Distribución de Competencias en España

Son competencias cuyo dominio total recae en el Estado, sin posibilidad de compartirlas con las CCAA.

En el artículo 149.1.2 se establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

La gestión de la defensa nacional y las Fuerzas Armadas es responsabilidad exclusiva del Estado.

El Tribunal Constitucional ha interpretado que la competencia del Estado en materia de relaciones internacionales no impide que las CCAA tengan actividades con proyección internacional.

El artículo 149.1 CE establece una reserva de competencias para el Estado, pero este no es un límite absoluto. Se permite que las CCAA incrementen sus competencias.

El artículo 149.3 CE establece que las competencias que no han sido asumidas por las CCAA corresponden al Estado.

El artículo 150.1 y 2 de la Constitución permite a las CCAA obtener más competencias.

La potestad tributaria originaria corresponde al Estado, aunque las CCAA pueden obtener competencias fiscales.

La competencia del Estado para establecer las bases de una materia se refiere a su capacidad para crear las normas generales que regulen esa área, dejando a las regiones la posibilidad de desarrollarlas.

Las normas básicas deben estar contenidas en una ley formal de Cortes Generales, a menos que sea absolutamente necesario que se establezcan en un reglamento.

Las leyes formales de Cortes Generales son la principal fuente para establecer las normas básicas. Su carácter fundamental se afirma en la propia ley.

Algunos Estatutos de Autonomía establecen que el Estado debe fijar las bases en normas con rango de ley, confirmando así la importancia de las leyes para establecer las bases de una materia.

Se han admitido actos de ejecución de las leyes como normas básicas en algunos casos, por ejemplo, la autorización de sustancias aditivas en alimentos.

La descentralización de competencias estatales a las CCAA, siempre que sean "susceptibles de transferencia o delegación", se basa en la ley orgánica ad hoc, que establece las directrices y métodos de ejercicio de estas atribuciones.

La Constitución establece un sistema de control por parte del Estado sobre el ejercicio de competencias transferidas o delegadas a las CCAA, a través de leyes orgánicas y el Gobierno, con la participación del Consejo de Estado

Aunque legalmente hay una diferencia entre transferencia y delegación de competencias, la práctica ha demostrado que la distinción es relativa y no se aplica de manera estricta.

El principio de unidad estatal limita la descentralización, asegurando que la soberanía no se fragmente y se mantenga una unidad nacional.

Las competencias tradicionalmente vinculadas a la soberanía estatal, como relaciones internacionales, defensa o sistema monetario, suelen ser excluidas de transferencia o delegación, aunque podría haber excepciones en casos específicos de descentralización funcional.

La clave para determinar la transferibilidad de competencias no es el ámbito material, sino el tipo de función que se va a descentralizar. Por ejemplo, la Administración de Justicia puede ser descentralizada, pero no se compromete el principio de unidad jurisdiccional.

Las leyes orgánicas que regulan la transferencia de competencias son revisables y pueden ser modificadas por leyes posteriores, lo que permite adaptar el sistema de descentralización a las nuevas necesidades.

El Consejo de Estado juega un papel crucial en el control del ejercicio de funciones delegadas, emitiendo dictámenes para el Gobierno, asegurando la legalidad y la coherencia de las acciones de las CCAA.

El Tribunal Constitucional (TC) determina la validez o invalidez de las normas impugnadas. La regla de prevalencia del derecho estatal (art. 149.3 CE) se aplica a la aplicación de la norma, no a su validez.

La prevalencia del derecho estatal no anula ni deroga las normas autonómicas que entren en conflicto, solo las vuelve inaplicables en ese caso específico.

La cláusula de prevalencia del artículo 149.3 CE puede ser complicada de aplicar en la práctica debido a la complejidad de la relación entre el Estado y las Comunidades Autónomas (CCAA).

La interpretación estricta de la Constitución y el Estatuto de Autonomía dificulta la aplicación de la cláusula de prevalencia, ya que busca un reparto claro y sin interferencias de competencias.

Es posible que la cláusula de prevalencia tenga más utilidad en los casos donde el Estado dicte las bases legislativas y las CCAA las desarrollen. Imaginemos que el Estado cambia las bases y la ley autonómica ya no se ajusta.

Los Acuerdos son decisiones que solo vinculan legalmente a quienes votaron a favor, excepto si representan la competencia de coordinación del Estado, en cuyo caso vinculan a todos.

Las Recomendaciones son la opinión formal de la Conferencia sobre un tema, las CCAA que votaron a favor se comprometen a actuar según ellas.

Es el órgano de cooperación de máximo nivel entre el Estado y las CCAA, formado por el Presidente del Gobierno y los Presidentes de las CCAA.

Creada en 2010, busca la cooperación permanente entre los gobiernos de las CCAA.

Es la coordinación entre el Estado y una CCAA basada en acuerdos de la propia CCAA o en leyes.

La función fundamental del Estado para armonizar las competencias descentralizadas, reconduciendo la complejidad del sistema multinivel.

La función de coordinación busca unificar las competencias descentralizadas, creando unidad en un sistema multinivel.

A través de la coordinación, el Estado logra que el sistema multinivel funcione de manera eficiente.

El artículo 155 de la Constitución Española establece un mecanismo de intervención del Estado en las Comunidades Autónomas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, y para proteger el interés general del país. Se activa cuando una Comunidad Autónoma incumple sus deberes constitucionales o legales o cuando atenta gravemente contra el interés general de España.

El artículo 155 tiene dos supuestos de aplicación: 1) incumplimiento de deberes constitucionales y legales. Aquí se aprecian parámetros jurídicos y se refiere al incumplimiento de obligaciones impuestas por la Constitución o las leyes. 2) Atentado grave contra el interés general. Este supuesto genera debates sobre su determinación, si es una apreciación política o jurídica.

El Tribunal Constitucional ha reconocido que el incumplimiento de deberes constitucionales o legales puede traducirse en un atentado grave al interés general de España. El atentado al interés general está íntimamente ligado al cumplimiento del derecho: no se puede invocar el atentado al interés general sin una infracción de la Constitución o las leyes.

El procedimiento del artículo 155 comienza con la constatación del supuesto de hecho: el incumplimiento de deberes o el atentado al interés general. En este punto, el Gobierno envía un requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma pidiendo la corrección de la conducta.

Si el requerimiento del Gobierno no es atendido por la Comunidad Autónoma, el camino se abre al Senado. El artículo 189 del Reglamento del Senado establece el procedimiento: el Gobierno presenta una propuesta con medidas a adoptar. El Senado, mediante mayoría absoluta, vota sobre las medidas, que pueden ser las propuestas por el Gobierno o no.

El artículo 155 no responde a un control de competencia, sino a la garantía del ordenamiento jurídico del Estado. La intervención es temporal y sujeta a límites, con el objetivo de corregir la situación y restaurar el orden constitucional.

El artículo 155 implica una injerencia en la autonomía de las Comunidades Autónomas, pero está restringida a la duración necesaria para subsanar la situación que la activó. La intervención es temporal y se busca restaurar el orden constitucional.

El artículo 155 es una medida excepcional que busca asegurar el funcionamiento del Estado, la unidad constitucional y la protección del interés general de España. Su aplicación es compleja y requiere una valoración cuidadosa de los supuestos fácticos que la justifican.