Tema 1: Teoría General de Derechos Fundamentales

La Constitución es la fuente suprema del ordenamiento jurídico y la que presenta mayor grado de eficacia normativa. No puede ser modificada ni derogada por otra norma y condiciona la validez del resto de fuentes del sistema.

La Constitución es un instrumento que aporta legitimidad a un determinado conjunto normativo. Permite al pueblo determinar de forma democrática la estructura básica del Estado y garantizar la libertad individual.

El objetivo principal del Estado constitucional es proteger la libertad del individuo. Esto se logra mediante el reconocimiento y la protección de los derechos del individuo y la limitación del poder.

Los derechos humanos son reconocidos a todas las personas por el sistema normativo moral, con el fin de garantizar su dignidad. Estos derechos son universales y se basan en la condición de ser humano.

Este modelo de fundamentación sostiene que la titularidad y el disfrute de los derechos están determinados por la pertenencia a un grupo social o estatus.

La tesis iusracionalista, vinculada al iusnaturalismo, afirma que los derechos son propios de la condición humana y derivan de un Derecho natural suprapositivo.

Reconocen los derechos naturales como preexistentes, pero limitados por el pacto social, convirtiéndolos en derechos civiles.

Estos derechos son reconocidos por el derecho positivo, permitiendo la reclamación ante la instancia de protección competente.

Surge como mecanismo de control de la constitucionalidad de las leyes, garantizando la supremacía de la Constitución.

Se define principalmente por su relación con la dignidad humana y el desarrollo de la personalidad.

Se refiere a su operatividad en el ordenamiento jurídico, incluyendo su protección institucional y procedimental.

La protección institucional y legal que otorga a los derechos les confiere eficacia jurídica directa.

Los derechos recogidos en el Título I, Capítulo II de la Constitución Española son derechos fundamentales con eficacia jurídica directa.

Estos principios solo pueden ser reclamados cuando estén regulados por el legislador.

La habilitación legal previa es el procedimiento por el que se establece qué poderes públicos pueden limitar los derechos fundamentales.

Este tipo de reserva exige que las leyes que limiten derechos fundamentales sean aprobadas por el Congreso, no por otro órgano.

La reserva de ley orgánica se aplica a los derechos más importantes, como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad.

La reserva de ley ordinaria se aplica a otros derechos fundamentales, como el derecho a la propiedad y la libertad de expresión.

La limitación de un derecho debe tener un propósito válido, como la seguridad pública o la protección del bien común.

El principio de proporcionalidad significa que la limitación de un derecho debe ser proporcional al interés público que persigue.

Un juicio de proporcionalidad analiza si la limitación de un derecho es adecuada, necesaria y proporcional en sentido estricto.

Este principio limita el poder del gobierno para restringir los derechos, asegurando que las decisiones son razonables y proporcionales.

Los derechos fundamentales no solo protegen al individuo frente al poder público (eficacia vertical), sino que también actúan como principios básicos del ordenamiento jurídico, condicionando la actuación de los poderes públicos.

Los derechos fundamentales son normas que permiten a los ciudadanos defenderse contra el poder público (eficacia vertical) o contra otros individuos (eficacia horizontal).

La interpretación de la Constitución debe tener en cuenta los derechos fundamentales, ya que estos actúan como principios rectores para la actuación del poder público.

Los derechos fundamentales son mandatos dirigidos al poder público, es decir, obligaciones que el Estado debe cumplir para garantizar la protección de esos derechos.

Son las personas que tienen derecho a disfrutar del ámbito de libertad establecido por la norma que reconoce ese derecho.

Las personas jurídicas, aunque no mencionadas explícitamente en la Constitución, pueden ser titulares de derechos fundamentales, especialmente aquellos que por su naturaleza pueden ser ejercidos por ellas.

La titularidad de los derechos fundamentales de las personas jurídicas puede estar sujeta a ciertas condiciones, como la madurez para ejercer los derechos o la existencia de una relación especial con la administración.

Las personas físicas, como individuos, son titulares de los derechos fundamentales, pero su ejercicio puede verse condicionado por la edad, la nacionalidad o su relación con la administración.

Los derechos fundamentales se pueden limitar por mecanismos establecidos en la Constitución, como las prohibiciones explícitas o por la necesidad de garantizar la coexistencia de todas las normas fundamentales.

Los límites internos pueden ser explícitos, como la prohibición de asociaciones secretas, o implícitos, como la necesidad de proteger otros bienes jurídicos.

Estos límites son impuestos por el poder público, y se diferencian de los límites internos en varios aspectos, como la naturaleza, la contingencia y la fuerza constitutiva.

Los límites externos se establecen por decisión del poder público, por ejemplo, cuando un legislador decide limitar un derecho específico para proteger un interés público.

Los límites externos no son permanentes, pueden existir o no según la decisión del poder público. Pueden entrar en juego, por ejemplo, en situaciones de emergencia o conflicto.

El poder público crea nuevos límites al ejercer su facultad de limitación, no solo concretiza los límites internos.

La eficacia vertical implica que los poderes públicos están sujetos a la Constitución y a los derechos fundamentales del individuo.

La eficacia horizontal implica que los particulares también están sujetos a la Constitución y a los derechos fundamentales, debiendo respetarlos en sus relaciones mutuas.

Se refiere a la necesidad de que la limitación de un derecho fundamental sea la única forma viable para lograr el objetivo propuesto.

Implica que la medida restrictiva de un derecho fundamental debe ser proporcional al objetivo que se persigue, es decir, los beneficios para la sociedad deben superar los perjuicios causados.

Refleja la necesidad de que la limitación de un derecho fundamental sea adecuada para alcanzar el objetivo propuesto, es decir, que la medida sea útil para alcanzar ese fin.

El TC utiliza un proceso de interpretación para determinar los elementos que son esenciales para el ejercicio efectivo de un derecho fundamental.

Sostiene que el contenido esencial de un derecho fundamental se identifica mediante la interpretación del texto constitucional y de las ideas generalizadas sobre el derecho.

Argumenta que es imposible determinar el contenido esencial de un derecho fundamental sin analizar el caso concreto en el que se presenta la limitación.

Se refiere a la dificultad de establecer con precisión los elementos esenciales del derecho. La praxis del TC muestra que en ocasiones solo se atiende al juicio de proporcionalidad al momento de evaluar la limitación de un derecho fundamental.

Consiste en el límite que se establece a las limitaciones de los derechos fundamentales, evitando que se eliminen por completo. Este límite busca garantizar que los derechos fundamentales siempre tengan una protección básica.