Domicilio Fiscal y Ordenanza Fiscal General

Los ingresos públicos que se exigen a los ciudadanos por parte de la Administración municipal para financiar los gastos públicos.

Establecer normas comunes en diferentes ordenanzas fiscales para evitar repeticiones.

Ajustar las normas fiscales para que se ajusten a las necesidades específicas del ayuntamiento.

Informar al público sobre las normas y procedimientos fiscales para facilitar su cumplimiento.

Los órganos y entidades del ayuntamiento que se encargan de gestionar los impuestos.

La interpretación de las leyes fiscales se debe hacer siguiendo las directrices del Código Civil.

Se debe entender que las normas fiscales se aplican de acuerdo con su sentido legal, técnico o habitual.

Los Decretos de Alcaldía pueden aclarar la interpretación de las normas fiscales.

El interés de demora se aplica cuando un contribuyente recibe un reembolso inadecuado.

El interés de demora se aplica cuando se concede un aplazamiento o fraccionamiento del pago.

El interés de demora se calcula sobre el importe no pagado dentro del plazo o sobre el monto de la devolución cobrada indebidamente.

No se cobran intereses de demora cuando la Administración Tributaria incumple un plazo para resolver un asunto.

No se cobran intereses de demora a partir del momento en que se incumplen los plazos para notificar la resolución de las solicitudes de compensación, el acto de liquidación o las resoluciones de los recursos.

En caso de una nueva liquidación debido a la anulación de otra, el interés de demora se aplica sobre el importe de la nueva liquidación desde el día siguiente al vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario de la liquidación anulada.

La responsabilidad solidaria por sucesión en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas no es aplicable cuando se adquieren elementos aislados que no permiten continuar la explotación o actividad.

La adquisición de explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor en situación de concurso de acreedores no genera responsabilidad solidaria.

Las personas o entidades que ocultan o transmiten bienes para impedir la actuación de la Administración Tributaria Municipal son responsables solidarias del pago del deute tributario.

Las personas o entidades que incumplen las órdenes de embargo son responsables solidarias del pago del deute tributario.

Las personas que colaboran o consienten el levantamiento de embargos son responsables solidarias del pago del deute tributario.

Las personas o entidades que son depositarias de los bienes del deudor y colaboran con el levantamiento del embargo son responsables solidarias del pago del deute tributario.

Los administradores de las personas jurídicas que cometen infracciones tributarias y no toman las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones tributarias son responsables subsidiarias.

La responsabilidad subsidiaria de los administradores de empresas se extiende a las sanciones tributarias.

Conjunto de normas que regulan la gestión, inspección, recaudación y revisión de todos los impuestos municipales.

Determina el ámbito geográfico de aplicación de las ordenanzas fiscales. Abarca el término municipal de Barcelona.

Establece que las normas de la Ordenança Fiscal General también son válidas para todas las ordenanzas que regulan los impuestos individuales.

Se refiere a que las ordenanzas fiscales se deben aplicar según el domicilio real de la persona o la ubicación del bien.

Indica que la Ordenança Fiscal General tiene como objetivo mejorar la gestión y simplificar los procesos relacionados con los impuestos.

Se refiere a que las ordenanzas fiscales se dictan para regular aspectos relacionados con la gestión, inspección, recaudación y revisión de los impuestos.

Permite al Ayuntamiento realizar adaptaciones que mejoren la gestión de los impuestos.

Establece que el Ayuntamiento se basa en diferentes leyes y normas para regular los impuestos.

Personas físicas que residen en el territorio español. Se determina en función de la residencia habitual, que corresponde a la que figura en el padrón de habitantes.

Personas físicas que no residen en España pero realizan actividades económicas en el territorio español. La administración tributaria municipal puede considerar como su domicilio fiscal el lugar donde centralizan la gestión administrativa y la dirección de sus actividades.

Se considera el domicilio social de la persona jurídica siempre que la gestión administrativa y la dirección del negocio se centralicen en él. En caso contrario, se considera el lugar donde se realiza la gestión o dirección.

Se determina según la normativa reguladora del tributo en cuestión. Si no hay normativa específica, se considera el domicilio del representante designado.

Para las personas no residentes en España que tienen un establecimiento permanente en España, deben designar un representante con domicilio en territorio español.

Cuando la normativa tributaria lo establece o cuando lo exige la administración tributaria por las características o la cantidad de la renta obtenida.

Es importante que los obligados tributarios no residentes informen al Instituto Municipal de Hacienda del Ayuntamiento acerca de su representante.

Es el lugar donde se encuentra el mayor valor del inmovilizado en el que se realizan las actividades económicas, en caso de que no se pueda determinar el lugar de la gestión administrativa y la dirección de las actividades.

Las personas o entidades residentes en el extranjero que realizan actividades en Barcelona, tienen su domicilio fiscal en el lugar donde gestionan sus negocios.

Si no se puede determinar el lugar de gestión efectiva y dirección de los negocios, el domicilio fiscal se ubica donde esté el valor más alto del inmovilizado.

Las personas y entidades deben comunicar a la administración tributaria municipal su domicilio fiscal y cualquier cambio que se produzca.

El plazo para comunicar un cambio de domicilio fiscal es de un mes para las personas y entidades que realizan actividades económicas.

Las personas físicas que no realizan actividades económicas tienen 3 meses para comunicar un cambio de domicilio fiscal.

La comunicación del nuevo domicilio fiscal es válida desde el momento de su presentación.

La administración tributaria municipal puede comprobar y rectificar el domicilio fiscal de los obligados.

La declaración de cambio de domicilio para otros fines administrativos (como el padrón) no sustituye la declaración tributaria expressa de cambio de domicilio fiscal.

Es el texto que integra todas las modificaciones, correcciones y derogaciones de una norma desde su origen en un solo documento, pero sin valor oficial.

El objetivo de un texto consolidado es facilitar el acceso al Derecho vigente, ya que no solo se muestra la norma original, sino que también se incluyen las modificaciones posteriores.

Aunque un texto consolidado es útil para comprender la normativa vigente, no es un documento oficial. Para fines legales, se debe consultar la publicación oficial de la norma.

Los textos consolidados se actualizan con cada modificación de la norma original. La fecha de la última actualización indica la última vez que se incorporaron las modificaciones.

Un texto consolidado puede ser un punto de inicio para investigar una norma legal, pero siempre se debe consultar la publicación oficial para asegurarse de que se está trabajando con la versión válida.

El valor catastral de los bienes inmuebles constituye la base imponible del impuesto.

Se reduce la base imponible para algunos inmuebles urbanos y rústicos, dependiendo de su valor catastral.

Los inmuebles cuyo valor catastral aumenta por procedimientos de valoración colectiva general pueden ser sujetos a reducción en la base imponible.

La Dirección General del Catastro es la entidad responsable de determinar la base liquidable en procedimientos de valoración colectiva.

La base liquidable es el resultado de aplicar la reducción correspondiente a la base imponible.

Se notifica la base imponible y la base liquidable al propietario del inmueble.

En casos de alteraciones de términos municipales, los bienes inmuebles que cambian de municipio mantienen el mismo régimen de bases imponibles y liquidables.

Las decisiones de la Dirección General del Catastro sobre la base liquidable pueden ser recurridas en los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

Se refiere a la disminución del valor catastral de un inmueble en municipios con una ponencia de valores aprobada que aplica una reducción.

La reducción se aplica automáticamente, sin que el propietario deba solicitarla.

La reducción no se puede utilizar para compensar otras obligaciones fiscales.

El aumento del valor catastral debido a la actualización anual de los valores no se ve afectado por la reducción.

La reducción no se aplica a los inmuebles clasificados como de características especiales.

La reducción se aplica durante nueve años a partir de la fecha en que se ponen en vigor los nuevos valores catastrales.

La reducción se calcula aplicando un coeficiente único a un componente individual, calculado para cada inmueble.

El tipo de gravamen mínimo y supletorio es del 0,4% para los bienes inmuebles urbanos y del 0,3% para los rurales.

Entidades o personas que gozan de exención de impuestos municipales por su naturaleza o función.

Los bienes inmuebles pertenecientes a la Iglesia Católica, según el acuerdo de 1979 entre España y la Santa Sede.

Las asociaciones religiosas no católicas legalmente reconocidas, según los acuerdos de cooperación suscritos con el Estado.

Los bienes inmuebles de la Cruz Roja Española están exentos de impuestos municipales.

Los inmuebles de gobiernos extranjeros destinados a representación diplomática o consular, según la reciprocidad.

Los terrenos con Montes poblados de especies de crecimiento lento, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho.

Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y edificios destinados a estaciones, almacenes o servicios.

Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos al régimen de concertación educativa.

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo de carácter municipal que se aplica a la realización de construcciones e instalaciones dentro del término municipal.

El hecho imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística.

Son sujetos pasivos del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras los dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble.

Si la construcción, instalación u obra no la realiza el dueño, quien solicita las licencias o realiza las obras se convierte en sujeto pasivo sustituto.

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras está exento para construcciones realizadas por el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, si se destinan a obras de infraestructura como carreteras, ferrocarriles o aeropuertos.

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto, lo que significa que el impuesto no se carga directamente a la persona que lo paga, sino que se incluye en el precio final del producto o servicio.

Los ayuntamientos pueden otorgar una bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles, equivalente a la diferencia entre la cuota íntegra del año actual y la cuota líquida del año anterior, multiplicada por un coeficiente máximo de incremento anual.

La bonificación por incrementos en el valor catastral tiene una duración máxima de tres períodos impositivos.

La bonificación entra en vigor cuando se actualizan los valores catastrales de una misma clase de bienes inmuebles debido a una valoración colectiva.

La ordenanza fiscal municipal debe establecer las condiciones para que la bonificación sea compatible con otras bonificaciones que se apliquen al mismo inmueble.

En caso de que se haya aplicado otra bonificación en el período anterior al de la bonificación por incrementos en el valor catastral, se utiliza la cuota íntegra del ejercicio anterior para calcular la bonificación.

Si se produce un cambio en el valor catastral debido a modificaciones inscritas en el catastro, cambio de clase del inmueble o cambios en el planeamiento urbanístico, se utiliza el valor base para calcular la bonificación.

Los ayuntamientos pueden establecer una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto para inmuebles con características especiales.

La ordenanza debe especificar la duración, cuantía anual y otros aspectos sustantivos de la bonificación para inmuebles especiales.

Las entidades locales pueden establecer tasas por el uso o aprovechamiento privado del dominio público local.

La extracción de arena y otros materiales de construcción de terrenos públicos locales está sujeta a una tasa.

La construcción de pozos, cisternas o aljibes en terrenos públicos locales para recoger agua pluvial también está sujeta a una tasa.

El uso de aguas públicas para balnearios u otros usos no comunes está sujeto a una tasa.

La descarga de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos públicos locales está sujeta a una tasa.

La ocupación del subsuelo de terrenos públicos locales para instalaciones o trabajos está sujeta a una tasa.

La apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos públicos locales, incluyendo carreteras, para realizar instalaciones o reparaciones está sujeta a una tasa.

La ocupación de terrenos públicos locales con mercancías, materiales de construcción, vallas, etc., está sujeta a una tasa.

Las entidades locales tienen la potestad de establecer y recaudar impuestos en sus territorios, respetando los principios de no gravar bienes fuera del territorio local, no gravar actividades fuera de su jurisdicción y no obstaculizar la libre circulación de mercancías y personas.

Las ordenanzas fiscales regulan los impuestos locales y su gestión. Las entidades locales pueden interpretar y aclarar las ordenanzas a través de disposiciones.

Las entidades locales son responsables de la gestión, recaudación e inspección de sus impuestos, aunque pueden delegar estas funciones en entidades superiores o colaborar con otras instituciones.

Los impuestos locales no pueden gravar bienes, actividades o gastos realizados fuera del territorio de la entidad local. Se busca evitar la doble imposición y la competencia desleal.

Los impuestos locales no deben dificultar la libre circulación de personas, mercancías o capitales. Se busca promover la libre competencia y el desarrollo económico.

La gestión y recaudación de impuestos locales sigue un proceso específico. Las entidades locales deben garantizar la transparencia, la eficacia y la equidad en la aplicación de los impuestos.

Las entidades locales pueden otorgar bonificaciones en el impuesto sobre bienes inmuebles, pero deben cumplir con requisitos específicos. Las bonificaciones buscan promover el desarrollo económico o social.

La interposición del recurso de reposición no detiene el efecto inmediato de la decisión administrativa que se está impugnando. Esto significa que las consecuencias de la decisión, incluyendo el pago de cuotas o intereses, se aplicarán hasta que el recurso se resuelva.

Si durante la revisión se identifica a otras personas o entidades afectadas por la decisión administrativa, además de la que presentó el recurso, estas recibirán una notificación formal para que puedan presentar sus argumentos.

El órgano competente para resolver el recurso analizará todos los elementos del expediente, incluso aquellos que no se mencionaron en la solicitud original, para tomar una decisión justa.

Si el órgano estima necesario examinar y resolver aspectos adicionales no mencionados por los interesados, se les dará la oportunidad de presentar sus argumentos antes de la decisión final.

La presentación del recurso debe hacerse en la sede del órgano local que emitió la decisión administrativa o, en su defecto, en los lugares indicados en la Ley 30/1992.

El escrito que presenta un recurso de reposición debe detallar la motivación por la que se impugna la decisión administrativa, y debe seguir el procedimiento legal establecido para este tipo de recursos.

La oficina responsable de gestionar los expedientes administrativos tiene la obligación de mostrar el expediente o las actuaciones al interesado que lo solicite.

Cuando se presente un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del recurso de reposición, la suspensión acordada en la vía administrativa se mantiene hasta que el tribunal competente decida sobre la suspensión, si se demuestra que hay motivos suficientes para mantenerla.

El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos.

A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.

Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

El conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los actos de gestión censal dictados por la Administración tributaria del Estado, así como los actos de igual naturaleza dictados en virtud de la delegación prevista en el párrafo tercero del mismo apartado, corresponderá a los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

De igual modo, corresponderá a los mencionados Tribunales Económico-Administrativos el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los actos dictados en virtud de la delegación prevista en el apartado 3 de este artículo que supongan inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos del impuesto

La inspección de este impuesto se llevará a cabo por los órganos competentes de la Administración tributaria del Estado, sin perjuicio de las delegaciones que puedan hacerse en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares y otras entidades locales reconocidas por las Leyes y comunidades autónomas que lo soliciten, y de las fórmulas de colaboración que puedan establecerse con dichas entidades, todo ello en los términos que se disponga por el Ministro de Hacienda.

El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana no se aplica en las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor se verifiquen en pago de estas aportaciones o las transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. Tampoco se aplica en las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, independientemente del régimen económico matrimonial.

La persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de goce limitativo del dominio, es el sujeto pasivo del impuesto en las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo.

La persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere la Ley General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate, es el sujeto pasivo del impuesto en las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso.

El incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años, constituye la base imponible de este impuesto.

El tipo de gravamen del impuesto será fijado por cada Ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del 30 por 100.

El Ayuntamiento puede establecer un tipo de gravamen único o diferentes tipos para cada periodo de generación del incremento de valor.

La cuota íntegra del impuesto es el resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base imponible.

La cuota líquida del impuesto es el resultado de aplicar, en su caso, la bonificación a la cuota íntegra.

El coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, que incluye el coste de ejecución material. No incluye el IVA, impuestos análogos, tasas, precios públicos, honorarios profesionales, beneficio empresarial del contratista ni otros conceptos que no sean estrictamente el coste de ejecución material.

El resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base imponible. Se calcula multiplicando la base imponible por el tipo de gravamen.

El momento en que se inicia la construcción, instalación u obra, incluso antes de obtener la licencia correspondiente.

El incremento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de propiedad, la constitución o transmisión de derechos reales de goce, limitativo del dominio, sobre los terrenos.

No están sujetos al impuesto los terrenos considerados rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Los terrenos que deben tener la consideración de urbanos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, independientemente del Catastro o el Padrón.

Los terrenos integrados en bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

El impuesto se devenga en el momento en que se inicia la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

El concesionario que adquirió un bien de dominio público antes de que éste pasara a ser propiedad pública tiene derecho preferente de compra sin necesidad de subasta.

Para la gestión de bienes y derechos del patrimonio municipal, se utilizan las normas y procedimientos del derecho privado.

Los ingresos obtenidos al vender o gravar bienes del patrimonio municipal no pueden usarse para financiar gastos del día a día, excepto en casos específicos.

Se aplica el derecho privado para ejecutar los derechos de la Hacienda Local sobre bienes y derechos del patrimonio municipal.

Las parcelas sobrantes de vías públicas que no se pueden construir y los efectos inservibles de los servicios municipales son excepciones al destino de ingresos patrimoniales.