación en la materia— solo podía recaer en nacionales peruanos, según se puso en evidencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta última, en su sentencia del 6 de febrero del año 2000, declaró por unanimidad que «[…] el Estado violó el derecho a la nacionalidad consagrado en el artículo 20.1 y 20.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Baruch Ivcher Bronstein»¹. Por otro lado, es indispensable que haya una presencia permanente de la población en el territorio del Estado, en tanto no podría concebirse a tal población como un colectivo nómade de personas que se desplazan de un territorio a otro sin tener una conexión directa con alguno. Los extranjeros están sometidos a la jurisdicción del Estado donde se encuentren a mérito de la competencia territorial de este. A su vez, hay que diferenciar a quienes integran propiamente la población del Estado de aquellas personas que, como sucede con los habitantes de los territorios coloniales, no forman parte de ella, a pesar de estar bajo la jurisdicción de dicho Estado¹¹. Por último, un aspecto a tener en cuenta, fundamentalmente en legislaciones como las de los Estados latinoamericanos, es la distinción entre las categorías de nacionales y ciudadanos, entendiendo por estos últimos a quienes, además de ostentar la nacionalidad del Estado respectivo, son mayores de edad que están en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 1.2. El territorio El territorio es el ámbito físico concreto —cualquiera sea su tamaño— donde el Estado ejerce su soberanía y jurisdicción. Estas últimas se extienden a las áreas continentales e insulares, y al mar adyacente a sus costas, incluyendo las aguas interiores que se generan a partir de la utilización de líneas de base rectas, a las aguas archipelágicas cuando las hubiere y al mar territorial, así como al espacio aéreo suprayacente. En el caso del Perú, el artículo 54 de la Constitución Política de 1993 define al territorio de la siguiente manera: El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley […]. El territorio constituye un presupuesto indispensable para la existencia del Estado a título de tal en el sentido de que, tal como sucede con la población, puede haber sujetos de derecho internacional sin territorio, pero no Estados que carezcan de aquel. De conformidad con ello, Polonia dejó de existir como Estado tras el tercer reparto de su territorio entre sus vecinos a fines del siglo XVIII¹², y lo propio sucedió con los diferentes Estados existentes en la península italiana antes del proceso de reunificación de la segunda mitad del siglo XIX, que desaparecieron por debellatio al incorporarse sus territorios de manera definitiva en el Reino del Piamonte- Cerdeña, convertido en el Reino de Italia¹³. En cambio, otros Estados, como sucedió con Pakistán tras la creación de Bangladesh en el antiguo territorio de Pakistán Oriental¹⁴, siguen existiendo a pesar de la pérdida de una porción de su territorio. El territorio puede ser vasto, pequeño o, incluso, exiguo, según ocurre en casos como el de la Ciudad del Vaticano y otros Estados diminutos. También puede ser continuo o discontinuo. Ejemplo de esto último se aprecia en los casos de Pakistán hasta 1971, cuando las porciones occidental y oriental del país estaban separadas por una franja de 1600 kilómetros de territorio de la India; y de Alaska y Hawái, que no tienen contigüidad geográfica con los otros Estados integrantes de los Estados Unidos de América. Igualmente, es posible que la totalidad o parte del territorio de un Estado esté rodeada del territorio de otro u otros Estados, tal como se aprecia con la República de San Marino y el Estado de la Ciudad del Vaticano, rodeados por territorio italiano; y Kaliningrado, perteneciente a la Federación de Rusia, que está rodeado por los territorios de Polonia y Lituania. Por otro lado, el territorio puede no estar plenamente delimitado, en el sentido de que aquel puede ser determinable, aunque no esté del todo determinado. Lo que resulta fundamental, a pesar de que las fronteras de un Estado con sus vecinos no estén completamente definidas, es que exista un área geográfica donde recaiga el ejercicio de la soberanía y jurisdicción de dicho Estado. No es dable, entonces, cuestionar la estatalidad de un Estado como Israel por el hecho de que algunas de sus fronteras aún no se hayan definido. El territorio del Estado no se pierde ni este desaparece por la ocupación de su territorio con ocasión de un conflicto. La eventual pérdida de un territorio se produce si se da la incorporación parcial o total del mismo al territorio de otro Estado en virtud de un tratado de paz u otra circunstancia de carácter definitivo. Tampoco puede entenderse que, a mérito de la ocupación de un territorio, la potencia que ejerce control sobre el mismo lo incorpore a su propio territorio. En razón a ello, por ejemplo, distinguimos entre el territorio de Israel y aquellos territorios que, pese a estar bajo el control de dicho Estado, no lo integran, sino que tienen más bien la condición de territorios ocupados. Una situación que entraña un serio riesgo se plantea a propósito de la elevación del nivel del mar por el cambio climático y el calentamiento global pues, a causa de ello, la superficie terrestre de pequeños Estados insulares en desarrollo puede quedar total o parcialmente cubierta por el mar o resultar inhabitable. Respecto de este fenómeno, vienen planteándose algunas fórmulas que incluyen la construcción de muros o barreras físicas, o la erección de islas artificiales y, en un plano más propiamente jurídico, el congelamiento de las líneas de base actualmente existentes, para preservar los derechos de tales Estados insulares en relación con sus espacios marítimos y los recursos existentes en ellos. También se considera la presunción de continuidad del Estado, así como la posibilidad de la cesión de una franja o porción de territorio, con o sin transferencia de soberanía; una fusión por absorción con un tercer Estado; o el establecimiento de una federación, confederación o asociación con otro Estado¹⁵, entre otras alternativas. Por último, un aspecto a tener en cuenta es que el Estado puede ejercer jurisdicción en áreas o espacios geográficos que no sean propiamente parte de su territorio. Una muestra de ello, conforme al derecho internacional, se evidencia en el caso de las colonias que están bajo la jurisdicción y administración de potencias coloniales, sin que ello entrañe que integran los territorios de tales potencias¹. 1.3. El gobierno El gobierno, entendido como la organización política que rige al Estado y ejerce las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, dictando normas y sometiendo a la jurisdicción de sus tribunales a quienes hubieran incurrido en conductas antijurídicas, resulta indispensable para la existencia del Estado. La forma que adopte tal organización política dependerá de las características y la realidad de cada Estado, al punto de que esta puede cambiar a partir de una decisión adoptada libremente por el mismo, sin que ello entrañe afectación en la personalidad jurídica internacional de tal Estado. De esta manera, un Estado puede ser una monarquía o una república, de estructura unitaria o compleja, como ocurre con una federación, sin que ello constituya óbice para que el propio Estado pueda adoptar otra forma de organización política¹⁷. Al mismo tiempo, el Estado conserva su personalidad internacional a pesar de los cambios de su denominación en el tiempo¹⁸. La existencia de un gobierno que además ejerza control real sobre el territorio y la población reviste especial significación al momento de considerar si un Estado existe como tal y, a mérito de ello, reconocerlo. Esto ocurrió en el caso de Finlandia, nacida como Estado en 1917, tras la Revolución bolchevique, y que recién es reconocida como tal cuando se pone en evidencia que hay un gobierno capaz de regir de manera efectiva en el territorio finlandés sin necesidad de apoyo del Ejército Rojo soviético. Los Estados actúan en las relaciones internacionales a través de sus gobiernos; empero, pese a que en algunos instrumentos internacionales haya una mención explícita a los gobiernos, debe tenerse siempre presente que el sujeto de derecho internacional es el Estado y que los compromisos internacionales asumidos por un gobierno determinado recaen finalmente en el Estado, pues es este el titular de derechos y obligaciones. En algunas circunstancias, por ejemplo, cuando en el ejercicio del derecho a la libre determinación se constituye un nuevo Estado, puede darse el caso de que la acción del gobierno cuente con el respaldo o soporte de otros Estados amigos o de organizaciones internacionales que posibiliten el funcionamiento del Estado, y que este cubra las funciones principales respecto de sus nacionales y de otras personas que pudieran habitar su territorio. En tales situaciones, por la propia naturaleza singular de las circunstancias, no se cuestiona la existencia del Estado, pese a que el gobierno por sí mismo no está en capacidad de cumplir o desarrollar todas las tareas que le corresponden; no obstante, la actuación que en dichos casos realicen otros Estados y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas es de carácter temporal y sin que violente la soberanía e integridad del Estado, ni la capacidad de su gobierno para tomar sus propias decisiones¹. Adicionalmente, resulta muy importante llamar la atención respecto de cómo, en situaciones excepcionales donde el territorio del Estado ha sido ocupado por una tercera potencia, la representación de dicho Estado puede recaer en «gobiernos en el exilio». A título ilustrativo, ello ocurrió en los casos de Bélgica durante la Primera Guerra Mundial, así como de Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia y Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial; de las repúblicas bálticas tras la ocupación y anexión por la Unión Soviética en la década de 1940; de Camboya, entonces denominada Kampuchea Democrática, luego de la invasión vietnamita contra el régimen del Khmer Rouge de diciembre de 1978 y la instalación en la capital del país de un gobierno bajo control de la potencia ocupante en enero de 1979; y de Kuwait, entre agosto de 1990 y febrero de 1991, después de la invasión y anexión por parte de Iraq. 1.4. La capacidad para entrar en relación con otros sujetos de derecho internacional La capacidad para entrar en relación con otros sujetos de derecho internacional de parte del Estado está vinculada a su soberanía, que tiene en la independencia a su expresión externa. El Estado es independiente, no está subordinado al poder de ninguna otra potencia, se rige a sí mismo y se encuentra sometido directamente al derecho internacional. En ese sentido, los límites a la capacidad del Estado están en la soberanía de los otros Estados, así como en el respeto a las normas y los principios de derecho internacional, especialmente las normas de ius cogens, es decir, aquellas que revisten carácter imperativo en tanto no admiten pacto en contrario. El Estado cuenta con personalidad jurídica internacional propia en la medida que es destinatario directo de derechos u obligaciones enmarcados en el derecho internacional. Como consecuencia de su carácter soberano e independiente, los Estados son jurídicamente iguales entre sí y no se admite la posibilidad de actos que entrañen la intromisión o injerencia en sus asuntos internos. Entre las formas como se manifiesta el ejercicio de la capacidad de relación del Estado con otros sujetos de derecho internacional se halla el derecho de legación, base de las relaciones diplomáticas, en su doble dimensión: activa y pasiva; el derecho de consulado, también a nivel activo y pasivo; la membresía en organizaciones internacionales; el poder participar en la generación o el desarrollo de normas de derecho internacional a través, por ejemplo, de la celebración de tratados; la responsabilidad internacional por los actos ilícitos en que hubieren incurrido el propio Estado y sus agentes; el disfrute de inmunidades y privilegios conforme al derecho internacional; y la solución de controversias por medios que pueden ser políticos o diplomáticos, de un lado, o jurisdiccionales, de otro, según el propio ordenamiento internacional. Al mismo tiempo, el Estado tiene la capacidad de ejercer la legítima defensa, de conformidad con el derecho internacional, para preservar su integridad e independencia, incluso frente a otros Estados que no lo reconocieran. 2. El reconocimiento de los Estados El reconocimiento es un acto jurídico-político por el que una entidad preexistente, ya sea un Estado, una organización internacional u otro sujeto de derecho internacional provisto de una estructura de gobierno, reconoce a otra entidad como Estado. Dicho acto reviste carácter político en tanto responde a consideraciones de política exterior de quien lo realiza y, a la par, tiene naturaleza jurídica al sustentarse en el derecho internacional. Asimismo, tiene como consecuencia que las relaciones entre la entidad que reconoce y el Estado al que se reconozca se rijan por aquel, además de ser irrevocable. El reconocimiento puede ser expreso o tácito en el sentido de que resulta factible efectuarlo a través de, por ejemplo, una declaración verbal o escrita de quien está en capacidad de comprometer al sujeto de derecho internacional que reconoce — como sucede en los casos de jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores— donde explícitamente se manifieste tal reconocimiento o mediante, por ejemplo, el establecimiento de relaciones diplomáticas sin que medie previa o simultáneamente un acto formal de reconocimiento. Igualmente, el reconocimiento puede ser también individual o colectivo en términos de que un sujeto de derecho internacional específico reconozca a un Estado a título de tal, ya sea de manera expresa o tácita, o si el reconocimiento se da en el marco de una organización internacional cuando, por ejemplo, se admite como nuevo miembro de esta a un Estado. En este último caso habría que considerar si el ingreso de un nuevo miembro a una organización requiere de la aceptación de todos los miembros anteriores, con lo que no se concebiría que un Estado no reconocido por alguno de los miembros preexistentes de dicha organización pudiera acceder a la membresía de esta; lo mismo que otras situaciones en las que el ingreso a una organización internacional pueda darse en virtud de la votación favorable de una mayoría calificada, caso en que los Estados que hubieren votado en contra de tal admisión no estarían obligados a reconocer al nuevo Estado que adquiere la condición de miembro. El reconocimiento también puede ser prematuro o tardío. El primero se produce cuando, sin haber terminado de configurarse propiamente el Estado a través de la concurrencia de los presupuestos o elementos necesarios señalados líneas atrás, un sujeto de derecho internacional reconoce a una entidad a título de Estado. Esto puede dar a lugar situaciones de responsabilidad internacional en tanto podría sostenerse válidamente que el sujeto que practica dicho reconocimiento habría incurrido en un caso de intromisión o injerencia en los asuntos internos de otro Estado. Ejemplos de ello son el reconocimiento prematuro de Panamá por los Estados Unidos en 1903, así como el de Bangladesh por la India en 1971. El reconocimiento tardío se produce, más bien, cuando pese a que un Estado reúne claramente los presupuestos o elementos para ser considerado como tal, otro sujeto de derecho internacional recién lo reconoce tras un largo tiempo posterior. Un ejemplo ilustrativo de esto se dio con el reconocimiento del Perú —que proclamó su independencia en 1821— por parte de España en 1879, esto es, muchos años después no solo de tal proclamación, sino de su carácter definitivo e irreversible a consecuencia de la batalla y capitulación de Ayacucho de 1824. Uno de los aspectos más discutidos, a propósito del reconocimiento, está referido a su naturaleza y sus consecuencias. Sobre el particular existen dos tesis: la teoría constitutiva y la teoría declarativa. Para la primera, el reconocimiento es constitutivo de la personalidad jurídica internacional del Estado, con lo cual el reconocimiento de los otros miembros de la comunidad internacional atribuye tal personalidad y configura al Estado como sujeto de derecho internacional. Mientras tanto, la segunda asume que el Estado existe y cuenta con personalidad jurídica internacional desde que reúne los presupuestos o elementos para ser considerado como tal. El reconocimiento constata o corrobora la existencia previa del Estado, pero no es atributivo de la personalidad jurídica internacional del mismo. La mayoría de la doctrina ha ido inclinándose progresivamente por la tesis declarativa. A su vez, la propia práctica internacional acoge ese planteamiento desde el momento que resulta válido que un Estado pueda defender su integridad o independencia, incluso frente a otros Estados que no lo hubieran reconocido. Ejemplo de ello se aprecia en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA)² , cuyo artículo 13 señala expresamente que: La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás Estados. Aun antes de ser reconocido, el Estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia, proveer a su conservación y prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. El ejercicio de estos derechos no tiene otros límites que el ejercicio de los derechos de otros Estados conforme al derecho internacional. Sin embargo, ello no significa que el reconocimiento carezca de importancia. Por el contrario, este entraña una gran significación en tanto el mayor o menor grado de relación de un Estado con otros miembros de la comunidad internacional dependerá del mayor o menor grado de reconocimiento que dicho Estado hubiere obtenido. Adicionalmente, cabe llamar la atención sobre algunas situaciones de no reconocimiento con alcance general cuando hubiere violaciones de normas imperativas de derecho internacional general o de ius cogens. Ejemplos de ello lo ofrecen los casos de Manchukuo, a propósito del cual el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos formuló la denominada «doctrina Stimson»; la República Turca del Norte de Chipre; Rodesia del Sur y los bantustanes sudafricanos. 3. El reconocimiento de gobiernos El reconocimiento de gobiernos no se suscita cuando hay una sucesión en el poder al interior de un Estado sujeta a las normas y procedimientos previstos en su Constitución. De igual forma, debe distinguirse el reconocimiento de Estados del reconocimiento de gobiernos, que se produce en Estados ya constituidos a propósito de situaciones particulares o de naturaleza excepcional como las que se presentan en los casos de gobiernos en el exilio; gobiernos de facto, producto de golpes de Estado, que acceden al poder por vías o medios contrarios a la Constitución del Estado respectivo; y usurpación del poder por autoridades ilegítimas en un Estado. En tales casos, se entiende que el Estado donde ocurren las situaciones mencionadas sigue existiendo y conserva su personalidad jurídica internacional. A lo largo del tiempo, han surgido diversos planteamientos en la doctrina y la práctica internacionales respecto del reconocimiento de gobiernos. Entre estos, sin ánimo de agotar la materia, cabe traer a colación la doctrina Tobar, elaborada por el ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano de ese apellido, que en 1907 sostuvo que no cabe reconocer a un gobierno producto de un golpe de Estado, salvo que dicho gobierno se legitimara a través de elecciones. Frente a ella, en 1930 surge la doctrina Estrada, formulada por el ministro de Relaciones Exteriores de México, conforme a la cual no resulta pertinente entrar a reconocer al gobierno de un Estado determinado, dado que sería una intromisión en los asuntos internos del mismo. En virtud de ese planteamiento, más bien, sería factible decidir mantener o no relaciones diplomáticas con el gobierno de dicho Estado. En el fondo, no obstante, tras la doctrina Estrada habría un reconocimiento implícito, en términos de decidir o no mantener relaciones diplomáticas con un Estado regido por un gobierno de ciertas características. Por otro lado, también existe el llamado «criterio de efectividad», en el sentido de mantener relaciones con un Estado a través de las autoridades que ejercen un control efectivo sobre su territorio y población con prescindencia del origen constitucional o no de dicho gobierno, lo que, en última instancia, es una cuestión de orden interno. Ejemplos emblemáticos de la aplicación de este criterio los ofrecen el caso Tinoco²¹, relativo a Costa Rica, y la decisión que el Reino Unido adoptó en 1950 de mantener relaciones con China a través del gobierno de la República Popular, proclamada poco antes —en octubre de 1949 —, en tanto ejercía control sobre la mayor parte del territorio y la población de ese país. Casos representativos de no reconocimiento de gobiernos, a pesar de ejercer estos el control sobre el territorio y la población de un Estado o la mayor parte de estos, son los de Haití tras el golpe de Estado de 1991 contra Jean-Bertrand Aristide, que siguió siendo reconocido como presidente de ese país por varios Estados y volvió al poder tiempo después, en 1994; y del régimen talibán en Afganistán, que a pesar de tener el control sobre el 90% del territorio afgano entre 1996 y 2001, solo fue reconocido por tres Estados: Pakistán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Una tendencia contemporánea, reflejada en instrumentos como la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana²², apunta a no reconocer gobiernos de Estados en los que se hayan producido graves alteraciones en el Estado de derecho y no se mantenga la democracia representativa. Al mismo tiempo, se plantea igualmente no reconocer al gobierno de un Estado en el que pudieran estarse dando violaciones a normas imperativas de derecho internacional general o de ius cogens, como sucede, por ejemplo, cuando se cometen crímenes de lesa humanidad. Ejemplo de ello se encuentra en la actitud de un número apreciable de miembros de la comunidad internacional que no reconocían al gobierno de Sudáfrica ni tenían relaciones diplomáticas con dicho Estado mientras estuvo vigente el régimen del apartheid. A mayor abundamiento, en lo relativo a la Carta Democrática Interamericana, cabe destacar que lo previsto en ella guarda correspondencia con las disposiciones de la Carta de la OEA y constituye un desarrollo a partir de la misma que adoptó por aclamación la Asamblea General de la organización en una sesión extraordinaria celebrada en Lima el 11 de setiembre de 2001. En efecto, el preámbulo de la Carta de la OEA recoge expresamente que «[…] la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región […]»; mientras que los artículos 2, inciso b, y 3 contemplan, respectivamente, que la promoción y consolidación de la democracia representativa, dentro del respeto del principio de no intervención, es uno de los propósitos esenciales de la organización; y que entre los principios que los Estados americanos reafirman se encuentra el derecho de todo Estado a elegir, sin interferencias externas, su sistema político, así como el deber de no intervenir en los asuntos internos de otro Estado. Al mismo tiempo, el artículo 9 de la Carta de la OEA aborda explícitamente la posibilidad de suspender el ejercicio del derecho de participación de un Estado miembro en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias Especializadas, al igual que de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hubieran creado, cuando el gobierno democráticamente constituido de dicho miembro sea derrocado por la fuerza. Sobre el particular, un detalle que reviste especial relieve es que la Carta Democrática Interamericana consagra en su artículo 1 el derecho de los pueblos de América a la democracia, amén de la obligación de sus gobiernos de promoverla y defenderla; asimismo, se precisa en el artículo 2 que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la OEA. De manera coherente con ello, y según se ha mencionado líneas atrás, el artículo 19 de dicho instrumento señala con toda claridad que: Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización. La Carta Democrática Interamericana fue aplicada a propósito del golpe de Estado que desplazó del poder al presidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, el 28 de junio de 2009. Ese mismo día el Consejo Permanente de la OEA condenó por aclamación lo sucedido y, dos días después, también por aclamación, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó igualmente el golpe de Estado contra el presidente Zelaya. A su vez, al no obtenerse un resultado favorable con las gestiones diplomáticas para restablecer en el ejercicio de sus funciones al jefe de Estado depuesto, la Asamblea General de la OEA, reunida en sesión extraordinaria el 4 de julio de 2009, decidió — nuevamente por aclamación— suspender la participación de Honduras en la organización. Otras organizaciones regionales o subregionales en América han incorporado cláusulas democráticas entre las normas que rigen su funcionamiento. Un ejemplo ilustrativo de la aplicación de dichas normas se planteó tras la destitución del presidente del Paraguay, Fernando Lugo, el 22 de junio de 2012. Como consecuencia de ello, dicho país fue suspendido en el ejercicio de sus derechos como miembro del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), donde hasta ese momento tenía además la presidencia pro tempore. Una situación particularmente compleja y delicada se presentó en Venezuela desde enero de 2019 a raíz del reconocimiento por un número apreciable de Estados, entre los cuales estuvo el Perú, del presidente de la Asamblea Nacional elegida en 2015, Juan Guaidó, como presidente encargado, mientras que otros Estados mantuvieron su reconocimiento al régimen encabezado por Nicolás Maduro. Finalmente, a propósito de los gobiernos en el exilio, cabe traer a colación los casos mencionados líneas atrás en el apartado relativo a los gobiernos. 4. Las competencias personales y territoriales del Estado 4.1. Competencias personales El Estado ejerce competencia personal sobre sus nacionales. La determinación de quiénes son sus nacionales y la forma de adquirir la nacionalidad del Estado, ya sea de manera originaria o sobreviniente, corresponde al propio Estado. Este último tiene competencia exclusiva sobre el particular, aunque la oponibilidad de la nacionalidad de un Estado frente a terceros Estados depende del hecho de contar con una vinculación efectiva con aquel. Al respecto, en materia de protección diplomática, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) distinguió en el caso Nottebohm²³ entre los efectos de haber adquirido una nacionalidad al interior del propio Estado que la hubiera otorgado y los efectos que dicha adquisición pudiera tener en términos de su oponibilidad frente a otro Estado. La nacionalidad, según se ha explicado páginas atrás, es un vínculo jurídicopolítico que marca la vinculación de los individuos con el Estado. Igualmente, a través de su legislación interna o de tratados, el Estado también determina la nacionalidad de las personas jurídicas. Los ordenamientos estatales suelen considerar la nacionalidad de la persona jurídica en función al lugar de constitución, que generalmente coincide con el lugar del domicilio de la sede social. Dicho criterio ha sido recogido en el proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) sobre protección diplomática, aprobado en segunda lectura en 2006, así como en casos emblemáticos de la jurisprudencia internacional como el de la Barcelona Traction²⁴. Sin embargo, puede ocurrir que, a propósito de ciertos aspectos abordados en tratados de contenido económico, como los acuerdos de libre comercio o de promoción y protección recíproca de inversiones²⁵, se establezcan requisitos adicionales para considerar a una persona jurídica como nacional de una de las partes, teniéndose en cuenta el domicilio de la sede social, la nacionalidad de quienes ejercen el control de la gestión de la persona jurídica y el lugar donde dicha persona jurídica desarrolla su actividad principal, entre otros elementos. La competencia del Estado respecto de sus nacionales comprende a los que estén en su territorio al, por ejemplo, restringir la posibilidad del ejercicio de ciertos puestos públicos a quienes contaran con la nacionalidad del mismo o, incluso, fueran solo nacionales originarios de este² , como a los que se encuentren fuera del mismo. A propósito de estos últimos, también tiene competencia, indudablemente, el Estado territorial, pero el Estado de la nacionalidad realiza diversas actuaciones respecto de ellos, entre las que se cuentan las relativas al registro civil, el otorgamiento de documentación, la asistencia consular, la protección consular y la protección diplomática en casos de violación de derechos internacionalmente reconocidos de sus nacionales —ya sean personas naturales o jurídicas— por otros Estados. Adicionalmente, cabe considerar experiencias como la de la Unión Europea (UE), donde los nacionales de cada Estado miembro —aspecto que se determina en virtud de lo que establezca la respectiva legislación interna— cuentan, adicionalmente, con la condición de ciudadanos de la UE²⁷. A mérito de ello tienen, entre otros derechos, la libertad para circular y residir en cualquiera de los Estados miembros, amén de capacidad para elegir y ser elegidos en las listas al Parlamento Europeo del Estado de residencia, así como para votar y ser elegidos en las elecciones municipales del Estado de residencia; y la posibilidad de acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sean nacionales, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. 4.1.1. La asistencia y protección del Estado a sus nacionales Los nacionales de un Estado que se encontraran en un tercer Estado, ya sea de manera ocasional o con la condición de residentes en este último, pueden recibir el auxilio o la asistencia consular de las autoridades del Estado del que son nacionales, a propósito de situaciones como, por ejemplo, la pérdida, el robo o el extravío de documentos; el surgimiento de una grave crisis o conmoción social en el Estado donde estuvieran; la ocurrencia de una calamidad o un desastre natural; el traslado de los restos mortales o las cenizas de un familiar fallecido en el extranjero; o en casos de detención y procesamiento por la presunta comisión de un delito en el territorio de un tercer Estado. Tales funciones están recogidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963²⁸, que codifica el derecho internacional consuetudinario en la materia y de la cual el Perú es parte; y se ejercen directamente ante las autoridades competentes del Estado territorial, sin que haya previamente conductas antijurídicas de este último. Asimismo, el Estado puede prestar protección consular a sus nacionales que se encontraran en un tercer Estado y hubiesen sido afectados por la vulneración de algún derecho reconocido por la legislación del Estado territorial o el derecho internacional. Un ejemplo típico de ello se presenta en situaciones donde no se respetan las garantías de la administración de justicia vinculadas al debido proceso, tales como contar con una asistencia jurídica letrada o un traductor en la eventualidad de estar en un país donde se hable una lengua distinta a la de la persona detenida, o las condiciones de detención o de carcelería para reos primarios, casos en los que, sin tener que agotar los recursos internos del Estado territorial ni acudir a la vía internacional, resulta factible que el funcionario consular del Estado que envía establezca contacto directo con la autoridad del Estado receptor concernida con la materia o asunto que estuviera siendo objeto de vulneración, en la perspectiva de que dicha situación pueda superarse satisfactoriamente con prontitud. Por otro lado, un Estado puede ejercer la protección diplomática frente al Estado presuntamente infractor a propósito de hechos internacionalmente ilícitos que ocasionen la violación de derechos de sus nacionales, reconocidos por el derecho internacional, o generen perjuicios a estos como consecuencia de la vulneración de sus derechos. La protección diplomática es una potestad del Estado conforme al derecho internacional en términos de que aquel evalúa la pertinencia de su invocación, atendiendo a consideraciones de política exterior respecto de sus relaciones con el Estado presuntamente infractor y de los efectos que pudieran generarse para las mismas. Ello no se ve afectado por el hecho de que, en sus ordenamientos internos, algunos Estados contemplen el deber de ejercer la protección diplomática en relación con sus nacionales. La protección diplomática implica llevar al plano internacional un caso concreto, a mérito de lo cual este deja de estar en la esfera del particular afectado, ya sea una persona natural o jurídica nacional del Estado que la invoca, y se convierte en un asunto controvertido entre dos Estados. Esta circunstancia explica la existencia de una serie de condiciones o requisitos previos para el ejercicio de tal protección, entre los cuales se cuenta ser nacional del Estado que la invoca y haber agotado los recursos internos en el Estado presuntamente infractor, aunque hay ciertas excepciones para esto último. En algunas oportunidades, se alude a la conducta correcta (clean hands o manos limpias) de la persona natural o jurídica nacional respecto de la que va a invocarse la protección diplomática como un requisito adicional; sin embargo, en la mayoría de la doctrina se descarta la necesidad de cumplir tal condición, aunque ello puede revestir importancia en la evaluación que haga el Estado del que dicha persona sea nacional para ejercer la protección diplomática o pueda ser tenido en cuenta al momento de apreciar los elementos que concurran al determinar una eventual reparación por parte de una instancia judicial o arbitral internacional. La protección diplomática, según acaba de señalarse, supone que la persona natural o jurídica afectada por la violación de un derecho internacionalmente reconocido sea nacional del Estado que fuera a invocarla. A tal efecto, resulta fundamental, según se ha señalado líneas atrás, lo que en materia de nacionalidad establezca el derecho interno de dicho Estado o pudiera estar previsto en tratados de los que este sea parte. Al mismo tiempo, la jurisprudencia internacional ha remarcado la importancia de la vinculación efectiva con el Estado que ejerce dicha protección de parte de la persona natural o jurídica respecto de la cual se invoca de manera continua, tanto cuando ocurren los hechos que dieron lugar al ejercicio de esa protección como en el momento en que es invocada, con la excepción de situaciones particulares como las que pudieran darse en casos de sucesión de Estados, donde se justificaría que no hubiese tal continuidad. Igualmente, se exige el agotamiento de los recursos internos a nivel administrativo o judicial que pudiera contemplar la legislación del Estado presuntamente infractor, con el fin de permitir a este solucionar o reparar la circunstancia de vulneración o afectación de derechos en perjuicio de un nacional extranjero sin que tal asunto rebase el plano interno de aquel. Empero, cuando el ordenamiento interno de dicho Estado no contemplara la existencia de recursos frente a un caso concreto, estos no ofrecieran ninguna posibilidad razonable de obtener una reparación efectiva o pudiera haber una excesiva dilación, se admitirá por excepción el ejercicio de la protección diplomática sin que el particular afectado hubiera agotado los recursos internos del Estado presuntamente infractor. También se plantea como excepción al agotamiento de los recursos internos que pudiera darse un daño irreparable como, por ejemplo, la privación de la vida a una persona. En los casos de personas en que concurra más de una nacionalidad, suele considerarse que sea el Estado de la nacionalidad con el que exista vinculación efectiva quien vaya a ejercer la protección diplomática contra el Estado presuntamente infractor, aunque en algunas oportunidades la reclamación contra este ha involucrado a más de un Estado. A propósito de ello, resulta oportuno tener en cuenta lo que pudieran establecer al respecto los tratados de los que los Estados concernidos sean partes. Asimismo, en los casos de personas con más de una nacionalidad, se descartaba tradicionalmente que un Estado del que la persona afectada fuera nacional pudiera invocar la protección diplomática frente al Estado presuntamente infractor del que la misma persona fuera también nacional; no obstante, ha habido situaciones en que se ha procedido en un sentido distinto, considerando el criterio de vinculación efectiva en materia de nacionalidad. La CDI, en su proyecto de artículos sobre protección diplomática ya citado, se inclina a favor de esta posibilidad en términos de que el Estado de la nacionalidad predominante pudiera invocar la protección diplomática frente al Estado presuntamente infractor que no tuviera tal condición. Históricamente, la protección diplomática se ejercía respecto a derechos inscritos en el denominado estándar mínimo que cualquier Estado debería respetar en relación a los nacionales de otro Estado, entendiendo dentro de dicho estándar al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a realizar actos de naturaleza personal o familiar, a celebrar contratos, a comparecer ante las instancias administrativas y tribunales del Estado territorial, y a la propiedad. Sin embargo, cabe destacar que la noción de estándar mínimo es cambiante y ha ido ampliándose progresivamente; y, a su vez, los desarrollos en el campo de los derechos humanos también justifican la posibilidad de invocar la protección diplomática a raíz de situaciones que pudieran acarrear la vulneración de estos. Por último, merece destacarse que en el campo del derecho de las inversiones, diversos Estados son partes de acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones, así como de tratados de libre comercio que incorporan capítulos en materia de inversiones, donde se contemplan mecanismos de solución de controversias que pudieran suscitarse entre el Estado receptor de la inversión y un inversor o inversionista nacional del otro Estado parte en uno de esos tratados, sin tener que recurrir a la protección diplomática. En dichos instrumentos suele preverse la posibilidad de que, una vez cumplidos ciertos requisitos —los cuales varían en función a lo que disponga el tratado respectivo, pero pueden considerar el agotamiento de ciertos recursos internos del Estado receptor de la inversión o la realización de una etapa previa de trato directo entre el inversor o inversionista afectado y el Estado receptor de la inversión—, el inversor pueda emprender directamente un procedimiento de conciliación o arbitraje al amparo del Convenio de Washington de 1965² , por el que, en el marco del Banco Mundial, se constituye el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi); hacer lo propio de conformidad con las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o Uncitral, por sus siglas en español e inglés, respectivamente)³ ; o acudir para ello a otras instancias como, por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional de París³¹. En estos casos, se evita el ejercicio de la protección diplomática, aunque no se impide a los Estados realizar gestiones diplomáticas informales. A su vez, en la eventualidad de que un laudo no fuera cumplido o dejara de cumplirse, el particular afectado por tal circunstancia sí estaría habilitado para solicitar el ejercicio de la protección diplomática al Estado del que fuera nacional, lo que, en última instancia, sería decisión de este último. 4.2. Competencias territoriales El Estado ejerce competencia sobre su territorio sobre la base de la soberanía y jurisdicción que tiene sobre el mismo. La soberanía y jurisdicción del Estado se extiende a los espacios geográficos continentales e insulares, los ríos, lagos y lagunas, el subsuelo y el mar adyacente a sus costas, comprendiendo, desde la perspectiva del derecho internacional, a las aguas interiores que se forman cuando el propio Estado ha establecido líneas de base rectas en función a la existencia de accidentes naturales que lo justifiquen, como bahías o escotaduras en la costa, la presencia de una cadena de islas próximas a la costa o la desembocadura de un río; y el mar territorial de una extensión máxima de doce millas contadas desde las líneas de base normales y rectas, junto a las aguas archipelágicas en el caso de Estados que tuvieran esa condición, así como al espacio aéreo suprayacente³². El Estado también cuenta con derechos de soberanía y jurisdicción sobre espacios marítimos como la zona económica exclusiva y la plataforma continental, según están definidos³³ en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) de 1982, varias de cuyas normas revisten la naturaleza de derecho internacional consuetudinario. En dichos espacios, el Estado ribereño ejerce una «soberanía modal», siguiendo la expresión acuñada por el jurista peruano Alberto Ulloa (Naciones Unidas, 2009, III, pp. 6- 10), en el sentido de que tal soberanía cubre fundamentalmente los atributos de carácter económico, incluyendo la existencia de derechos exclusivos sobre los recursos vivos o no vivos que pudiera haber en la masa o columna de agua y en el lecho y subsuelo marino, además de la capacidad para dictar medidas de cara a asegurar su uso sostenible y la preservación de las especies, amén de poder efectuar labores de investigación en tales áreas. El Estado ejerce dichos atributos considerando los límites internacionales dentro de los que se inscribe él mismo, teniendo en cuenta especialmente para ello los tratados en la materia con sus vecinos, o las eventuales sentencias judiciales o los laudos arbitrales que pudieran haber establecido sus fronteras terrestres o marítimas con alguno de tales vecinos. Al respecto, cabe traer a colación el fallo de la CIJ del 27 de enero de 2014³⁴, conforme al cual se determina el curso del límite marítimo bilateral peruano-chileno y se reconocen los derechos soberanos exclusivos del Perú sobre un área marítima de más de 50 000 kilómetros cuadrados, que comprende la masa o columna de agua, así como el lecho y subsuelo marino, al igual que los recursos —vivos y no vivos, presentes y futuros— existentes en tal área. Al mismo tiempo, el Estado ejerce competencias extraterritoriales respecto de los buques o aeronaves de su bandera que estén registrados o matriculados en el mismo, aunque se encuentren fuera de los espacios geográficos bajo su soberanía o sus derechos de soberanía y jurisdicción, como sucede en alta mar. En el caso del mar territorial y, por excepción, de las aguas interiores, cuando hubiera habido navegación de embarcaciones de bandera extranjera por tales aguas con anterioridad al trazado de las líneas de base rectas que dieran lugar a dichas aguas interiores, el Estado ribereño reconoce a favor de los buques mercantes y de guerra de terceros Estados el derecho de paso inocente; es decir, el derecho a navegar en aguas bajo su soberanía de manera ininterrumpida, sin que se ponga en riesgo su seguridad ni pueda realizarse actividades extractivas (Convemar, 1982, arts. 10, 17 y ss.). Igualmente, dada la particular condición de la zona económica exclusiva, que conforme al derecho internacional contemporáneo tiene la naturaleza de espacio marítimo bajo sus derechos de soberanía y jurisdicción hasta las doscientas millas desde las líneas de base, pero que antes de su configuración a título de tal había sido parte de alta mar conforme al derecho internacional, el Estado ribereño reconoce la libertad de navegación de los buques de bandera extranjera, sin que tampoco puedan realizarse actividades extractivas en atención, precisamente, a los derechos soberanos exclusivos sobre los recursos del Estado ribereño. Las embarcaciones de terceros Estados solamente podrán efectuar tareas extractivas a propósito de los excedentes que, en la pesquería de cada especie, determinara el Estado ribereño, con la autorización y en las condiciones fijadas por este. Por otro lado, el Estado tiene competencia en relación con los extranjeros que están en su territorio. Al Estado territorial no le corresponde pronunciarse acerca de la nacionalidad de los extranjeros, cuestión que más bien, y según ya se ha explicado, compete definir a los Estados de los que son nacionales. El Estado puede asimilar el tratamiento de los extranjeros al de los nacionales, lo que en muchos casos se plantea con sustento en los derechos humanos; pero también tiene capacidad para establecer restricciones a la entrada o permanencia de extranjeros en su territorio e, inclusive, en determinadas situaciones, disponer su expulsión. Los extranjeros deben respetar la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentran, especialmente en lo relativo a las normas de orden público, aunque —según ya se ha apuntado— generalmente tal Estado reconoce un estándar mínimo de derechos a los extranjeros, a propósito de derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad y libertad personales, a realizar actos de carácter individual o familiar, a celebrar contratos, a comparecer ante las instancias administrativas y los tribunales del Estado territorial, y a la propiedad. Adicionalmente cabe resaltar, en el caso del Perú, que el artículo 54 de la Constitución Política de 1993 define el territorio y la extensión del mismo, comprendiendo dentro de este a los espacios continentales e insulares, así como al dominio marítimo que cubre el mar adyacente a sus costas, al igual que su lecho y subsuelo, hasta las doscientas millas medidas desde las líneas de base establecidas por la ley respectiva, y el espacio aéreo suprayacente. Tanto en la Asamblea Constituyente de 1978-1979, que elaboró la Constitución de 1979, como en el Congreso Constituyente de 1993, que hizo lo propio con el texto constitucional de ese año, se discutió arduamente si se establecía o no un mar territorial de doscientas millas, considerando la proclamación que el Perú había efectuado a través del decreto supremo 781 del 1 de agosto de 1947. Sin embargo, ello se descartó expresamente y, más bien, se optó por una figura flexible como la del dominio marítimo, donde el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, y de conformidad con la ley y los tratados de los que este sea parte. De esta manera, se dejaba a salvo la posibilidad de que, si así lo decidía en el futuro, el Estado peruano pudiera acceder a la condición de parte de la Convemar³⁵. En el contexto del proceso de delimitación marítima con Chile en la CIJ, el agente peruano ante dicho tribunal hizo una declaración al comienzo y al final de la fase oral en el sentido de que, si bien el Perú no es parte de la Convemar, ejercería sus competencias en el dominio marítimo de doscientas millas previsto en la Constitución de manera consistente con las zonas o espacios marítimos contemplados en dicho tratado. En el fallo del 27 de enero de 2014 que ha sido mencionado líneas atrás, la Corte tomó nota de tal declaración, que constituye un compromiso formal del Perú³. A mérito de ello, ha venido realizándose una labor de adecuación de la legislación interna nacional en la perspectiva de desarrollar la figura de las libertades de comunicación internacional a que hace mención expresa el artículo 54 de la Constitución de 1993. Una cuestión importante por precisar es que el Perú no asumió el compromiso de ser parte de la Convemar, lo cual dependerá de la apreciación que de ello hiciera el Estado peruano y de la decisión soberana que el mismo pudiera adoptar al respecto, sino el de actuar de forma consistente con el derecho internacional consuetudinario, lo que en el fondo entraña respetar, en beneficio de terceros Estados y de sus nacionales, las libertades de comunicación internacional. Al mismo tiempo, considerando que diversas disposiciones de la Convemar reflejan el derecho internacional consuetudinario en la materia, y teniendo en cuenta la necesidad de contar con un marco jurídico que posibilite una cooperación cada vez más eficiente entre los miembros de la comunidad internacional sobre distintos temas relacionados con la conservación y adecuada utilización de mares y océanos, el Perú es parte de tratados como la Convención para la Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Sur de 2009, por la que se constituye la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur para asegurar el manejo sostenible de especies transzonales fuera de espacios marítimos bajo jurisdicción nacional, y ha participado de manera activa en el proceso de negociación en las Naciones Unidas con vistas a concretar un instrumento jurídicamente vinculante para la protección de la biodiversidad marina fuera de las áreas de jurisdicción nacional, al cual usualmente se alude por sus siglas en inglés (BBNJ). Por otro lado, cabe destacar la existencia de dos atributos fundamentales que recaen en el Estado territorial: la plenitud y la exclusividad, ambos con sustento en la igualdad entre los Estados y el principio de no intervención, en relación precisamente al ejercicio de las competencias territoriales por parte del Estado. Este último tiene en su territorio competencias plenas y exclusivas en los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial sin que terceros Estados puedan realizar cualquier tipo de actuación, salvo que contaran con la autorización o el consentimiento del Estado territorial correspondiente o hubiere sustento en el derecho internacional para ello. No obstante, en la línea de lo que acaba de señalarse, y como ya se ha referido en este mismo apartado, se reconoce, por ejemplo, el paso inocente de embarcaciones de bandera extranjera en el mar territorial del Estado ribereño y, excepcionalmente, en las aguas interiores de este, si buques extranjeros han navegado bajo dicho régimen antes del trazado de las líneas de base rectas que dan a lugar a la existencia de tales aguas interiores. Ejemplo de ello se aprecia en lo convenido por el Perú y el Ecuador, conforme al numeral 5 del Acuerdo por Intercambio de Notas de Contenido Idéntico sobre Límites Marítimos del 2 de mayo de 2011³⁷, y el punto III de la Declaración Conjunta sobre el Reconocimiento del Golfo de Guayaquil como Bahía Histórica del 23 de noviembre de 2012³⁸, donde se Definió las aguas interiores adyacentes a ambos Estados como delimitadas por el paralelo geográfico 03°23’31.65’’S en el sistema WGS84 y que la naturaleza de las aguas interiores de cada Estado será sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con el derecho internacional consuetudinario, tal como se encuentra recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Igualmente, el Estado debe respetar las inmunidades de jurisdicción y ejecución de otros Estados, así como ha de abstenerse de efectuar en su territorio actos que puedan repercutir negativamente en otros Estados, particularmente en materia de protección del medio ambiente y utilización de recursos naturales. En consonancia con ello, el Estado está obligado a usar de manera razonable y equitativa los recursos hídricos que proceden de cursos de aguas internacionales³. Asimismo, el Estado puede establecer fórmulas de condominio respecto de ciertos espacios en virtud de tratados, como sucede, por ejemplo, entre España y Francia en relación con la isla de los Faisanes⁴ , ubicada en el cauce del río Bidasoa, donde se produce una alternancia por periodos de seis meses en la administración de dicho territorio. Igualmente, en algunas situaciones, el Estado puede reconocer derechos —de mayor o menor extensión— sobre inmuebles o espacios físicos en sus territorios a favor de otros Estados o sujetos de derecho internacional, sin que ello implique traspaso de soberanía y jurisdicción. Un caso de ello ocurre con el kilómetro cuadrado, en cuyo centro se encuentra el lugar conocido como Tiwinza, ubicado en territorio del Perú y bajo su soberanía, cuyo derecho de propiedad, sin posibilidad de confiscación ulterior, ha sido transferido de manera gratuita al gobierno del Ecuador. Este último goza de los derechos reales conforme al derecho privado nacional peruano, sin poder transferir su propiedad ni contar en dicha área con efectivos militares y policiales; a su vez, solo podrán realizarse actos conmemorativos previamente coordinados con el gobierno del Perú y no cabe transitar de un país al otro con armas de cualquier tipo. Todo esto se inscribe en el Punto de Vista Vinculante (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 1998, pp. 27-32), dictado en octubre de 1998 por los jefes de Estado de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro al término del proceso posterior al conflicto del Cenepa de 1995 con los elementos para concluir la fijación en el terreno de la frontera terrestre común peruano- ecuatoriana, que forma parte integrante del Acta Presidencial de Brasilia (1998, num. 2), suscrita por los presidentes del Perú y del Ecuador el 26 de octubre de 1998 (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 1998, p. 49). A mayor abundamiento, otros ejemplos interesantes se aprecian en el Tratado de Letrán, del 11 de febrero de 1929, entre la Santa Sede e Italia⁴¹, donde no solamente se reconoce la soberanía y propiedad de la primera sobre la Ciudad del Vaticano, sino también se hace referencia a una serie de bienes inmuebles de propiedad de la Santa Sede que se localizan en territorio del Estado italiano, como sucede, por ejemplo, con las basílicas patriarcales de San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo, con los edificios anexos, así como con los locales que albergan a dicasterios de la curia romana, en Roma; y el palacio pontificio y la Villa Barberini de Castel Gandolfo, que, además de gozar de las inmunidades y los privilegios que el derecho internacional reconoce a las sedes de las representaciones diplomáticas de otros Estados, no estarán nunca sujetos a vínculos o expropiaciones por causa de utilidad pública, salvo previo acuerdo con la Santa Sede, y se encontrarán exentos de tributos ordinarios o extraordinarios del Estado o de cualquier otra entidad (arts. 13-16). Por último, el Estado puede autorizar la existencia de bases militares de terceros Estados en su territorio. Esto suele suceder con sustento en un tratado donde se determinan las condiciones conforme a las cuales funcionarán tales bases, el tiempo de la concesión, el monto eventual de una compensación económica o alquiler por este concepto, y el régimen jurídico al que se encuentra sometido el personal militar y civil —nacional o extranjero— en los espacios comprendidos por dichas bases. 5. Las inmunidades del Estado y de sus órganos El Estado tiene inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución en razón a su condición soberana. La inmunidad de jurisdicción está referida a la imposibilidad de someter a un Estado ante los tribunales u órganos administrativos de otro Estado, en términos de que no se pueda demandar ni seguir un procedimiento judicial o administrativo contra un Estado soberano en otro Estado. Tradicionalmente, hubo un enfoque absoluto en la forma de entender los alcances de la inmunidad de jurisdicción; sin embargo, ha ido imponiéndose de manera progresiva la tesis de la inmunidad relativa o restringida, en el sentido de distinguir entre actos iure imperii —aquellos realizados por el Estado en el ejercicio de su poder de imperio— y actos iure gestionis —aquellos de carácter civil o comercial que efectúa el Estado como si se tratara de un particular—. A mérito de esa distinción, la naturaleza de los actos determina si cabe o no la inmunidad de jurisdicción; de esta manera, tal inmunidad queda circunscrita a los actos iure imperii, mientras que no resulta procedente para los actos iure gestionis. De lo contrario, se perjudicaría a personas naturales o jurídicas extranjeras que pudieran tener relación con un Estado en el territorio de otro Estado sin que el primero de estos actúe en el ejercicio de su poder de imperio. La Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes de 2004 (Avello-Galvis & Ferrer Acuña, 2013, pp. 163-255)⁴² reconoce la inmunidad de jurisdicción para cualquier Estado y sus bienes. Se recoge la diferenciación entre los actos iure imperii y los iure gestionis a efectos del ejercicio de la inmunidad de jurisdicción, aunque puede haber situaciones en que resulte difícil determinar si se trata de uno u otro tipo, pudiendo incluso diferir tal calificación de un Estado a otro. Tampoco opera la inmunidad de jurisdicción en los casos de contratos de trabajo entre un Estado y una persona natural en relación con el trabajo ejecutado o que vaya a ejecutarse, total o parcialmente, en el territorio de otro Estado cuyos tribunales conozcan del asunto. Este supuesto no se aplica a quienes cuenten con inmunidades diplomáticas o consulares. Asimismo, tampoco resulta de aplicación la inmunidad de jurisdicción respecto de acciones de indemnización en casos de muerte o de lesiones a una persona o de pérdida de bienes por un acto u omisión atribuible al Estado, si el acto se cometió o el autor estaba en territorio del Estado cuyo tribunal conoce del asunto. Pasa lo mismo a propósito de procesos civiles acerca de la propiedad, posesión o el uso de bienes si estos se encuentran en el Estado del foro, así como en asuntos sobre propiedad intelectual o industrial; y de procesos respecto a la participación de un Estado en sociedades. Igualmente, el Estado puede renunciar a la inmunidad de jurisdicción si ha consentido expresamente al ejercicio de la jurisdicción de otro Estado a través de un acuerdo, contrato, declaración ante un tribunal o comunicación en el marco de un proceso. También se entiende que hay renuncia a la inmunidad de jurisdicción si el Estado inicia un proceso ante tribunales extranjeros, interviene en este o realiza actuaciones relativas al fondo de la litis, pero no se asumirá tal renuncia si simplemente se invoca la inmunidad de jurisdicción o derechos o intereses sobre bienes objeto de litigio en un proceso. Por otro lado, el Estado cuenta con inmunidad de ejecución, que es distinta a la inmunidad de jurisdicción y puede invocarse válidamente incluso en el contexto de procesos donde el Estado no ha contado con inmunidad de jurisdicción. Un detalle fundamental es que la renuncia a la inmunidad de jurisdicción no implica una renuncia a la inmunidad de ejecución. En ese orden de ideas, mientras un proceso contra un Estado se encuentre en curso ante tribunales de otro Estado, solo pueden dictarse medidas cautelares si el Estado demandado ha consentido expresamente la imposición de dichas medidas, o cuando el Estado ha asignado o destinado bienes a la satisfacción de la demanda objeto del proceso. Al finalizar un proceso, a estas dos excepciones se suma la posibilidad de una ejecución sobre bienes para propósitos distintos de los oficiales no comerciales que se encuentren en el territorio del Estado del foro. En ningún caso, salvo que haya renuncia expresa del propio Estado concernido, cabe plantear excepciones a la inmunidad de ejecución si se trata de bienes para fines oficiales, como cuentas bancarias dedicadas al uso de las misiones diplomáticas u oficinas consulares, o que estén a nombre de los bancos centrales o autoridades monetarias de un Estado; bienes de carácter militar, como buques de guerra o aeronaves de Estado; bienes que formen parte del patrimonio cultural del Estado o de sus archivos y no estén a la venta; o que integren una exposición de objetos de interés científico, cultural o histórico y no se encuentren a la venta. Por otro lado, cabe distinguir entre las inmunidades y privilegios del Estado a título de tal, incluyendo a los bienes de este y a entidades de la Administración pública que forman parte del mismo, de las inmunidades y privilegios que recaen en determinados órganos del Estado con base en normas y regímenes sustentados en tratamientos específicos otorgados a ellos por el derecho internacional. El derecho internacional consuetudinario reconoce una serie de inmunidades y privilegios para los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores ratione personae mientras se encuentren en el ejercicio de su función. Se trata de los más altos representantes del Estado que, en cualquier tipo de circunstancia, actúan a nombre de este sin tener la necesidad de exhibir plenos poderes para cualquier acto relacionado con la celebración de tratados⁴³. Se entiende que per se, por el propio desempeño de su función, ostentan con plenitud la representación del Estado. Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores en ejercicio gozan del derecho de inviolabilidad, así como de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera con carácter absoluto respecto de cualquier situación pasada o presente de la que se les pretendiera acusar. Tal inmunidad de jurisdicción penal extranjera tiene como excepción los eventuales mandatos de detención que pudieran provenir de la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo Estatuto⁴⁴ consagra expresamente la irrelevancia del cargo oficial y admite la posibilidad de poder seguir procesos y, consiguientemente, dictar eventuales órdenes de detención contra jefes de Estado, jefes de gobierno o ministros de Relaciones Exteriores que estuvieran en ejercicio de su función respecto de los graves crímenes de competencia de dicho tribunal, tales como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Ejemplo de ello se aprecia en las órdenes de detención dictadas por la CPI contra Omar al Bashir mientras fue presidente en ejercicio de Sudán. Una vez finalizado el ejercicio de su función, el alcance de la inmunidad de jurisdicción penal extranjera en relación con los antiguos jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores se restringe, en términos de que aquella pasa a tener una naturaleza referida únicamente a aspectos ligados al desempeño de las funciones relativas a los cargos que anteriormente ostentaron. Un ejemplo ilustrativo al respecto lo ofrece el caso de Augusto Pinochet, expresidente de facto de Chile que estuvo retenido por varios meses en el Reino Unido a raíz de las solicitudes de detención dictadas por la justicia española por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante su gobierno. Asimismo, se admite de manera general que los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores gozan de inmunidad de jurisdicción civil y de privilegios de orden tributario. Adicionalmente, el derecho internacional consuetudinario reconoce una serie de inmunidades y privilegios a favor de las misiones diplomáticas y de sus miembros, así como en beneficio de las oficinas consulares y de sus funcionarios. Las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas⁴⁵ y Relaciones Consulares⁴ de 1961 y 1963, respectivamente, recogen la mayoría de las normas referidas a esta materia. 6. La sucesión de Estados Se entiende por sucesión de Estados al cambio en la representación internacional de un territorio, en el sentido de que este pasa de la jurisdicción de un Estado predecesor a la de un Estado sucesor. La sucesión de Estados abarca diversas situaciones que comprenden: La cesión parcial de territorio, como en el caso de Tarapacá, donde se produjo el traspaso de soberanía del Perú a Chile por el Tratado de Ancón de 1883, que puso fin a la Guerra del Pacífico. La independencia de territorios no autónomos por el ejercicio del derecho a la libre determinación de sus pobladores. Ejemplos de ello se aprecian en los procesos de descolonización en América entre los siglos XVIII y XX, y en otros continentes como Asia, África y Oceanía durante básicamente la segunda mitad del siglo XX. La unificación, que puede darse de dos maneras: a) a través de la unión de dos Estados preexistentes que origina la constitución de un nuevo Estado, como en los casos de la desaparecida República Árabe Unida (RAU, que por pocos años integró a Egipto y Siria) y de Tanzania, que reunió a Tanganica y Zanzíbar; y b) mediante una fusión por absorción, en la que uno de los Estados preexistentes absorbe al otro, que deja de existir por quedar subsumido en el primero, el cual mantiene su personalidad jurídica internacional, pero ve incrementados su territorio y población. Un ejemplo atípico de ello se produjo con la adhesión de la antigua República Democrática Alemana a la República Federal de Alemania, en la que la primera fue absorbida en la práctica por la segunda, conforme a lo previsto en la Ley Fundamental de esta última. La separación o secesión, en la que una porción del territorio de un Estado se escinde para constituir un nuevo Estado. La diferencia entre una y otra radica en que la primera es de manera pacífica, mientras que la segunda va acompañada del uso de la fuerza. Ejemplos de separación son los casos de Panamá y Singapur, que habían sido parte de Colombia y Malasia, respectivamente; mientras que lo sucedido con Bangladesh, antes Pakistán Oriental, es una muestra de secesión. La disolución, cuando un Estado preexistente deja de existir y es sucedido por uno o varios Estados sucesores. Casos ilustrativos son los de las desaparecidas Unión Soviética, Checoslovaquia y Yugoslavia. La sucesión de Estados genera consecuencias en diversos ámbitos, las que pueden variar en función al tipo de sucesión de Estados de que se trate. Lo más idóneo en esos casos es que pueda haber un acuerdo entre el Estado predecesor y el Estado sucesor, o entre los distintos Estados sucesores, si la sucesión de Estados ha sido motivada por la disolución de un Estado preexistente. Sin embargo, ante la diversidad de circunstancias, que no siempre implican un acuerdo como el que acaba de mencionarse, y considerando su labor en materia de desarrollo progresivo y codificación del derecho internacional, la CDI de las Naciones Unidas ha elaborado tres proyectos de artículos, dos de los cuales han dado lugar a la Convención de Viena sobre sucesión de Estados en materia de tratados de 1978⁴⁷ y la Convención de Viena sobre sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas de 1983⁴⁸, respectivamente, junto a otro acerca de la nacionalidad de las personas naturales en relación con la sucesión de Estados recogido en la resolución 55/153, aprobada por la Asamblea General de la organización en 2000⁴. Un detalle relevante radica en el hecho de que la primera de tales convenciones se encuentra vigente a nivel general, pero con un muy reducido número de Estados partes, mientras que la segunda no ha entrado todavía en vigor por el exiguo número de Estados que la han ratificado. Ello explica que el tercero de tales proyectos no haya sido volcado hasta el momento en una convención, sino más bien en una resolución de la Asamblea General, cuyo contenido puede ser tomado como referencia cuando fuere necesario. Los tres textos referidos de la CDI tienen en común algunos elementos, como las definiciones de sucesión de Estados, así como las de Estado predecesor, Estado sucesor, tercer Estado y fecha de la sucesión de Estados. Igualmente, hay una clara coincidencia respecto a su aplicación solamente en situaciones de sucesión de Estados que se produzcan de conformidad con el derecho internacional y, especialmente, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. En ese orden de ideas, puede haber situaciones de aparente sucesión de Estados que, por vulnerar normas imperativas de derecho internacional general o de ius cogens, no dan lugar a la configuración de una sucesión de Estados; ejemplos representativos de ello son los casos de Manchukuo, Rodesia del Sur, los bantustanes sudafricanos y la República Turca del Norte de Chipre. Uno de los aspectos más significativos a tener en cuenta en las diversas situaciones de sucesión de Estados es el de la nacionalidad de las personas físicas o naturales que han venido ostentando la nacionalidad del Estado predecesor y que, en razón de, por ejemplo, residir en el territorio objeto de la sucesión de Estado, podrían adquirir la nacionalidad del Estado sucesor. El proyecto de artículos de la CDI apunta a evitar la apatridia y parte de una presunción por la que, en principio, los habitantes del territorio objeto de la sucesión de Estados tendrían derecho a la nacionalidad del Estado sucesor. Se favorece la realización de acuerdos entre los Estados involucrados, entendiendo por estos al Estado predecesor y al Estado o los Estados sucesores, debiéndose considerar la posibilidad de una opción —a ser ejercida dentro de un plazo razonable por las personas interesadas— con el fin de determinar si asumen la nacionalidad del Estado sucesor o mantienen la del Estado predecesor, cuidándose que en ninguna oportunidad la persona pudiera quedar apátrida entre los momentos en que se produjera la sucesión de Estados, tuviera lugar la opción o se pasara a adquirir propiamente una nacionalidad. En tal sentido, debería compaginarse la adquisición o el retiro de una nacionalidad con el fin de que no haya lapsos en que las personas concernidas estuvieran desprovistas de una nacionalidad. Igualmente, se ha previsto la situación de las personas afectadas por la sucesión de Estados que pudieran residir en un tercer Estado y cuenten, también, con la nacionalidad de dicho Estado, caso en que el Estado sucesor no está obligado a atribuir su nacionalidad. A la par, el Estado sucesor no atribuirá su nacionalidad a las personas afectadas que tengan su residencia habitual en un tercer Estado en contra de la voluntad de dichas personas, a menos que pudieran darse situaciones de apatridia. El proyecto de artículos aborda, asimismo, casos específicos de sucesión de Estados, considerándose para la cesión parcial de territorio que, en principio, los habitantes de dicho territorio pasaran a tener la nacionalidad del Estado sucesor, pero dejándose a salvo la posibilidad de la opción. En las situaciones de unificación, las personas que hubieran ostentado la nacionalidad de alguno de los Estados predecesores tendrían derecho a la nacionalidad del Estado sucesor. Mientras tanto, en los casos de separación o secesión, los habitantes del territorio escindido tendrían, en principio, la nacionalidad del Estado sucesor, contemplándose también la posibilidad de optar por la nacionalidad del Estado predecesor. En las situaciones de disolución ha de evitarse cualquier forma de apatridia, procurando que las personas tengan la nacionalidad del Estado correspondiente al lugar de residencia habitual o, en su defecto, la del Estado del lugar de nacimiento. También habría que prever el ejercicio de una opción para los casos en que pudiera concurrir en una persona la nacionalidad de más de uno de los Estados sucesores. Por otro lado, se han planteado casos en la historia en los que, a diferencia de la opción individual que puede ejercerse en situaciones como las que se ha mencionado, donde no va a revertirse la sucesión de Estados, la población de un territorio determinado ha podido pronunciarse por la suerte de dicho territorio, en términos de la pertenencia definitiva del mismo a uno u otro Estado. Tal posibilidad se contempló en el Tratado de Ancón del 20 de octubre de 1883 (art. 3) entre el Perú y Chile, que establecía que, por diez años, los territorios peruanos de Tacna y Arica quedarían bajo la administración de las autoridades chilenas y sujetos a la aplicación de las leyes de Chile, pero que, transcurrido dicho plazo, la población de tales territorios se pronunciaría en un plebiscito respecto a la pertenencia final de estos a uno u otro país. Dicho plebiscito no llegó a realizarse y, ante la imposibilidad de su materialización, ambos Estados se inclinaron mucho tiempo después por la partición de los territorios en virtud del Tratado de Lima del 3 de junio de 1929, según el cual Tacna quedó para el Perú y Arica para Chile. Otro ejemplo sobre el particular se dio en el caso del territorio del Sarre, el cual, a mérito del Tratado de Versalles de 1919, quedó temporalmente bajo la administración de Francia, pero años después recayó definitivamente en Alemania, a consecuencia de la consulta efectuada a los habitantes de dicha región⁵. En los casos de sucesión de Estados a raíz del acceso a la independencia de territorios no autónomos, se aplica el principio del uti possidetis iuris, en el sentido de seguir poseyendo como se había poseído hasta ese momento. Dicho principio tiene su origen en el proceso de emancipación iberoamericano, pero se extiende más recientemente, y según consta en la jurisprudencia de la CIJ, a casos de otros continentes como África. A mérito de dicho principio, cuando la sucesión de Estados involucra distintos territorios que estuvieron bajo la jurisdicción previa de un mismo Estado predecesor, se consideran como límites de los nacientes Estados a los establecidos para las circunscripciones de las jurisdicciones administrativas establecidas por dicho Estado predecesor. En otros continentes, como África, los alcances del uti possidetis iuris comprenden también los límites establecidos con anterioridad a la sucesión de Estados en virtud de tratados con, por ejemplo, otras potencias coloniales o terceros Estados, o a mérito de sentencias o laudos de instancias judiciales o arbitrales internacionales. La CIJ, al interpretar el principio del uti possidetis iuris, entiende que no basta con simplemente acreditar una posesión material o de hecho de un espacio físico o área geográfica, sino que deben primar los títulos jurídicos emanados del Estado predecesor, que en la práctica ha sido la potencia colonial. Únicamente cuando no hubiere evidencia clara o suficiente, o esta fuere contradictoria, la Corte ha descartado la posibilidad de aplicar el uti possidetis iuris y se ha inclinado por emplear las llamadas «efectividades» coloniales y poscoloniales⁵¹. Si bien no se trata de situaciones coloniales, resulta muy interesante considerar cómo la lógica que subyace al uti possidetis iuris, en la perspectiva de considerar como base para las nuevas fronteras internacionales a los límites administrativos fijados en virtud de títulos jurídicos de un mismo Estado predecesor, ha estado presente en procesos de sucesión de Estados originados por la disolución de Estados predecesores, como en los casos de la ex Yugoslavia, la antigua Unión Soviética y la desaparecida Checoslovaquia. Un ámbito de indudable trascendencia en la sucesión de Estados está referido a las consecuencias que se suscitan en materia de tratados a propósito de ese fenómeno. Al respecto, la regla general apunta a preservar la vigencia y aplicación de los tratados, tanto para los Estados predecesores como para los sucesores, salvo que haya un cambio fundamental en las circunstancias como consecuencia de la sucesión de Estados que genere la terminación del tratado o que sea necesario, atendiendo al nuevo contexto, negociar una enmienda al mismo o considerar su denuncia por las circunstancias derivadas de la propia sucesión de Estados. Hay situaciones, como ocurre en los casos de cesión parcial de territorios, donde se plantea un criterio de movilidad, con lo que los tratados de los que sea parte el Estado sucesor pasarán a ser aplicables en el territorio objeto de la sucesión de Estados, dejándose de aplicar los del Estado predecesor. En cambio, en situaciones de unificación por absorción, el ámbito de aplicación de los tratados de los que es parte el Estado que absorbe se extiende también al territorio del Estado que es absorbido y desaparece; mientras que los tratados de los que era parte este último seguirán aplicándose, en principio, en lo que fue el territorio de aquel, siempre que no haya un cambio fundamental en las circunstancias que ocasione su terminación o una manifiesta incompatibilidad para proseguir con su aplicación en el escenario resultante de la unificación. A su vez, en los casos de separación, los tratados que estuvieren en vigor para el Estado predecesor seguirán aplicándose a este, mientras que no ocurrirá esto en relación con el Estado sucesor si ello no resulta factible en función a las circunstancias resultantes de la sucesión de Estados o cuando se hubiera pactado en sentido contrario. En los casos de Estados de reciente independencia, opera el denominado criterio de tabula rasa o «tabla rasa», conforme al cual dichos Estados nacen a la vida independiente libres de ataduras, compromisos o condicionamientos que pudieran provenir de la etapa anterior a la independencia. La excepción a dicho criterio está dada por el mantenimiento de los tratados de límites o de aquellos vinculados a regímenes territoriales, así como por la obligación de respetar las normas imperativas de derecho internacional general o de ius cogens, de las cuales no podría sustraerse un nuevo Estado aduciendo no haber participado en su generación. La sucesión de Estados también tiene importantes implicaciones en materia de bienes, archivos y deudas, temática que, según se señaló líneas atrás, ha sido objeto de la Convención de Viena de 1983 sobre el particular. En ese orden de ideas, la regla básica es considerar la pertinencia de acuerdos donde se ventilen tales cuestiones entre el Estado predecesor y el o los Estados sucesores. En el caso de bienes, aquellos que tengan naturaleza pública, pasarán al Estado sucesor al producirse la sucesión de Estados. Cuando se trate de bienes muebles que pudieran estar en el territorio de un tercer Estado, resulta fundamental determinar cuál Estado (el predecesor o sucesor) tiene mejor derecho a esos bienes en razón a consideraciones históricas, culturales y de otro carácter que puedan ser debidamente merituadas. En materia de deudas, también se privilegiará la realización de un acuerdo entre los Estados involucrados por la sucesión de Estados y, a falta de este, se efectuará una distribución proporcional considerando la extensión geográfica y la población de cada Estado. Al mismo tiempo, se tendrá en cuenta, en situaciones donde ello quede en evidencia, que el Estado que resulte favorecido por una determinada obra o proyecto asuma igualmente lo que pudiera corresponder por concepto de la deuda generada para la construcción de tal obra o proyecto. En lo relativo a los Estados de reciente independencia, como consecuencia del proceso de descolonización, la Convención de Viena de 1983 contempla que ninguna deuda contraída por el Estado predecesor pasará a estos. A propósito de los archivos, los que se encuentren en el territorio objeto de la sucesión de Estados pasarán al Estado sucesor, al cual también deberá entregar el Estado predecesor otros documentos directamente relacionados con dicho territorio que pudieran encontrarse en sus archivos. De no ser factible la entrega de tales documentos, el Estado predecesor habrá de facilitar al Estado sucesor copias de los documentos existentes en sus archivos que constituyan los mejores títulos jurídicos respecto de ese territorio. Finalmente, un ámbito que también reviste relevancia en los casos de sucesión de Estados está referido a la membresía en organizaciones internacionales. En tales casos, se entiende de manera general que el Estado predecesor mantiene la condición de miembro de una organización internacional que ha venido ostentando hasta antes de producirse dicho fenómeno, salvo que, como consecuencia del mismo, se perdiera un atributo —por ejemplo, la condición de ribereño de un río— que fuera indispensable para la pertenencia a la misma organización internacional. Como correlato de ello, los Estados sucesores han de solicitar ser incorporados como nuevos miembros a las organizaciones internacionales. Sin embargo, se han planteado históricamente algunas situaciones particulares, tales como las de Egipto y Siria, que eran miembros de las Naciones Unidas al constituirse la RAU, que por esa circunstancia no requirió de un proceso de admisión en la organización. Igualmente, al disolverse la RAU, Siria no tuvo que realizar un procedimiento de incorporación, sino que fue readmitida en la condición de Estado miembro originario de la organización que ostentaba antes de la creación de la RAU. Otro caso especialmente interesante se aprecia con motivo de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), en la que se asumió, en virtud del acuerdo de los Estados sucesores de aquella y del entendimiento en la materia de la propia organización, que la Federación de Rusia asumiera el lugar que hasta ese momento había ocupado la URSS como miembro de las Naciones Unidas y miembro permanente del Consejo de Seguridad, en tanto Estado sucesor —continuador en la práctica— a tal efecto de la desaparecida Unión Soviética, sin necesidad de efectuar un procedimiento de admisión. Salvo en los casos de Ucrania y Bielorrusia, que tenían la condición de miembros de las Naciones Unidas antes de la desaparición de la URSS y que mantuvieron dicha condición posteriormente, las demás exrepúblicas soviéticas se incorporaron a la organización como miembros nuevos siguiendo las normas previstas para ello en la Carta. 7. Algunas situaciones particulares relacionadas con los Estados. 7.1. Las confederaciones. Históricamente, se ha planteado la existencia de confederaciones, constituidas en virtud de pactos o acuerdos con vocación de permanencia entre los Estados que las integran, para alcanzar uno o varios objetivos comunes, entre los cuales ha estado generalmente el de la defensa. En las confederaciones, la población y el territorio no tienen una relación directa o inmediata con aquellas, sino más bien con los Estados miembros que, atendiendo a su carácter soberano, participan en pie de igualdad en los órganos comunes. A propósito de la actuación internacional de las confederaciones, resulta necesario considerar las particularidades de cada una en función a lo que disponga el correspondiente pacto confederal. En ese sentido, hay casos como los de las confederaciones norteamericana y helvética hasta 1789 y 1848, respectivamente, en los que son estas quienes actúan en el plano internacional; mientras que otras veces, según sucedió con la Confederación Germánica que existió entre 1815 y 1867, la confederación ejerce el derecho de legación activo y pasivo, pero se reconoce a los Estados miembros la capacidad de acreditar y recibir agentes diplomáticos entre sí y con terceros Estados. 7.2. Los Estados federales. Al abordar una forma de organización estatal tan ampliamente extendida en la comunidad internacional como la de los Estados federales, cabe destacar que estos son calificados como «Estados compuestos» en tanto, de un lado, cuentan con los presupuestos y requisitos analizados hasta ahora y que son consustanciales a su condición de tales; y, de otro, se constata la presencia de «unidades infraestatales» que, dependiendo de cada caso, pueden denominarse Estados, provincias, länder, cantones o repúblicas. Los Estados federales se constituyen generalmente a través de una Constitución, donde se establece el reparto de competencias entre los gobiernos federales que encarnan al conjunto y las unidades infraestatales que los integran. En ese orden de ideas, las relaciones exteriores y la defensa corresponden al Estado federal como tal que, para esos propósitos, actúa a través del gobierno federal⁵⁴. Sin embargo, en algunos casos, conforme a lo previsto en la Constitución federal o a mérito de la forma en que el Estado federal desarrolla su práctica internacional, se admite la posibilidad de que unidades integrantes de los Estados federales puedan celebrar en determinados casos tratados que, lógicamente, solo se aplican en los territorios de dichas unidades infraestatales, lo que sucede, por ejemplo, en la República Federal de Alemania⁵⁵ y Canadá. Al mismo tiempo, según ocurrió en la desaparecida URSS, cuya Constitución admitía esa posibilidad, las unidades infraestatales de un Estado federal pueden llegar a ser miembros de algunas organizaciones internacionales. A diferencia de lo que ocurre con las confederaciones, la población y el territorio de las unidades infraestatales de los Estados federales tienen una relación directa de pertenencia tanto con aquellas como con estos últimos. Adicionalmente, un aspecto a considerar es que un Estado federal pueda ser tal a pesar de mantener en su denominación oficial la referencia a su anterior condición de confederación. Ello sucede, por ejemplo, en el caso de Suiza, que se convirtió e

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