Transparencia en la Administración Pública

El Portal de Transparencia es la dirección electrónica, accesible a través de redes de telecomunicaciones, cuyo objetivo es facilitar a la ciudadanía toda clase de servicios e información relacionada con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Las diferentes consejerías y organismos de la Administración Regional deben proporcionar la información requerida para su publicación en el Portal de Transparencia.

Los diferentes órganos gestores y centros directivos de la Administración Regional deben colaborar para garantizar la mayor cantidad de información disponible en el Portal de Transparencia.

Las entidades de derecho público, consorcios adscritos, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público regional están sujetas a obligaciones de transparencia a través del Portal.

El resto de entidades sujetas a la ley de transparencia deben publicar la información obligatoria en sus propias páginas web.

La interconexión directa de datos entre los organismos y el Portal de Transparencia puede utilizarse para optimizar la publicación de información.

Se pueden establecer mecanismos de colaboración entre entidades para cumplir adecuadamente con las obligaciones de publicidad activa.

La Administración Regional es responsable de la titularidad, gestión y administración del Portal de Transparencia, a través de la consejería competente en materia de transparencia.

Se refiere al derecho de cualquier persona física o jurídica a acceder a la información pública que poseen las entidades e instituciones, sin necesidad de un interés legítimo específico.

Las personas físicas y jurídicas pueden solicitar la información pública de manera sencilla y eficiente, sin necesidad de justificar su interés.

Las personas que acceden a la información pública deben ejercer este derecho con respeto, precisando sus solicitudes de la manera más clara y específica posible, y evitando el abuso del derecho.

Las personas tienen derecho a recibir la información en el formato que les resulte más conveniente, siempre que sea posible.

Las personas tienen derecho a conocer el precio que debe pagar por la información que solicita, así como las circunstancias en las que no debe pagar nada.

Si tu solicitud de información es denegada o admitida de manera parcial, tienes derecho a conocer las razones de la decisión.

Las personas tienen derecho a utilizar la información pública sin necesidad de autorización previa y sin más limitaciones que las establecidas por la ley.

Las personas que acceden a la información pública están obligadas a ejercer este derecho de manera responsable y ética, respetando los principios de buena fe e evitando el abuso del derecho.

Derecho de un individuo a oponerse al procesamiento de sus datos personales en contextos relacionados con la investigación científica, histórica o estadística.

Derecho a oponerse al tratamiento automatizado de datos personales.

Proceso de recopilación de datos personales a través de medios automáticos, incluyendo el análisis de datos y la creación de perfiles.

Proceso de análisis de datos personales para generar un perfil individualizado.

Derecho de un individuo a no ser sujeto de una decisión automatizada que tenga efectos jurídicos o repercusiones significativas.

Excepción al derecho a no ser sujeto de una decisión automatizada cuando se trata de celebrar o ejecutar un contrato.

Excepción al derecho a no ser sujeto de una decisión automatizada cuando está respaldado por la ley.

Excepción al derecho a no ser sujeto de una decisión automatizada cuando se basa en el consentimiento explícito del individuo.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es el ente responsable de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos en España.

La AEPD tiene el poder de investigar posibles violaciones a la normativa de protección de datos.

La AEPD puede implementar planes de auditoría preventiva para garantizar la seguridad de los datos y prevenir posibles violaciones.

Las autoridades autonómicas de protección de datos son las entidades que se encargan de la protección de datos a nivel regional en España.

Las autoridades autonómicas de protección de datos trabajan en conjunto con la AEPD para garantizar la protección de datos en todo el país.

Cuando una persona ha sido contactada para el uso de sus datos personales, se le debe informar acerca de la finalidad del uso de esos datos.

Las personas tienen derecho a conocer cuáles son sus datos personales, cómo se utilizan y a solicitar que sean modificados o eliminados.

El ``derecho al olvido'' consiste en que una persona pueda solicitar que se eliminen sus datos personales de internet, especialmente si son información sensible o si no son relevantes.

El derecho de acceso a la información pública puede ser limitado cuando la información puede causar daño a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de delitos, la igualdad de las partes en procesos judiciales, las funciones administrativas de vigilancia, los intereses económicos, la política económica, el secreto profesional, la protección del medio ambiente, la confidencialidad en procesos de toma de decisiones y la protección de datos personales.

En caso de que la información solicitada contenga datos especialmente protegidos, como la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso solo se permitirá si se tiene el consentimiento expreso y por escrito del individuo que los proporciona, a menos que el individuo haya hecho pública esa información previamente.

La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información publica y buen gobierno, establece el marco legal para el derecho de acceso a la información pública en España.

Si no se puede facilitar la información completa debido a una limitación, se puede proporcionar acceso parcial, omitiendo la parte restringida. El solicitante debe ser informado sobre la parte omitida.

Las resoluciones que se dicten en base a la Ley 19/2013, sobre la limitación del acceso a la información, serán públicas, pero se eliminarán los datos personales.

La ley 19/2013 especifica en sus artículos 14 y 15 los límites al derecho de acceso a la información pública y los principios para interpretar esos límites.

Al aplicar los límites al acceso, se debe justificar la decisión y la restricción debe ser proporcional al objetivo y la finalidad de la protección. Se deben considerar las circunstancias del caso concreto, especialmente la existencia o no de un interés público o privado superior.

Información auxiliar o de apoyo, como notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos. No incluye informes preceptivos.

Información que requiere una acción previa de reelaboración para ser divulgada. No se considera reelaboración si se puede obtener mediante un tratamiento informatizado de uso corriente.

Información que debe dirigirse a un órgano específico con el poder para acceder a la información.

Solicitudes repetitivas o con un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la ley.

El órgano que inadmita una solicitud debe indicar el órgano competente para conocerla y remitir la solicitud.

Si la solicitud no identifica la información de forma suficiente, se requiere al solicitante que la concrete en un plazo de 10 días.

Cuando la solicitud se dirige a una entidad que no dispone de la información, se deriva a la entidad que sí la tiene en un plazo de 15 días.

El plazo para resolver la solicitud se suspende desde la notificación del requerimiento hasta su cumplimiento por el destinatario.