Legislación Decreto Legislativo 1/1999

Poderes de los consejeros de la Consejería de Economía y Hacienda.

Restricciones a las facultades de los consejeros.

Proceso de creación de fondos/crédito.

Restaurar o reemplazar recursos.

Aprobación formal de un gasto.

Etapas en la ejecución de un gasto.

Plan financiero para organismos autónomos.

Plan financiero para entidades instrumentales del sector público.

Son los derechos económicos de la Hacienda Pública gallega, que incluyen ingresos de impuestos, tasas, contribuciones especiales, tributos cedidos, participaciones en ingresos estatales, dotaciones para nivelación de servicios, precios por servicios prestados, ingresos de fondos de compensación, recargos, asignaciones presupuestarias, deuda pública, patrimonio y donaciones.

Son ingresos que la Comunidad Autónoma puede establecer para financiar sus actividades.

Son impuestos que el Estado cede a la Comunidad Autónoma para su administración y recaudación.

Parte de los ingresos del Estado, tanto directos como indirectos (incluyendo monopolios fiscales), que la Comunidad Autónoma recibe.

Recursos asignados para garantizar la prestación de servicios básicos en todas las comunidades autónomas.

Recursos destinados a equilibrar las diferencias económicas entre las comunidades autónomas.

Recursos obtenidos a través de la emisión de bonos o préstamos por parte de la Comunidad Autónoma.

Ingresos generados por el patrimonio de la Comunidad Autónoma (como rentabilidad de sus bienes).

Los ingresos que recibe la Comunidad Autónoma de Galicia, como multas, impuestos, subvenciones y otros recursos de derecho público o privado.

Se destinan a sufragar las obligaciones de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos, a menos que la ley establezca otro fin específico.

La Consejería de Economía y Hacienda gestiona los recursos de la Hacienda Pública gallega, con control legal.

Los órganos rectores de los organismos autónomos administran sus recursos para cumplir sus fines.

Las personas o entidades que administran los recursos de la Hacienda Pública gallega deben responder a la Consejería de Economía y Hacienda o al órgano de administración del organismo autónomo.

Las personas o entidades que manejan fondos públicos deben proporcionar una fianza, según las disposiciones reglamentarias.

La gestión de los tributos propios de la Comunidad Autónoma, impuestos cedidos y recargos se rige por el Estatuto de Autonomía, la Ley de Hacienda Pública y otras leyes y disposiciones.

La gestión de los tributos se somete a las disposiciones legales del Estatuto de Autonomía, la Ley de Hacienda Pública y otras leyes gallegas.

Las obligaciones económicas de la Comunidad Autónoma solo se pueden exigir cuando se hayan ejecutado los presupuestos, haya una sentencia judicial firme o se hayan autorizado operaciones de Tesorería.

Las deudas por prestaciones o servicios a la Administración de la Comunidad no se pagan hasta que el acreedor cumpla con su propia obligación.

Los tribunales o las autoridades no pueden embargar los bienes de la Hacienda de la Comunidad.

La autoridad competente es responsable de cumplir las resoluciones que impliquen obligaciones para la Comunidad.

Si no hay suficiente dinero en el presupuesto para cumplir con una obligación, se pide al Parlamento un crédito extraordinario o un suplemento de crédito.

Las obligaciones de la Comunidad nacen de la Ley, los negocios jurídicos o los actos que las generan.

No se menciona en el documento. Se infiere que podría haber un capítulo dedicado a los intereses en la deuda.

El Consejero de Economía y Hacienda puede anular deudas si su ejecución resulta antieconómica.

La Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia goza de los mismos beneficios que la Deuda Pública del Estado y se rige por las normas que le sean aplicables según su modalidad y características.

Los títulos al portador de la Deuda Pública que se pierdan o sean robados, se rigen por la legislación mercantil o por procedimientos administrativos especiales, si los hubiera.

La obligación de reembolso de los capitales de la Deuda Pública y el pago de sus intereses se rigen por los procedimientos y plazos establecidos por la normativa vigente para la Deuda Pública del Estado.

La Comunidad Autónoma puede garantizar las obligaciones de personas o empresas con sede en Galicia a través de un aval de la Tesorería.

La Junta de Galicia autoriza los avales, a petición del Consejero de Economía y Hacienda, publicándose en el Diario Oficial de Galicia.

La Comunidad Autónoma puede avalar las operaciones de crédito a favor de organismos autónomos, sociedades públicas, corporaciones locales y empresas privadas con sede en Galicia.

El importe límite de los avales que la Comunidad puede conceder en un año se fija en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad.

Los créditos avalados a empresas privadas solo pueden financiar la creación, reconversión o reestructuración de medianas y pequeñas empresas que demuestren viabilidad a través de un plan económico-financiero.

Son gastos que se extienden por más de un ejercicio presupuestario, es decir, se financian en diferentes años.

Se consideran gastos plurianuales aquellos que, por su naturaleza o duración, no pueden ser financiados en un solo ejercicio presupuestario. Por ejemplo, contratos de obra que se extienden por varios años, arrendamientos de inmuebles, cargas financieras de deuda, convenios con universidades y gastos que resulten antieconómicos para un solo año.

Los gastos plurianuales no pueden extenderse por más de cuatro años. En general, el número máximo de ejercicios para la mayoría de los gastos plurianuales es cuatro.

El compromiso de crédito para los gastos plurianuales se establece en porcentajes específicos según el ejercicio al que se aplica.

El compromiso de crédito para gastos plurianuales se establece en porcentajes decrecientes: 70% para el primer año, 60% para el segundo, y 50% para el tercero y cuarto año.

En los contratos de obra plurianual, se retiene un 10% adicional del importe de adjudicación como garantía.

La retención del 10% se aplica al ejercicio en que finaliza el plazo del contrato o al siguiente, dependiendo de cuándo se prevea realizar el pago final.

Las retenciones de crédito forman parte de los porcentajes establecidos para el compromiso de gastos plurianuales.