Procedimiento Administrativo Común - Título IV

Título IV. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común

• Artículo 53: Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos de todas las Administraciones deben ser interoperables, garantizando la interconexión, compatibilidad informática y transmisión telemática de solicitudes, escritos y comunicaciones.
• Artículo 53: Los registros electrónicos permiten verificar válidamente la representación de quienes actúan en nombre de un tercero, mediante consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la propiedad y a los protocolos notariales.
• Artículo 53: Los registros mercantiles, de la propiedad y de protocolos notariales son interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos.
• Artículo 53: Los asientos en los registros electrónicos deben incluir información como nombre y apellidos o denominación/razón social del poderdante y apoderado, fecha de inscripción, período de tiempo del poder y tipo de poder según las facultades otorgadas.
• Artículo 53: Los poderes inscritos en los registros electrónicos deben ser de los siguientes tipos: poder general para actuar ante cualquier Administración, poder para actuar ante una Administración específica u organismo, poder para la realización de trámites específicos.
• Artículo 53: Las Comunidades Autónomas aprueban los modelos de poderes inscribibles en el registro cuando se circunscriben a actuaciones ante su Administración.
• Artículo 53: Las Administraciones pueden establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos que, por razones económicas, técnicas o profesionales, tienen acceso y disponibilidad de medios electrónicos.
• Artículo 53: Se pueden hacer efectivas cantidades a satisfacer al momento de la presentación de documentos mediante transferencia a la oficina pública correspondiente.
• Artículo 53: Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizada la lista de oficinas que prestan asistencia para la presentación electrónica de documentos.
• Artículo 53: Los documentos con régimen especial establecen otra forma de presentación.
• Artículo 17: Cada Administración mantiene un archivo electrónico único de los documentos electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados.
• Artículo 17: Los documentos electrónicos se conservan en un formato que garantiza la autenticidad, integridad y conservación, permitiendo su consulta con independencia del tiempo transcurrido.
• Artículo 17: Se debe garantizar la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.
• Artículo 17: La eliminación de documentos está sujeta a la normativa aplicable.
• Artículo 17: Los medios o soportes donde se almacenen documentos deben contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos.
• Artículo 18: Los interesados pueden solicitar a la Administración la exigencia de responsabilidad al personal afectado.
• Artículo 21: La Administración está obligada a dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos, independientemente de su forma de iniciación.
• Artículo 21: En casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.
• Artículo 21: Se exceptúan de la obligación de resolución los casos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, y los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sujetos al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.
• Artículo 21: El plazo máximo para notificar la resolución expresa es el fijado por la norma reguladora del procedimiento, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así lo prevea el Derecho de la Unión Europea.
• Artículo 21: Cuando las normas reguladoras no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses.
• Artículo 21: Los plazos se cuentan desde la fecha del acuerdo de iniciación (procedimientos iniciados de oficio) o desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro electrónico (procedimientos iniciados a solicitud del interesado).
• Artículo 21: Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas las relaciones de procedimientos de su competencia con indicación de los plazos máximos de duración, efectos del silencio administrativo, así como informar a los interesados sobre estos aspectos.

Este cuestionario se centra en las disposiciones del Título IV sobre el procedimiento administrativo común. Explora artículos relacionados con los registros electrónicos, su interoperabilidad y validación de representaciones. Pon a prueba tus conocimientos sobre los aspectos clave de la administración pública en España.