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Ley de transparencia y acceso a la información pública en la Comunidad Autónoma de Canarias

La sociedad canaria busca instituciones públicas más accesibles y transparentes.
La transparencia es esencial para generar confianza en la gestión pública.
La transparencia permite a la ciudadanía conocer mejor el uso de los recursos públicos.
La transparencia es vital para lograr que la actuación de los poderes públicos sea más eficaz y eficiente.
La participación ciudadana requiere acceso a información pública clara y ágil.
La Ley de transparencia y acceso a la información pública se enfoca en mejorar la transparencia administrativa.
La ley garantiza el acceso a información sobre la actividad de las instituciones y organismos públicos.
La ley establece límites y protección de datos de carácter personal.
La ley regula el derecho de acceso a la información pública.
La ley establece un Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La ley establece infracciones y sanciones disciplinarias y administrativas.
La ley busca aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión pública y promover la reconciliación entre instituciones y sociedad.Resumen de la Ley de Transparencia de Canarias
La Comunidad Autónoma de Canarias ha creado una ley para regular el acceso a la información pública y promover la transparencia en la administración pública.
La ley se basa en el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y se ajusta a la legislación básica española sobre transparencia.
La ley se estructura en cinco títulos y una parte final con disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.
El primer título establece el objeto de la ley, su ámbito de aplicación y los principios rectores de su política.
El segundo título se enfoca en la publicidad de la información que deben hacer las entidades administrativas, sin necesidad de solicitud previa.
Las entidades deben hacer pública la información de la organización y actividad que se relaciona en la ley, y aquella que se solicita con mayor frecuencia.
La información debe ser actualizada y ordenada por categorías para facilitar su comprensión y accesibilidad.
La ley establece límites a la información que debe ser objeto de publicación y protege los datos personales.
El tercer título se enfoca en el derecho de acceso a la información pública, y establece los requisitos y procedimientos para solicitar información.
La ley también contempla la creación de una unidad responsable de la información pública y un registro de solicitudes de acceso.
La ley establece infracciones y sanciones disciplinarias y administrativas para garantizar el cumplimiento de la transparencia.
La ley se basa en la participación ciudadana y en la promoción de la cultura de la transparencia administrativa en la Comunidad Autónoma de Canarias.La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de Canarias.
La ley se divide en cinco títulos y establece la obligación de las entidades públicas y privadas de Canarias de publicar información.
La sección segunda enumera la información que debe hacerse pública, incluyendo información institucional, de personal, económica, de patrimonio, de contratos, entre otras.
Se crea el Portal de Transparencia para recoger la información relacionada en la ley y aquella que se solicite con mayor frecuencia.
El título III regula el derecho de acceso a la información pública, siguiendo la Ley de Transparencia estatal.
Se establecen normas sobre el procedimiento para solicitar información y las causas de inadmisión de las solicitudes.
Se reduce el plazo para resolver en los casos de inadmisión de solicitudes.
El capítulo III permite reclamar ante el comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El título IV regula el comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien tiene la responsabilidad de analizar y controlar la transparencia pública en Canarias.
El comisionado tiene la facultad de controlar el cumplimiento de la obligación de publicar información y resolver las reclamaciones.
El comisionado debe presentar anualmente un informe al Parlamento de Canarias sobre la aplicación y cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
El título V establece las infracciones y sanciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, y las sanciones incluyen amonestación, multas y cese en el cargo. El Gobierno tiene competencia para incoar y resolver los procedimientos disciplinarios de los altos cargos.Resumen de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Comunidad Autónoma de Canarias
La ley tiene como objetivo regular la transparencia y el acceso a la información pública en la Comunidad Autónoma de Canarias.
La ley se aplica a la Administración pública de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos, entidades empresariales y otras entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de la Administración.
También se aplica a los cabildos insulares, ayuntamientos, universidades públicas canarias y otros sujetos obligados como partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales que reciban ayudas o subvenciones con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Los sujetos obligados deben suministrar información previo requerimiento y en un plazo determinado.
La información debe ser pública, accesible, comprensible, actualizada y verificable.
Se establece la figura del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, responsable de garantizar el cumplimiento de la ley.
Se establecen sanciones por incumplimiento de la ley, incluyendo el cese en el cargo desempeñado.
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves y graves se hacen públicas en el Portal de Transparencia.
Se prevé la aplicación supletoria de la ley en materias que tengan un régimen especial.
La Administración pública debe incluir procedimientos telemáticos para la resolución de solicitudes de información pública.
Se establece la obligación de la Administración de asegurar la difusión progresiva de la información pública.
Se establecen disposiciones adicionales, transitorias y finales para el desarrollo y aplicación de la ley.