Normativas de Seguridad Privada en España

El período de inactividad en el sector de la seguridad privada ha sido eliminado por la nueva ley.

La formación del personal de seguridad puede ser realizada por el Ministerio del Interior o por otros sistemas de formación.

La ley permite la posibilidad de acceder a la profesión de seguridad a través de estudios universitarios, formación profesional reglada o certificados de profesionalidad.

La ley regula las medidas de seguridad y la prestación de los servicios de seguridad, incluyendo vigilancia y protección, transporte de seguridad y investigación privada.

La ley regula por primera vez los servicios de videovigilancia en el ámbito de la seguridad privada.

La ley regula la investigación privada, incluyendo la legitimidad del encargo, el contenido del informe y el deber de reserva profesional.

La ley establece un sistema de control e inspección para las entidades, el personal y las medidas de seguridad del sector.

La ley exige la colaboración de los afectados en las actuaciones de control e inspección.

Las empresas de seguridad privada que instalan o mantienen sistemas de seguridad sin conexión a centrales receptoras o centros de control están sujetas a la normativa de seguridad privada solo para las actividades y servicios para los que están autorizadas.

Las empresas que se dedican a la seguridad informática, independientemente de si son o no de seguridad privada, pueden tener requisitos específicos para garantizar la calidad de sus servicios, ya que afectan directamente la seguridad de entidades públicas y privadas.

Las actuaciones de autoprotección, que consisten en medidas tomadas por los interesados ​​para proteger su entorno personal o patrimonial, no están sujetas a esta ley cuando no se paga por ellas y no se trata de un servicio de seguridad privada prestado a terceros.

Las empresas o entidades no pueden utilizar a sus empleados para las funciones de seguridad privada, tales como vigilancia o control de acceso, ya que estas están reservadas a las empresas y personal de seguridad privada.

La obtención de información de fuentes de libre acceso público, como la contratación de servicios de recopilación, análisis o suministro de información, no está sujeta a esta ley.

Los servicios y funciones de seguridad privada deben respetarse la Constitución, la ley y el ordenamiento jurídico, incluyendo los principios de actuación establecidos en el artículo 30.

El fenómeno de la seguridad privada ha pasado de ser un tema residual a un asunto de mayor importancia, involucrando a más comunidades autónomas con competencias en seguridad privada.

La seguridad privada complementa la seguridad pública, contribuyendo a la protección de personas y bienes.

Se han definido legalmente términos clave como "seguridad privada", "actividades de seguridad" y "servicios de seguridad", mejorando la claridad y la seguridad jurídica.

La nueva ley busca un enfoque integral de la seguridad privada, abarcado las diversas áreas que la componen.

Se establecen mecanismos para coordinar las acciones de las distintas administraciones públicas en materia de seguridad privada, evitando duplicidades e interferencias.

El Estado conserva la competencia exclusiva en materia normativa, mientras que las comunidades autónomas asumen competencias ejecutivas en seguridad privada.

La nueva ley está estructurada en siete títulos, que abordan la seguridad privada desde lo general hasta lo específico, con una mayor sistematicidad normativa.

La nueva ley aspira a proporcionar un marco legal más completo y coherente para la seguridad privada, alcanzando un nivel de regulación más profundo.

El poder público del Estado tiene el monopolio de la seguridad, tanto en la prevención como en la investigación. Sin embargo, las actividades de seguridad privadas son una oportunidad para fortalecer la seguridad pública.

Los ciudadanos tienen el derecho de crear y utilizar servicios privados de seguridad. Este derecho debe ser reconocido y regulado de forma que no entre en conflicto con el servicio público de seguridad.

La Administración del Estado tiene control sobre las empresas de seguridad privadas y su personal, ya que la seguridad pública es una competencia exclusiva del Estado.

El artículo 149.1.29.ª de la Constitución Española establece que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado. Esto significa que las empresas privadas que brindan servicios de seguridad deben estar reguladas y controladas por el Estado.

El artículo 104 de la Constitución Española establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen la función de proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y garantizar la seguridad ciudadana. Estas fuerzas están bajo la dependencia del Gobierno.

El Estado regula las actividades de seguridad privadas mediante un conjunto de controles e intervenciones administrativas. Esto implica que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben estar presentes en el desarrollo de la seguridad privada y tener acceso a información relevante.

Las actividades de seguridad privada deben llevarse a cabo con responsabilidad y ética, evitando cualquier violación de los derechos o propiedad de otras personas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen el deber de proteger los derechos fundamentales de todos.

La participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las actividades de seguridad privada tiene como objetivo prevenir la comisión de delitos, garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger sus derechos fundamentales.

El Registro Nacional de Seguridad Privada incorpora la información de las empresas de seguridad privada inscritas no solo a nivel nacional, sino también de las que se encuentran en los registros de las comunidades autónomas con competencias en la materia.

Las comunidades autónomas con competencias en seguridad privada deben comunicar al Registro Nacional los datos de las empresas que inscriban, incluyendo modificaciones y cancelaciones.

Tanto el Registro Nacional como los registros autonómicos deben incluir información de las empresas que realicen actividades de seguridad informática, de acuerdo con la normativa.

Las autoridades responsables de los distintos registros deben colaborar para coordinar la información y facilitar el acceso a la misma.

Los registros de seguridad privada, tanto nacional como autonómico, son públicos solo en cuanto a la información básica de las empresas:

El Registro Nacional de Seguridad Privada es público en cuanto a datos como la denominación, domicilio, número de identificación fiscal y actividades de las empresas registradas.

La organización y el funcionamiento del Registro Nacional de Seguridad Privada se regulan mediante normativa específica.

La Administración General del Estado tiene competencias específicas en materia de seguridad privada, definidas en la normativa.

El Ministerio del Interior es responsable de autorizar o recibir la declaración responsable, inspeccionar y sancionar a las empresas de seguridad privada y sus delegaciones, excepto aquellas competencias asumidas por las comunidades autónomas.

El Ministerio del Interior es responsable de la recepción de la declaración responsable para la apertura de despachos de detectives privados y sus sucursales, y de su inspección y sanción, excepto cuando estas competencias sean de las comunidades autónomas.

El Ministerio del Interior habilita y deshabilita al personal de seguridad privada, y determina su armamento, documentación, uniformidad, distintivos y medios de defensa. También acredita a los ingenieros y técnicos de empresas de seguridad y operadores de seguridad.

El Ministerio del Interior aprueba, modifica y cancela programas y cursos específicos de formación del personal de seguridad privada que no sean competencia de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte o de Empleo y Seguridad Social.

El Ministerio del Interior es responsable de la recepción de la declaración responsable, inspección y sanción de centros de formación del personal de seguridad privada, con excepción de las competencias asumidas por las comunidades autónomas. Además, acredita al profesorado de estos centros.

El Ministerio del Interior autoriza, inspecciona y sanciona los servicios de protección personal, excepto en el caso de competencia autonómica, y las actividades y servicios transfronterizos de seguridad.

El Ministerio del Interior autoriza los servicios de seguridad privada y de centrales de alarma de uso propio que operan a nivel nacional, también es responsable de la inspección y sanción de estos servicios fuera de las comunidades autónomas con competencia en esta materia.

El Ministerio del Interior establece las características técnicas y de homologación que deben cumplir los productos, sistemas, dispositivos, equipos, medidas y servicios de seguridad privada.