Título Preliminar y Artículo 2

Título Preliminar: Disposiciones generales

• Esta ley regula la validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas y los principios de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
• Solo mediante ley se pueden incluir trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, siempre que sea eficaz, proporcionado y necesario.
• Se pueden establecer especialidades reglamentarias en cuanto a órganos competentes, plazos, formas de inicio y terminación, publicación e informes.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación

• La ley se aplica al sector público, que comprende los siguientes entes:
• Administración General del Estado.
• Administraciones de las Comunidades Autónomas.
• Entidades que integran la Administración Local.
• El sector público institucional.
• El sector público institucional incluye:
• Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
• Entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas (sujetas a esta Ley cuando ejerzan potestades administrativas).
• Universidades públicas (regidas por su normativa específica y supletoriamente por esta Ley).
• Se considera Administraciones Públicas a:
• Administración General del Estado.
• Administraciones de las Comunidades Autónomas.
• Entidades que integran la Administración Local.
• Organismos públicos y entidades de derecho público.
• Las Corporaciones de Derecho Público se rigen por su normativa específica en funciones públicas atribuidas por ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por esta Ley.

Título I: De los interesados en el procedimiento

Capítulo I: La capacidad de obrar y el concepto de interesado

Artículo 3. Capacidad de obrar

• Tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:
• Personas físicas o jurídicas con capacidad de obrar según las normas civiles.
• Menores de edad para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses permitidos por la ley sin asistencia de tutores, excepto menores incapacitados cuya incapacitación afecte a dichos derechos.
• Grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes o autónomos, cuando la Ley lo declare expresamente.

Artículo 4. Concepto de interesado

• Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
• Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
• Quienes, sin iniciar el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión.
• Aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento antes de la resolución definitiva.
• Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.
• Si la condición de interesado deriva de una relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición, independientemente del estado del procedimiento.

Artículo 5. Representación

• Los interesados con capacidad de obrar pueden actuar mediante representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.
• Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas (si sus Estatutos lo permiten) pueden actuar en representación de otros ante las Administraciones Públicas.
• Para formular solicitudes, presentar declaraciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, debe acreditarse la representación.
• Para actos y gestiones de mero trámite, se presume la representación.
• La representación puede acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
• Se entiende acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta (comparecencia personal o electrónica) o acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos.
• El órgano competente debe incorporar al expediente administrativo la acreditación de la condición de representante y sus poderes.
• La falta o insuficiente acreditación de la representación no impide el acto, siempre que se subsane el defecto en un plazo de diez días (o superior si las circunstancias lo requieren).
• Las Administraciones Públicas pueden habilitar a personas físicas o jurídicas autorizadas para realizar transacciones electrónicas en representación de los interesados, especificando las condiciones y obligaciones.
• Las Administraciones Públicas pueden requerir la acreditación de dicha representación en cualquier momento, pero el interesado siempre puede comparecer por sí mismo.

Artículo 6. Registros electrónicos de apoderamientos

• La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos.
• En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.
• Los registros generales de apoderamientos no impiden la existencia de registros particulares en cada Organismo para trámites específicos.
• Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deben ser plenamente interoperables entre sí, garantizando su interconexión, compatibilidad informática y transmisión telemática.
• Estos registros permiten comprobar válidamente la representación mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la propiedad y a los protocolos notariales.
• Los registros mercantiles, de la propiedad y de los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos de apoderamientos.
• Los asientos en los registros electrónicos de apoderamientos deben contener:
• Nombre y apellidos o denominación social del poderdante.
• Nombre y apellidos o denominación social del apoderado.
• Fecha de inscripción.
• Período de tiempo del poder.
• Tipo de poder según las facultades otorgadas.
• Los poderes inscritos deben corresponder a alguna de las siguientes tipologías:
• Poder general para cualquier actuación administrativa ante cualquier Administración.
• Poder para cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto.
• Poder para trámites específicos especificados en el poder.
• El apoderamiento «apud acta» se otorga mediante comparecencia electrónica o personal.
• Los poderes inscritos tienen una validez máxima de cinco años, renovable o revocable en cualquier momento por el poderdante.
• Las solicitudes de inscripción, revocación, prórroga o denuncia del poder pueden dirigirse a cualquier registro, surtiendo efectos desde la fecha de inscripción.

Artículo 7. Pluralidad de interesados

• Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones se efectuarán con el representante o el interesado que hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.

Artículo 8. Nuevos interesados en el procedimiento

• Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas con derechos o intereses legítimos y directos que puedan resultar afectados por la resolución, se les comunicará la tramitación del procedimiento.

Capítulo II: Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo

Artículo 9. Sistemas de identificación

• Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación social, según corresponda, en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
• Los interesados pueden identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de:
• Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica.
• Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico.
• Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital.
• La utilización de uno de los sistemas electrónicos con certificado debe ser siempre posible.
• Los recursos técnicos de identificación de los sistemas que no usen el certificado electrónico siempre deben estar en la Unión Europea.
• La aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados.

Artículo 10. Sistemas de firma admitidos

• Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.
• En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma:
• Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica.
• Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico.
• Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital.
• La utilización de uno de los sistemas electrónicos con certificado debe ser siempre posible.
• Los recursos técnicos de firma de los sistemas que no usen el certificado electrónico siempre deben estar en la Unión Europea.
• Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación contemplados en esta Ley como sistema de firma.