Proyectos de Energía y Expropiación

Se requiere que los proyectos de producción de energía tengan una capacidad económica suficiente para garantizar su viabilidad.

Se exige la creación de una garantía económica para cubrir los costos de desmantelamiento de las instalaciones al final de su vida útil.

La eliminación del trámite de competencia para parques eólicos busca brindar igualdad de condiciones con otras fuentes de energía.

Se busca garantizar la participación de los proyectos eólicos en concursos de capacidad a nivel nacional.

Se establecen criterios más estrictos para la expropiación de terrenos para instalaciones eléctricas, priorizando acuerdos amistosos con los propietarios.

Se busca fomentar la vinculación de las instalaciones de producción con el territorio de Castilla y León, adaptando su ubicación si es posible.

Un estudio que analiza la viabilidad económica y técnica de un proyecto de producción de energía, considerando el recurso disponible.

Plano que muestra la ubicación precisa de los equipos de generación de energía, las infraestructuras de evacuación y los caminos de acceso.

Documentación específica para las administraciones públicas y empresas que prestan servicios públicos afectados por el proyecto.

El período de tiempo establecido para que el público pueda revisar la solicitud de autorización del proyecto.

Exención del proceso de información pública para instalaciones eléctricas que cumplen con ciertos requisitos.

Instalaciones eléctricas que no requieren un nuevo estudio de impacto ambiental.

Instalaciones eléctricas que tienen acuerdos previos con todos los interesados.

Instalaciones eléctricas que presentan informes positivos de todas las autoridades y empresas afectadas.

El proceso en el que se informa al público sobre los detalles básicos del proyecto, permitiendo la presentación de objecciones.

El plazo establecido para que cualquier persona formule alegaciones a la solicitud de autorización.

Las entidades u organismos que se ven afectados por el proyecto y deben ser consultados.

El tiempo que tienen las entidades consultadas para emitir su informe sobre el proyecto.

La notificación a la persona solicitante de todas las respuestas recibidas por las entidades consultadas.

El plazo establecido para dictar la resolución de autorización administrativa previa.

El proceso de publicidad formal de la resolución de autorización administrativa previa.

Las entidades que reciben la notificación oficial de la resolución de autorización administrativa previa.

La documentación necesaria para solicitar el cierre definitivo de una instalación de producción incluye un proyecto valorado del desmantelamiento, relación de particulares afectados, separatas para las administraciones y empresas de servicios de interés general, y cualquier otra documentación exigible.

La solicitud de cierre temporal de una instalación de producción debe incluir una explicación detallada de las circunstancias técnicas, económicas, ambientales o de cualquier otro orden que motivan el cierre.

El órgano instructor debe consultar a las Administraciones y empresas de servicios de interés general afectadas por una solicitud de cierre, excepto si ya se ha presentado un informe favorable por parte del solicitante.

En el caso de cierre definitivo de instalaciones de producción, el órgano instructor también consultará al Operador del Sistema.

El órgano instructor envía separatas a las partes afectadas para solicitar su informe sobre la solicitud de cierre, dentro de un plazo de 20 días.

Si no se recibe la respuesta de las partes afectadas dentro del plazo establecido, el órgano instructor puede proseguir con la tramitación de la solicitud de cierre.

El órgano instructor concede un plazo de 15 días a los particulares afectados con los que el solicitante no tenga acuerdo previo para presentar alegaciones sobre la solicitud de cierre.

El órgano instructor comunica a la persona solicitante todas las respuestas recibidas y le da un plazo de 15 días para formular alegaciones.

Este decreto entró en vigor 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Este decreto no se aplica retroactivamente a procedimientos iniciados antes de su entrada en vigor.

Las condiciones establecidas en el artículo 4 de este decreto sobre la continuidad de las instalaciones de producción no se aplican retroactivamente, salvo que la persona solicitante lo solicite.

Se deroga el Decreto 189/1997 para la autorización de instalaciones de producción de electricidad a partir de energía eólica.

Se deroga el Decreto 127/2003 que regulaba los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

Además de los decretos específicos, se derogan todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a este decreto.

La persona titular de la consejería competente en materia de energía puede dictar disposiciones para desarrollar lo previsto en este decreto.

El decreto otorga a la persona titular de la consejería competente en materia de energía la posibilidad de dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del decreto siempre y cuando se refieran a materias propias de la consejería.

Durante el proceso de información pública para una declaración de utilidad pública, los propietarios de los bienes o derechos que se consideren necesarios para expropiar deben ser notificados individualmente.

En el proceso de información pública para una declaración de utilidad pública, los propietarios de los bienes o derechos que se consideren necesarios para expropiar deben ser notificados individualmente.

En el caso de que el proyecto de energía también requiera una autorización previa de instalaciones eléctricas que necesiten evaluación de impacto ambiental, los propietarios afectados serán consultados adicionalmente de acuerdo con la legislación ambiental.

El solicitante de una declaración de utilidad pública debe demostrar que ha llegado a un acuerdo previo con todos los propietarios de los bienes o derechos necesarios para la expropiación.

El solicitante de una declaración de utilidad pública debe demostrar que ha llegado a un acuerdo previo con todos los propietarios de los bienes o derechos necesarios para la expropiación.

Para las instalaciones de producción de energía que no están asociadas al autoconsumo, el solicitante deberá obtener acuerdos previos para al menos el 50% de las fincas y de la superficie afectada, a menos que se demuestren circunstancias excepcionales.

Para las instalaciones de producción de energía que no están asociadas al autoconsumo, el solicitante deberá obtener acuerdos previos para al menos el 50% de las fincas y de la superficie afectada, a menos que se demuestren circunstancias excepcionales.

Las circunstancias excepcionales que justifiquen no alcanzar el 50% de acuerdos previos deben ser acreditadas por el solicitante y adecuadamente argumentadas en la resolución sobre la declaración de utilidad pública.