Procedimientos de Adjudicación en Contratos Públicos

En este procedimiento, cualquier empresa interesada puede presentar una oferta. No hay negociación de los términos del contrato con los licitadores.

El procedimiento abierto general permite la participación de cualquier empresa que cumpla los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. El procedimiento abierto simplificado tiene un proceso más ágil y se aplica a contratos de menor valor y complejidad.

Las Administraciones Públicas deben adjudicar sus contratos de acuerdo con las normas de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), buscando la mejor relación calidad-precio.

Se utiliza para contratos que se encuentran en situaciones especiales, como las concesiones de servicios públicos. Se caracteriza por un proceso más cerrado y selectivo.

Este procedimiento se utiliza para contratos de menor valor. Permite a la administración elegir directamente al proveedor sin un proceso de licitación.

Se aplica a contratos complejos e innovadores, donde se busca la colaboración entre la administración y un grupo de empresas. Se caracteriza por un proceso de diálogo y negociación antes de la selección del proveedor.

Este procedimiento se utiliza en situaciones de emergencia o necesidad urgente. Se caracteriza por una falta de publicidad y la negociación directa con un proveedor.

Estos procedimientos se utilizan para simplificar y agilizar la contratación pública. Permiten a la administración elegir directamente al proveedor sin un proceso de licitación, siempre que cumpla con los criterios establecidos.

Es un procedimiento que se utiliza para seleccionar un proveedor a través de un proceso de diálogo y negociación. Se caracteriza por un intercambio de información entre la administración y los potenciales proveedores para llegar a una solución innovadora.

Este procedimiento combina la presentación de ofertas con una posterior negociación con los licitadores para llegar a un acuerdo final. Se utiliza para contratos complejos que requieren un entendimiento mutuo entre la administración y las empresas.

Fase del procedimiento abierto ordinario que permite a los operadores económicos conocer que un organismo ha abierto una licitación y poder participar.

Anuncio que informa sobre las próximas licitaciones de contratos SARA de obras, suministros o servicios. Permite a los operadores económicos prepararse con antelación.

Anuncio obligatorio que se publica en perfiles de contratante y, para contratos de la Administración General del Estado, en el BOE. También se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea para contratos SARA.

Obligación del órgano de contratación de ofrecer acceso a pliegos y documentación en su perfil de contratante de la plataforma de contratación del SP. El acceso debe ser libre, directo, completo y gratuito.

Fase del proceso donde los licitadores envían sus proposiciones formalizando su participación en la licitación.

Documentación que debe presentarse en un sobre cerrado y que acredita el cumplimiento de los requisitos previos para participar en la licitación.

Documentación que se presenta cuando se utilizan criterios de adjudicación no cuantificables. Se presenta en un sobre o archivo electrónico separado.

Documentación que se presenta cuando se utilizan criterios de adjudicación cuantificables. Se presenta en un sobre o archivo electrónico separado.

El órgano de contratación revisa la documentación administrativa previa (Sobre 1) para verificar el cumplimiento de los requisitos de los licitadores.

Fase del procedimiento abierto ordinario en la que se publica información sobre las próximas licitaciones.

Plazos que se fijan para la presentación de las solicitudes de participación teniendo en cuenta la complejidad del contrato y respetando los plazos mínimos establecidos en la ley.

Documentación que debe ajustarse al pliego de cláusulas administrativas particulares. Se presenta en sobre cerrado y, en la actualidad, se pueden usar archivos electrónicos cifrados.

Pliego que contiene las condiciones administrativas particulares de la licitación y que deben ser cumplidas por los licitadores.

Plataforma electrónica que se utiliza para la contratación pública, ofreciendo un espacio para la publicación de licitaciones, información y gestión de las mismas.

Si el postor ganador no presenta la garantía definitiva en el plazo establecido, se procederá a otorgar la adjudicación al siguiente candidato en puntuación, otorgándole el mismo plazo para presentar la garantía.

Procedimiento específico que simplifica y acelera la contratación pública, dirigido a contratos de menor valor y que no implica prestaciones intelectuales.

Un procedimiento para contratos de obra, suministro o servicios de menor valor (menos de 80.000 euros para obras y menos de 60.000 euros para los demás)

Este procedimiento no se aplica a los contratos que tienen por objeto prestaciones de carácter intelectual, independientemente del importe.

En este procedimiento, el período para presentar las proposiciones es mínimo de 10 días hábiles, y puede reducirse a 5 días hábiles en casos de compras corrientes.

En el procedimiento abierto supersimplificado, no se requiere que los licitadores demuestren su solvencia económica y financiera o técnica.

Las ofertas se presentan en un solo sobre o archivo electrónico, y la evaluación se realiza mediante criterios cuantificables y fórmulas establecidas en los pliegos.

La apertura de las proposiciones no se realiza en un acto público, y las ofertas y la documentación se ponen a disposición pública por medios informáticos.

No se requiere la garantía definitiva del contrato, ya que el procedimiento ofrece una mayor confianza y simplificación.

La formalización del contrato se puede realizar mediante la firma de aceptación de la adjudicación por parte del contratista.

Es un procedimiento que se aplica cuando el valor del contrato no supera los 2 millones de euros para obras, o las cantidades establecidas para suministros y servicios. Además, los criterios de adjudicación no deben incluir valoraciones subjetivas o, si las hay, no deben superar el 25% del total.

El órgano de contratación examina la documentación administrativa de los licitadores para asegurarse de que cumplen con los requisitos previos, como la solvencia y la capacidad para contratar.

Se abre públicamente un sobre o archivo electrónico para revisar su contenido, incluyendo las ofertas económicas, técnicas y documentales.

El órgano de contratación verifica la documentación entregada por los licitadores, para asegurar que cumplen con los requisitos previos de participación.

El órgano de contratación elabora una propuesta de adjudicación, pero esta no es vinculante, es decir, no obliga a la administración a adjudicar el contrato al licitador propuesto.

El órgano de contratación otorga el contrato al licitador seleccionado, siempre que se cumplan los requisitos y plazos establecidos.

Es un plazo de tiempo determinado para que los licitadores presenten sus ofertas, que no puede ser inferior a quince días en los contratos de suministros y servicios, y de veinte días en los contratos de obras.

Es un requisito para participar en licitaciones públicas. Se realiza a través del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) u otros registros equivalentes.

El órgano de contratación puede solicitar información adicional para evaluar las ofertas, especialmente cuando los criterios de adjudicación incluyen aspectos más allá del precio.

Es una situación que surge cuando las ofertas presentadas son tan bajas que pueden poner en peligro la calidad del trabajo o la solvencia del licitador.

El órgano de contratación debe evaluar la propuesta de adjudicación y dar una justificación clara y detallada si decide no adjudicar el contrato al licitador propuesto.

Es una garantía financiera que puede solicitarse a los licitadores para garantizar que puedan cumplir con sus obligaciones.

El órgano de contratación tiene un plazo máximo para adjudicar un contrato, que varía según los criterios de adjudicación. Si no se cumple, los licitadores pueden retirar sus ofertas.

Se trata de un acto público en el que se abre y examina la documentación administrativa de los licitadores para comprobar que cumplen con los requisitos previos.

Se utiliza para evaluar las ofertas de los licitadores cuando los criterios de adjudicación incluyen factores que van más allá del precio, como la calidad, la sostenibilidad o la innovación.