Derechos Laborales para Mujeres Víctimas de Violencia

Las mujeres víctimas de violencia de género pueden solicitar el ejercicio de sus derechos laborales en el empleo público mediante una única solicitud telemática.

La solicitud telemática se dirige a la Dirección General competente en materia de función pública.

La unidad de coordinación sectorial recibe la solicitud y la deriva al órgano competente para la resolución.

Si la solicitud está incompleta, se solicita a la víctima que la complete en un plazo de diez días hábiles.

En casos de urgencia, se puede solicitar el ejercicio de derechos relacionados con el tiempo de trabajo sin documentación, pero se debe presentar posteriormente.

Se puede solicitar el desistimiento de una solicitud de derechos laborales o la finalización de las medidas adoptadas.

La documentación acreditativa de la situación de violencia de género se adjunta a la solicitud.

El Portal del Empleado se utiliza para las empleadas públicas, mientras que la sede electrónica se utiliza para las mujeres que no lo son.

Los documentos electrónicos almacenados en recursos compartidos deben estar cifrados para proteger la información sensible.

Los documentos en papel de expedientes personales relacionados con solicitudes anteriores a este protocolo deben mantenerse en sobres cerrados, sellados y bajo llave cuando no se utilicen.

Para evitar la identificación de la víctima de violencia de género en los archivos, se debe evitar utilizar la expresión "víctima de violencia de género" y se debe sustituir por un código o referencia.

En el archivo de la documentación derivada de las solicitudes electrónicas se utilizará exclusivamente el gestor electrónico correspondiente, sin perjuicio de la información que deba constar en los expedientes personales.

La protección de los datos personales se extiende al acceso y obtención de copias de un expediente por parte de terceras personas, pudiendo establecerse límites y condiciones.

El derecho de acceso a la información pública se rige por la Ley de Transparencia y la Ley de Transparencia de Castilla-La Mancha.

La empleada pública víctima de violencia de género tiene derecho a trasladarse a otro puesto de trabajo o a la atribución temporal de funciones para garantizar su protección y asistencia social integral.

La solicitud de movilidad debe incluir la localidad o localidades a las que se solicita ser destinada y un informe de la Dirección Provincial del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha que justifique la necesidad de la movilidad.

La empleada pública tiene dos días hábiles para optar entre los puestos de trabajo ofertados en el listado de vacantes.

Si no existe una vacante adecuada, se implementarán medidas para garantizar que la víctima no permanezca en el puesto de trabajo original hasta la adjudicación de un nuevo puesto.

Los requerimientos y trámites para la movilidad interna se realizan a través del Portal del Empleado y se informa telefónicamente a la solicitante.

El plazo máximo para resolver las solicitudes de movilidad interna es de diez días naturales.

Las faltas de asistencia al trabajo durante la tramitación del procedimiento se consideran justificadas si son necesarias para garantizar la seguridad de la interesada.

La incorporación al nuevo destino se produce en el plazo de tres días hábiles desde la notificación de la resolución.

El traslado de puesto de trabajo se considera forzoso, mientras que el retorno al puesto de origen se considera movilidad voluntaria.

Las unidades que reciben y procesan las solicitudes tienen la obligación de proteger los datos personales de las mujeres víctimas de violencia de género.

Los procedimientos para la protección de empleadas públicas víctimas de violencia de género se tramitan con prioridad y urgencia.

Solo las personas necesarias para la tramitación del procedimiento podrán acceder a los datos personales, y solo se accederá a la información estrictamente indispensable.

La persona que ostente la jefatura de la unidad será la principal responsable de la gestión del caso, salvo en casos excepcionales justificados.

Para acceder a las medidas de protección, se pueden utilizar diferentes documentos como prueba de la situación de violencia de género.

Un informe del Ministerio Fiscal puede ser utilizado como prueba de una posible situación de violencia de género.

Informes de los servicios sociales, especializados o de acogida también pueden ser utilizados como evidencia de la situación de violencia de género.

El órgano competente verificará, en colaboración con el Instituto de la Mujer, si se mantienen las circunstancias que acreditan la condición de víctima de violencia de género.

El personal que interviene en la protección de víctimas debe proteger su privacidad, en especial sus datos personales, los de su familia y las personas bajo su cuidado.

La información personal de las víctimas de violencia de género tiene una protección especial, ya que su tratamiento conlleva un alto riesgo para sus derechos y libertades.

Solo se pueden utilizar los datos personales de las víctimas para ejercer derechos relacionados con su condición o cumplir con obligaciones legales, y solo si la víctima ha dado su consentimiento voluntario.

Los datos de las víctimas no se pueden utilizar para fines diferentes a los establecidos en las leyes o acuerdos que reconocen derechos específicos.

La condición de víctima de violencia de género no se puede revelar sin el consentimiento de la víctima, a menos que sea necesario para cumplir con obligaciones legales.

La seguridad de los datos personales se garantiza mediante medidas técnicas y organizativas que protegen la información contra el acceso no autorizado, la pérdida, la destrucción o el daño.

Las representantes sindicales solo pueden conocer la identidad de la víctima cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones de representación, y deben mantener la confidencialidad de la información.