Transparencia en la Administración Pública

El derecho de acceso a la información pública permite a las personas físicas y jurídicas obtener información de las entidades e instituciones públicas.

No se requiere un interés legítimo para solicitar información pública.

Las personas pueden elegir cómo obtener la información (formato, etc.).

Las personas deben saber cuánto les costará obtener la información.

Las personas tienen derecho a saber por qué se les niega el acceso a la información.

La información obtenida se puede usar sin autorización previa, con algunas excepciones.

Las solicitudes de información deben ser precisas y respetuosas.

Se deben evitar abusos en el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Los sujetos obligados por ley deben publicar directrices, instrucciones, acuerdos, circulares, informes o respuestas a consultas que interpreten el Derecho o tengan efectos jurídicos.

Los sujetos obligados deben publicar anteproyectos de ley y proyectos de decretos legislativos cuando se soliciten dictámenes a los órganos consultivos.

Los sujetos obligados deben publicar proyectos de reglamentos, pero no es obligatorio abrir un trámite de audiencia pública.

Los sujetos obligados deben publicar memorias e informes relacionados con la elaboración de textos normativos, incluyendo análisis de impacto normativo, memoria económica, etc.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha publica la relación actualizada de normas en elaboración, con su objeto y estado de tramitación.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha publica el resultado de la participación ciudadana en la elaboración de disposiciones de carácter general.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha publica los dictámenes del Consejo Consultivo y otros órganos sobre la elaboración normativa.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mantiene actualizada y a disposición de la ciudadanía la normativa vigente de la Comunidad Autónoma.

Obtención de información sin afectar el funcionamiento de los servicios públicos, cumpliendo los requisitos establecidos para el acceso presencial.

Las personas con necesidades especiales (discapacidad, etc.) deben ser consideradas y facilitadas en el acceso a información.

Las entidades públicas deben proporcionar formación a su personal para que atienda las funciones de información.

Las entidades públicas deben realizar actividades de divulgación para que las personas conozcan el derecho de acceso a la información.

Las instituciones públicas deben ayudar a la ciudadanía a encontrar la información que busca, incluyendo cómo acceder a ella.

Las entidades públicas deben incluir información sobre el acceso a la información en sus plataformas y guías.

Las personas que acceden a información pública tienen la obligación de respetar las leyes que rigen su reutilización.

Los sujetos del artículo 4.1 de la ley deben colaborar con la ciudadanía en el ejercicio del derecho de acceso.

El responsable del tratamiento debe informar al afectado sobre los datos tratados, incluso si no los obtuvo directamente del afectado, utilizando un método accesible y sencillo para acceder a la información detallada.

El responsable debe informar las categorías de datos tratados y las fuentes de las que proceden, además de la información básica estándar, cuando los datos no se obtuvieron directamente del afectado.

Los afectados pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación, portabilidad, oposición y decisiones automatizadas, directamente o a través de un representante.

El responsable del tratamiento debe informar a los afectados sobre los medios para ejercer sus derechos, incluyendo la opción de hacerlo a través de un representante.

El responsable del tratamiento tiene la obligación de demostrar que respondió a la solicitud de ejercicio de derechos del afectado.

El ejercicio de los derechos no puede ser negado solo porque el afectado elige un medio alternativo para hacerlo.

En casos específicos, las leyes pueden establecer un régimen especial que afecta al ejercicio de los derechos del interesado. En estos escenarios, se sigue lo dispuesto en la ley específica.

Los titulares de la patria potestad pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y otros derechos en nombre y representación de menores de 14 años.

El derecho de acceso a la información pública puede ser limitado para proteger intereses como la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública, la investigación de delitos y otros.

La Ley 19/2013 establece que la información pública se puede limitar cuando su acceso cause un perjuicio a la seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, investigación de delitos, procesos judiciales, funciones de vigilancia, intereses económicos, política económica, secreto profesional, propiedad intelectual, confidencialidad en procesos de toma de decisión, o la protección del medio ambiente.

Las restricciones al acceso a la información deben estar justificadas y ser proporcionales al interés que se busca proteger. La decisión de restringir el acceso debe considerar las circunstancias específicas del caso.

Si la información solicitada contiene datos personales especialmente protegidos (ideología, afiliación sindical, religión o creencias), solo se puede otorgar el acceso con el consentimiento por escrito del afectado, a menos que ya haya hecho pública esa información.

Para garantizar la transparencia, las resoluciones que limiten el acceso a la información se publican con los datos personales ocultos después de ser notificadas a los interesados.

La Ley 19/2013 establece principios para la interpretación de los límites al derecho de acceso a la información pública.

Cuando sea posible, se puede facilitar un acceso parcial a la información, omitiendo la parte que está limitada. Se debe informar al solicitante qué información se ha omitido.

El derecho de acceso a la información pública se limita cuando su acceso pueda perjudicar a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, o la protección del medio ambiente.

El derecho de supresión garantiza a las personas la eliminación de sus datos personales cuando ya no son necesarios, se retiran los permisos, hay objeción al tratamiento, se procesaron de forma ilegal o por obligación legal.

Si los datos ya no son necesarios para el propósito original o si la persona retira su consentimiento, el responsable del tratamiento debe eliminarlos.

La persona puede oponerse al tratamiento de sus datos por motivos personales, como discriminación o mercadotecnia directa, y el responsable debe eliminarlos.

Si los datos se obtuvieron de forma ilegal, el responsable del tratamiento debe eliminarlos para proteger a la persona.

La eliminación de datos puede ser necesaria para cumplir con una obligación legal, como una ley o regulación.

Si los datos de un niño se recopilaron para ofrecer servicios en línea sin consentimiento parental, deben eliminarse.

Cuando se publican datos que deben eliminarse, el responsable del tratamiento debe tomar medidas para informar a otros que los procesan sobre la solicitud de eliminación.

Las medidas para informar de la eliminación de datos deben ser razonables, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste.