Resumen Orden Público Económico PDF

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Summary

Este documento presenta un resumen del Orden Público Económico (OPE) en Chile, centrándose en los principios económicos de la Constitución de 1980. Explica conceptos como la libertad económica, la propiedad, la subsidiariedad y la igualdad de oportunidades. Se aborda cómo el Estado organiza la actividad económica y las obligaciones que tiene en este ámbito.

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200C ORDEN PÚBLICO ECONÓMICO (OPE) Definición: Es el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la actividad económica de un país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formuladas en la c...

200C ORDEN PÚBLICO ECONÓMICO (OPE) Definición: Es el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la actividad económica de un país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formuladas en la constitución.1 Esta definición coincide sustancialmente con lo expuesto oportunamente en la propia Comisión de Estudios de la Nueva Constitución (CENC), que señaló que el “orden público económico” son las “normas fundamentales destinadas a regular la acción del Estado en la economía y a preservar la iniciativa creadora del hombre necesaria para el desarrollo del país, de modo que ellas conduzcan a la consecución del bien común”. Se puede decir también, que comprende el conjunto de principios, normas y medidas jurídicas en sus diversas jerarquías y especies, dirigido a organizar y regular ese aspecto de la convivencia humana, incluyendo la dirección, promoción y control de él, tanto como las penalidades de sus transgresiones. En estas definiciones hay una relación recíproca de dependencia y penetración del Derecho y la Economía. Los principios económicos en la constitución de 1980 La “constitución económica” en la Carta Fundamental de 1980 está conformada por una serie de preceptos que, directa o indirectamente, pretenden consolidar una estructura económica basada principalmente en: - la libertad económica, - la no discriminación, - el derecho de propiedad - el derecho a la propiedad - igualdad ante la ley (derechos y oportunidades) - subsidiaridad del Estado Forma parte esencial de este conjunto de principios y normas: - la igualdad ante las cargas públicas, - el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o la seguridad nacional - la libertad de trabajo y su protección, - la libre contratación - la libre elección del trabajo, - el derecho a la negociación colectiva y la huelga 1(8 CEA EGAÑA, JOSÉ LUIS. Tratado de la Constitución de 1980, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1988, p. 158.). 2 Algunas prohibiciones y obligaciones al Estado: - prohibición de realizar conductas discriminatorias y arbitrarias respecto de los sujetos económicos - prohibición del monopolio estatal sobre los medios de comunicación social - expropiación sin la correspondiente indemnización subsecuente - protección del medio ambiente - normas que regulan las situaciones de emergencia económica y las consecuencias patrimoniales de los estados de excepción constitucional Objetivos: A través del Orden Público Económico (OPE) se busca el desarrollo de la comunidad nacional, su bienestar con seguridad a la vez que la justicia individual protectiva y social. Principio de la libertad económica Aplicación de dicho principio es el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan. Otra, es la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes; el derecho de propiedad en sus diversas especies. Ahora, la propiedad privada por consiguiente es la base del régimen constitucional vigente y ello en razón de la esencial relación que tiene con la libertad de las personas. Principio de la subsidiariedad Para explicarlo podemos decir que la responsabilidad siempre recae sobre aquellos que desean privar a un nivel más bajo de su función, es decir, de su libertad y responsabilidad; son ellos quienes tienen que probar que el nivel más bajo es incapaz de cumplir esta función en forma satisfactoria y que el nivel más alto puede hacerlo mucho mejor. Así es que el Estado garantiza a los grupos intermedios la adecuada autonomía para cumplir sus fines económicos específicos. Una aplicación de este principio es la posibilidad que se le permite al Estado y sus organismos desarrollar actividades empresariales o participar en ellas, si una ley de quórum calificado lo autoriza. Principio de la igualdad de derechos y oportunidades Principio de igualdad de los derechos de todos los hombres recayendo en el Estado el deber de asegurarlo como participación de oportunidades en la vida nacional. La igualdad de oportunidades existe siempre que las normas jurídicas aseguran el igual y libre acceso al progreso de todos los interesados, es decir, situándolos en un mismo punto de partida sin asegurar el punto de llegada dado que ello se logrará por el mérito, esfuerzo, dedicación o contribución de cada uno, sin discriminación de sexo, raza, posición social u otra circunstancia de índole análoga. Orden Público Económico 3 Principio de no discriminación arbitraria En la Constitución tal discriminación está reiteradamente prohibida. Por ejemplo: al tratar de la igualdad ante la ley; la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas; el Estado y sus organismos pueden desarrollar actividades empresariales o participar en ellas, pero sometidos a la legislación común; sin olvidar la norma que permite a la ley y siempre que no signifique una discriminación arbitraria autorizar determinados beneficios en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, como asimismo establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras por último la no discriminación aparece como principio rector del Banco Central, frente a personas institucionales o entidades que realicen las mismas operaciones. Principio del Bien Común Este es el fin del Estado, los principios antes señalados son instrumentales para la consecución del Bien Común, principio superior a los demás (para lo cual ha de contribuir o crear las condiciones sociales necesarias, incluyendo las económicas). Aplicación de este principio en la Carta fundamental son: las limitaciones y obligaciones a la propiedad que deriven de su función social; las requisiciones de bienes y el establecimiento de limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, durante ciertos estados de excepción. Principio de la racionalidad de la Política Económica Las reglas que autoricen la celebración de cualquier clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera pública, implican la racionalización en el manejo de la política económica, impidiendo la intervención depositaria del Estado. Esto se ve por Ej. En la protección de la moneda, o el control de la inflación; iniciativa exclusiva del Presidente de República. Todas estas reglas se establecen porque hoy con mayor razón, parecen exactas las conclusiones de quién afirma que rara vez las metas de las empresas públicas se relacionan claramente con los objetivos nacionales, mezclando fines sociales y económicos que, a menudo, están en conflicto mutuo. Recursos: Amparo económico Acción que cualquier persona puede interponer ante la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de denunciar las infracciones en que se incurra respecto al número 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Art.19 Nº21 “El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.” Amparo propiamente tal Acción que la Constitución concede a toda persona detenida, presa o arrestada con infracción a la Constitución o a la ley, o que sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. Orden Público Económico 4 La libertad personal es el derecho que tiene toda persona para residir y permanecer en cualquier lugar de la República, a trasladarse cuando lo desee de un punto a otro y entrar y salir del territorio nacional (libertad de circulación), siempre que cumpla con las normas jurídicas vigentes. Protección Es aquella acción que la Constitución concede a todas las personas que como consecuencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufren privación, perturbación o amenaza a sus derechos y garantías constitucionales. Libre competencia Resumen en apunte separado Instituciones Fiscalía Nacional Económica (FNE) Tribunal de Defensa de la libre Competencia (TDLC) Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) Banco Central Unidad de Análisis Financiero (UAF) Comisión para el Mercado Financiero (CMF) Etc. Orden Público Económico

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