Derechos individuales y participación política

5.1 El derecho de participación política

• El art. 23 CE establece que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
• El derecho de participación política es el vínculo entre la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución, y domina la vida del Estado y su manifestación.
• El ejercicio del derecho de participación se expresa de manera casi exclusiva a través de la elección de representantes, pero la Constitución prevé también la participación directa de los ciudadanos.

5.2 El derecho de acceso a la función pública

• El art. 23.2 CE reconoce el derecho de acceso a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad, con base en el principio de mérito y capacidad.
• El Tribunal Constitucional entiende que el derecho de acceso a la función pública se refiere a la función pública profesional dotada de vínculo estatutario.
• El derecho de acceso a la función pública se proyecta a lo largo de toda la relación funcionarial, incluyendo el ingreso y el ascenso en la carrera administrativa.

5.3 El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión

• El art. 24 CE establece que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
• El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho subjetivo que se configura como una garantía de todos los derechos e intereses de las personas.
• La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

5.4 Las garantías procesales comunes a todo tipo de procesos

• Las garantías procesales comunes a todo tipo de procesos son:
  • Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
  • Derecho a la defensa y a la asistencia de letrado.
  • Derecho a un proceso público.
  • Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
  • Derecho a un proceso con todas las garantías.
  • Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes.

5.5 Las garantías específicas del proceso penal

• Las garantías específicas del proceso penal son:
  • Derecho a ser informado de la acusación.
  • Derecho a no declarar contra uno mismo y a no declararse culpable.
  • Derecho a la presunción de inocencia.

5.6 El principio de legalidad en el derecho sancionador

• El principio de legalidad en el derecho sancionador establece que las normas sancionadoras deben ser generales y abstractas.

5.7 Orientación de las penas y derechos de los condenados

• La orientación de las penas y los derechos de los condenados se refiere a la protección de los derechos fundamentales de las personas condenadas.### Derecho a la Tutela Judicial Efectiva
• El derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho a acceder a la justicia y a obtener una respuesta motivada y fundada en derecho.
• La Constitución Española establece en su artículo 24.1 que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos".

Legitimación Activa

• Tienen legitimación activa las entidades que representan a las personas o colectivos, como sindicatos, organizaciones de consumidores, colegios profesionales y asociaciones de empresas.

Garantía de Indemnidad

• La garantía de indemnidad se aplica en el ámbito de las relaciones laborales y consiste en la imposibilidad de que el empresario o ente público adopte medidas de represalia contra un trabajador por ejercer sus derechos.

Acceso a los Recursos

• El derecho a utilizar los recursos previstos en la ley es un derecho fundamental que se integra en la tutela judicial efectiva.
• La interpretación de las reglas que regulan el acceso a los recursos es una cuestión de legalidad ordinaria que corresponde a los órganos jurisdiccionales ordinarios.

Derecho a una Resolución de Fondo

• El derecho a la tutela judicial efectiva exige que los tribunales resuelvan sobre las pretensiones formuladas.
• La motivación de la sentencia es una exigencia impuesta con carácter general en el artículo 122.3 CE.

Derecho a la Ejecución

• El derecho a la ejecución de las sentencias forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva.
• Las resoluciones judiciales firmes deben ser cumplidas en sus propios términos.

Prohibición de la Indefensión

• La indefensión consiste en la privación del ejercicio del derecho de defensa en el proceso.
• La indefensión debe ser demostrada y no basta con alegar una vulneración de una norma procesal.

Garantías Procesales Comunes

• Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
• Derecho a la defensa y a la asistencia de letrado.
• Derecho a un proceso público.
• Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

Derecho al Juez Ordinario Predeterminado por la Ley

• El órgano judicial y sus integrantes deben ser predeterminados por la ley.
• Cuatro son las exigencias que se desprenden del reconocimiento de este derecho en la Constitución:
  1. Que el órgano judicial haya sido creado por ley.
  2. Que la composición personal del órgano judicial venga determinada por ley.
  3. Que la ley haya investido de jurisdicción y competencia al órgano judicial con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial.
  4. Que no sea un órgano especial o excepcional.

Derecho a la Defensa y a la Asistencia de Letrado

• El derecho a la defensa y a la asistencia de letrado es un derecho instrumental que trata de asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad y de contradicción entre las partes.

Derecho a un Proceso Público

• El derecho a un proceso público se establece en el artículo 24.2 CE.
• La publicidad es una garantía del proceso que protege a las partes de una justicia sustraída al control público.

Derecho a un Proceso sin Dilaciones Indebidas

• El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas se establece en el artículo 24.2 CE.
• La celeridad exigible es la que sea compatible con la tutela judicial efectiva sin indefensión.

Derecho a utilizar los Medios de Prueba Pertinentes

• El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes es un derecho fundamental que se establece en el artículo 24.2 CE.
• El contenido del derecho consiste en proponer primero la práctica de la prueba y en que después la prueba propuesta se practique.### Juicio de pertinencia
• El juicio de pertinencia le corresponde al órgano judicial que dispone de un amplio poder para valorar y cuenta con una libertad razonable.
• La libertad razonablemente motivada es la medida del juicio de pertinencia.
• La denegación de la práctica de la prueba propuesta constituye una vulneración del derecho fundamental si la decisión judicial no es razonable o no está suficientemente motivada.
• El justiciable no tiene derecho a la práctica de la prueba, sino a proponer y a que sobre la prueba propuesta se pronuncie el órgano judicial.

Garantías específicas del proceso penal

a) Derecho a ser informado de la acusación

• El derecho a ser informado de la acusación es una garantía a favor del equilibrio entre acusador y acusado en el proceso penal.
• Consiste en la constitucionalización del principio acusatorio que prohíbe que nadie pueda ser condenado sin que exista previamente una acusación formulada contra él.

b) Derecho a no declarar contra uno mismo y a no declararse culpable

• Se trata de la extensión al proceso penal del derecho que tiene el detenido de no ser obligado a declarar.
• A nadie se le puede exigir que colabore en la actividad que puede tener como resultado una condena en su contra.

c) Derecho a la presunción de inocencia

• La presunción de inocencia es una consecuencia obligada del principio acusatorio y del derecho a no declarar contra sí mismo y no declararse culpable.
• La presunción de inocencia es una garantía específica del proceso penal que se traduce en la imposibilidad de condenar a alguien sin que se haya demostrado su culpabilidad.
• La actividad probatoria es el elemento central en el estudio de la presunción de inocencia.

Principio de legalidad en el derecho sancionador

• El art. 25.1 CE reconoce como derecho fundamental el principio de legalidad no solo en el derecho penal sino también en el derecho sancionador.
• El principio de legalidad comprende la prohibición constitucional de penas desproporcionadas.
• La garantía material del principio de legalidad se traduce en la exigencia de una ley escrita, previa y cierta.
• La garantía formal se traduce en la reserva de ley.

Orientación de las penas y derechos de los condenados

• El art. 25.2 CE establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social.
• El condenado a pena de prisión continuará siendo titular de todos los derechos fundamentales, a excepción de los que se vean afectados por el contenido del fallo condenatorio.
• El derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social es un derecho reconocido en el art. 25.2 CE.