Ley 40/2015: Régimen Jurídico del Sector Público

La Ley 40/2015 establece las bases del funcionamiento del sector público en España, incluyendo los principios de responsabilidad, organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.

La Ley 40/2015 se aplica a todas las entidades que forman parte del sector público, incluyendo la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, la administración local y las entidades públicas.

Las universidades públicas, aunque con una normativa específica, se rigen por los principios establecidos en la Ley 40/2015.

El objetivo principal de las Administraciones Públicas es servir al interés general, actuando con eficacia, transparencia y sometimiento al orden jurídico.

La simplificación de los procedimientos y la cercanía a los ciudadanos son dos principios clave para una buena administración.

La participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones son fundamentales para una administración responsable.

La agilidad y eficiencia son importantes para que las administraciones públicas funcionen correctamente.

La Ley 40/2015 busca garantizar la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública.

Cuando diferentes órganos pertenecientes al mismo Ministerio deben delegar funciones, se necesita la aprobación previa del superior común. Si pertenecen a distintos Ministerios, se requiere la del órgano superior del órgano delegado.

Los órganos de la Administración General del Estado pueden delegar sus funciones en organismos públicos o entidades vinculados o dependientes.

La delegación de competencias a entidades requiere la aprobación previa de los órganos de los que dependan el órgano delegante y el órgano delegado. El órgano delegado también puede aceptar la delegación si es el máximo órgano de dirección.

Las competencias relacionadas con la Jefatura del Estado, el Gobierno, las Cortes Generales, etc. no pueden delegarse.

La adopción de disposiciones generales no puede delegarse. Esto implica que las decisiones que establezcan reglas generales para todos no pueden ser transferidas a otros órganos.

La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso no se puede delegar. Esto asegura que la revisión de las decisiones administrativas no se delegue.

La delegación de competencias y su revocación se deben publicar en el Boletín Oficial del Estado, la comunidad autónoma o la provincia, según la administración del órgano delegante y su ámbito territorial.

Las resoluciones administrativas adoptadas por delegación deben indicar expresamente esta circunstancia. Esto significa que la decisión debe identificar claramente al órgano que delegó la facultad.

Los órganos administrativos o Entidades de Derecho Público de la misma Administración pueden formalizar encomiendas de gestión por acuerdo expreso o según su normativa propia.

La encomienda de gestión entre órganos o Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones se formaliza a través de un convenio firmado por ambas partes.

La publicación del instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución asegura su eficacia.

Los titulares de los órganos administrativos pueden delegar la firma de resoluciones y actos administrativos en los titulares de órganos o unidades administrativas que dependan de ellos.

La delegación de firma no altera la competencia del órgano delegante y no es necesaria su publicación para su validez.

En las resoluciones y actos firmados por delegación, se debe especificar esta circunstancia y la autoridad de procedencia.

Los titulares de los órganos administrativos pueden ser suplidos temporalmente en caso de vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación.

La forma en que se lleva a cabo la suplencia de los titulares de los órganos administrativos se define por cada Administración Pública.

Los órganos colegiados que toman decisiones que afectan a terceros deben publicar sus acuerdos de creación y normas de funcionamiento en el Boletín Oficial de la Administración Pública a la que pertenecen.

Los órganos colegiados pueden estar integrados en la Administración Pública, pero no necesariamente forman parte de su estructura jerárquica.

Los órganos colegiados que toman decisiones con efectos jurídicos frente a terceros deben publicar sus acuerdos de creación y normas de funcionamiento.

Los órganos colegiados deben tener un secretario que se encarga de garantizar la legalidad de sus actuaciones y procedimientos.

El secretario del órgano colegiado puede ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública.

Las sesiones de los órganos colegiados pueden celebrarse de forma presencial o a distancia, siempre y cuando se asegure la identidad de los miembros, la interactividad y la disponibilidad de los medios.

Todos los órganos colegiados pueden constituirse, convocar, celebrar sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia.

Los miembros de los órganos colegiados pueden encontrarse en lugares diferentes durante las sesiones a distancia, siempre y cuando se asegure la identidad, el contenido de las comunicaciones, la interactividad y la disponibilidad de los medios.

El acta de una reunión se considera aprobada si se distribuye a los miembros después de la reunión y todos ellos la confirman por cualquier medio registrado por el secretario.

Las actas de las reuniones se aprueban en la sesión de la reunión o en la siguiente. El secretario puede emitir una certificación sobre los acuerdos tomados, aunque el acta no se haya aprobado aún.

Un órgano colegiado es un grupo de 3 o más personas creado formalmente que tiene funciones administrativas de toma de decisiones, proponer, asesorar, monitorear o controlar.

Los órganos colegiados deben ser creados formalmente y cumplir con ciertos requisitos para ser válidos. Estos requisitos incluyen: fines definidos, dependencia administrativa, composición clara, funciones especificadas y recursos financieros.

Los órganos colegiados pueden ser interministeriales, si sus miembros provienen de diferentes ministerios, o ministeriales, si los miembros proceden de un solo ministerio.

Los órganos colegiados deben ser creados por una norma o convenio, incluyendo información como sus fines, integración administrativa, composición, funciones y financiamiento.

El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajusta a las normas sobre actas, con algunas peculiaridades organizativas definidas en la Ley o en su norma o convenio de creación.

Las certificaciones de acuerdos emitidas antes de la aprobación del acta deben indicar claramente que no se ha aprobado formalmente.

La anulación de un acto administrativo, ya sea por la vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo, no implica automáticamente el derecho a una indemnización.

Para obtener una indemnización, es necesario que el daño causado sea real, se pueda evaluar económicamente y se pueda identificar a las personas afectadas.

Las Administraciones Públicas deben indemnizar a los particulares por las lesiones en sus bienes o derechos causadas por la aplicación de actos legislativos que no tengan la obligación jurídica de soportar, siempre que así lo establezcan los propios actos.

El Estado puede ser responsable de los daños causados por la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Para obtener una indemnización por la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, el particular debe haber obtenido una sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, y se debe haber alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

El Estado puede ser responsable de los daños causados por la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Para obtener una indemnización por la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, el particular debe haber obtenido una sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, y se debe haber alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada.

Para obtener una indemnización por la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, se deben cumplir los siguientes requisitos: la norma debe tener como objetivo conferir derechos a los particulares, el incumplimiento debe estar claro y debe haber una relación directa entre el incumplimiento de la obligación por parte de la Administración y el daño sufrido por los particulares.