Tema 2-1

• Tema 2: Derechos y deberes fundamentales, derechos y deberes de la ciudadanía, principios rectores de la política económica y social.
• Título I: De los derechos y deberes fundamentales.

Capítulo Primero: De los españoles y los extranjeros

• Capítulo Segundo: Derechos y libertades.
• Sección 1: De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
• Sección 2: De los derechos y deberes de los ciudadanos.
• Capítulo Tercero: De los principios rectores de la política social y económica.
• Capítulo Cuarto: De las garantías de las libertades y derechos fundamentales.
• Capítulo Quinto: De la suspensión de los derechos y libertades.

Título I: De los derechos y deberes fundamentales

• Art. 10: La dignidad, los derechos inviolables inherentes, el desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley, y los derechos de los demás son fundamentos del orden político y la paz social.
• Art. 10.2: Las normas sobre derechos fundamentales se interpretan según la Declaración Universal de DDHH y los tratados ratificados por España.

Capítulo Primero: De los españoles y los extranjeros

• Art. 11.1: La nacionalidad española se rige por la ley para su adquisición, conservación y pérdida.
• Art. 11.2: Ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad.
• Art. 11.3: El Estado puede establecer tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos o con vínculos particulares con España, permitiendo la naturalización sin perder la nacionalidad de origen.
• Art. 12: La mayoría de edad en España se alcanza a los dieciocho años.
• Art. 13.1: Los extranjeros gozan en España de las libertades públicas garantizadas en este Título, conforme a tratados y leyes.
• Art. 13.2: Sólo los españoles pueden ejercer los derechos del artículo 23, salvo que, por reciprocidad, tratados o leyes permitan el sufragio activo y pasivo en elecciones municipales.
• La extradición se concede según tratados o leyes, bajo el principio de reciprocidad, excluyendo delitos políticos (no considerados actos de terrorismo).
• La ley determina los términos en que ciudadanos de otros países y apátridas pueden gozar del derecho de asilo en España.
• Art. 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o condición personal o social.

Sección 1: De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

• Art. 15: Todos tienen derecho a la vida y la integridad física y moral, sin torturas ni tratos inhumanos. Se abole la pena de muerte, excepto en leyes militares penales en tiempos de guerra.
• Art. 16.1: Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto individual y comunitario, sujeta al mantenimiento del orden público.
• Art. 16.2: Nadie está obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
• Art. 16.3: Ninguna confesión tiene carácter estatal; los poderes públicos consideran las creencias religiosas y cooperan con la Iglesia Católica y otras confesiones.
• Art. 17.1: Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad, sólo puede ser privado de ella según este artículo y las leyes.
• Art. 17.2: La detención preventiva no excederá el tiempo estrictamente necesario para la investigación, y el detenido debe ser liberado o puesto a disposición judicial en un máximo de 72 horas.
• Art. 17.3: El detenido debe ser informado de sus derechos y razones de detención, sin obligación de declarar, con asistencia letrada garantizada.
• Art. 17.4: La ley regula el "habeas corpus" para la liberación judicial inmediata de detenidos ilegalmente y establece el plazo máximo de prisión provisional.
• Art. 18.1: Se garantiza el derecho al honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen.
• Art. 18.2: El domicilio es inviolable; solo se permite la entrada o registro con consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
• Art. 18.3: Se garantiza el secreto de las comunicaciones, especialmente postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
• Art. 18.4: La ley limitará el uso de la informática para proteger el honor, la intimidad personal y familiar, y el ejercicio de los derechos.
• Art. 19: Los españoles tienen derecho a elegir residencia y circular libremente por el territorio nacional, así como a entrar y salir de España, dentro de los términos que la ley establezca, sin limitación por motivos políticos o ideológicos.
• Art. 20.1: Se reconocen y protegen los derechos de expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, a la producción literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, y a comunicar o recibir información veraz, regulándose el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional.
• Art. 20.2: El ejercicio de estos derechos no puede ser restringido por la censura previa.
• Art. 20.3: La ley regula la organización y control parlamentario de los medios de comunicación estatales, garantizando el acceso a grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo social y lingüístico de España.
• Art. 20.4: Estas libertades están limitadas por el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en las leyes que lo desarrollen, en el derecho al honor, intimidad, propia imagen y protección de la juventud e infancia.
• Los secuestros de información solo se permiten por resolución judicial.
• Art. 21.1: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, sin necesidad de autorización previa.
• Art. 21.2: Las reuniones en lugares públicos y manifestaciones requieren comunicación previa a la autoridad, que solo puede prohibirlas por razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.
• Art. 22.1: Se reconoce el derecho de asociación.
• Art. 22.2: Las asociaciones con fines o medios delictivos son ilegales.
• Art. 22.3: Las asociaciones deben inscribirse en un registro para efectos de publicidad.
• Art. 22.4: Las asociaciones solo pueden ser disueltas o suspendidas por resolución judicial motivada.
• Art. 22.5: Se prohíben las asociaciones secretas y paramilitares.
• Art. 23.1: Los ciudadanos tienen derecho a participar en asuntos públicos, directamente o a través de representantes elegidos por sufragio universal.
• Art. 23.2: Derecho a acceder en igualdad a funciones y cargos públicos, según requisitos legales.
• Art. 24.1: Todas las personas tienen derecho a la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin indefensión.
• Art. 24.2: Todos tienen derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia de un abogado, a ser informados de la acusación, a un proceso público sin dilaciones y con garantías, a utilizar pruebas pertinentes, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia, regulando la ley los casos de exención por parentesco o secreto profesional.
• Art. 25.1: Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que no constituyan delito, falta o infracción administrativa en el momento de cometerse.
• Art. 25.2: Las penas de privación de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la reeducación y reinserción social, sin trabajos forzados, y los condenados a prisión gozan de los derechos fundamentales de este Capítulo, salvo los limitados por la condena, la ley penitenciaria, con derecho a un trabajo remunerado, seguridad social, acceso a la cultura y desarrollo integral.
• Art. 25.3: La Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad directa o subsidiaria.
• Art. 26: Se prohíben los Tribunales de Honor en la Administración civil y en las organizaciones profesionales.
• Art. 27.1: Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
• Art. 27.2: La educación busca el pleno desarrollo de la personalidad respetando los principios democráticos y los derechos y libertades fundamentales.
• Art. 27.3: Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban formación religiosa y moral acorde con sus convicciones.
• Art. 27.4: La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
• Art. 27.5: Los poderes públicos garantizan el derecho a la educación para todos, mediante programación general, participación de todos los sectores y creación de centros docentes.
• Art. 27.6: Se reconoce la libertad de creación de centros docentes a personas físicas y jurídicas, respetando los principios constitucionales.
• Art. 27.7: Profesores, padres y alumnos participan en el control y gestión de centros sostenidos con fondos públicos, según la ley.
• Art. 27.8: Los poderes públicos inspeccionan y homologan el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
• Art. 27.9: Los poderes públicos ayudan a los centros docentes que cumplen los requisitos legales.
• Art. 27.10: Se reconoce la autonomía de las Universidades, según lo establezca la ley.
• Art. 28.1: Todos tienen derecho a sindicarse libremente, pero la ley puede limitar o exceptuar este derecho para las Fuerzas Armadas y otros cuerpos sometidos a disciplina militar, regulando las peculiaridades para funcionarios públicos; la libertad sindical incluye el derecho a fundar sindicatos, afiliarse al de su elección, formar confederaciones y afiliarse a organizaciones internacionales, sin obligación de afiliarse a un sindicato.
• Art. 28.2: Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, regulándose por ley con garantías para asegurar los servicios esenciales de la comunidad.
• Art. 29.1: Todos los españoles tienen derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.
• Art. 29.2: Los miembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos sujetos a disciplina militar solo pueden ejercer este derecho individualmente y según su legislación específica.
• Estos derechos poseen el nivel máximo de protección porque:
• Vinculan a todos los poderes públicos y ciudadanos.
• Su desarrollo debe hacerse por Ley Orgánica.
• La protección jurisdiccional se realiza mediante un procedimiento preferente y sumario.
• Contra su violación cabe recurso de amparo.
• Su reforma está afectada por el procedimiento agravado del artículo 168 CE.
• Admite recurso de inconstitucionalidad contra las leyes que los lesionen.
• Art. 30.1: Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
• Art. 30.2: La ley fijará las obligaciones militares, regulará la objeción de conciencia y otras causas de exención del servicio militar, pudiendo imponer una prestación social sustitutoria.
• Art. 30.3: Puede establecerse un servicio civil para fines de interés general.
• Art. 30.4: Los deberes de los ciudadanos en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública pueden regularse mediante ley.
• Art. 31.1: Todos contribuyen a los gastos públicos según su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en igualdad y progresividad, sin alcance confiscatorio.
• Art. 31.2: El gasto público asignará equitativamente los recursos y su programación y ejecución responderán a criterios de eficiencia y economía.
• Art. 31.3: Solo pueden establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.
• Art. 32.1: El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
• Art. 32.2: La ley regula las formas de matrimonio, edad y capacidad para contraerlo, derechos y deberes de los cónyuges, causas de separación y disolución y sus efectos.
• Art. 33.1: Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
• Art. 33.2: La función social delimitará el contenido del derecho a la propiedad privada.
• Art. 33.3: Nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante indemnización y de conformidad con las leyes.
• Art. 34.1: Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.
• Art. 34.2: Para las fundaciones rige lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.
• Art. 35.1: Todos los españoles tienen el deber y derecho al trabajo, a la libre elección de profesión, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin discriminación por razón de sexo.
• Art. 35.2: La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
• Art. 36: La ley regulará las peculiaridades del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y su funcionamiento interno deberá ser democrático.
• Art. 37.1: La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral y la fuerza vinculante de los convenios.
• Art. 37.2: Se reconoce el derecho de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, regulándose por ley con garantías para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
• Art. 38: Se reconoce la libertad de empresa en la economía de mercado; los poderes públicos garantizan su ejercicio y la defensa de la productividad, según las exigencias de la economía general y la planificación.
• Estos derechos comprenden el nivel medio de protección y se caracterizan porque: vinculan a todos los poderes públicos y ciudadanos, deben desarrollarse por ley ordinaria, gozan de protección judicial ordinaria, su reforma está afectada por el procedimiento simple del artículo 167, y cabe recurso de inconstitucionalidad contra las leyes que los lesionen.
• Art. 39.1: Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
• Art. 39.2: Se asegura la protección integral de los hijos, iguales ante la ley independientemente de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil.
• Art. 39.3: Los padres deben prestar asistencia a los hijos durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
• Art. 39.4: Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
• Art. 40.1: Los poderes públicos promoverán condiciones favorables para el progreso social y económico y una distribución equitativa de la renta, fomentando el pleno empleo.
• Art. 40.2: Fomentarán la formación y readaptación profesionales, la seguridad e higiene en el trabajo, el descanso necesario y la promoción de centros adecuados.
• Art. 41: Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social que garantice asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, con asistencia y prestaciones complementarias libres.
• Art. 42: El Estado velará por los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.
• Art. 43.1: Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
• Art. 43.2: Los poderes públicos organizan y tutelan la salud pública con medidas preventivas y servicios necesarios, estableciendo la ley los derechos y deberes al respecto.
• Art. 43.3: Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, física y el deporte, y facilitarán la utilización del ocio.
• Art. 44.1: Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura.
• Art. 44.2: Los poderes públicos promoverán la ciencia e investigación científica y técnica en beneficio del interés general.
• Art. 45.1: Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y el deber de conservarlo.
• Art. 45.2: Los poderes públicos velarán por el uso racional de los recursos naturales y la mejora del medio ambiente.
• Art. 45.3: Se establecerán sanciones penales o administrativas para quienes violen lo anterior, así como la obligación de reparar el daño.
• Art. 46: Los poderes públicos garantizan la conservación y promueven el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico, sancionando penalmente los atentados contra este patrimonio.
• Art. 47: Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias regulando la utilización del suelo para impedir la especulación y la comunidad participará en las plusvalías urbanísticas.
• Art. 48: Los poderes públicos promoverán la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
• Art. 49: Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, con protección especial regulada por ley.
• Art. 50: Los poderes públicos garantizarán pensiones adecuadas y actualizadas para la tercera edad y promoverán su bienestar mediante servicios sociales para problemas de salud, vivienda, cultura y ocio.
• Art. 51.1: Los poderes públicos garantizarán la defensa de consumidores y usuarios, protegiendo su seguridad, salud e intereses económicos.
• Art. 51.2: Los poderes públicos promoverán la información y educación de consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y las consultarán en asuntos que les afecten.
• Art. 51.3: La ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.
• Art. 52: La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de sus intereses económicos, siendo su estructura interna y funcionamiento democráticos.
• Estos preceptos integran el nivel mínimo de protección porque:
• Informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
• Solo pueden invocarse ante los Tribunales de acuerdo con las leyes que los desarrollen.
• Su reforma está afectada por el procedimiento del artículo 167.

Capítulo Cuarto: De las garantías de las libertades y derechos fundamentales

• Art. 53.1: Los derechos y libertades del Capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos y su ejercicio solo puede regularse por ley, respetando su contenido esencial, tutelándose según el artículo 161, 1, a).
• Art. 53.2: Cualquier ciudadano puede recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios mediante un procedimiento preferente y sumario, y, en su caso, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aplicable también a la objeción de conciencia del artículo 30.
• Art. 53.3: El reconocimiento, respeto y protección de los principios del Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pudiendo ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria según lo dispongan las leyes.
• Art. 54: Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, supervisando la actividad de la Administración e informando a las Cortes Generales.

Capítulo Quinto: De la suspensión de los derechos y libertades

• Art. 55.1: Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18 (apartados 2 y 3), 19, 20 (apartados 1, a y d y 5), 21, 28 (apartado 2) y 37 (apartado 2), podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio según la Constitución, excepto el apartado 3 del artículo 17 en estado de excepción.
• Art. 55.2: Una ley orgánica podrá determinar cómo y en qué casos, individualmente, con intervención judicial y control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17 (apartado 2) y 18 (apartados 2 y 3) pueden ser suspendidos para personas relacionadas con investigaciones sobre bandas armadas o terroristas. La utilización injustificada o abusiva de estas facultades producirá responsabilidad penal por violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.