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Study Notes

El empresario debe desarrollar una acción temporal de seguimiento de la actividad preventiva para los riesgos que no se han podido evitar.
El coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo no debe recaer en modo alguno sobre el trabajador.
Es deber de las Administraciones públicas una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores frente a los riesgos laborales, respecto del personal a su servicio.
El concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención no exime al empresario del cumplimiento del deber de protección de los trabajadores.

El empresario debe realizar una evaluación inicial de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
La evaluación debe tener en cuenta las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos.
Debe considerar la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos.
Debe considerar el acondicionamiento de los lugares de trabajo.

El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica.
La necesidad terapéutica se entiende como la facultad del médico de actuar profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave.

Las administraciones sanitarias son responsables del cumplimiento de las previsiones contenidas en el Estatuto Marco y, en especial, velarán por evitar cualquier tipo de irregularidad en el nombramiento del personal estatutario temporal y sustituto.
El incumplimiento del plazo máximo de permanencia dará lugar a una compensación económica para el personal estatutario temporal afectado, que será equivalente a treinta y cinco días de sus retribuciones fijas por año de servicio.

El personal estatutario de los servicios de salud tiene derecho a la formación continuada adecuada a la función desempeñada y al reconocimiento de su cualificación profesional en relación con dichas funciones.
No tienen derecho a la libre sindicación.

Los procedimientos administrativos pueden iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.
Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
El órgano administrativo competente para resolver puede adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.
No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que violen derechos amparados por las leyes.

La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.

El acuerdo de iniciación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial se notificará a los particulares presuntamente lesionados concediéndoles un plazo de 10 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo.

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