Ley Penal y Procesal Penal

Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en el momento de juzgarse.

El proceso penal se puede iniciar de oficio por el propio órgano jurisdiccional (Juzgado de Instrucción), cuando este tenga conocimiento de la comisión de un hecho con apariencia delictiva. Esto significa que no se necesita la denuncia de una persona para empezar el proceso.

La fase intermedia en el proceso penal es la fase en que se decide si es posible iniciar el juicio oral a la vista de todo lo actuado en la fase de investigación.

En el proceso civil, la decisión sobre el inicio del proceso no recae en ningún caso sobre los sujetos que pretenden la tutela jurisdiccional de sus derechos o intereses. Esto significa que las partes pueden iniciar el proceso sin que se necesite un permiso especial.

Las partes en un proceso civil son cada una de las personas o entidades que actúan en el curso del mismo de modo válido.

En el proceso civil, se confía a las partes la delimitación del objeto del proceso, con el correlativo deber del juzgador de ceñir su decisión a las pretensiones que concretamente hayan formulado las partes (congruencia).

El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos se redacten en un lenguaje sencillo y comprensible.

El ciudadano tiene derecho a que los procedimientos judiciales en los que debe participar se lleven a cabo con la mayor puntualidad posible.

Los acuerdos alcanzados en una mediación, tras ser revisados por los abogados de las partes, se convierten en obligatorios sin necesidad de aprobación judicial.

Los magistrados suplentes, los jueces sustitutos, los jueces de paz y sus sustitutos no forman parte de la carrera judicial.

Las tasas por uso de la Administración de Justicia fueron eliminadas y no se incluyen en las costas procesales.

La Constitución establece que la justicia será gratuita para aquellos que demuestren que no pueden pagar los gastos de un juicio.

Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que residan legalmente en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar, tienen derecho a la asistencia legal gratuita.

En el proceso penal, todos los ciudadanos, incluidos los extranjeros, tienen derecho a la asistencia legal gratuita si no pueden pagar un abogado, incluso si no residen legalmente en España.

Se puede perder el derecho a la asistencia legal gratuita si se descubre que no se cumple con los requisitos necesarios para obtenerlo, o si la persona mejora sus medios económicos.

La solicitud de asistencia legal gratuita se debe presentar después de que el Servicio de Orientación Jurídica te haya asesorado y hayas decidido iniciar el procedimiento legal.

La responsabilidad penal de los menores tiene un enfoque educativo que busca corregir su comportamiento y reinsertarlos en la sociedad.

El procedimiento de responsabilidad de los menores se aplica a personas mayores de 14 años y menores de 18 años. Sin embargo, en casos de delitos muy graves, se puede aplicar a menores de 14 años.

La jurisdicción de menores se centra en la reeducación y reinserción social de los menores que han cometido delitos.

Es una rama del derecho que se aplica a personas menores de edad que han cometido delitos. Busca reeducar, reinsertar y prevenir la reincidencia en delitos.

La igualdad de remuneración por razón de sexo implica que hombres y mujeres deben recibir el mismo salario por realizar el mismo trabajo o trabajo de igual valor.

La discriminación salarial por razón de sexo solo se permite si está justificada y la diferencia retributiva no excede un cierto porcentaje.

La Ley 4/2023 de 28 de febrero, entre otras cosas, trata la conciliación de la vida familiar y laboral y la despatologización de la diversidad sexogenérica.

La conciliación de la vida familiar y laboral se refiere a la posibilidad de que los trabajadores puedan compatibilizar su vida familiar y personal con su vida laboral.

El principio de participación ciudadana se refleja en el derecho de que la ciudadanía participe en la administración de justicia mediante el jurado.

Los juzgados de primera instancia e instrucción son un órgano judicial de territorialidad autonómica.

Las empresas deben tener medidas planificadas para combatir la discriminación del colectivo LGTBI.

La Ley de Empleo considera a las personas LGTBI como un grupo vulnerable que necesita protección contra la discriminación.

El concepto de responsabilidad penal se refiere a la obligación de responder ante la ley por la comisión de un delito. Esto significa que una persona puede ser acusada y condenada por un delito si se demuestra que actuó intencionalmente o por negligencia y que sus acciones cumplieron con los requisitos de la ley penal.

La conciliación en el proceso penal implica un acuerdo entre el menor infractor y la víctima para reparar el daño causado. La conciliación implica una negociación y un compromiso mutuo para llegar a una solución satisfactoria para ambas partes.

La reparación en el proceso penal implica la restitución del daño causado a la víctima por el menor infractor. La reparación puede incluir compensación económica, la realización de trabajos comunitarios o cualquier otra medida que ayude a resarcir a la víctima por las pérdidas sufridas.

Los padres pueden ser considerados responsables civilmente por los actos delictivos de sus hijos menores de edad. Esta responsabilidad se basa en el deber de los padres de controlar y educar a sus hijos para evitar que cometan actos ilícitos. Sin embargo, la responsabilidad de los padres depende de la gravedad del delito y de la participación de los padres en el mismo.

El principio de publicidad en el proceso penal establece que los juicios deben ser públicos, es decir, que cualquier persona puede asistir a ellos. Sin embargo, existen excepciones a este principio, como la celebración de juicios a puerta cerrada en casos que involucren secretos militares o la protección de la seguridad de las víctimas.

Las acciones positivas son medidas que se toman para eliminar las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en áreas como el acceso al empleo, la educación o la salud. Estas acciones ayudan a crear una sociedad más justa e inclusiva.

La Ley 599 de 2000 en Colombia tipifica la violencia intrafamiliar como delito y Garzón introduce el concepto de "Escena Vital" para describir el contexto en el que ocurre la violencia.

El Trabajo Social Forense en los Estados Unidos es realizado por la NASW, una asociación dedicada a este campo.

Los Trabajadores Sociales Forenses trabajan en diferentes áreas de la justicia, principalmente en el ámbito civil y penal.

El "peritaje" es una evaluación realizada por un profesional de la salud mental o social.

Los Trabajadores Sociales Forenses utilizan la entrevista semiestructurada como herramienta de investigación, permitiéndoles obtener información de forma sistemática.