Distribución de Competencias Estado y CCAA

Conjunto de materias sobre las que las CCAA que se constituyeron por la vía del artículo 143 CE "podrán asumir competencias".

El Estado puede delegar competencias a las CCAA si no están expresamente atribuidas al Estado en la Constitución.

Las CCAA del artículo 143 CE pueden ampliar sus competencias en el marco del artículo 149 CE tras cinco años de autonomía.

El Estado legisla y las CCAA ejecutan. Un ejemplo es la educación.

El Estado crea la legislación básica y las CCAA la desarrollan y ejecutan. Un ejemplo es la sanidad.

Materias que no están incluidas en el artículo 149 CE pero que no son accesibles a las CCAA debido a otras disposiciones constitucionales.

El sistema de reparto competencial entre el Estado y las CCAA, basado en los artículos 148 y 149 CE.

El principio constitucional que garantiza la unidad del Estado, a pesar de la autonomía regional.

Las competencias estatales pueden ser transferidas o delegadas a las comunidades autónomas, con la condición de que la materia sea susceptible de ser transferida.

Una ley marco estatal establece los principios y directrices que deben seguir las comunidades autónomas al ejercer una competencia transferida o delegada, asegurando que la aplicación de la ley sea coherente en todo el país.

El Estado conserva el control sobre el ejercicio de las competencias transferidas o delegadas, asegurando que estas se apliquen de forma correcta y conforme a sus principios.

La Constitución establece el procedimiento para la transferencia de competencias, que implica la aprobación de una ley orgánica específica.

El artículo 150.2 de la Constitución indica que la ley orgánica que define la transferencia de competencias debe especificar las formas de control que se reserva el Estado sobre el ejercicio de dichas competencias.

El artículo 153 b) de la Constitución establece que el Gobierno es responsable, previa consulta con el Consejo de Estado, de controlar el ejercicio de las funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.

En la práctica, la distinción entre transferencia y delegación de competencias es relativa, ya que el control del Estado sobre ambas se aplica de manera similar.

En los sistemas federales, las competencias concurrentes son aquellas en las que tanto la Federación como los Estados pueden actuar, pero si la Federación interviene, su ley prevalece sobre la de los Estados.

El concepto de competencias concurrentes no existe en España, pero sí existen áreas donde tanto el Estado como las CCAA pueden actuar. La Constitución permite esto, pero el Estado tiene preferencia en ciertos aspectos.

El Tribunal Constitucional ha afirmado que la cultura es un área donde coexisten competencias estatales y autonómicas, no un reparto vertical, sino una coordinación para la preservación de valores culturales.

El Estado tiene funciones prioritarias en materia cultural, como la protección del patrimonio común, la definición de bienes culturales y la creación de políticas generales.

El artículo 150 de la Constitución permite al Estado modificar el reparto de competencias con las CCAA mediante leyes. El Estado puede transferir competencias a las CCAA, pero siempre puede recuperarlas.

El artículo 150 CE permite al Estado descentralizar sus competencias a las CCAA, ampliando el marco competencial de estas últimas.

Las leyes del artículo 150 CE permiten modificar el sistema competencial establecido en la Constitución y los Estatutos de Autonomía.

Las competencias transferidas del Estado a las CCAA mediante el artículo 150 CE son siempre recuperables por el Estado.

El artículo 150.1 CE permite que las Cortes Generales deleguen la competencia para dictar normas legislativas en materias de competencia estatal a las CCAA, pero solo dentro de los principios, bases y directrices fijados por la propia Ley marco.

La Ley marco debe establecer cómo las Cortes Generales controlarán las normas legislativas dictadas por las CCAA a su amparo. Esto se hace para asegurar que la legislación autonómica se mantenga dentro de los límites establecidos.

Las Leyes de cesión de tributos a las CCAA son un ejemplo de Leyes Marco. Permiten que las CCAA regulen total o parcialmente el régimen jurídico de los impuestos, pero siempre dentro de los límites fijados por la norma estatal.

Se ha debatido si la Ley Marco define un tipo normativo específico o no. Si se considera un tipo específico, entonces cada habilitación a las CCAA debería ser a través de una norma específica, pero si no, entonces la habilitación podría hacerse en otras leyes (básicas u ordinarias) con cláusulas específicas sobre la descentralización.

El término "Ley-marco" no describe un tipo específico de ley, sino la condición que debe cumplir cualquier ley que descentralice competencias a las CCAA: debe establecer los principios, directrices y bases a los que debe someterse la legislación autonómica habilitada.

La Ley Marco permite la adaptación del sistema de reparto competencial con el tiempo, de forma más flexible que la reforma estatutaria.

El artículo 150.3 CE contempla la posibilidad de que las Cortes Generales armonicen las disposiciones normativas de las CCAA mediante Ley por motivos de interés general.

Las normas del artículo 150 CE forman parte del bloque de la constitucionalidad.

La doctrina inicial del Tribunal Constitucional sobre el artículo 149.3 CE implicaba que la cláusula de supletoriedad obligaba a las CCAA a legislar en las materias no reguladas por el Estado, con la misma extensión que este.

La cláusula de supletoriedad es una regla que se aplica en la interpretación y aplicación del derecho, no una herramienta para atribuir competencias al Estado.

El Estado no puede dictar normas en materias donde no tiene competencias, aún si las presenta como supletorias.

El Estado no puede usar su poder supletorio para derogar normativa estatal previa a la culminación del proceso autonómico en materias donde no tiene competencia.

El Estado puede dictar normas en las materias donde tiene competencia, y estas podrán ser supletorias en caso de no haber normas autonómicas aplicables.

El Estado no puede dictar normas en áreas donde no tiene competencia con el único fin de ser derecho supletorio.

Las posibilidades de la cláusula de supletoriedad del artículo 149.3 CE se limitan a áreas como el régimen jurídico de las instituciones o el procedimiento administrativo.

El Estado solo puede dictar normas supletorias en las materias sobre las que ostenta competencias.

Estos acuerdos solo vinculan a quienes votaron a favor, a menos que sean expresión de la competencia de coordinación del Estado, en cuyo caso vinculan a todos.

Las Recomendaciones son la opinión de la Conferencia sobre un asunto, y solo comprometen a los miembros que votaron a favor a actuar en conformidad con ellas.

Es el máximo órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, formado por el Presidente del Gobierno y los Presidentes de las CCAA, y cuya función principal es la coordinación.

La Conferencia de Presidentes se creó en 2004, pero apenas se había reunido hasta la pandemia, cuando tuvo un rol más importante en la gestión de la crisis.

Esta conferencia funciona como órgano de cooperación permanente entre los Gobiernos de las Comunidades Autónomas.

La cooperación entre el Estado y una Comunidad Autónoma puede ser bilateral y estar basada en preceptos estatutarios o legales.

La coordinación es una competencia del Estado que busca reconducir la complejidad del sistema multinivel hacia la unidad.

La Constitución Española (CE) establece diversos preceptos sobre la función de coordinación del Estado, asegurando la unidad en la diversidad.