Prestaciones Maternidad y Estatuto de Trabajadores

Un decreto legislativo que recopila las normas generales de la Seguridad Social en España, incluyendo prestaciones como la ayuda por maternidad, prestaciones por riesgo durante el embarazo y por hijos a cargo.

Ayuda económica otorgada a mujeres que dejan de trabajar para cuidar a su bebé durante el periodo de maternidad.

Ayuda económica para mujeres embarazadas que enfrentan riesgos durante el embarazo.

Ayuda económica por hijo a cargo, que se paga de forma periódica.

Ayuda económica única que se paga por el nacimiento del tercer o sucesivos hijos.

Ayuda económica única que se paga por el nacimiento de gemelos o más bebés.

Ley que garantiza la libertad sexual y protege a víctimas de violencia de género, sexual y terrorismo. Modifica el Estatuto de los Trabajadores para que las víctimas tengan derecho a la reducción de la jornada laboral o a realizar su trabajo a distancia.

Derechos que tienen las víctimas de violencia de género, sexual o terrorismo para adaptar su jornada laboral o realizar su trabajo a distancia.

Los trabajadores que han sido víctimas de violencia de género, violencia sexual o terrorismo, tendrán derecho, para hacer efectiva su protección, a la reducción de la jornada de trabajo o a la reordenación del tiempo de trabajo, mediante adaptación del horario, horario flexible u otras formas de ordenación del tiempo de trabajo.

Los trabajadores víctimas de violencia de género, violencia sexual o terrorismo que se vean obligados a abandonar su puesto de trabajo para hacer efectiva su protección, tendrán derecho preferente a ocupar un puesto vacante en otro centro de trabajo de la empresa.

La empresa tiene la obligación de comunicar a las personas trabajadoras víctimas de violencia de género, violencia sexual o terrorismo las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro.

Las personas trabajadoras, víctimas de violencia de género, violencia sexual o terrorismo, que se vieron obligadas a abandonar su puesto de trabajo, pueden optar, tras un periodo de 6 a 12 meses, entre el regreso a su puesto anterior, la continuidad en el nuevo, o la extinción del contrato con una indemnización.

La empresa debe reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la persona trabajadora víctima de violencia de género, violencia sexual o terrorismo durante un periodo inicial de 6 a 12 meses.

El trabajador con discapacidad que necesita un tratamiento médico-funcional o psicológico fuera de su localidad, tendrá derecho preferente a ocupar un puesto vacante en otro centro de trabajo en una localidad donde sea más accesible dicho tratamiento.

La decisión de una trabajadora de abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género o de violencia sexual es considerada un despido improcedente.

La decisión de una trabajadora de abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género o de violencia sexual es considerada un despido improcedente.

La trabajadora embarazada, la que haya solicitado o disfrute un permiso parental, o la víctima de violencia de género o violencia sexual, tienen derecho a la protección en el puesto de trabajo.

Las trabajadoras embarazadas, las que hayan solicitado o estén disfrutando de permisos o excedencias, o las trabajadoras víctimas de violencia de género o violencia sexual, tienen derecho a la estabilidad en el puesto de trabajo.

Las trabajadoras que hayan solicitado o estén disfrutando permisos o excedencias, o las trabajadoras víctimas de violencia de género o violencia sexual, tienen derecho a la estabilidad en el puesto de trabajo.

El derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, de la empresa, en caso de violencia de género, violencia sexual o terrorismo, se aplica también para los trabajadores que se vean obligados a abandonar su puesto de trabajo fuera de su localidad por un tratamiento médico-funcional.

El derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, de la empresa, en caso de violencia de género, violencia sexual o terrorismo, se aplica también para los trabajadores que se vean obligados a abandonar su puesto de trabajo fuera de su localidad por un tratamiento médico-funcional o psicológico.

Las trabajadoras embarazadas, las que hayan solicitado o estén disfrutando de permisos o excedencias, o las trabajadoras víctimas de violencia de género o violencia sexual, tienen derecho a la estabilidad en el puesto de trabajo.

Se refiere a las faltas de asistencia de funcionarias víctimas de violencia de género o sexual. Estas faltas se consideran justificadas por el tiempo y en las condiciones que determinen los servicios sociales de atención o salud.

Las funcionarias víctimas de violencia de género o sexual tienen derecho a la reducción de jornada o reordenación de su tiempo de trabajo para protegerse o recibir asistencia social integral.

Las funcionarias con reducción de jornada en un tercio o menos mantienen sus retribuciones íntegras.

Las mujeres víctimas de violencia de género o sexual que se vean obligadas a dejar su puesto de trabajo tienen derecho a un traslado a otro puesto en su localidad o en otras que la víctima solicite.

La intimidad de las víctimas, incluyendo sus datos personales y los de sus seres queridos, se protege en las actuaciones relacionadas con la violencia de género o sexual.

Las funcionarias víctimas de violencia de género o sexual pueden solicitar una excedencia sin necesidad de cumplir con tiempo mínimo de servicio o periodo de permanencia.

Los funcionarios que han sido víctimas de terrorismo pueden solicitar una excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de género o de violencia sexual.

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, garantiza los derechos fundamentales en materia de salud sexual y reproductiva.

Es el estado de bienestar físico, mental y social sin la presencia de enfermedades o afecciones.

Es el estado de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad, libre de coerción, discriminación y violencia.

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es legal en España y se regula en la Ley Orgánica 2/2010.

La Ley Orgánica 2/2010 tiene como objetivo garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regular las condiciones de la IVE y establecer las obligaciones correspondientes de los poderes públicos.

La Ley Orgánica 2/2010 define conceptos relacionados con la salud sexual y reproductiva, incluyendo la salud y salud sexual.