Ley 40/2015: Régimen Jurídico del Sector Público

Cuando un órgano superior asume la decisión de un asunto que normalmente pertenece a un órgano inferior. Se utiliza cuando la complejidad del asunto lo requiere.

Un acuerdo que permite a un órgano transferir sus competencias a otro órgano. Se debe observar el quórum o mayoría especial requerido.

Es la responsabilidad del órgano o entidad que delega la competencia, no del que recibe la delegación. El órgano delegador sigue siendo responsable de los actos y resoluciones.

Se aplica a las actividades materiales o técnicas de los órganos administrativos y se realiza por razones de eficacia o cuando no se poseen los medios técnicos adecuados.

La encomienda de gestión no implica la transferencia de la titularidad de la competencia ni de los elementos esenciales de su ejercicio.

La encomienda de gestión no se aplica a las prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público.

El órgano o entidad encargada de la encomienda de gestión se convierte en el encargado del tratamiento de los datos personales a los que pueda acceder.

El acuerdo de avocación debe ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, antes o al mismo tiempo que la resolución final.

Miembros suplentes reemplazan a los titulares en caso de ausencia, enfermedad u otra causa justificada.

Las organizaciones representan interés social, permitiendo que sus miembros titulares sean sustituidos por otros acreditados.

Los miembros no pueden ejercer funciones si existen conflictos de interés, lo que evita sesgos en las decisiones.

El secretario del órgano es responsable de convocar las sesiones, recibir comunicaciones y preparar el despacho de asuntos.

Las actas incluyen el voto contrario o la abstención de los miembros, así como los motivos de su decisión.

Los miembros pueden solicitar la transcripción de su intervención o propuesta para que quede registrada en el acta.

Los miembros pueden formular un voto particular por escrito si discrepan del acuerdo mayoritario.

Las normas específicas de cada órgano definen la designación y el cese del secretario, o se realiza por acuerdo del mismo.

Los órganos colegiados pueden incluir representantes de otras Administraciones Públicas si estas lo aceptan voluntariamente, se establece en un convenio o lo determina una norma.

Las organizaciones representativas de intereses sociales y personas con experiencia o conocimientos relevantes pueden participar en la composición de los órganos colegiados.

La creación de órganos colegiados con competencias decisorias, de propuesta, de seguimiento o control requiere una norma específica publicada en el "Boletín Oficial del Estado".

La forma de la norma de creación depende del rango del órgano colegiado: Real Decreto para órganos interministeriales con Presidente de rango superior a Director general, Orden ministerial conjunta para otros órganos interministeriales y Orden ministerial para órganos de este carácter.

Los órganos colegiados sin las competencias mencionadas en el apartado anterior pueden crearse mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios interesados, teniendo el carácter de grupos o comisiones de trabajo.

La modificación o supresión de los órganos colegiados y grupos de trabajo se realiza de la misma manera que su creación, a menos que se hubiera fijado un plazo previsto para su extinción.

Un órgano puede transferir temporalmente sus competencias a otro órgano por razones de eficacia o por carecer de los medios técnicos adecuados.

Es un principio que establece que las sanciones administrativas no deben ser desproporcionadas en relación con la infracción cometida.

Las sanciones administrativas, ya sean pecuniarias o no, no pueden implicar la pérdida de la libertad.

Las sanciones pecuniarias deben diseñarse de manera que infringir las normas sea menos beneficioso que cumplirlas.

La determinación de las sanciones, tanto en su creación como en su aplicación, debe ser adecuada a la gravedad de la falta.

La graduación de las sanciones considera factores como la culpabilidad, la continuidad de la infracción, el daño causado y la reincidencia.

Si existen razones específicas para considerar que la sanción completa sería excesiva en relación con la gravedad de la falta, se puede optar por imponer una sanción menor.

En caso de que una infracción implique la comisión de otra más grave, solo se debe aplicar la sanción por la infracción más grave.

La realización de varias acciones o omisiones que infrinjan las mismas o similares normas administrativas en un plan preconcebido o aprovechando la misma ocasión.

La norma con rango de ley o norma contraria al Derecho de la Unión Europea tendrá efectos desde su publicación en el BOE o el Diario Oficial de la Unión Europea, respectivamente. Solo se podrá modificar esta fecha si se especifica en la sentencia.

La responsabilidad patrimonial del Estado por errores en la Administración de Justicia se rige por la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial.

El Consejo de Ministros determina la cantidad de las indemnizaciones que se deberán pagar, tras una sentencia del Tribunal Constitucional, por un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.

El Ministerio de Justicia se encarga de determinar el monto de las indemnizaciones, con la participación del Consejo de Estado, tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre errores en el proceso judicial.

La Ley de Procedimiento Administrativo Común establece el proceso para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por daños causados a terceros durante la ejecución de contratos. La Administración es responsable si la orden fue directa, o si el proyecto tenía defectos.

El plazo para iniciar un proceso legal por una infracción comienza a partir del día en que se cometió la infracción.

Si la infracción es continua o permanente, el plazo de prescripción empieza al finalizar la acción que la causó.

La iniciación de un procedimiento administrativo sancionador interrumpe el plazo de prescripción y comienza a contar de nuevo.

Si se suspende el procedimiento sancionador por más de un mes sin culpa del supuesto responsable, el plazo de prescripción vuelve a contar desde el inicio.

El plazo para reclamar por una sanción comienza un día después de que la resolución sea ejecutable o que se haya acabado el plazo para apelar.

Iniciar el procedimiento de ejecución de la sanción detiene el plazo de prescripción.

Si el plazo para resolver un recurso de alzada contra una sanción llega a su fin sin que haya una decisión, el plazo de prescripción para dicha sanción comienza un día después de que termine el plazo legal para resolver.

No se pueden sancionar los mismos hechos si ya han sido penados o sancionados administrativamente.