Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos

Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos

• Esta ley busca renovar, integrar y homogeneizar la normativa sobre hidrocarburos.
• Busca una regulación más abierta, donde los poderes públicos protejan los intereses generales a través de la normativa.
• Busca limitar la intervención directa en los mercados a situaciones de emergencia.
• Busca permitir que la libre iniciativa empresarial amplíe su campo de actuación e introducir realidades técnicas y mercantiles carentes de encaje legal.
• Se debe profundizar en los mecanismos de información detallada por los agentes del mercado a las Administraciones competentes.
• Busca proporcionar un tratamiento integrado a una industria verticalmente articulada, desde la producción hasta el consumo.
• La ley se preocupa por la introducción de criterios de protección medioambiental en las actividades.
• El primer bloque material aborda la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, reguladas por la Ley 21/1974.
• Novedades incluyen su adecuación al ordenamiento constitucional, la supresión de la reserva en favor del Estado.
• Incluye la regulación de los almacenamientos subterráneos, la creación de la figura del operador y el hincapié en las obligaciones de desmantelamiento.
• La supresión de la reserva en favor del Estado responde a la necesidad de configurar al Estado como regulador y no como ejecutor.
• Los almacenamientos subterráneos, carentes de regulación, son un núcleo fundamental tanto de la seguridad del sistema de gas natural como de otros tipos de hidrocarburos.
• El operador es la entidad responsable ante la Administración del conjunto de actividades cuando existe titularidad compartida.
• Regula el refino de petróleo y el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de productos petrolíferos desde una perspectiva de mayor liberalización.
• Suprime autorizaciones para el ejercicio de la actividad por la mera autorización de instalaciones afectas a una actividad.
• Se suprimen requisitos para el ejercicio de la actividad entre los cuales, la supresión de la obligatoriedad de distribución a domicilio quizá constituya el ejemplo más relevante.
• La regulación del sector del gas trata de avanzar en la liberalización y de recoger los avances habidos en esta industria.
• La homogeneidad se mantenga en el enfoque básico dado al sistema de gas natural, en relación con el sistema eléctrico.
• No tener sentido económico la duplicidad de estas interconexiones, el propietario de la red se configura como un monopolista del suministro.
• Se suprime en el sector del gas la consideración de servicio público. Se ha mantenido para todas ellas la consideración de actividades de interés general.
• El Estado debe velar por su seguridad y continuidad y justifica las obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad.
• La vinculación e interdependencia de los sectores energéticos recomiendan atribuir a un único órgano la regulación y vigilancia del mercado energético.
• El artículo 149.1.25ª atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen minero y energético
• La ley respeta las competencias de las Comunidades Autónomas en todo lo referente a la distribución de hidrocarburos.
• El objeto de la presente Ley es regular el régimen jurídico de las actividades relativas a los hidrocarburos líquidos y gaseosos.
• Se consideran incluidas las siguientes actividades:
  • Exploración, investigación y explotación de yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos.
  • Comercio exterior, refino, transporte, almacenamiento y distribución de crudo de petróleo y productos petrolíferos, incluidos los gases licuados del petróleo.
  • Adquisición, producción, licuefacción, regasificación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de combustibles gaseosos por canalización.
• Las actividades destinadas al suministro de hidrocarburos líquidos y gaseosos se ejercerán bajo los principios de objetividad, transparencia y libre competencia.
• A los efectos del artículo 132.2 de la Constitución tendrán la consideración de bienes de dominio público estatal, los yacimientos de hidrocarburos y almacenamientos
  • subterráneos existentes en el territorio del Estado y en el subsuelo del mar territorial y de los fondos marinos que estén bajo la soberanía del Reino de España.
• Se reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de las actividades a que se refieren los Títulos III y IV de la presente Ley.
• Corresponde al Gobierno:
  • Ejercer las facultades de planificación en materia de hidrocarburos.
  • Establecer la regulación básica correspondiente a las actividades a que se refiere la presente Ley.
  • Determinar las tarifas de último recurso en aquellos casos en los que la presente Ley así lo establezca y fijar los tipos y precios de servicios asociados al suministro.
  • Establecer los requisitos mínimos de calidad y seguridad que han de regir el suministro de hidrocarburos.
  • Determinar la estructura y la metodología para el cálculo de los cánones de los servicios de acceso a las instalaciones gasistas destinados a cubrir la retribución asociada al uso de los almacenamientos subterráneos básicos, así como aprobar los valores de los cánones de acceso a dichas instalaciones.
  • Determinar la estructura y la metodología para el cálculo de los cargos que correspondan en relación a los costes de las instalaciones de gas natural no asociadas con el uso de las mismas, así como aprobar los valores de dichos cargos.
• Corresponde a la Administración General del Estado:
  • Otorgar las autorizaciones de exploración y permisos de investigación a que se refiere el Título II, cuando afecte al ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma.
  • Otorgar las concesiones de explotación a que se refiere el citado Título de la presente Ley.
  • Otorgar autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación en las zonas de subsuelo marino a que se refiere el Título II de la presente Ley.
  • Autorizar las instalaciones que integran la red básica de gas natural, así como aquellas otras instalaciones de transporte secundario y de distribución a que se refiere la presente Ley, cuando salgan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma.
  • Autorizar a los comercializadores de gas natural cuando su ámbito de actuación vaya a superar el territorio de una Comunidad Autónoma.
  • Impartir, en el ámbito de su competencia, instrucciones relativas a la ampliación, mejora y adaptación de las infraestructuras de transporte y distribución de hidrocarburos.
  • Inspeccionar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las condiciones técnicas y, en su caso, económicas, que resulten exigibles.
  • Inspeccionar el cumplimiento del mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de los operadores al por mayor.
  • Sancionar, de acuerdo con la Ley, la comisión de las infracciones establecidas.
• La planificación en materia de hidrocarburos tendrá carácter indicativo, salvo en lo que se refiere a las instalaciones integrantes de la red básica de gas natural, a la red de
  • transporte secundario, a la determinación de la capacidad de regasificación total de gas natural licuado necesaria para abastecer el sistema gasista.
• Tendrá carácter obligatorio para la garantía de suministro de hidrocarburos.
• La planificación deberá referirse, al menos, a los siguientes aspectos:
  • Previsión de la demanda de productos derivados del petróleo y de gas natural a lo largo del período contemplado.
  • Estimación de los abastecimientos de productos petrolíferos necesarios bajo criterios de calidad, seguridad, diversificación energética, mejora de la eficiencia y protección.
  • Previsiones relativas a las instalaciones de transporte y almacenamiento de productos petrolíferos, con especial atención de las instalaciones de almacenamiento de reservas estratégicas.
  • Previsiones de desarrollo de la red básica de transporte de gas natural y de la capacidad de regasificación total de gas natural licuado necesaria.
  • Definición de las zonas de gasificación prioritaria, expansión de las redes y etapas de su ejecución.
  • Previsiones relativas a instalaciones de transporte y almacenamiento de combustibles gaseosos.
  • Establecimiento de criterios generales para determinar un número mínimo de instalaciones de suministro de productos petrolíferos al por menor.
  • Los criterios de protección medioambiental.
• Se suprime en el sector del gas la consideración de servicio público. Se ha mantenido para todas ellas la consideración de actividades de interés general
• Las restricciones previstas en los instrumentos de ordenación que afecten a las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos no podrán tener carácter genérico y deberán estar motivadas.
• Artículo 7. El presente Título establece el régimen jurídico de:
  • La exploración, investigación y explotación de los yacimientos de hidrocarburos.
  • La exploración, investigación y explotación de los almacenamientos subterráneos para hidrocarburos.
  • Las actividades de transporte, almacenamiento y manipulación industrial de los hidrocarburos obtenidos.
• Artículo 8. Las personas jurídicas, públicas o privadas podrán realizar cualquiera de las actividades, mediante la obtención de las correspondientes autorizaciones, permisos y concesiones.
• Los permisos de investigación y las concesiones de explotación sólo podrán ser otorgados a sociedades mercantiles que acrediten su capacidad técnica y financiera.
• En el caso de titularidad compartida de permisos de investigación o concesiones de explotación, el conjunto de titulares deberá designar a uno de ellos como operador.
• Todas las coordenadas geográficas que figuren en las correspondientes delimitaciones de permisos de investigación y de concesiones de explotación de hidrocarburos.
• Exploración superficial terrestre de mero carácter geológico podrá efectuarse libremente en todo el territorio nacional.
• Los permisos de investigación se otorgarán por el Gobierno o por los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y conferirán el derecho exclusivo de investigar.
• Las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos confiere a sus titulares el derecho a realizar en exclusiva la explotación por un período de treinta años, prorrogable por dos períodos sucesivos de diez.
• Los titulares de una concesión de explotación de yacimientos de hidrocarburos podrán vender libremente los hidrocarburos obtenidos.
• Las prórrogas de concesiones de explotación de yacimientos y de almacenamientos subterráneos se solicitarán al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
• La anulación o extinción de una concesión de explotación dará lugar a su inmediata reversión al Estado.
• Los titulares de autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación a las leyes y tribunales españoles.
• El Ministerio de Industria y Energía , o el órgano competente de la Comunidad Autónoma están facultados para inspeccionar todos los trabajos y actividades regulados en este Título.
• las autorizaciones, permisos y concesiones a que se refiere el presente Título serán nulos cuando se otorguen contraviniendo lo dispuesto en la presente Ley.
• Las autorizaciones, permisos y concesiones regulados en el presente Título se extinguirán:
  • a) Por incumplimiento de las condiciones de su otorgamiento.
  • Por caducidad al vencimiento de sus plazos.
  • Por renuncia total o parcialmente del titular, una vez cumplidas las condiciones en que fueron otorgados.
  • Por la disolución o la liquidación de la empresa titular.
  • Por cualesquiera otras causas establecidas por las leyes.
• Las actividades de refino de crudo de petróleo, el transporte, almacenamiento, distribución y venta de productos derivados del petróleo podrán ser realizadas libremente.
• La construcción, puesta en explotación o cierre de las instalaciones de refino, estará sometida al régimen de autorización administrativa previa.
• Los precios de los productos derivados del petróleo serán libres.
• Los titulares de instalaciones fijas de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos, deberán permitir el acceso de terceros mediante un procedimiento negociado.
• Serán operadores al por mayor aquellos sujetos que comercialicen productos petrolíferos para su posterior distribución al por menor.
• Serán distribuidores al por menor de productos petrolíferos aquellas personas físicas o jurídicas que realicen, al menos, una de las siguientes actividades:
  • El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto.
  • El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación.
  • El suministro de queroseno con destino a la aviación.
  • El suministro de combustibles a embarcaciones. -Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos.
• Sin embargo, las administraciones autonómicas y estatales están facultadas, en nombre de los intereses de consumidores, a controlar el origen, volumen y calidad de los combustibles.
• La planificación de instalaciones de transporte de gas y de almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos también será tomada en consideración en la planificación de carreteras.
• Son combustibles gaseosos el gas natural, gases combustibles manufacturados y sintéticos, mezclas de gas natural, biogás.
• La distribución de combustibles gaseosos se regirá por la presente Ley y la normativa que dicten las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.
• La Autoridad competente vigilará las instalaciones de distribución.
• Los consumidores tendrán derecho al suministro de productos derivados del combustible en el territorio nacional.
• La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará los planes de inversión de los gestores de red de transporte.
• Los permisos de investigación se otorgarán por el Gobierno o por los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas que otorgan un derecho exclusivo investigar las áreas a que vayan referidas durante un período de seis años